El pasado lunes 27 de septiembre en Madrid, la Delegación Asturiana que visitó Colombia en marzo de 2021, presentó en el Congreso de Diputados de España, el XVII Informe del Estado de los Derechos Humanos en Colombia.
La XVII Delegación Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos en Colombia estuvo integrada por:
- Lucía Muñoz Dalda, diputada de Unidas Podemos en el Congreso de España.
- Manu Pineda, europarlamentario español de Izquierda Unida-Unidas Podemos; integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores, integrante de la Comisión de Derechos Humanos y de la Delegación de Relaciones de la Unión Europea-América Latina.
- Javier Arjona Muñoz, de Soldepaz Pachakuti.
- Beatriz Merás Colunga, de la Asamblea Moza d’Asturies.
- Nathalia Gamarra Syniuk, de Ingeniería Sin Fronteras Asturias, y de la Coordinadora Asturiana de Onegés.
- Marta Mosquera Guimeráns, asesora en el Parlamento Europeo.
- Javier Orozco Peñaranda, Coordinador del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia. Técnico de la XVII Delegación Asturiana en Colombia.
Territorios recorridos
La Delegación Asturiana sostuvo entrevistas con pobladores, organizaciones sociales y de víctimas en territorios de los departamentos del Meta, Cauca, Valle del Cauca, Magdalena, Guajira y Cesar. También visitó asentamientos deprimidos en la localidad Ciudad Bolívar y San Mateo en Bogotá y en el municipio de Soacha.
Colombia no está en paz. Hay graves retrocesos en derechos humanos. El acuerdo de paz, el estado de derecho, los derechos y libertades básicas de la población están en gran peligro. El gobierno de Colombia incumple el acuerdo de paz, no tiene voluntad de combatir el paramilitarismo, ni la corrupción, ni la inequidad, ni la impunidad.
El deterioro de la situación y el conflicto interno de Colombia son una amenaza para la seguridad de países como Venezuela, con enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y grupos de las disidencias de las FARC.
El gobierno es responsable del genocidio en curso contra la dirigencia social, contra los firmantes farianos del acuerdo de paz y contra los pueblos indígenas, así como de los graves retrocesos en derechos humanos durante el último año.
Esta violencia, que tiene sus raíces en problemas estructurales del país, como la iniquidad y violenta concentración en pocas manos de las tierras, la riqueza y el ingreso, se agrava con la simulación de cumplimiento del acuerdo de paz por parte del gobierno, en la continuidad de la guerra por la falta de voluntad para dialogar con el ELN, en el abandono por el Estado de los territorios haciendo sólo presencia armada y nula inversión social, en la creciente corrupción, en el efecto perverso de la política antidrogas de los Estados Unidos centrada en combatir al campesinado cultivador en Colombia, y en la doctrina militar del enemigo interno, que pretende justificar la brutalidad policial y militar en un gobierno cuya consigna es “paz con legalidad”.
La población sufre la convivencia de la fuerza pública con los despojadores de tierras y con el narcoparamilitarismo que hacen causa común para perseguir opositores sociales y políticos y para mantener abiertas las rutas del tráfico de drogas y el ingreso a los territorios de interés para los inversionistas criollos y foráneos, incluidas las empresas multinacionales.
El gobierno tiene graves responsabilidades en la crisis de los derechos humanos expresada en el incremento de las masacres, de la violencia contra las mujeres y colectivos LGBTI, en el exterminio de los pueblos indígenas, en los asesinatos selectivos y en los asesinatos de jóvenes manifestantes a manos de la policía nacional durante el paro nacional del 2021.
La Unión Europea y el Gobierno de España están en mora de hacer valer las cláusulas de derechos humanos contenidas en los Tratados de Comercio suscritos con Colombia.
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