opinando.
La paz total o la posible paz.
Tal vez el gobierno de Gustavo Petro en Colombia esté siendo muy ambicioso al pretender alcanzar la paz total en cuatro años. El hecho es que los diálogos para la paz atraviesan por una crisis, el tiempo pasa y ese anhelo no se materializa en las regiones.
En una realidad tan compleja como la colombiana avanzar hacia la paz total está resultando un objetivo inabarcable, que requiere ajustes. Eso explicaría las dificultades que hay para avanzar y los cambios en el equipo del gobierno, incluido el del Comisionado de Paz, compañero Danilo Rueda.
El gobierno se ha mostrado dispuesto a tomar decisiones que hagan avanzar los diálogos con los grupos armados y se muestra comprensivo con un movimiento social golpeado por los asesinatos selectivos, que le da su importancia a la urgencia de silenciar los fusiles sin dejar de insistir en que la paz surgirá de los cambios estructurales que resuelvan los viejos problemas que generan violencias, como la inequidad, la exclusión y la impunidad.
Pero eso lleva su tiempo, no se construye la justicia social en cuatro años y además requiere de una sociedad movilizada, que haga avanzar las agendas transformadoras a pesar de la falta de unas mayorías favorables en el Congreso de la República.
Mientras tanto, los enemigos de la paz no paran de matar dirigentes sociales (188) y firmantes de la paz (45 en el año que acabó), y el número de masacres, 94, es muy alto. Eso es muy grave porque a esas personas no se les puede reemplazar de un día para otro. Y los asesinos lo saben.
No es cierto aquello de que todos somos reemplazables. Al menos en la lucha colombiana no es así. Las personas que tienen el valor de representar a otras tomando la palabra en medio del peligro, son imprescindibles para tejer participación, democracia local y paz, pero no tienen garantías para su vida.
Ejercen un liderazgo fugaz, necesario y casi suicida. Y ellas lo saben.
Por eso la pertinencia humanitaria, internacionalista, de fortalecer los programas internacionales de protección temporal para personas de la dirigencia social en riesgo de ser asesinadas, como el Programa de Asturias que coordina Soldepaz Pachakuti con otros 14 colectivos sociales, y los que surgieron de su estela en el estado español como el Programa Vasco, el Programa Catalán, el Programa de Barcelona y el naciente Programa en Burgos. Otros programas han sido cercenados como el de Valencia, el de Aragón y el de Madrid.
La política de paz y la política de seguridad humana pareciera que van por distintos caminos. En las mesas de diálogos para la paz se pactan importantes ceses al fuego que tienen poco impacto en términos de mayor seguridad para las comunidades y sus dirigentes.
Todo grupo armado tiene fuentes de financiación legales o no, porque cuesta mucho dinero mantener las tropas en condiciones de combatir y está claro que el gobierno del cambio no puede financiarlos con dinero público mientras dialogan. Se le vendría el mundo encima. La guerrilla del ELN firmó un cese al fuego que vence en febrero próximo y está siendo conminada por el gobierno a dejar de secuestrar civiles para financiarse, sin embargo, es poco probable que acepten morirse de hambre en el monte mientras se discute la agenda de reformas.
Con las disidencias de las FARC uno de los obstáculos está en que el gobierno usa la fuerza militar para quitarles las fuentes de financiación basadas en las rentas del tráfico de coca y de la minería ilegal, pero ese grupo no está dispuesto a dejarse estrangular, delinque mientras dialoga con la cobertura de un discurso político que pocos se creen.
La paz con las guerrillas está en una encrucijada de difícil solución por ahora, pues comprenden que no hay posibilidades de triunfo por la vía armada.
Con los narco-paramilitares el gobierno dialoga, les intercepta cargamentos de droga y captura algunos de sus mandos, pero los carteles los reemplazan pronto y continúan expandiendo su control armado sobre los territorios que dejaron las FARC, sometiendo a las comunidades mediante el terror. Son poblaciones martirizadas desde la época guerrerista de Uribe, que conservan de milagro la vida y la esperanza en una paz que sigue solo en los papeles.
Además de cambiar la representación del gobierno en las mesas de diálogo, habría que revisar lapretensión de alcanzar la paz total y dedicar los esfuerzos a trabajar por la paz posible.
Hay propuestas en discusión para hacerlo, como la de que el Alto Comisionado de Paz esté centrado en los diálogos con las guerrillas ELN, Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y EPL, y que los procesos de diálogo y para el sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares, narcos y otras bandas criminales, sean abocados por los ministerios del Interior, de Justicia y de Defensa.
Hay propuestas complementarias al objetivo de redimensionar el propósito de paz total y el de redistribuir las tareas. Abarcan temas técnicos en las agendas, asesorías externas especializadas y más participación efectiva de la sociedad.
Nadie dijo que sería fácil alcanzar la paz en Colombia, aunque minorías intoxicadas por la violencia y las élites que se lucran de la guerra eterna quieran que sea imposible.
Toca aportar mucha terquedad en la esperanza de alcanzar la paz, acompañando la voluntad del gobierno, aferrados a la resistencia organizada de las mayorías sociales llamadas a tomar las calles para impulsar las transformaciones que le den base a la paz posible.
Javier Orozco Peñaranda, Colectivo de Colombianos-as Refugiados en Asturias Luciano Romero Molina.
Javier Arjona, Soldepaz.Pachakuti.
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