Esperanza, sequía, corrupción y guerra.
Bogotá, martes 16 de febrero/16. Hoy se cumple medio siglo de la muerte en combate del sacerdote guerrillero Camilo Torres Restrepo, integrante del ELN.
La doce Delegación Asturiana que viaja a verificar el estado de los derechos humanos en Colombia se encontrará con un país seco por la falta de lluvias, indignado por la pobreza generalizada, la carestía de los alimentos y del transporte, pasmado ante la corrupción y la impunidad rampantes, triste ante la muerte por hambre de miles de niños-as indígenas. Un país esperanzado por los avances de los diálogos con las FARC-EP y alarmado por la escalada de la guerra con el ELN por la falta de voluntad política del gobierno para dialogar con ésta insurgencia que adelanta un paro armado en todo el territorio nacional.
Hace pocos minutos veinticinco policías, cada uno de los cuales devenga 14 sueldos por año, se bajaron con prisa de un camión y asaltaron a un desempleado que intentaba buscarse la vida asando arepas en un andén del sector de Galerías en Bogotá. No valieron sus ruegos: “¡Déjenme trabajar, yo no puedo regresar esta noche a casa sin un pan para mis hijos, sin el asador que todavía estoy pagando ¡”… La gente se amontona… sube el nivel de los gritos contra la policía… “¿No les da vergüenza quitarle el sustento a un hombre que no tiene trabajo?, “Les vamos a hacer un paro cívico bien verraco”, “alcalde malparido, venga a dar la cara”… El tumulto crece, la policía sabe que debe irse o comenzarán a caer algo más que gritos… “Cumplimos órdenes” dice el jefe de la patrulla al retirarse en medio de una rechifla atronadora.
La imagen pública de la policía es pésima, ganada a pulso por sus vínculos con la delincuencia y el paramilitarismo, por la brutalidad de sus acciones represivas, por los escándalos cotidianos de corrupción y, según dijo hoy el Procurador, por participar de una red de prostitución masculina que incluye agentes prestadores de servicios sexuales para “honorables senadores” del Uribismo, altos funcionarios del gobierno de Santos y para el propio comandante de la policía, General Rodolfo Palomino.
A pocas cuadras de la zona comercial, en un hotel lujoso del centro de Bogotá, la ONU convoca a un foro sobre el posconflicto. Se hace evidente que hay una mezcla de esperanza y miedo entre los 700 asistentes: no hay garantías para la lucha social, ni para defender los derechos humanos, ni la habrá para los guerrilleros que dejen las armas… Lo mismo dice la dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores CUT que sigue enterrando sindicalistas asesinados con impunidad.
Sindicalistas y sectores populares aprueban realizar un paro cívico nacional para enfrentar en campos y ciudades el trabajo basura, la gigantesca corrupción funcional a los intereses de los privatizadores de la energía eléctrica, el petróleo, la salud, la educación… Los campesinos y los pueblos indígenas también alistan movilizaciones en defensa de la economía campesina y de la Madre Tierra. La misma consigna la están asumiendo los estudiantes y otros sectores urbanos.
Más al sur de la capital colombiana una multitud bloquea el sistema de transporte público, rompen cristales de los autobuses, se enfrentan a la policía antimotines desbordada por bloqueos simultáneos en otras estaciones del llamado “Transmilenio”. Están cansados de los precios excesivos y del pésimo servicio. El derechista alcalde de Bogotá niega la mayor y atribuye las protestas a “vándalos de izquierda” dirigidos por el exalcalde Gustavo Petro.
Medio país está sin agua. Hay racionamientos del líquido por el efecto del fenómeno de “El niño” y por la devastación de los bosques donde nacen los ríos. Las gentes se preocupan por los efectos de la gran minería en los páramos donde se condensa el agua. Saben que si no hay movilización social de poco valdrán los conceptos de la Corte Constitucional prohibiéndola. Hace pocos días una multitud recorría cauce arriba y cauce abajo una de las pocas quebradas de Floridablanca que no se han secado. Había corrido la bola de que bajaban flotando billetes de $50 mil pesos. La fortuna de encontrar un par de billetes le tocó a los que madrugaron. Los demás rezan para que regresen pronto las lluvias y se acabe el racionamiento, además ¿Quién quita que las corrientes desentierran otra guaca?
La corrupción y el impacto de la minería del carbón a cielo abierto están matando al pueblo indígena wayúu. Miles de sus niños han muerto de hambre y sed. De su territorio se llevan las riquezas unas empresas gigantes, auténticos buitres llamados Glencore, Xtrata, Cerrejón, BHP Billiton, Angloamerican Drummond… no responden ante nadie. Son un estado dentro del Estado, o si prefieren son el verdadero poder que maneja al Estado.
Casi todo el país ha sido concesionado a las multinacionales mineras que destruyen al país saqueando oro, estaño, zinc, plata, plomo, cobre, antimonio, petróleo, carbón, níquel… sin respetar normas ambientales, ni derechos humanos, ni laborales, ni ambientales… sin pagar casi impuestos. La gente se pregunta qué pasará cuando ya no haya guerrillas que les ponga freno.
El presidente de los latifundistas ganaderos pide indemnización por las 700 mil vacas muertas por la sequía y por el desplazamiento a zonas con pastos de un rebaño similar. No se sonroja, pero lo pide en un país con 6 millones de personas desplazadas de las que no habla nada…
El hermoso pueblo indígena nómada nukak makú no habla castellano, no tiene “patria”, ni comprende el concepto, ni le importa, pero fue despojado con violencia de una parte de su territorio que se llama “Guainía” que traduce “Tierra de muchas aguas”. Confinados en una ceja de la selva amazónica fueron trasladados por el ejército a un lote seco en la sabana donde perecen de hambre, gripa, sed y tristeza. Un camión militar les lleva agua de cuando en cuando. Los soldados le regalan ropa camuflada diseñada para la guerra a un pueblo de indios nómadas, pacíficos, acostumbrados a andar desnudos y felices en una selva ancestral en la que no dependían de nadie, pero a la que le aparecieron dueños en nombre de la patria, la seguridad y el progreso.
Grandes regiones del país están afectadas por el paro armado ordenado esta semana por la guerrilla del ELN en el 50 aniversario de la muerte en combate del cura guerrillero Camilo Torres Restrepo. Los paramilitares –que según el gobierno ya no existen- impidieron el acceso al sitio de su muerte a varios centenares de personas incluyendo parlamentarios que viajaron hasta Patio Cemento para reivindicar su nombre y su ejemplo de compromiso con los más pobres.
Hay alarma, atentados, hostigamientos, combates, gran despliegue militar y guerrillero en varias regiones del país que serán visitadas a partir del próximo jueves por la XII Delegación Asturiana en Colombia: Tumaco, Arauca, Cauca, Casanare… territorios donde la lucha social está poniendo al centro la defensa de los derechos humanos y la consigna “Si no hay pan para los pobres, no habrá paz para los ricos”.
Javier Orozco Peñaranda
XII Delegación Asturiana de Derechos Humanos-.
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Javier Orozco Peñaranda
Coordinador
Programa Asturiano de Derechos Humanos
Tel. 0057-3148670588,