Tras una reunión de alto nivel con las Autoridades de la ONIC (Consejero Mayor Orlando Rayo del pueblo Yagua de la Amazonía, Consejera de DDHH Esneda Saavedra del pueblo yukpa, Consejera María Beatriz Vivas Sacuechime del pueblo nasa, asesor DDHH mayor Gustavo ) en que se pusieron en común las tareas, objetivos y hallazgos de la delegación y los testimonios y sistematización en DDHH de los 115 pueblos indígenas de Colombia..
se procedía a rueda de prensa en la sala Kimy Pernía de la ONIC:
A la opinión pública:
LOS ATAQUES NO DEBILITAN LA ESPERANZA DE PAZ.
La XIX Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz recorrió en los últimos once días regiones de la Colombia sumergida en el conflicto armado, en las que continúan los ataques contra la población civil y contra la dirigencia social, a pesar del ofrecimiento del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez de dialogar, cesar el fuego y acordar los términos que lleven a la «Paz total».
Nuestra Delegación encontró en Tumaco, Pasto, Puerto Guzmán, Villagarzón, Pitalito, Yopal, Arauca y Saravena, una población organizada, que ha logrado resistir señalamientos, amenazas, cárcel injusta, desplazamiento, ataques a las sedes, desapariciones forzadas y los asesinatos selectivos contra la dirigencia social que ha sobrevivido a la guerra.
Expresamos nuestra admiración por su valerosa persistencia en defender el derecho a la vida, a la paz y las libertades fundamentales, a pesar del terror.
Son un ejemplo para el mundo y una respuesta a quienes se empecinan en incendiar con guerras el planeta por interés de los complejos industriales y militares empecinados en mantener imperios y guerras que pagan los pueblos.
Los pueblos diversos de Colombia han dicho de manera masiva ¡ basta de guerras, de saqueo y de terror con la excusa de la democracia y del progreso ¡
Nuestra Delegación admira la resistencia de los pueblos de Nariño, Putumayo, Huila, Casanare y Arauca, y felicita al gobierno nacional de Colombia y de manera especial a la población del Sumapaz por la creación reciente de la Zona de Reserva Campesina luego de medio siglo de guerra y cerca de treinta años de intentar proteger la economía campesina, el agua y la seguridad y soberanía alimentaria para la población de Bogotá.
La gravedad de los ataques contra la dirigencia social concitan nuestro rechazo, pero no logran debilitar los anhelos de paz de las multitudes que empujan la transformación de la sociedad colombiana.
HALLAZGOS Y CONCLUSIONES PRELIMINARES-.
Nuestra Delegación presentará un Informe final en abril con los principales hallazgos de la visita. De manera preliminar encontramos:
1-. Una voluntad clara del gobierno de GUSTAVO PETRO y FRANCIA MÁRQUEZ de respetar los derechos humanos y construir la paz, propósitos que concitan esperanzas en Colombia y simpatías en Europa y de manera especial en Asturias.
2-. La degradación creciente del conflicto armado interno, con graves afectaciones a la población civil, jalonado por el narcotráfico, la minería y los agronegocios, a pesar de los llamados del gobierno nacional al cese del fuego y al diálogo.
3-. La continuidad de los ataques sistemáticos contra la dirigencia social, los firmantes de la paz, la dirigencia campesina , los pueblos indígenas, las comunidades negras, previa estigmatización, y la falta de efectividad del sistema de protección y de garantías. Llama la atención que ataques tan graves como el carro bomba contra la sede de las organizaciones sociales en Saravena, los ataques contra la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena y contra la residencia del líder comunal JHONY DIAZ, ocurran en una ciudad totalmente militarizada.
4-. La impunidad estructural y el oscuro papel de la Fiscalía que no toma en serio las denuncias de las mujeres lideresas de los asentamientos humanos de Yopal y Nunchía, pero se muestra diligente para judicializar a la dirigencia social de Arauca y Casanare, lo que contrasta con su lentitud para establecer autorías intelectuales, responsables políticos y financiadores del plan de exterminio contra la dirigencia social.
Fue necesario que la Corte Interamericana de Derechos Humanos asumiera el caso del exterminio de la Unión Patriótica y condenara hace poco al Estado al sentenciar «que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica («UP») a partir de 1984 y por más de veinte años».
5-. La re-paramilitarización del Casanare, admitida por la comandancia de la policía departamental, y la negativa de mandos del Batallón Mecanizado Revéiz Pizarro a reconocer la existencia del paramilitarismo en Arauca.
6-. La gravedad de los ataques contra pueblos indígenas como los awá, los nasa, y los eperara-siapidara, sometidos al reclutamiento de menores y al confinamiento, y cuyo territorio -en un 60%- está contaminado con minas antipersona, sin que operen acciones de desminado humanitario.
7-. La falta de voluntad de las autoridades en regiones como Casanare y Arauca en las que no convocan las mesas de derechos humanos, paz, y garantías.
8-. La persistencia del desplazamiento forzado de las comunidades de Tumaco, Alto Mira y Frontera y en el Putumayo, con valoraciones de los pobladores sobre que el alto el fuego bilateral del 31-D no lo han notado ni se cumple.
9-. Graves ataques contra maestros-as rurales en Cauca, Nariño y Putumayo.
10-. Recibimos denuncias contra la empresa minera canadiense Liberocobre, que en el Alto Mocoa tiene el rechazo de las comunidades que cuestionan sus métodos y el riesgo de que su actividad afecte las fuentes de agua, sobre varias empresas petroleras, y sobre el vertido de residuos petroleros y de dos municipalidades en el basurero a cielo abierto en Medio Afán que ha colapsado.
11-. Recibimos denuncias de reclutamiento de menores y actos de «limpieza social» que afectan al colectivo LGTBI+, así como la explotación sexual y la violencia contra las mujeres en zonas petroleras del suroccidente.
12-. En la cárcel de La Picota la Delegación tuvo dificultades para acceder, pero logró establecer las pésimas condiciones de reclusión de miles de prisioneros hacinados, sin atención médica, mal alimentados y obligados a hacer huelgas en las prisiones de La Dorada, Palo Gordo y Jamundí. Señalan los presos políticos del ELN el incumplimiento y la urgencia de trasladar a sus casas a 7 enfermos muy graves y a otro 40 en grave estado de salud.
13-. Constatamos el abandono del Estado a las víctimas de la guerra y la falta de voluntad para atenderlas y repararlas, con unos procedimientos administrativos que suponen una barrera para acceder a sus derechos.
14-. Resaltamos el trabajo serio de la actual directiva de la Agencia de Restitución de Tierras que ha logrado avanzar en la tarea de devolver a las víctimas los bienes que les despojaron.
Regresamos a Asturias preocupados por la continuidad del conflicto armado interno.
Expresamos admiración por la resistencia del pueblo colombiano a la guerra y al despojo, la firmeza con la que asumen el anhelo mayoritario de pactar la paz y alcanzar la equidad, la justicia social.
XIX DELEGACION ASTURIANA DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ.
Bogotá, 24 de febrero del 2023-.
La Décimo-novena Delegación Asturiana estuvo integrada por:
RAFAEL PALACIOS GARCÍA, Diputado y portavoz del Grupo Político Podemos en la Junta General del Principado de Asturias.
JAVIER ARJONA MUÑOZ, dE Soldepaz Pachakuti.
MATEO GONZÁLEZ CID, de Ingeniería Sin fronteras, ISFA
PLAZA MARTÍN HELENA, del Espacio joven de Comisiones Obreras de Asturias.
RUBÉN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Movimiento Asturiano por la Paz, MASPAZ,
MANUEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ. Movimiento asturiano por la Paz, MASPAZ.
CRISTINA FERNÁNDEZ ALONSO. Asamblea Moza D´Asturies, AMA.
MINERVINO JOSÉ DE LA RASILLA SUÁREZ. Coordinadora Asturiana de ONGds. EntreCulturas.
LUIS ESCRIBANO, de la Asociación Burgos con Colombia.
JAVIER OROZCO PEÑARANDA, Director del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia.
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