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El Ayuntamiento de Oviedo apoya el proceso de paz en Colombia
La vicealcaldesa Ana Taboada y las concejalas Marisa Ponga y Cristina Pontón muestran el compromiso del equipo de gobierno en este proceso. Soldepaz Pachucuti y el coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos denuncian el asesinato de 30 personas desde el mes de agosto y la persecución que aun sufren dirigentes sociales, activistas por la paz y personas defensoras de los Derechos Humanos en ese país.
La vicealcaldesa, Ana Taboada, y las concejalas Marisa Ponga y Cristina Pontón han mostrado el apoyo y la solidaridad del Ayuntamiento de Oviedo con el proceso de paz en Colombia que ayer mismo fue ratificado en el Congreso de la República sin ningún voto en contra. La primera en tomar la palabra ha sido la concejala de Atención a las Personas, Marisa Ponga que ha indicado que el Consistorio «estará siempre allí donde se necesite defender los Derechos Humanos» y ha recordado que el pasado 13 de Enero el Pleno aprobó la declaración «Oviedo por la paz en Colombia» ya que «no podemos mirar hacia otro lado, hay que poner voz a esta realidad». Ha recogido el testigo la vicealcaldesa, Ana Taboada, quien ha asegurado que el equipo de gobierno «está comprometido con la paz» por lo que se seguirá llevando a sesiones plenarias «los conflictos armados que acontecen en el mundo». La portavoz de IU, Cristina Pontón, ha asegurado que el camino para la paz será largo, ya que «cuesta más llegar a la paz que desencadenar una guerra».
En este sentido, Javier Arjona, integrante de Soldepaz Pachacuti y Javier Orozco, coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos, han denunciado en la rueda de prensa que «el conflicto armado» continúa a día de hoy con el ELN y el EPL. Según ha explicado Orozco «los enemigos de las aspiraciones de paz han desatado este año un plan de exterminio impune que ha costado la vida a 71 personas, 30 desde el emes de agosto, en el que además han ocurrido 30 atentados y continúan los hostigamientos, el desplazamiento forzado y hay 279 amenazas de muerte en diferentes regiones del país». El coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos ha continuado indicando que «el gobierno colombiano tampoco está controlando a los sectores del Ejército y de la Policía enemigos de la solución política negociada» y ha concluido exigiendo «garantías para el derecho a la vida, y a la implementación inmediata de los acuerdos firmados con las FARC, porque nos están matando».
¡ Que la paz no nos cuente la vida ¡
Se firmaron con carácter definitivo los Acuerdos entre las FARC y el gobierno colombiano. El Congreso de la República acaba de refrendarlos lo cual es muy positivo, pero Colombia está lejos de vivir en paz. Continúa el conflicto armado interno con el ELN y el EPL y hay en curso un plan de exterminio impune contra dirigencia social que ha sobrevivido a la guerra.
No hay garantías para la vida de la dirigencia social. Los enemigos de las aspiraciones de paz han desatado este año un plan de exterminio impune que ha costado la vida a 71 personas (30 desde el mes de agosto) en el que además han ocurrido 30 atentados y continúan los hostigamientos, el desplazamiento forzado y hay 279 amenazas de muerte en diferentes regiones del país. El objetivo de este terror sistemático son dirigentes sociales, activistas por la paz, personas defensoras de los Derechos Humanos, dirigentes de organizaciones campesinas y militantes del Movimiento Social y Político Marcha Patriótica, de la Unión Patriótica y del Congreso de los Pueblos.
Estos crímenes recuerdan el genocidio en la década de los 80s y 90s contra opositores políticos militantes de los partidos de izquierda Unión Patriótica, A Luchar y Frente Popular. Es evidente que el gobierno no está persiguiendo a los grupos paramilitares llamados Autodefensas Gaitanistas, Urabeños, Rastrojos, Ejército Anti restitución de Tierras, Águilas Negras, etc., cuya presencia en todo el territorio nacional ha sido denunciada con insistencia por las organizaciones sociales colombianas y cuyas ubicaciones precisas en amplias zonas fueron reportadas al gobierno colombiano por la 12 Delegación Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos en marzo del presente año.
El gobierno colombiano tampoco está controlando a los sectores del Ejército y de la Policía enemigos de la solución política negociada a la guerra que actúan como aliados de los sectores políticos que sabotean los Acuerdos de La Habana y son socios de los narco-paramilitares que quieren reventar el proceso de paz con las FARC y bloquear indefinidamente el inicio de las conversaciones con el ELN.
Las movilizaciones sociales de estos días exigen garantías para el derecho a la vida, y la implementación inmediata de los acuerdos firmados con las FARC, porque nos están matando. El Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia que acoge a personas perseguidas por defender Derechos Humanos requiere de refuerzo inmediato. Por culpa de las élites que se enriquecen con la guerra, Colombia corre el riesgo de ahogar en sangre el anhelo de millones de personas que queremos la Paz.
Colectivo de Colombianos refugiados en Asturias, Soldepaz Pachakuti.
Quieren «gazificar» la paz Héctor Mondragón http://www.rebelion.org/noticia.php?id=219797&titular=quieren-%22gazificar%22-la-paz