Cúcuta, 13 de marzo de 2026.
Los integrantes del Pacto Histórico del Norte de Santander han recibido masivamente amenazas de muerte vía SMS firmadas por el grupo paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en las que se puede leer «los tenemos identificados», «tienen 48 horas» y «vamos por sus cabezas muertas». Estos graves hechos se suman a los ataques con cuchillos y piedras sufridos por un carrovalla del mismo partido durante la campaña de las elecciones legislativas en el municipio de Los Patios.
Los antecedentes en el departamento con el exterminio de formaciones como la Unión Patriótica, el PCC o A Luchar, en épocas pasadas, ameritarían una atención mayor de las Autoridades para combatir estas amenazas flagrantes, que se relacionan con el aumento de votación al PH, con las denuncias de fraudes efectuadas por testigos electorales de esta formación en las votaiones del domingo 8 de marzo, de compra de votos, de votas del PH recuperados en el recuento, y de cifras muy hinchadas para la “consulta” de la derecha y extrema derecha.
Por ello se considera un proceso selectivo, de una amenaza muy cuidada, para amedrentar a candidatas y candidatos que tienen larga trayectoria en los liderazgos sociales. Una amenaza colectiva que va contra un proyecto político que pone en cuestión la corrupción de las élites del departamento.
Exigimos al gobierno colombiano, y más concretamente a su Ministerio del Interior, así como a la Gobernación del departamento del Norte de Santander, que se pronuncien públicamente sobre estos hechos y que movilicen todos los medios disponibles para garantizar la seguridad de todos los miembros y simpatizantes del Pacto Histórico. También nos adherimos a la denuncia que ha formulado el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) referida a los mismos sucesos.
Se sugieren, por el contrario, acciones afirmativas de paz, demostración de que se quiere quebrar la impunidad de los violentos al servicio del control politiquero, y que el gobierno no sea indolente ante las citadas amenazas, y envíe investigadores (fiscalía, interior, defensa..) a Cúcuta.
Por último, exigimos a las autoridades judiciales que inicien con inmediatez los procedimientos pertinentes para identificar a los autores de unas amenazas violentas que son absolutamente inaceptables en un sistema democrático, y que solamente ponen en la diana la integridad de numerosas personas, sino que estarían impidiendo una elecciones libres y transparentes en esta región en mayo.
22ª Delegación asturiana de Verificación de Paz y Derechos Humanos.
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