Esposa de líder mapuche acusa persecución política de Fiscal Regional de Temuco y defiende su derecho al trabajo
– Pamela Pessoa responde dichos de fiscal Ljubetic
Por Lucía Sepúlveda Ruiz
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“Esto es una persecución política. El fiscal regional Francisco Ljubetic está cuestionando mi derecho a trabajar. Yo soy asistente social en el hospital de Cañete, miembro de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, FENATS, y me desempeño en el sector público desde hace unos 12 años, mucho antes que se conformara la Coordinadora Arauco Malleco. Con mi marido nuevamente preso, soy jefa de hogar, como todas las mujeres de los presos políticos mapuche y tengo 5 hijos e hijas que mantener.” El reclamo lo formula Pamela Pessoa –que no es mapuche- pareja de Héctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco quien está recluido en la cárcel El Manzano de Concepción. Sus hijos,Lautaro, Neyen, Ernesto, Pelentaru y Victoria tienen edades que van entre los quince y los cuatro años.
La indignada reacción de Pamela Pessoa surgió en respuesta a las acusaciones de Ljubetic al diario La Tercera (portada del domingo 29 de noviembre) en la que el alto funcionario del Ministerio Público señala que él “ha estado poniendo el ojo” al hecho de que “activistas importantes y reconocidos” como la esposa del dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, Pamela Pessoa, y otros cuatro familiares de Llaitul “tengan trabajo estable proporcionado por el Estado “en circunstancias que están vinculados a personas procesadas por hechos violentos.
¿Por qué cree usted que se hacen estas declaraciones?
Las declaraciones las hace justo ahora en que surgen voluntades de diálogo que buscan evitar la violencia y la muerte de comuneros, y surge esta provocación. Pareciera que al Ministerio Público no le interesara que el conflicto se solucione. Tampoco a la derecha, ya que escuché en la radio que el senador de la UDI, Víctor Pérez, lo apoyó, sosteniendo que de parte del Ministerio de Salud había una suerte de “financiamiento indirecto” a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)”.
Derechos conculcados
Las amenazas del fiscal regional de Temuco provocaron estupor y rechazo en medios de derechos humanos, ya que es universalmente reconocido el derecho de los familiares de presos políticos (y comunes) a organizarse y apoyar los procesos judiciales buscando obtener la libertad de los afectados. El activismo al que hace relación el fiscal regional sólo puede referirse a las denuncias formuladas a nivel nacional e internacional por Pamela Pessoa y los restantes familiares de presos políticos mapuche, que impidieron hace unos meses que se produjera el traslado de los presos a cárceles ubicadas a miles de km de sus familias.
Las denuncias de montajes político/policiales para inculpar a comuneros mapuche formuladas por abogados de derechos humanos, también han sido avaladas por los familiares de los más de cincuenta presos políticos que permanecen en distintas cárceles de las regiones del Bío Bio, Araucanía y Los Ríos. El hecho de que los 15 detenidos por la supuesta emboscada al fiscal Elgueta en Tirúa estén siendo juzgados al mismo tiempo por la justicia militar y por la justicia civil también ha sido criticado por los familiares. Pero en el palacio de La Moneda, en Santiago, a escasos días de las elecciones presidenciales, no hay receptividad para estas apreciaciones. Recientemente el informe anual de derechos humanos de la Universidad Diego Portales que formuló también críticas respecto de la aplicación de la legislación antiterrorista a los mapuche, la criminalización de la lucha social, la desaparición forzada de un joven mapuche, y la permanencia de la justicia militar para juzgar a civiles fue airadamente rechazado por el gobierno. El tema mapuche ha estado ausente de prácticamente todos los debates de los candidatos a presidente.
Responsabilidad del fiscal
Un examen de la conducta del Fiscal Ljubetic a la luz de las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, cuyo título III se refiere a la responsabilidad de los fiscales deja en claro contravenciones a la norma. El artículo 63, letra d) establece que los fiscales no pueden “efectuar actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, sin autorización judicial previa”.
También están impedidos de usar su cargo con fines ajenos a sus funciones. Más aún, el artículo 64 dice que los fiscales “deberán abstenerse de emitir opiniones acerca de los casos que tuvieren a su cargo.” Si bien el fiscal regional no tiene directamente a su cargo estos casos, no hay duda que son los hechos derivados del conflicto mapuche/Estado/forestales los que más atención concitan y los que más recursos humanos y materiales requieren de parte de la fiscalía regional.
De acuerdo a la ley, el fiscal regional dura en su cargo 10 años y cualquier acusación relativa a su desempeño debe plantearse ante el Fiscal Nacional.
Llamado de la sociedad civil
Los polémicos dichos del Fiscal de la Araucanía se producen al mismo tiempo que circula en Chile y el exterior un llamado de organizaciones de la sociedad civil, a entablar un diálogo real del Estado chileno con el pueblo mapuche. Convocados por la Comisión Etica Contra la Tortura, los firmantes solicitan como condición mínima un alto a la represión en territorio mapuche, el retiro de las fuerzas policiales instaladas en las comunidades y de las demandas judiciales presentadas por funcionarios del Estado; la aplicación por la justicia del debido proceso, y la aplicación de sanciones (y reparación) en los casos de violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía. Exigen asimismo que se resguarde en especial la integridad física y psicológica de los menores y jóvenes mapuche, y se respete el derecho a la vida. El llamamiento dirigido a la Presidenta Bachelet fue entregado el viernes 27 de noviembre en La Moneda, junto al listado de firmas que avalan la iniciativa, y ha continuado recibiendo numerosas adhesiones de personalidades y organizaciones sociales.
Para el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos se dará a conocer el listado completo de firmantes y se entregará el documento a los candidatos a la presidencia de la república. En la carta se establece que sólo será viable el diálogo si se cumplen las condiciones ya citadas, y se ofrece el apoyo activo a ese proceso como sociedad civil y como defensores de los derechos humanos.
Lucía Sepúlveda Ruiz
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