Paz para Colombia

En preparativos de otro encuentro para la Paz en Colombia que se celebrará en Madrid, una reunión preparatoria en Xixón reflexionaba este miércoles 27-N en torno a los siguientes aspectos:

Paz sin Crímenes de Estado: http://www.colectivodeabogados.org/MOVICE-Lanza-Informe-sobre-verdad

COLOMBIA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2013

“Si no cesan las amenazas y asesinatos contra los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales, la política de Derechos Humanos el gobierno puede terminar siendo una farsa.” Angelino Garzón, Vicepresidente de Colombia. Bogotá, 19 de mayo/11

En Colombia hay dos países, el real y el formal. Ha suscrito, ratificado y convertido en legislació n nacional muchos de los tratados internacionales de protección de los derechos humanos y ha jugado un papel importante en el impulso del sistema interamericano de derechos humanos, sin embargo en las últimas décadas es uno de los estados con más causas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que hasta el año 2011 ha proferido once (11) sentencias condenatorias contra el estado de Colombia por casos constitutivos de graves violaciones de los derechos humanos puesto que implicaron violaciones de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la prohibición de la esclavitud, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y a la dignidad, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación, a los derechos del niño, a la propiedad privada, a la libertad de circulación y residencia, derechos políticos, y a la protección judicial. (ver el resumen de las sentencias al final del doc.)

El gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos (exministro de Defensa de Alvaro Uribe Vélez) y el Vicepresidente –y ex dirigente sindical de CUT- Angelino Garzón-, reconoce y proclama la legitimidad de los sindicatos y de la defensa de los derechos humanos, pero sigue dando tratamiento de guerra al conflicto social, al tiempo que continúan los ataques impunes y sistemáticos de la fuerza pública en muchos casos en alianza con los paramilitares contra sindicalistas y defensores-as considerados por la ONU como grupos humanos “especialmente vulnerables” que el gobierno afirma esforzarse en proteger.

“A lo largo del año (2012) perdieron la vida de forma violenta al menos 29 sindicalistas y más de 45 defensores y defensoras de los derechos humanos y dirigentes comunitarios, muchos de los cuales trabajaban en cuestiones relacionadas con las tierras” Amnistía Internacional. Informe Colombia 2012. Pg. 5

El TRIBUNAL MUNDIAL DE LIBERTAD SINDICAL, resolvió en mayo/12: » Condenar al Estado de la República de Colombia por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de Libertad Sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical.»[[Fallo del Tribunal Mundial de Libertad Sindical. Bogotá, 25 de mayo/12]]
“La Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas CSA, expresión continental de la Confederación Sindical Internacional CSI, que en la región representa a más de 52 millones de trabajadores/as, se dirige a UD. para manifestarle nuestro rechazo a las nuevas amenazas enviadas a organizaciones y líderes sociales y políticos colombianos… Hace algunos días el grupo paramilitar de extrema derecha “Los Rastrojos” prometiera en una declaración pública “cazar y matar” a los destacados sindicalistas colombianos que figuran en la lista… El ataque al sindicalismo colombiano no remite a la existencia de una violencia difusa e indiscriminada, se trata, por el contrario, de una crisis marcada por las violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los derechos humanos de los trabajadores colombianos, en un contexto general de impunidad que corrobora la fragilidad de la democracia y del derecho fundamental a la asociación sindical y la violación permanente de derechos de los sindicalistas.”[[Carta del Secretario General de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, VICTOR BAEZ MOSQUEIRA al Presidente de Colombia JUAN MANUEL SANTOS. Sao Paulo, 17 de abril/13]]

Muchas de las violaciones más graves de los derechos humanos y la mayoría de los conflictos laborales están ocurriendo en zonas de interés o bajo el control de las multinacionales del sector minero-energético. En el carbón -por ejemplo- esto encontró la Novena Delegación Asturiana en la zona Caribe desde donde Goldman Sachs saca carbón hacia El Musel:

“En el conflicto laboral de la mina de carbón de Goldman Sachs llamada La Francia, ubicada en el corregimiento de La Loma, municipio de El Paso, departamento del Cesar, se están violando derechos humanos y laborales de obreros contratados por GECOLSA para Caterpillar sin que el Ministerio del Trabajo intervenga”. Hay tropas del ejército con material de guerra dentro de la mina, interviniendo en un conflicto laboral. Cuando fueron detectados por la delegación asturiana se escondieron”

“Somos un grupo grande de obreros despedidos por las contratas de Goldman Sachs, muchos con enfermedades profesionales, ocupamos maquinaria dentro de la mina y hace 58 días estamos durmiendo en cartones, sin alimento fijo, comemos de lo que cazamos o de lo que nos pueden traer por el monte, o lo que nos pasan por encima de las vallas. Nos persiguen por tener sindicato, Estamos perseguidos por la administración y por los vigilantes privados a los que les han dicho que somos guerrilla y que los vamos a envenenar y por muchos soldados más de 50 del batallón La Popa del ejército que han hecho base dentro de la mina y nos hostigan y amenazan, algunas veces dejan el uniforme se disfrazan de ESMAD y nos golpean, pero son militares, ellos mismos nos han confesado eso. No queremos indemnización por nuestro trabajo, somos 450 obreros con contrato indefinido, hay 45 con graves problemas en la columna, ojos, oídos, pulmones, y no los atienden. Somos “desechables” para la empresa que nos tiró a la calle. Queremos que en Asturias sepan que este carbón que llega desde Colombia a El Musel se saca en condiciones que violan los derechos humanos y laborales” [[Testimonios frente a mina La Francia. La Loma, Cesar. 25 de marzo/13]]

“Anoche a pocos metros del hotel de la delegación asturiana el ESMAD entró a tiros, rompió la carpa, robó la bandera, nos sacó a gases, otras han ingresado a nuestras casas para amenazar, son policías que cuidan a las empresas extranjeras no a los obreros colombianos”[[Ib.]]

“En la mina El Hatillo Goldman Sachs utiliza 20 empresas contratistas para evitarse obligaciones laborales pues no cumplen con las obligaciones en salud y seguridad industrial. Cada tres meses nos cambian de empresa. “En la mina el trabajo es pesado y muchos tenemos problemas de hernias discales, escoliosis, silicosis y no nos atienden ni dan bajas por enfermedad a pesar de que hay muchos obreros con dolor crónico. Yo estaba en una empresa, me enfermé y descubrí que estaba contratado por otra ¡ y no lo sabía, no fui informado¡”[[Ib.]]

“GECOLSA – DIAMANTEC viola derechos laborales, despide enfermos, hay persecución, a los sindicalistas los trasladan para sacarlos del área de influencia de los demás obreros, hay acoso para exterminar el sindicato. RCN y CARACOL manipulan la situación de los trabajadores, sólo muestran a los policías heridos no a los obreros y nos señalan de ser guerrilleros, mienten y esconden la realidad; sólo les importa el silencio… nuestro silencio”[[Ib.]]

Las multinacionales del oro se benefician de las masacres contra pueblos indígenas poniendo en peligro su existencia, como es el caso de los Embera Chamí:

“Sobreviví el 8 de junio/03 a la masacre de los paramilitares del bloque “Cacique Pipintá” en el sitio de La Herradura, donde asesinaron a cuatro comuneros, el gobernador GABRIEL JAIME CARTAGENA, FABIO TAPASCO LARGO, encargado de los asuntos de vivienda del resguardo, HUGO TAPASCO GUERRERO y DIEGO EFRAIN SUAREZ LEÓN. Tengo medidas cautelares de la CIDH y he sido amenazado de muerte varias veces. El 17 de marzo de este año en Supía tres hombres atravesaron un carro para detenernos, golpearon los vidrios de mi vehículo de seguridad con órdenes de que me bajara. Tengo riesgo alto de ser asesinado o de ser apresado por la fiscalía. Quieren desvertebrar a la comunidad indígena embera que lucha contra las multinacionales del oro”[[Entrevista de la Novena Delegación asturiana con el dirigente indígena GERSAIN DE JESUS DIAZ. Resguardo Cañamomo-Lomaprieta, 27 de marzo/13]]

Las conversaciones iniciadas en La Habana entre el gobierno y las FARC-EP el 26 de agosto/12, todavía no aportan en positivo a la situación de los derechos humanos pues se adelantan sin cese al fuego ni tregua bilateral, sin embargo el propósito de las partes de concretar un “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” abre la perspectiva de que el país logre avances significativos en el respeto de los derechos humanos, para lo que será necesario cambiar realidades como la exclusión social y política y la violencia como medio de conquistar riqueza, tierras y poder político, asuntos que subyacen en el origen del conflicto social y armado.

“Continuaron (en el 2012) los hechos de violencia sexual contra las mujeres y las niñas, el desplazamiento, y un incremento preocupante de la desaparición forzada de personas, la estigmatización y las consiguientes persecuciones, apresamientos y asesinatos de sindicalistas, defensores de los derechos humanos, opositores políticos, miembros de la misión médica, la tortura sobre todo en las cárceles, el reclutamiento de menores, las restricciones a la libertad de movimiento de las personas, los bloqueos de alimentos y medicinas a comunidades en regiones apartadas, el minado de territorios, la ocupación de escuelas, acueductos y salones comunales por el ejército”.[[Noveno Informe Asturiano Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Junio/13]]

La persecución y los ataques contra defensores-as de los derechos humanos y sus organizaciones son graves y sistemáticos, como se desprende del Informe del Secretariado de Amnistía Internacional de dic/12:

“Ha habido ataques contra miembros del MOVICE en todo el país. Por ejemplo, la oficina del MOVICE en el departamento de Sucre se constituyó en 2006 y, desde entonces, ha sido escenario de más de un centenar de actos de intimidación, amenazas o agresiones contra sus integrantes, cuyo objetivo es tratar de impedirles realizar su trabajo legítimo. Entre estos actos cabe mencionar vigilancia, robo de información confidencial y delicada, amenazas de muerte, uso indebido del sistema judicial y asesinatos. Uno de los últimos incidentes ocurrió el 11 de marzo de 2012, cuando Hernando José Verbel Ocón sufrió un atentado contra su vida en el municipio de San Onofre, departamento de Sucre. Hernando José Verbel Ocón denunció este atentado ante la policía judicial y de investigación (SIJIN). El 23 de marzo de 2011, Eder Verbel Rocha, padre de Hernando José Verbel Ocón, fue asesinado por paramilitares y, en enero de 2012, el hermano de Eder Verbel Rocha, testigo de su asesinato, recibió amenazas de muerte. En el momento de redactarse el informe, el Estado no les estaba proporcionando medidas de protección. Están recluidos en espera de juicio dos paramilitares que, al parecer, dispararon contra los dos hermanos. Sin embargo, las investigaciones sobre quién ordenó el asesinato no han dado ningún resultado. El MOVICE es una coalición de más de 200 organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos de Colombia que hacen campaña para llevar verdad, justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, solas o en connivencia con los grupos paramilitares, durante el conflicto armado. Su labor ha sido crucial para documentar y sacar a la luz numerosos casos de asesinato y desaparición forzada perpetrados por las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares”[[nforme de Amnistía Internacional “Transformar el dolor en esperanza. Defensoras y defensores de los derechos humanos en América”. Secretariado Internacional. Londres, 2012]]

El desplazamiento forzado afecta cada año una población del tamaño de Oviedo y es un delito funcional a los planes del latifundio especulador y a los proyectos de las transnacionales, para los que la población nativa literalmente estorba.

“Soy desplazado desde hace 7 años de la vereda Chamizo de Salamina. Por darle agua de beber al ejército me cayeron los paras y me pusieron 24 horas de plazo para irme de la región. Estamos regresando sin garantías para nuestras vidas, vendo la finca que se llenó de monte y ahora debo los impuestos y la perderé de todos modos”[[Testimonio en reunión con organizaciones de Salamina. 28 de marzo/13]]

La impunidad es una fuente de violencia y sus niveles resultan inaceptables, razón por la que Colombia entró en la lista de observación de la Corte Penal Internacional, junto a Georgia, Guinea y Mali. Es un país bajo examen preliminar de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad: asesinatos sistemáticos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, crímenes de guerra, violación.

“Los altos niveles de impunidad estructural y los derivados de la Ley de Justicia y Paz aplicada a los paramilitares, podrían agravarse con el reforzamiento del “fuero penal militar”. Los defensores de los derechos humanos temen que con la Ley aprobada en diciembre/12 por el Congreso de la República, los 7.800 procesos que adelanta la Fiscalía contra militares por el asesinato de civiles muchos de los cuales fueron presentaron como “guerrilleros dados de baja en combate”, pasen a ser competencia de la justicia penal militar si no son fallados antes de un año por la justicia ordinaria, asunto poco probable”[[ Ib.]]
Human Rights Watch advirtió en dic/12 al gobierno colombiano de las implicaciones que tiene el reforzar el fuero penal militar: «Su aprobación revertiría gravemente los avances recientes logrados por Colombia para asegurar que se juzguen los abusos militares… al prácticamente garantizar impunidad frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública el país podría exponerse a la posibilidad de ser investigado por la Corte Penal Internacional, incluso en relación con los casos conocidos como falsos positivos”[[Carta Abierta de JOSE MIGUEL VIVANCO, director de HRW al presidente de Colombia. 12 de diciembre/12]]

Los asesinatos de LUCIANO ROMERO MOLINA (11 sept/05) y el de HENRY RAMIREZ DAZA (10 abril/10), ambos personas protegidas por la CIDH y acogidos por el Programa asturiano, se encuentran en la impunidad, total en el caso de Henry, y sin autoría intelectual en ambos casos. (ver anexo Fallo Condenatorio asesinato de Luciano)

En el caso de Luciano se daban todos los requisitos para que fuera calificado como “crimen de lesa humanidad” pero el fallador no se atrevió:

“Fue temeroso el fallador al momento de abordar la calificación como crimen de lesa humanidad el homicidio de LUCIANO ROMERO, pues cita los elementos que lo tipifican pero yerra al momento de hacer el ejercicio de adecuación, en la medida que teme reconocer lo que es una realidad que se revela a gritos, esto es, 1. Que el asesinato de sindicalistas se ejecuta como parte de un ataque sistemático contra la población civil, en aras de imponer una hegemonía ideológica y eliminar la oposición; 2. Dicho ataque se hace con conocimiento previo de los objetivos y métodos, son planificados; 3. Son actos cometidos de conformidad “con la política de un Estado o de una organización”, pues es cada vez más evidente que el paramilitarismo es parte de una “Estrategia militar encubierta” con el objeto de proteger intereses políticos y económicos de alto nivel” [[Documento Fallo Condenatorio asesinato de Luciano de la FCSPP, abogados en representación de SINALTRAINAL-CUT y de la familia de Luciano Romero.]]

La desaparición forzada de personas sufrió en el 2012 un crecimiento alarmante.

“Del número total de personas registradas en el Registro Nacional de Desaparecidos como desaparecidas o en paradero desconocido (75.345, al 30 de septiembre de 2012), se estima que 18.527 casos se ajustan a la definición nacional de desaparición forzada. El Gobierno indicó que durante 2012 fueron dadas por desaparecidas o consideradas en paradero desconocido 5.965 personas y se presume que 113 de estos casos son desapariciones forzadas”[[Informe de la ACNUDH sobre Colombia, 2012. Pg. 14]]

Se sigue usando la justicia para hacer montajes, perseguir y encarcelar a sindicalistas, campesinos, indígenas, y opositores de los planes de inversión-saqueo de las transnacionales, o a quienes defienden derechos humanos.

“La penalización de la protesta social y de los conflictos obrero-patronales se comprueban con las detenciones en febrero/13 de 173 personas durante la movilización que exigía el pago de la deuda social contraída por el estado y por las petroleras con la población del departamento de Arauca; 60 obreros judicializados por acusación de la petrolera Pacific Rubiales en los departamentos del Meta y del Casanare, y durante el paro de los campesinos cafeteros se registraron en el Tolima y en el Huila 75 detenciones y 70 órdenes de captura. [[Denuncias de las organizaciones sociales colombinas ante la Novena Delegación Asturiana.Bogotá, 26 de marzo/13]]

La situación en las cárceles colombianas es abiertamente ilegal. Hacinamiento extremo, falta de agua y de servicios sanitarios, cacheos a las visitas que atentan contra la dignidad y la intimidad de los familiares incluidos los menores de edad, torturas, desatención médica a enfermos terminales o con enfermedades graves, trato cruel, inhumano y degradante, traslados y golpizas como castigo por denunciar o protestar.

«Las visitas familiares o conyugales son suspendidas con cualquier pretexto, sus derechos pisoteados sin escrúpulos, el destierro a cárceles lejanas es planificado, los patios de presos políticos fueron abolidos, el permanente hostigamiento y las requisas son calculados, la tortura física y sicológica se incrementa, Y a los heridos en combate o enfermos los dejan a la deriva, con el agravante de que a los primeros, en forma sádica, les dejan avanzar las infecciones para luego amputarles los miembros… una gran cantidad de prisioneros de guerra han sufrido amputaciones por falta de asistencia médica, además de ser objeto de vejaciones y torturas por verdaderos sicópatas»[[Declaraciones de los negociadores de las FARC-EP en La Habana, marzo del 2013]]

“La cárcel de Picaleña en Ibagué tiene sitio para 5 mil internos pero hay 5.750 hombres y mujeres en condiciones de hacinamiento. No hay agua sino un rato a las 6 de la mañana, sólo hay seis baños para 5.700 detenidos que se ven obligados a defecar en bolsas y botar fuera de las celdas. La FCSPP pudo volver a esta cárcel y entrevistarse con los presos, pero a través de un vidrio y sin privacidad para denunciar lo que pasa adentro pues siempre hay guardias presentes”[[Reunión Novena visita asturiana con organizaciones sociales del Tolima. Ibagué, 29 de marzo/13]]

La violencia sexual contra mujeres y niñas es impune, se usa para romper la dignidad de las mujeres que luchan por los derechos humanos y va en aumento. Hay subregistro por miedo-vergüenza, pero puede pasar de ¡ medio millón de casos ¡

“Mujeres y niñas vienen siendo objeto de una violencia sexual generalizada y sistemática a manos de todas las partes del largo conflicto armado de Colombia: paramilitares, miembros de las fuerzas de seguridad y combatientes de la guerrilla. Aunque algunas mujeres y niñas han sido agredidas por razones distintas del género, muchas han sufrido abusos sexuales y explotación sexual sólo porque son mujeres: para explotarlas como esclavas sexuales, para sembrar el terror en las comunidades y así facilitar la imposición del control militar, para obligar a familias enteras a huir de sus casas y permitir la apropiación de sus tierras, y para vengarse de los adversarios. Las mujeres son escogidas como víctimas también como represalia por su labor como defensoras de derechos humanos o como líderes comunitarias y sociales, o en un intento de silenciarlas cuando denuncian abusos. En los últimos años, defensoras de derechos humanos y líderes comunitarias que trabajan con comunidades objeto de desplazamiento forzado, y las mujeres que luchan por la restitución de las tierras robadas, también han sido blanco de amenazas y homicidios, sobre todo por parte de los paramilitares. Algunas de estas mujeres fueron asimismo víctimas de la violencia sexual. Muy pocos autores de crímenes de violencia sexual cometidos durante los 45 años del conflicto han comparecido ante la justicia”[[Informe de Amnistía Internacional “Eso es lo que nosotras exigimos, que se haga justicia” Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado colombiano. Secretariado Internacional, 2011.]]

“CLEINER ALMANZA BLANCO es defensora de derechos humanos de las mujeres desplazadas y dirigente comunitaria, con medidas cautelares de la CIDH. Fue violada el 29 de enero de 2012 por un grupo de hombres sin identificar. Ya había sido violada dos veces por soldados del ejército y paramilitares. Ha sido amenazada de muerte junto a otras 14 mujeres de las cuales violaron a cuatro. La policía fue negligente cuando huía del lugar de la violación y la fiscalía dudó de su versión. “Primero me dijeron que para atenderme y escribir la denuncia tenía que presentar mis documentos. Les expliqué que los perdí cuando me fugué de mis violadores. Supe que dudaban de nuevo de mí. La persona que me recibió la denuncia me recalcó varias veces que debía decir la verdad y solamente la verdad. Me enfurecí porque era exactamente lo que estaba haciendo y sentí que no me creía. La señora me insistió en que la gente de la Fiscalía iba a investigar cada cosa que yo afirmara y que si encontraban que había una parte de mi relato que no era preciso, yo estaría cometiendo un delito. Pero esto no es extraño: aquí nunca la voz de las víctimas importa ni lo que digamos es verdad.”[[Artículo “Decidí luchas con más rabia”. El Espectador, 11 de febrero/12]]

Los pueblos indígenas y afrocolombianos –históricamente excluidos- sobreviven en la miseria -nuestra pobreza tiene un alto componente étnico- muchos de ellos con alto riesgo de extinguirse como pueblos, agravado esto por el despojo de sus territorios colectivos y ancestrales.

“Los pueblos indígenas y afrocolombianos están cada año en mayor riesgo de desaparecer, afectados por el conflicto armado y el despojo violento de sus espacios vitales, así como por las concesiones de títulos mineros por parte del gobierno a las multinacionales minero-energéticas, violando en muchos casos la obligación y el derecho de la consulta previa e informada a los pueblos y comunidades, convertida –cuando se hace- en mero formalismo”[[Noveno Informe Asturiano sobre Colombia.]].

2013 segundo semestre

En los últimos meses siguieron muriendo con impunidad los sindicalistas y los opositores de la minería en Colombia. Y no es un sufrimiento originado en un desastre natural, sino el resultado de planes de exterminio cada vez más evidentes.

El 30 de septiembre pasado caía asesinada en Almaguer, departamento del Cauca y delante de uno de sus tres hijos, ADELINDA GOMEZ GAVIRIA, joven dirigente campesina opositora de los planes de expansión de una multinacional minera. Días antes los grupos paramilitares le habían advertido por teléfono que “deje de joder con eso de la minería, eso es riesgoso y se va a hacer matar”. Otras catorce personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas con impunidad en su región.

Casi un mes después, el 2 de noviembre, otro dirigente campesino y ambientalista, PEDRO CESAR GARCIA MORENO, opositor a la expansión de la minería del oro en La Colosa caía asesinado delante de su familia en Cajamarca, departamento del Tolima. Los paramilitares habían amenazado con asesinar a quienes pusieran el derecho a la alimentación y el medio ambiente sano por delante de los planes e intereses de la Anglo Gold Ashanti. Y lo han comenzado a cumplir.

Y el sábado 9 de noviembre fue asesinado en Bugalagrande, departamento del Valle del Cauca, OSCAR LOPEZ TRIVIÑO, sindicalista de Nestlé, empresa en la que hay un largo conflicto obrero patronal por incumplimiento del convenio. Días antes los paramilitares habían amenazado con asesinar y picar a los obreros que adelantaban una huelga de hambre frente a la empresa. En el 2005 habían asesinado a LUCIANO ROMERO MOLINA, sindicalista de la misma empresa y refugiado temporalmente en Asturias.

Las empresas multinacionales se benefician del terror desatado en campos y ciudades, pues cada territorio que ocupan, cada vida que siegan los paramilitares se refleja en sus jugosas cuentas de resultados, mientras la población cae empobrecida, exigiendo trabajo con derechos y respeto por las culturas y territorios indígenas y negros.

Ofende a la dignidad humana que se impongan a sangre y fuego intereses desmesurados que sobornan, gozan de impunidad, destruyen la naturaleza, secuestran la democracia, evaden impuestos y encima chantajean con irse a otros sitios del mundo donde se le pongan menos obstáculos a lo que dieron en llamar “progreso”.

Derechos económicos, sociales y culturales.

Colombia con tasas de crecimiento del PIB superiores al 4% sostenido en los últimos 3 años, no ve reflejado ese factor en el crecimiento de la renta-ingresos de las mayorías, por lo que se mantienen unas tasas de pobreza + miseria que afectan a más de la mitad de la población.

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, por lo cual no hay mejoras en materia de derechos económicos, sociales y culturales, sin embargo dejó de ser país prioritario para la cooperación asturiana, al tiempo que aparece como país prioritario para hacer negocios, motivo por el que el Presidente asturiano visitó el país en abril/13 en compañía de un grupo de empresarios, sin referencias a la situación de los derechos humanos y desatendiendo la petición de cita del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT que le pidió media hora en Bogotá para hablar de derechos humanos.

CONCLUSIONES EN DERECHOS HUMANOS.

Los derechos humanos en Colombia siguen en estado crítico, la protección internacional sigue siendo necesaria para los grupos más vulnerables.

Se reconoce actitud abierta del gobierno a hablar de la crisis de los derechos humanos con la comisión asturiana.

A pesar del tono legitimador del gobierno referido a la actividad sindical y a la defensa de los derechos humanos, hubo funcionarios y autoridades públicas que continuaron estigmatizando estas labores, exponiendo aún más a la violencia a las personas de estos colectivos.

Los diálogos entre el gobierno y las FARC abren la puerta a conversaciones con el ELN y el EPL y con ellos la esperanza de una mejora ostensible en el tema del respeto a los derechos humanos, a pesar de que no se ve voluntad del gobierno de pactar un cese bilateral del fuego y de las hostilidades.

Amplios sectores de las organizaciones sociales consideran que los diálogos y la desmovilización de las guerrillas no garantizarían la paz o el respeto de los derechos humanos por cuanto seguirían sin solución las causas estructurales u objetivas que generan conflicto armado y social.

Se volvieron frecuentes los abusos policiales del ESMAD, la brutalidad policial, el uso desmedido e indebido de la fuerza, con saldos de heridos y mutilados por todo el país.

Fueron habituales durante el 2012 las violaciones del DIH por todas las partes en conflicto. El ejército acampa en escuelas, centros de salud, salones comunales, impone bloqueos de alimentos, combustibles y medicinas, obstaculiza la libertad de movimientos; las guerrillas siguen minando campos y rutas de uso de la población civil, usando menores en el conflicto y asesinando líderes y pobladores indígenas, sobre todo en el suroccidente colombiano.

A pesar de las órdenes del gobierno de combatir a los grupos paramilitares, éstos siguen operando bajo diferentes nombres y con el apoyo de sectores de la fuerza pública en las zonas visitadas, donde afectan la vida de las comunidades y destruyen tejido social y organizativo.

Los proyectos minero-energéticos autorizados por el gobierno sin consulta con las comunidades se han constituido en una de las principales fuentes de conflicto social, de violencia y de destrucción del medio ambiente.

El gobierno decidió militarizar los conflictos obrero-patronales en el sector de minería y energía, con graves riesgos para los derechos humanos de los obreros implicados.

Hubo durante el 2012 un preocupante incremento de las amenazas de muerte, parejo con el desmonte por el Ministerio del Interior de los esquemas seguridad de personas pertenecientes a los grupos especialmente vulnerables en Colombia: sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes de procesos de restitución de tierras, impulsores de las zonas de reserva campesina, dirigentes campesinos movilizados en defensa de la tierra y del valor de su trabajo, mujeres víctimas de violencia sexual, desplazados.

Es alarmante el incremento durante el 2012 de los casos de desaparición forzada de personas, el asesinato de defensores y sindicalistas, los casos de víctimas de violencia sexual y de minas antipersonales.

Preocupa la situación inhumana, abiertamente ilegal de reclusión en cárceles de más de 120 mil personas, una décima parte de ellas detenidas por delitos políticos o conexos, y los obstáculos que está poniendo el gobierno para que delegaciones como la asturiana accedan a verificar derechos humanos en los centros de reclusión donde son frecuentes la tortura y el trato cruel, inhumano y degradante.

Continuó la práctica de las detenciones individuales y masivas con base en montajes judiciales para paralizar la actividad de activistas y dirigentes de procesos sociales reivindicativos.

No disminuyeron los altos índices de impunidad y la tendencia podría ser a agravarse con el reforzamiento del fuero penal militar aprobado por el Congreso de la República en diciembre/12.

Las organizaciones de víctimas se oponen a la reparación por vía administrativa y sin reparación integral que garantice la reparación del daño colectivo infligido, sin las condiciones para la reconstrucción del tejido social destruído.

A pesar de que la economía de Colombia crece a una tasa del 4% anual, no mejoran los derechos económicos, sociales ni culturales, consecuencia directa de las enormes desigualdades en la propiedad y en la distribución de las tierras, la renta y el ingreso.

Colombia mantiene un elevado gasto público en fuerza pública y en el aparato judicial, en detrimento de los programas sociales y de derechos básicos en alimentación, salud y educación. Una parte significativa del gasto en defensa lo causa el despliegue militar para proteger infraestructuras de las empresas multinacionales.

Siguen al borde de la extinción muchos pueblos indígenas. La pobreza y la miseria afectan sobre todo a las llamadas minorías étnicas y a quienes han sido desplazados por la violencia, al tiempo que crecen las tasas de ganancia de las multinacionales que operan en Colombia.

Adicionalmente el Estado colombiano viene siendo condenado en estrados internacionales.

Resumen de las once -11- condenas proferidas contra el estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta el 2012.

Colombia ha suscrito, ratificado y convertido en legislación nacional muchos de los tratados internacionales de protección de los derechos humanos y ha jugado un papel importante en el impulso del sistema interamericano de derechos humanos, sin embargo en las últimas décadas es uno de los estados con más causas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo que hasta el año 2011 ha proferido once (11) sentencias condenatorias contra el estado de Colombia por los siguientes casos constitutivos de graves violaciones de los derechos humanos puesto que implicaron violaciones de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la prohibición de la esclavitud, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y a la dignidad, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación, a los derechos del niño, a la propiedad privada, a la libertad de circulación y residencia, derechos políticos, y a la protección judicial:

1. Caso Caballero Delgado y Santana, la CIDH condena al estado colombiano por la desaparición forzada en febrero/89 por tropas del ejército el departamento del Cesar del dirigente sindical ISIDRO CABALLERO DELGADO y de MARIA DEL CARMEN SANTANA.

2. Las Palmeras, la CIDH condena al estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales en Las Palmeras, municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, de siete personas el 23 de febrero/91 por parte de la policía con el apoyo del ejército. Entre las personas asesinadas están un profesor, dos personas que reparaban un tanque y dos que ordeñaban una vaca. Los policías amenazaron a los testigos, quemaron las ropas de las víctimas, les pusieron ropa de militares y los presentaron como “guerrilleros dados de baja en combate”[[La Procuraduría General de la Nación y los casos ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Pg. 13 y siguientes.]]

3. 19 comerciantes, la CIDH condena al estado colombiano por las desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales en octubre/87 de 19 comerciantes en el área de influencia de un grupo paramilitar en Puerto Boyacá. Estas personas fueron retenidas en un área bajo control militar, torturados, asesinados, descuartizados y botados al río Ermitaño[[Ib. ]]. La acción criminal fue planeada con la participación de miembros del batallón Bárbula, el Teniente Coronel Hernando Navas Rubio, Comandante del B-2 de la XIV Brigada, coordinada con el Comandante de la V Brigada del ejército, Brigadier General Juan José Alfonso Vacca Perilla, el Mayor Oscar de Jesús Echandía Sánchez, el sargento Otoniel Hernández Arciniegas, teniente coronal Hugo Isaac Pertuz González y el Brigadier General Farouk Yanine Díaz. La masacre la ejecutaron paramilitares al mando de Henry Pérez Duran.[[http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/anexo.html ]] La justicia penal militar que tuvo competencia sobre el caso, obstaculizó el acceso a la justicia y fue necesario recurrir la CIDH.

4. Masacre de Mapiripán, la CIDH condena al estado colombiano por la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales en Mapiripán de 49 personas entre el 15 y el 20 de julio/97 por un grupo de cien paramilitares de las AUC que fueron transportados y escoltados por efectivos del ejército nacional. Los militares y la policía de Mapiripán permitieron que durante cinco días los paramilitares tomaran el control del pueblo, de sus instituciones y comunicaciones y que -lista en mano- retuvieran, torturaran, asesinaran, desmembraran, degollaran, evisceraran y tiraran los restos de 49 personas al río Guaviare acusándolas de ayudar o simpatizar con las FARC. [[La Procuraduría General de la Nación y los casos ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Pg. 13 y siguientes.]]

5. Gutiérrez Soler, la CIDH condena al estado colombiano por la tortura el 24 de agosto/94 en Bogotá por parte de la policía nacional del ciudadano WILSON GUTIERREZ SOLER, atado a un tanque, torturado, quemado en los genitales y obligado a firmar un acta respondiendo “sí” a las preguntas sobre los hechos que motivarían su detención. [[Ib.]]

6. Masacre de Pueblo Bello, la CIDH condena al estado colombiano por la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales de 43 hombres entre el 13 y el 14 de enero/90 por un grupo de 60 paramilitares que asaltaron el corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo, departamento de Antioquia[[Ib.]]. Sacaron a las víctimas de sus casas, los pusieron boca abajo en la plaza, los amarraron, amordazaron y se los llevaron en camiones que pasaron por dos retenes custodiados por los Batallones Vélez y Cóndor, de la Brigada XVII del ejército, sin ser detenidos o cuestionados. Los 43 campesinos retenidos fueron llevados a la finca “Santa Mónica” en el Departamento de Córdoba, donde los esperaba el jefe paramilitar Fidel Castaño, quien ordenó interrogatorios y torturas, “las venas de sus cuerpos punzadas, sus ojos perforados, sus oídos cerrados, sus órganos genitales mutilados. Finalmente fueron ejecutados uno a uno”[[http://www.centromemoria.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=521:la-masacre-de-pueblo-bello&catid=47:conmemoraciones&Itemid=95]].

7. Masacres de Ituango, la CIDH condena al estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales el 11 de junio/96 de 19 personas incluido un niño, por paramilitares que recorrieron a pié y con el apoyo del ejército colombiano varios corregimientos de Ituango como La Granja, San Andrés de Cuerquia y El Aro. A su paso el grupo paramilitar ejecutó y torturó a varias personas y destruyó y quemó gran parte de las casas de El Aro, ante la permisividad de la fuerza pública que omitió el deber de auxiliarlos.

8. Masacre de La Rochela, la CIDH condena al estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales el 18 de enero/89 en el corregimiento La Rochela, bajo Simacota, departamento de Santander, por el grupo paramilitar “Los Masetos” de 15 personas que conformaban una comisión de investigación judicial compuesta por dos jueces de instrucción criminal, dos secretarios de juzgado y once miembros del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial que investigaban la desaparición de 19 comerciantes en octubre de 1987 y el asesinato por el ejército de dos campesinos que fueron “masacrados, torturados y quemados con ácido”[[La Procuraduría General de la Nación y los casos ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Pg. 13 y siguientes.]] Investigan además 20 casos de desapariciones forzadas. Varios militares y políticos fueron vinculados a esta causa pero lograron impunidad. [[http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso145218-ultimo-capitulo-de-masacre-de-rochela]]

9. Escué Zapata, la CIDH condena al estado colombiano por la ejecución extrajudicial el 1º de febrero/98 en el resguardo indígena de Jambaló en el departamento del Cauca y por miembros del ejército colombiano del indígena GERMAN ESCUÉ ZAPATA, quien fue sacado de su casa y llevado por la tropa a un paraje donde lo ametrallaron simulando un combate y fuego cruzado con la guerrilla.[[La Procuraduría General de la Nación y los casos ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Pg. 13 y siguientes.]]

10. Valle Jaramillo y otros, la CIDH condena al estado colombiano por la ejecución extrajudicial el 27 de febrero/98 en Medellín en su despacho del abogado de víctimas JESUS MARIA VALLE JARAMILLO, quien venía denunciando las masacres cometidas en Ituango por paramilitares y la participación de la fuerza pública en estos delitos.[[Ib.]]

11. Manuel Cepeda Vargas, la CIDH condena al estado colombiano por la ejecución extrajudicial el 9 de agosto/94 del periodista, miembro del PCC, senador de la República por la UP y líder político de la oposición, MANUEL CEPEDA VARGAS, cuyo vehículo fue interceptado y tiroteado por dos sargentos del ejército nacional. [[Ib.]]

¿Paz para Colombia?

El viernes las Mujeres por la Paz se manifestaban masivamente por las calles de Colombia, al igual que ha venido ocurriendo con muchos sectores sociales, sin descanso en los últimos tiempos.

En medio de una enorme sangría de asesinatos, detenciones, judicializaciones, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, cuyo solo recuento nos llevaría muchas horas, pero tal vez podemos mencionar las penúltimas.. este mes, (Adelinda Gómez del CIMA, Miguel Angel Cenda, médico Nasa, Sergio Ulcué en Caloto, Roberto Cortés en Campoalegre, Gildardo Padilla en Córdoba: Gildardo habia estado como reclamante de tierras ante el despojo, el 25 de octubre en la oficina de la fiscalía en Chigorodó..en su familia han sido asesinadas 12 personas y sus tierras robadas.. la ONU y la OEA han condenado estos crímenes y le dicen al gobierno que proteja…) — y recordar en enero el atroz asesinato de Alba Mery Chilito, matriarca de la Afavit de Trujillo, que había tenido Premio DDHH del ayto de Siero, que había sido anfitriona de una de las Delegaciones Asturianas. Frente a ese asesinato, además, se han tenido comportamientos distintos desde Asturias, el gobierno se niega a pronunciarse, el ayto de Siero, en manos de la derecha, si tuvo intercambio epistolar con las autoridades colombianas, presidencia, policía, fiscalía..

En marzo, la actividad que se realizó en la Procuradora, con Paz Andrés, con Martín Medem, sacaba un pronunciamiento que se llevó a Rivas. Ahora 7 meses después, se trata de hacer algo parecido.

Lo de Oviedo lo contó y lo compartió la novena delegación asturiana en el terreno, es decir que nos preocupaba. Que una veintena de colectivos firmaba y estábamos atentas y expectantes a los sucesos. Después en esta misma sala se hizo una síntesis de aquella visita y los saludos de las organizaciones colombianas. Posteriormente se presentó, también en Procuradoría y Parlamento el Noveno informe de DDHH, que pasado mañana se presenta también en Burgos, y aquí se reprodujo en semana negra.

En agosto, también en esta sala, el colectivo de refugio Luciano Romero, convocó una actividad en torno a la unidad, y para apoyar una de las muchas actividades que se estaban preparando en Colombia. En setiembre, nos vimos en la calle, para mostrar solidaridad con Sinaltrainal en el aniversario de Luciano Romero, y en todos estos y otros muchos eventos, se ha estado hablando de paz, de los peligros de que no se avance, de la guerra que sigue impasible su curso.

Nos cuesta seguramente desde la distancia, pese a esta cercanía solidaria, entender y seguir los detalles del momento histórico en Colombia que indican y sienten las organizaciones colombianas.

Ni que decir de los juegos y tacticismos, sobre si la UP se legaliza, si con el ELN, que reitera su disposición, las conversaciones son secretas y se pospone una y otra vez las supuestas fechas de diálogos, que si Brasil apoyaría , que si Santos se niega a que entreguen prisioneros, un yanqui las FARC, ingenieros y otras personas relacionadas con megaempresas extranjeras el ELN, que en fin hay elecciones y eso distorsiona o no la posible paz, que la Marcha Patriótica lleva ya 25 asesinados, y entonces, aun antes de firmar nada..¿no es ese el camino de exterminio que sufrió la UP?, que si Colombian@s por la Paz vuelve a proponer otro alto el fuego, que hace un año fue unilateral por la guerrilla.. y en todo caso el número de muertos en combate de parte y parte ha sido muy, muy alto este tiempo..

¿puede existir Paz si los ddhh se siguen violando de forma tan masiva?.. ¿o se utiliza esa violación estatal y paraestatal como medida de presión en la mesa de la Habana?

¿puede avanzar la paz si el diseño extractivista se sostiene sobre brutal represión y nuevos hechos de guerra contra la población inerme?

Y para este caso concreto.. ¿cuál es el papel de las personas exiliadas por la guerra, la persecución, o la diáspora producida por la combinación de represión y modelo económico excluyente? ¿dónde y cómo se les da voz a estas personas? ¿cómo y donde a las que viven ahorita en Asturias?

El territorio, los recursos naturales, la soberanía, los TLC .. ¿cómo pueden hacer sus aportes sobre cómo lo ven, las gentes de la emigración? ¿cómo lo verá Manuelito Jara , a quien la semana pasada, por las calles de Alicante, unos racistas le daban una paliza.. le habían echado de su tierra, tuvo que dejar su finca, se refugio 6 meses en Xixón, regresó a Colombia para comprobar que no tenía modo de sobrevivir, volvió con una hija en el levante…y ahora le aporrean por la calle..

Entendemos la situación del exilio como uno de los tantos efectos que ha provocado en la sociedad colombiana una larga historia de exclusión y abandono; donde fueron inexistentes las garantías reales para la participación política, la expresión y el ejercicio de una ciudadanía constructora de país…. Se decía en el encuentro de Rivas..

La migración y el exilio colombiano tienen por causas principales la Injusticia y Violencia estructurales que devienen en un estado de afectación y vulnerabilidad permanente en la población colombiana. Reconocemos que las personas exiliadas han sufrido una doble vulneración de sus derechos civiles y políticos por sus ideas y compromisos con el país.

Nos negamos a seguir siendo objeto político, social y cultural de la guerra. Somos una parte fundamental para la construcción social y política de un nuevo país desde nuestra autonomía.. (hasta 5 millones parece que están en esa situación)

Las mujeres exiliadas en algunas ocasiones han tenido que pasar por una revictimización al caer en las redes de tratas de personas o al sufrir violencia de género en la sociedad de acogida, por lo que es necesario que se creen
mecanismos reales de protección y acompañamiento..
(y lo ratificaba Pancha Rodríguez hace pocos días aquí…mujeres colombianas llevabas por empresas mineras para el entretenimiento en Chile..)

Los acuerdos que se realicen en la mesa de diálogo y que estén referidos a los derechos sociales, económicos, políticos y culturales, debe ser refrendados por un mecanismo de consulta previa con la ciudadanía colombiana incluida la que se encuentra en el exterior.

Acompañar y apoyar esas demandas, incluida la repatriación y reparación a esas víctimas en el exilio.. con garantías en el retorno ¿no forman parte sustancial de nuestra acción Solidaria, de las organizaciones en Asturias?

Como se ratificaba en Rivas.. no es acaso la solidaridad internacionalista un proceso de diálogo sincero, un
encuentro entre los pueblos, un intercambio de experiencias y realidades, un proceso de reflexión compartida que se construye horizontalmente.

La solidaridad internacionalista una herramienta política de transformaci ón y no un simple aparato burocrático.

En tal sentido no sobrará ratificar que le estamos exigiendo a la UE , al Gobierno español , al Gobierno asturiano un apoyo público al proceso de paz en Colombia, acompañándolo, facilitándolo y dando seguimiento a los eventuales acuerdos.

Que le estamos exigiendo una implicación activa de la UE , del Gobierno español, del Gobierno asturiano en la consecución de una Paz con Justicia Social en Colombia , incidiendo en este sentido a las partes negociadoras, y en tal sentido que se hace así imprescindible que la insurgencia colombiana sea excluida de la lista de organizaciones consideradas terroristas por la UE.

El Congreso, el Senado y los Parlamentos Autonómicos deberían posicionarse claramente a favor de la Paz con Justicia Social en Colombia, solicitando una mayor implicación del Gobierno español.

Si en Rivas se veía acertado que: un trabajo conjunto por Colombia por representantes de los diferentes parlamentos. .. importante animar la realización de misiones de verificación con representantes políticos de todo el Estado, para mantener así su conocimiento directo de la realidad colombiana.

Y se instaba .. al gobierno español a la publicación de los intereses económicos de los diferentes grupos empresariales españoles en Colombia; debe someter a las empresas trasnacionales con capital español a mecanismos de control y observación sobre su conducta, a fin de que dichas inversiones no signifiquen prácticas violatorias de los derechos humanos y de las comunidades en Colombia.

Parece que eso tiene también su correlato en Asturias, con el viaje empresarial del ejecutivo en marzo, y con las demostradas relaciones comerciales del carbón colombiano y otros negocios, recordadas en público recientemente en la huelga de hambre de los intoxicados de mercurio en el trato de soberbia y prepotencia y vulneración de derechos de la transnacional Glencore-Xtrata, la misma que maltrata a trabajadores colombianos y destruye el medio ambiente y despoja a los indigenas wayúu de su territorio.

La Paz en Colombia, también es cosa nuestra.

http://www.pachakuti.org/textos/hemeroteca/2013/memo-internac-paz-co.html

Pronunciamiento de Asturias sobre la paz en Colombia

El conflicto armado interno que sacude a Colombia desde hace más de medio siglo, precisa de una solución distinta de la guerra que en los últimos doce últimos años arroja un saldo estremecedor en víctimas de violaciones de los derechos humanos y en daños al estado de derecho de un país con el que Asturias tiene una relación especial sobre todo en el terreno de la defensa de los derechos humanos.

En el 2013 han continuado las persecuciones, amenazas y asesinatos de sindicalistas, opositores y defensores-as de los derechos humanos, con el carácter de sistemáticas e impunes, así como masivas en el caso de la violencia sexual contra mujeres y niñas. Los 37 defensores-as de derechos humanos y sindicalistas asesinados en el primer semestre del presenta año, se suman a los tres mil sindicalistas asesinados en años anteriores, las más de 20 mil personas desaparecidas, miles de amenazados, seis millones de desplazados forzosos y una lista de graves violaciones de los derechos humanos que le han merecido al Estado colombiano once (11) condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las más graves violaciones de los derechos humanos siguen ocurriendo en las áreas de conflicto armado y en los territorios que las multinacionales minero-energéticas disputan con el apoyo de los paramilitares y de la fuerza pública a los pueblos indígenas y a las comunidades negras y campesinas.

Las mayorías en Colombia, cansadas de la violencia, la impunidad, la exclusión y la inequidad, vienen expresando de diversos modos, incluida la movilización social, que acompañan el compromiso del gobierno y de la insurgencia de usar el diálogo político para acordar soluciones que construyan la paz y la justicia social..

Más de una década de solidaridad asturiana acogiendo a 90 víctimas civiles del conflicto y realizando nueve visitas de verificación del estado de los derechos humanos, nos permiten expresar:

El apoyo de las organizaciones sociales y políticas de Asturias a las conversaciones que adelanta en La Habana el gobierno de JUAN MANUEL SANTOS CALDERON y las FARC-EP, diálogo que es necesario se abra también con el ELN y el EPL.

Nuestro apoyo y solidaridad a las miles de víctimas del conflicto social y armado y nuestra disposición a colaborar con la reconstrucción del tejido social y organizativo rotos por la confrontación y por el modelo económico neoliberal, impuesto a sangre y fuego por el capital internacional.

La exigencia al gobierno de Colombia de garantías efectivas para la acción de oposición política y para la defensa de los derechos humanos y sindicales, el desmonte de los grupos paramilitares y el desmonte de la impunidad estructural.

Al gobierno español y a la UE les exigimos que respalden la negociación política entre el Gobierno y las guerrillas, así como que mantengan a Colombia dentro de sus prioridades en cooperación y que verifiquen el estado de los derechos humanos.

Nuestra exigencia a las empresas multinacionales que operan en Colombia y que se benefician del terror, de que respeten los derechos laborales, sindicales, sociales y territoriales.

Nuestro apoyo a la continuidad y mejora del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la violencia en Colombia y a la Visita Asturiana de verificación del estado de los derechos humanos, herramientas concretas de eficacia probada en el terreno de la protección y la difusión de los derechos humanos.

Xixón, 27 de noviembre/13