Entrevista con Yuri Neira, papá de Nicolás Neira asesinado por la policía en la Mani del Primero de Mayo en Bogotá 2005.
Tras la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Colombia rechazando el preacuerdo con uno de los asesinos de Nicolás Neira..
¿Cómo fueron las cirscunstancias del crimen de Nicolás en la Marcha del 1 de mayo de 2005 en Bogotá?
La decisión del alto tribunal para el caso de Nicolás Neira determina que: “se impone una responsabilidad compartida a las autoridades y la ciudadanía en el deber de protección de nuestros infantes y en la garantía del ejercicio pleno de sus derechos, señalando expresamente que estos prevalecen sobre los derechos de los demás”.
Yuri denuncia «un trío diabólico» entre policía, fiscalía y justicia para que todo permanezca en la impunidad.
¿qué perspectivas se abren para seguir peleando contra la maldita Impunidad?
Entrevista Pachakuti cuatro años atrás: https://www.colectivodeabogados.org/?10-anos-del-asesinato-de-Nicolas-Neira-Entrevista-a-Yuri-Neira
Yuri es ejemplo del camino que han tenido que recorrer las víctimas de crímenes de Estado en Colombia. El padre de Nicolás hubo de salir al exterior hace unos años debido a que recibía constantes amenazas. Fue detenido 25 veces por fuerzas estatales, ha sufrido 4 atentados, allanaron El Salmón Cultural de la que era el coordinador de actividades, y ha habido una alianza entre instituciones estatales para dejar el asesinato de su único hijo en la impunidad.
La justicia en el caso de Nicolás ha sido más que demorada y se ha encontrado con diversos tropiezos. Por ejemplo, el 26 de noviembre de 2009 la entonces viceprocuradora Martha Isabel Castañeda destituyó al capitán Julio César Torrijos Devia y al Subintendente Edgar Fontal Cornejo, encargados de las escuadras del Esmad que estaban en el lugar del asesinato. Sin embargo, seis meses después el destituido exprocurador Alejandro Ordóñez los devolvió a sus cargos. Tiempo después de la restitución de ambos policías, Torrijos fue capturado mientras conducía un vehículo que transportaba más de 100 kilos de cocaína.
El caso de Nicolás reposó en la Fiscalía 12 años sin grandes avances. “No sólo fui victimizado con el asesinato de mi hijo, he sido revictimizado por el Estado”, asegura Yuri. El caso comenzó a avanzar a finales del 2016 cuando Torrijos aceptó haber encubierto a los asesinos de Nicolás, manifestó que él sabía que la muerte se produjo tras el disparo, que habría hecho el patrullero Néstor Julio Rodríguez Rúa, de un gas lacrimógeno a la cabeza del joven.
Yuri tiene claro que los avances se hubieran podido lograr hace mucho tiempo. Llevaba años y años padeciendo los cambios de fiscales y asegura que uno de ellos le había dicho que el caso se podía resolver fácilmente si hubiera la voluntad de hacerlo. Ese fiscal fue removido de su cargo poco después.
La razón se la dio a Yuri el Consejo Superior de la Judicatura el 13 de septiembre de 2017, que “llama profundamente la atención” que pese a que el 8 de octubre de 2007 ese mismo alto tribunal había instado a la Fiscalía a darle celeridad a las investigaciones, la solicitud de imputación contra Rodríguez Rúa se radicó el 9 de junio de 2017. El magistrado Camilo Montoya ordenó compulsar copias contra los funcionarios que habían conocido los hechos por “la tardanza y la negligencia”.
Ahora en agosto la Corte Suprema se posicionó afirmando que el caso del patrullero Néstor Julio Rodríguez Rúa es el más polémico de los cinco miembros del Escuadrón Antidisturbios (Esmad) de la Policía que están siendo investigados por el asesinato de Nicolás.
Rodríguez habría sido el autor del asesinato del joven y llegó recientemente a un preacuerdo con la Fiscalía, ya que aceptando la autoría del crimen recibe una rebaja de la pena. La Fiscalía, en consecuencia, retiraría el dolo (la culpa) sobre el homicidio, declarándolo involuntario.
El preacuerdo también incluye que el patrullero cumpla un acto de perdón público que fue aprobado en diciembre del año pasado por el Tribunal Superior de Bogotá.
Yuri Neira, padre de Nicolás, interpuso una tutela en contra del preacuerdo ante la Corte Suprema. La Sala Penal afirmó que la tutela era improcedente porque el proceso no ha culminado, mientras que la Sala Civil, por su parte, concluyó que Neira tenía razón.
