IN MEMORIAM

Las investigaciones judiciales establecieron que Romero Molina fue ilegalmente capturado el 10 de septiembre de 2005, y posteriormente, torturado y asesinado. Luciano fue trabajador de empresa Cicolac, filial de la multinacional Nestlé, y en calidad de tal, integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) en la ciudad de Valledupar. También fue un defensor de derechos humanos vinculado a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Por aquel entonces, Sinaltrainal informó que Romero Molina había sido “encontrado amarrado, torturado y su cuerpo presentaba 46 cuchilladas”.

Por la época del asesinato, el sindicalista gestionaba por la vía judicial su reintegro al trabajo en Valledupar y contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El también dirigente sindical de Sinaltrainal, Carlos Olaya, recuerda que Romero Molina fue “despedido tras ser señalado por la dirección local de Cicolac como guerrillero, fue asesinado tres años después por paramilitares. Existe un testimonio de un ex comandante de estas fuerzas irregulares en el que afirma que esa empresa, entre otras, efectuó pagos a su unidad para acallarlo.”

Aún cuando el Juez 2 Penal del Circuito Especializado de Descongestión OIT, ordenó la investigación de los directivos de la multinacional Nestlé – Cicolac , no existen

mayores avances en este sentido, a pesar que en la diligencia de versión libre del extinto jefe paramilitar Salvatore Mancuso, realizada el jueves 17 de mayo de 2007, éste informa: “Estos son por sectores con las respectivas empresas que le prestaban financiación a las AUC: lecheros Colegan, Cicolac y Proleche”.

Dentro del proceso por el asesinato de Romero Molina han sido detenidos y condenados cuatro paramilitares del extinto Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares) y se adelantan investigaciones contra agentes de la policía secreta del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia. No obstante, quienes dieron las órdenes, los autores intelectuales, los beneficiarios del crimen, siguen en la impunidad.

Por este crimen, la multinacional suiza y varios de sus dirigentes, entre ellos, Peter Brabeck, son objeto de una demanda penal por negligencia presentada ante el Ministerio Público de Zug, por la muerte en 2005 de un ex empleado de Cicolac, su filial en Colombia.

Los abogados suizos Marcel Bosonnet y Florian Wick -que representan al Centro de Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR), en sus siglas en inglés) con sede en Berlín, Alemania y al sindicato colombiano Sinaltrainal, entre otros-, presentaron la demanda penal contra Nestlé el 5 de marzo de 2012 en Zug.

En el momento del asesinato Ramírez Daza era concejal por el partido Liberal en el municipio de Ambalema (Tolima), donde venía denunciando la corrupción de la administración local.

A balazos, en la sala de su casa y delante de su familia le cobraron esa noche de domingo su lucha contra la corrupción en Ambalema, pueblo del que era concejal y del que aspiraba a ser alcalde. Días antes de ser asesinado, Henry había denunciado que el Ministerio del Interior le quitaba el esquema de seguridad por considerar que su nivel de riesgo era bajo.

Con Henry fueron 52 los sindicalistas asesinados en 2010 en Colombia, país que continúa siendo un matadero de sindicalistas y de opositores sociales y políticos.

La campaña para acabar con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y arrasar con la acción y con la libertad sindical, se refleja en cerca de 3.000 sindicalistas asesinados, en miles de amenazados de muerte y perseguidos, hostigados, apresados ilegalmente, desplazados o desaparecidos con absoluta impunidad y con grave responsabilidad de la fuerza pública y de los grupos narcoparamilitares, que siguen existiendo y delinquiendo en el país.

En la séptima visita, la Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos visitó el sur del Tolima. En un pueblecito cafetero de la cordillera Central llamado La Marina, los

sindicalistas campesinos de Astracatol denunciaron ante la delegación asturiana las amenazas contra sus dirigentes y afiliados. Días atrás, a 400 metros de una base militar asesinaron a dos de ellos: Héctor Orozco y Gildardo García.

A diario asesinan o persiguen a muerte a sindicalistas colombianos y eso no es noticia ni dispara alarmas en los consejos de seguridad internacionales.

Dudamos que pasara lo mismo, si estos hechos ocurriesen en otros países. En cambio sí que recibe despliegue el discurso falso del gobierno colombiano que afirma que el país está en etapa de postconflicto y que los derechos humanos mejoraron. Pretenden lavarse las manos para que los Estados Unidos y la Unión Europea, más interesados en los negocios que en los derechos humanos, firmen sin cargos de conciencia tratados de libre comercio, como si allá no pasara nada, como si las pruebas de la matanza antisindical presentadas el año pasado en la 99 Asamblea de la OIT, fuesen mentiras.

Sobre todo están matando a quienes se oponen al saqueo de las riquezas del país por las multinacionales. Hay un genocidio sindical en curso que los verdaderos poderes de este mundo no dejan ver.

Indignación sentimos ante tanta crueldad impune. Aunque diezmado por el terror y por la persecución, el movimiento sindical colombiano sigue luchando por el bienestar de las gentes y por la soberanía nacional.