La violenta represión contra Rapa Nui que ocupaban un terreno que reclaman como suyo, por parte de efectivos de fuerzas policiales de Carabineros, realizada el pasado 3 de diciembre ha provocado honda huella.
Mientras que en la Isla, ha aumentado la desconfianza hacia el Gobierno, a nivel internacional, está surgiendo un fuerte cuestionamiento al accionar del Estado chileno.
Expresión de esto último es la notificación urgente enviada al Gobierno de Chile -ese mismo 3 de diciembre- por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta pide explicaciones inmediatas por el reciente maltrato dado a la comunidad rapanui.
Es muy probable que a la luz de los antecedentes presentados por el estudio Indian Law, en representación de 28 clanes de Rapa Nui, la CIDH otorgue medidas cautelares a favor del pueblo rapanui lo que obligaría a Chile a frenar todos los desalojos y políticas represivas contra los miembros de este pueblo.
Amnistía Internacional emitió –el pasado viernes 10 de diciembre- un comunicado público en el que expresa su preocupación por la violencia desmedida con que el Estado de Chile está abordando las reivindicaciones territoriales del pueblo Rapa Nui.
Los hechos de violencia se producen en un contexto de creciente interés de empresarios privados que buscan apropiarse de las tierras e imponer un modelo de desarrollo que privilegia el lucro por sobre los derechos ancestrales del pueblo rapanui.
La ocupación del Hotel Hanga Roa, el único seis estrellas de Chile, es lo que más preocupa al gobierno. Los Schiess, impulsores de este proyecto, son socios –en Mellafe y Salas- de Daniel Platovski. Este, quien es muy cercano al presidente Sebastián Piñera, es director de Sasipa, empresa estatal propietaria del Fundo Vaitea y controladora de los servicios de agua y luz en la Isla.
Con el fin de presionar a las familias para que se retiren de las propiedades recuperadas, Platovsky ordenó cortar servicios de luz y agua a las familias que mantienen ocupaciones, medida que se comenzó a ejecutar el 21 de octubre.
Este empresario ha dado a conocer en reiteradas ocasiones su interés de enajenar las propiedades que el Estado tiene en la Isla (Parque Nacional Isla de Pascua y Fundo Vaitea) y crear una sola gran propiedad público privada.
El principal obstáculo para estos planes privatizadores son los clanes rapanui que mantiene reclamos de tierras. Esto lo dejó ver Jeannette Schiess en una entrevista publicada por La Tercera el domingo 28 de noviembre. Allí declaró que “las tomas le están haciendo un enorme daño a la marca Rapa Nui”. Tres semanas antes, la señora Schiess había expresado a El Mercurio la necesidad de realizar la “pacificación” de Rapa Nui. Es sabido que la historiografía chilena definió como “pacificación de la Araucanía” a la ocupación violenta del país mapuche por parte del ejército chileno. Marisol Hito, vocera del clan Hito, expresó que “con estas declaraciones la Schiess estaba llamando a la intervención armada en nuestra Isla. A la luz de los últimos hechos de violencia, se entiende muy bien que era lo que ella pretendía”.
Cabe tener presente que las recuperaciones de tierras comenzaron el 27 de julio. Estas se dan principalmente en Hanga Roa, único poblado de esta Isla. Los rapanui alegan que en 1966, cuando se dictó la Ley Pascua y el Estado de Chile se hizo presente en este lejano territorio, les pidió prestado a los isleños terrenos donde instalar las diversas reparticiones públicas como Carabineros, Hospital, aeropuerto, Banco del Estado, Entel, Hotel Hanga Roa, etc. Con el transcurrir de los años, muchos de estos servicios fueron privatizados. Tras más de 40 años de haber prestado estas tierras, ahora los rapanui quieren que se las devuelvan. El Gobierno y los privados involucrados se resisten a hacerlo.
Fernado Marín.