Una Comunidad de Paz agredida

Comunicado de prensa a la opinión pública

MÁS DE 40 ORGANIZACIONES, 11 CIUDADES EUROPEAS Y PERSONALIDADES INTERNACIONALES, COMO N. CHOMSKY, EXIGEN A LA CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA QUE ANULE UNA SENTENCIA CONTRA UNA COMUNIDAD DE PAZ Colombia es un país en el que históricamente se ha usado la violencia como “arma” política para someter a la población. Se evidencia estos días con las cargas policiales y militares en contra de manifestantes pacíficos que protestan contra las políticas del Gobierno y que ya han dejado decenas de muertos. Pero no es solo eso, las fuerzas militares colombianas también se valen de argucias jurídicas para intentar acallar la voz de quienes los denuncian. La Corte Constitucional de Colombia ha dictado una sentencia contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó por haber acusado a la XVII Brigada del Ejército de Colombia de participar, junto a los paramilitares, en las constantes violaciones de derechos humanos que sufre esta población campesina, entre las que figuran el asesinato de más de 300 de sus integrantes en sus 24 años de historia. Connivencia también denunciada a lo largo de los años por diversos organismos nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y por oficinas y ponentes de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comunidad de Paz la forman hombres y mujeres que se han comprometido a no colaborar con ningún grupo armado, incluido el Ejército. Más de 40 organizaciones internacionales, 11 ayuntamientos europeos (Barcelona, Pádua, València, Burgos, Rivas Vaciamadrid, Nijlen, Westerlo, Fidenza, Laakdal, Schilde y Narni), instituciones universitarias (Universidad Queen Mary, Universitat de València…), numerosas personalidades (Noan Chomsky; David Kaye, relator de Naciones Unidas sobre libertad de opinión y de expresión…) y en Asturias los diputados Rafael Palacios, Ovidio Zapico y la diputada Ángela Vallina, han presentado amicus curiae y escritos ante la Corte reclamando que se anule este sentencia porque su ejecución impediría que las propias víctimas denuncien lo que les están haciendo sus victimarios. En estos días, las y los magistrados de la Corte Constitucional están debatiendo si confirman o anulan la sentencia.La sentencia admite la vulneración de los derechos al buen nombre y la honra de los integrantes de la Brigada XVII porque no existen decisiones judiciales condenatorias en firme que involucren a uniformados de esa unidad militar con los hechos denunciados, algo habitual en un país con el índice de impunidad tan alto. Sin embargo, no obliga a rectificar a la Comunidad porque es entendible la sospecha que guardan frente a la Brigada XVII por hechos del pasado, sino que le insta a que no vuelva a denunciar sin respetar la “presunción de inocencia”. La sentencia objeto de solicitud de nulidad ha suscitado preocupaciones nacionales e internacionales por las difíciles condiciones de seguridad que atraviesa esta comunidad campesina que ha pagado un costo muy alto en la defensa de su derecho a vivir en paz y porque, a todas luces, atenta contra el derecho a la libertad de expresión y al deber y derecho a defender los derechos humanos. Además, de no anularse sentaría un precedente muy negativo para todas las víctimas o personas que sufren violaciones a los derechos humanos por parte de miembros del Ejército de Colombia. Si se impide a las víctimas denunciar las violaciones a los derechos humanos que sufren aun sin contar con todas las pruebas, nunca se actuaría para tratar de establecer los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Según el comandante de la XVII Brigada, la comunidad de paz, en algunos de sus comunicados públicos, daña la reputación y el honor no solo del propio comandante sino de toda la institución militar. Las constancias históricas de la Comunidad de Paz (comunicados), que cuelga en su página web y que envía a todas las organizaciones solidarias con su proceso, son el único canal con el que cuenta para dar a conocer al mundo lo que sucede en su territorio. Históricamente, la Comunidad se ha valido de este medio para hacer uso de su Derecho a la Libertad de Expresión. Ha sido a través de estas constancias cómo la comunidad internacional se ha dado cuenta de graves crímenes perpetrados, como en el caso de la masacre de 2005, donde 8 de sus miembros fueron asesinados por paramilitares y soldados de la Brigada XVII. Se adjunta el escrito presentado por entidades locales y diputada/os asturianos ante la Corte Constitucional solicitando la nulidad.

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