febrero de 2023-Colombia derechos humanos.
XIX Visita Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos y la Paz en Colombia
Visita realizada entre el 13 y el 24 de febrero del 2023
Fotos: XIX Delegación Asturiana
Edita: XIX Delegación Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos y la Paz en Colombia
Traducción: Xose Firmu García Cosío
La XIXª delegación asturiana AGRADECE la acogida por parte de organizaciones e instituciones colombianas, y de manera especial al Comité de Selección del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, PAV-DDHH, integrado por CPDH, CSPP, ONIC, ANDAS, CUT, CAJAR, MOVICE, CNA y Fensuagro, por el acompañamiento en el desarrollo de nuestra visita.
INDICE
Presentación
Estado de los Acuerdos de La Habana y del proceso de Paz con las FARC
La Justicia Especial para la Paz, JEP
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
Comisión de la Verdad
Reforma Rural Integral. Restitución de tierras
Capítulo étnico y de género
Situación con el ELN
Los Derechos Humanos en el 2022
Regiones visitadas
Nariño
Putumayo
Sur del Huila
Casanare
Arauca
1-. Ataques a la dirigencia social, persistencia del paramilitarismo.
2-. Ejecuciones extrajudiciales y masacres.
3-. Población en situación de desplazamiento.
4-. Personas privadas de la libertad. Tortura, trato cruel, inhumano o degradante
5-. Mujeres, infancia, juventud, víctimas, población LGBTI.
6-. Impunidad.
7-. Pueblos indígenas.
Conclusiones y recomendaciones
Instituciones y organizaciones entrevistadas.
La XIX Delegación Asturiana de Verificación del estado de los Derechos Humanos en Colombia estuvo integrada por:
RAFAEL PALACIOS GARCÍA. Diputado y portavoz del Grupo Político Podemos en la Junta General del Principado de Asturias.
JAVIER ARJONA MUÑOZ. Soldepaz Pachakuti.
MATEO GONZÁLEZ CID. Ingeniería Sin fronteras, ISFA
HELENA PLAZA MARTÍN. Espacio joven de Comisiones Obreras de Asturias, CCOO
RUBÉN FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. Movimiento Asturiano por la Paz, MASPAZ
MANUEL ÁLVAREZ MARTÍNEZ. Movimiento asturiano por la Paz, MASPAZ
CRISTINA FERNÁNDEZ ALONSO. Asamblea Moza D´Asturies, AMA.
MINERVINO DE LA RASILLA SUÁREZ. Coordinadora Asturiana de ONGDs.
LUIS ESCRIBANO, de la Asociación Burgos con Colombia.
JAVIER OROZCO PEÑARANDA. Director del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia. Técnico de la XIX Delegación Asturiana
Territorios recorridos
Departamento de Nariño: Tumaco, Pasto.
Departamento del Putumayo: Puerto Guzmán y Villagarzón
Departamento del Huila: Pitalito
Departamento del Casanare: Yopal, Nunchía
Departamento de Arauca: ciudades de Arauca y Saravena.
Bogotá D.C.
Estado de los Acuerdos de La Habana y del proceso de Paz con las FARC
“En un mundo de divisiones geopolíticas, guerras interminables y multiplicación de conflictos, Colombia envía hoy un mensaje claro: es hora de invertir en la paz.” Antonio Guterres, Secretario General de la ONU [1]
La sociedad colombiana se ha pronunciado masivamente por la paz. El Acuerdo de Paz suscrito por el Estado con las FARC generó unas expectativas que fueron defraudas por los gobiernos de Juan Manuel Santos y de Iván Duque.
Desde agosto del 2022 el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez se ha comprometido a cumplir el Acuerdo como punto de partida para su política de Paz Total.
La violencia en el contexto del conflicto armado interno se recrudeció en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), periodo en el que se quiso hacer trizas los acuerdos de paz simulando su cumplimiento.
Antes, el gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2018) que suscribió el Acuerdo, una vez desarmadas las FARC abandonó la obligación de proteger la vida de los desmovilizados, destinar inversión pública y otorgarles garantías políticas.
Ninguno de los últimos tres gobiernos colombianos (Santos, Duque, Petro) ha logrado garantizar la vida de los firmantes de la paz que siguen siendo amenazados, confinados, perseguidos, desplazados y asesinados en los espacios destinados para que se reintegren a la sociedad.
“La esperanza de paz de millones de personas ha sido burlada, ensangrentada por el bloque de poder dominante que demonizó el Acuerdo de Paz para continuar con la rentable estrategia de acumulación de tierras y de capital por despojo. Por eso el gobierno de Duque no adoptó el plan de acción para combatir y desmantelar el paramilitarismo, pero intentó “entrampar” a exdirigentes de las FARC con montajes de la Fiscalía y de la DEA para apresarles con fines de extradición a los Estados Unidos. Por lo mismo no quiso atender los mandatos de la Corte Constitucional que -en sentencia de comienzos del 2022- señaló la ausencia de voluntad política del gobierno para proteger la vida de quienes firmaron el Acuerdo, ni cumplió las órdenes que con el mismo propósito le dio la Jurisdicción Especial para la Paz ante el asesinato de 355 firmantes del Acuerdo.”[2]
El abandono por el último gobierno del Acuerdo de Paz se constata al destinar el 0,8% del PIB para su cumplimiento, cuando el compromiso era del orden del 10%, reduciendo la paz a la desmovilización guerrillera y a la entrega de las armas.
Sin embargo, el Acuerdo de Paz sigue con prioridad en la agenda del nuevo gobierno y en la esperanza de millones de personas que se expresan por su cumplimiento y por la solución política y negociada del conflicto armado interno.
El partido político Comunes considera que con el gobierno de Petro se ha relanzado el Acuerdo de Paz. “Nosotros hemos cumplido. El gobierno de Duque se dedicó a simular que cumplían. Han entrampado a la paz. Hay también planes macabros contra nosotros los Comunes que llevamos 357 asesinados y SIMON TRINIDAD sigue preso en los Estados Unidos.”[3]
El partido político Comunes, surgido tras la desmovilización de las FARC, denuncia que una suma superior a los $600 mil millones de pesos que debían destinarse para proyectos de reinserción a la vida civil fueron robados o desvaídos por el gobierno de Iván Duque.
Denuncian que 187 presos políticos de FARC y otros 200 en proceso de reconocimiento continúan en las cárceles, sin que se hayan aplicado las normas sobre amnistía e indulto contempladas en el Acuerdo de Paz.
Reclaman la repatriación de JUVENAL PALMERA PINEDA o Simón Trinidad, preso hace cerca de veinte años en los Estados Unidos por delitos políticos cometidos en Colombia el marco del conflicto armado interno, por lo que debiera ser juzgado en Colombia y aplicársele lo dispuesto en el Acuerdo de Paz: «A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado… Asimismo, el artículo 7° de la Ley de Amnistía e Indulto dice: «será un mecanismo de extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las FARC-EP o a personas acusadas de serlo, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno nacional y la finalización de las hostilidades».
La Justicia Especial para la Paz, JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz avanza en el conocimiento de la verdad en los casos de secuestros y de ejecuciones extrajudiciales, y abrió otro macrocaso sobre violencia sexual en el contexto del conflicto armado interno.
Constituye un avance en la lucha contra la impunidad y un aporte al derecho de las víctimas el que militares y excombatientes de las FARC estén compareciendo ante la JEP para dar su versión entorno a casos de miles de secuestros y miles de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como “bajas en combate” por agentes del Estado.
“Después de que 22 integrantes de la fuerza pública y un civil, en dos audiencias públicas, reconocieron ante la JEP responsabilidad por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, la Sala de Reconocimiento de Verdad expidió las primeras Resolución de Conclusiones. Las decisiones judiciales se emitieron dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe, en el que los imputados por ‘falsos positivos’ fueron postulados para que el Tribunal para la Paz les imponga sanciones propias. La primera Resolución de Conclusiones que emitió la JEP se enmarca en el subcaso Norte de Santander, en el que el que la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad ya anunció que asume la competencia. Con ello, se confirma que será esta instancia la que decidirá sobre las sanciones que se les impondrán a los comparecientes que participaron de la audiencia que se llevó a cabo en Ocaña el 21 y 22 de abril de 2022. El otro auto se emitió el pasado 9 de diciembre, y se conoció tras la audiencia que se llevó a cabo en Valledupar el 18 y 19 de julio. En ambos casos, ante la justicia, las víctimas y el país, los comparecientes se refirieron a los crímenes en los que participaron y detallaron cómo contribuyeron de manera amplia y efectiva en la ejecución de las conductas.”[4]
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
En relación con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, constituye un avance el que el nuevo gobierno colombiano haya aceptado -en agosto del 2022- la competencia del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, lo que fortalecerá la búsqueda de las personas desaparecidas y la persecución de este crimen de lesa humanidad.
La Comisión de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas avanza en su tarea con más de 34.200 casos en curso.
Para avanzar se necesita que las instituciones nacionales y territoriales coordinen el flujo de información y las acciones de búsqueda, sobre todo en los territorios en los que el conflicto armado continúa, como ocurre en los territorios del Pacífico y en los fronterizos con Venezuela.
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
La Comisión para la Verdad publicó su Informe Final en junio del 2022 [5]con el propósito de que la sociedad sepa qué ocurrió en el conflicto armado interno y evite que se repita.
Se creó un Comité de Seguimiento y Monitoreo por siete años para verificar la implementación de las recomendaciones de la Comisión.
El Informe constituye un esfuerzo por esclarecer las motivaciones y las responsabilidades extrajudiciales de los intervinientes en el conflicto armado, así como las consecuencias para las víctimas y para las instituciones en aras de construir un relato colectivo que ayude a sanar a la sociedad y que evite la repetición.
El Informe consta de diez volúmenes que se refieren a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones cuyo desarrollo será observado por una Comisión en los próximos siete años. Los demás volúmenes se refieren al relato histórico de la guerra, a las violaciones de los derechos humanos y sus responsables, contenido en el volumen “Hasta la guerra tiene límites”; la guerra en las regiones y contra el campesinado, recogida en el volumen “Colombia adentro”; el volumen “Sufrir la guerra” que versa sobre los impactos en las víctimas, excombatientes, comunidades y la naturaleza; el volumen de testimonios “Cuando los pájaros no cantaban”; un volumen étnico que aporta a la verdad de los pueblos indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rrom; el volumen “Mi cuerpo es mi verdad” sobre el impacto en las mujeres y en las personas LGTBIQ+; el volumen “No es un mal menor” sobre impactos en la niñez y en la adolescencia; y el volumen “Colombia fuera de Colombia” sobre más de un millón de personas exiliadas por la guerra, entre ellas las que han pasado por el refugio del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia que aportó a la Comisión los archivos de veinte años de exilio.
El Informe de la Comisión de la Verdad se complementa con el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que está juzgando las responsabilidades penales en los delitos graves cometidos dentro del conflicto armado interno.
Reforma Rural Integral
La solución del problema agrario es crucial para la paz.
El gobierno ha expresado interés en la compra de tierras de los empresarios ganaderos para asignarle al campesinado, y avanza en la titulación de terrenos baldíos ocupados por familias campesinas que los vienen explotando desde hace décadas.
La política antidrogas prioriza la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito -cuya área ha venido aumentando- sobre las erradicaciones forzadas y sobre las aspersiones aéreas. Se orienta a perseguir el tráfico más que al campesinado, lo que protegería sus derechos.
El gobierno nacional, mediante un Proyecto de Acto Legislativo que reforma la Constitución Política, propuso al Congreso de la República la creación de una Jurisdicción Especial Agraria para abordar los conflictos por tierras, iniciativa encaminada a cumplir el Acuerdo de Paz y a resolver una de las mayores fuentes de confrontación.
Restitución de tierras
Las víctimas del conflicto reclaman más de 8 millones de hectáreas de tierra que les despojaron con violencia entre 1994 y el 2004.
“La URT lleva once años operando y nunca usó la facultad de actuar de oficio ante el despojo territorial. Tenemos nueve años para restituir cerca de catorce millones de hectáreas, dependerá de la capacidad de la UNRT, de la asignación económica y del compromiso del Congreso y de la fuerza pública, pues es necesario el concepto de los militares sobre seguridad para los retornados. En estos últimos años en la Unidad de Restitución de Tierras se negaba el 70% de las solicitudes de las cuales hay unas 17 mil, y hay unas cuatro mil solicitudes de víctimas desde el exterior a las que no se notificaba y les aplicaron el desestimiento tácito de su petición.”[6]
En diez años se han restituido 570 mil hectáreas. Los obstáculos han sido la falta de voluntad de los gobiernos anteriores, las trabas burocráticas impuestas por el Equipo de Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos e Infraestructura de la Unidad y la falta de seguridad para los reclamantes.
La Unidad de Restitución reporta que 7.791 sentencias de restitución han beneficiado a 85.588 personas, pero hay pocos avances en la restitución de los territorios étnicos despojados: de 822
solicitudes sobre territorios de pueblos indígenas y comunidades negras, solo 235 avanzan ante la justicia.
Capítulo étnico y de género
Hay mínimos avances en el capítulo étnico y de género contenido en el Acuerdo de Paz.
En su Sexto Informe sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame[7], señala como esperanzador que el Acuerdo esté desarrollándose cinco años después de firmado y recomienda ampliar la titulación de tierras al campesinado y garantizar la seguridad en los territorios.
Según este Informe el Acuerdo de Paz tiene el 37% de sus disposiciones en avances mínimos y solo el 13% de las 80 disposiciones se ha cumplido completamente.
La XIX Delegación Asturiana coincide con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos al señalar graves retrocesos en los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades negras, afectados en el derecho a la vida, a la movilidad, al territorio y al gobierno propio, en los departamentos de Arauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
El enfoque de género en el cumplimiento del Acuerdo de Paz está contemplado en los Planes de Desarrollo Territorial y en las medidas adoptadas para promover la participación de las mujeres en espacios políticos de representación popular.
Situación con el ELN
Es un avance la continuidad de los diálogos para la paz con el ELN en Caracas en octubre del 2022 y en México en marzo del 2023.
Sin embargo, la confrontación con el ELN se escaló a comienzos del 2023 con el ataque de la guerrilla a una base militar en Saravena -el 14 de marzo-, y el ataque a un grupo de militares en el Catatumbo que dejó nueve militares muertos el 29 de marzo/23.[8]
El 10 de marzo/23 las Delegaciones en representación del gobierno y del ELN habían firmado el documento “Acuerdo de México. Nueva agenda de diálogos para la paz entre el gobierno de la república de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional”.
El Acuerdo de México ratifica la voluntad de las partes para buscar una solución política que ponga fin al conflicto armado interno a partir de una visión común de la Paz, con la participación democrática de todos los sectores de la sociedad, con una alianza social y política que le dé base a un Acuerdo Nacional por las transformaciones sociales en el que se reconozca a las víctimas, sus afectaciones y derechos, y en el que se construyan garantías para la seguridad y el ejercicio de la política por parte del ELN, la erradicación del paramilitarismo y acciones humanitarias con un cese bilateral del fuego y de las hostilidades, y un plan de ejecución de los Acuerdos para implementar lo pactado al final del proceso de diálogo.
En la Mesa de Diálogo, además de las delegaciones del gobierno y del ELN, estarán los Países Garantes: Brasil, Cuba, Chile, México, Noruega y Venezuela, y como acompañantes la Conferencia Episcopal Colombiana y el Representante Especial designado por el Secretario General de la ONU.
Se acordó crear un Grupo de Países de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación, en el que estarán Alemania, España, Suecia y Suiza.
Las partes acordaron no usar la fuerza armada para presionar desarrollos en la Mesa de Diálogos, y no usar el proceso de paz para su fortalecimiento militar.
La prioridad para el movimiento social es lograr que las partes acuerden un cese bilateral del fuego y de las hostilidades en todo el país.
Los Derechos Humanos en el 2022
Una de cada dos personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en el mundo en el 2022 eran colombianas. Sus cifras cuadruplican las agresiones registradas en Ucrania con cincuenta casos. https://www.europapress.es/internacional/noticia-colombia-concentra-casi-mitad-activistas-ddhh-asesinados-todo-mundo-2022-20230410202441.html
En los dos últimos años la violencia asociada al conflicto armado interno de Colombia se agravó y no ha mejorado con el cambio de gobierno en agosto del 2022.
Una de cada dos personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en el mundo en el 2022 eran colombianas. Sus cifras cuadruplican las agresiones registradas en Ucrania con cincuenta casos.
El Informe de Front Line Defenders precisa que en el 2022 fueron asesinadas 401 personas defensoras de los derechos humanos en 26 países, muchas de ellas involucradas en la defensa de la tierra y del medio ambiente. [9]
Latinoamérica es la región con el mayor número de ataques encabezada por Colombia (189), seguida de México (45), Brasil (26) y Honduras (17). De las 189 personas asesinadas en Colombia en el 2022, 88 eran líderes ambientales.[10]
“En el gobierno no cerramos los ojos frente a la realidad. Hay resistencias al cambio en algunas autoridades y en sectores de la fuerza pública. Hay bloqueos institucionales y se está trabajando con el presupuesto del gobierno anterior, es decir con las manos atadas.”[11]
El año 2022 fue año electoral. En marzo se eligió el Congreso de la República y en junio ganó las elecciones presidenciales la coalición del Pacto Histórico, encabezada por GUSTAVO PETRO y FRANCIA MÁRQUEZ (2022-2026).
A lo largo de 19 años la Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz ha podido constatar el fracaso de la política de seguridad basada en el uso de la fuerza armada y en la doctrina del enemigo interno. El militarismo y el paramilitarismo no lograron terminar con el conflicto armado interno y generaron una escalada de la violencia que se refleja en las cifras de graves violaciones de los derechos humanos y del DIH, en muchos casos con responsabilidad de agentes del Estado.
El nuevo gobierno cambió el enfoque y habla de “seguridad humana”. Expresa voluntad para reconocer y aplicar los instrumentos internacionales de derechos humanos y para proteger a las comunidades en sus territorios, objetivos que requieren del cambio en la doctrina del enemigo interno que ha guiado a la fuerza pública, y de acciones efectivas que desmantelen el paramilitarismo y sus redes económicas y políticas.
El Congreso y el gobierno colombiano aprobaron el Acuerdo de Escazú o Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que contempla la protección del medio ambiente y de las personas que lo defienden.
Colombia sigue siendo el país del mundo en el que más se asesina ambientalistas previamente señalados como responsables del atraso nacional al oponerse al desarrollo y al progreso prometidos por las empresas multinacionales, directas beneficiarias de la guerra y del extractivismo.
También ha impulsado un proyecto de Acto Legislativo que se tramita en el Congreso de la República, reconociendo al campesinado como sujeto político de derechos de especial protección, luego de lo cual podrá incorporarse a la Constitución Política el texto de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que trabajan en Zonas Rurales.
Al reconocer el derecho humano a la paz el nuevo gobierno se comprometió a cumplir el Acuerdo firmado con las FARC, destinando recursos para su implementación en el Plan Nacional de Desarrollo y lanzado la “Política de Paz Total” que pretende dialogar y pactar la paz con la guerrilla del ELN y con las Disidencias de las FARC, y someter a la justicia a los grupos paramilitares.
El 31 de diciembre del 2022 el gobierno, mediante el Decreto 2657 del 31 diciembre de 2022, ordenó –a partir del 1º de enero y hasta el 30 de junio del 2023- un cese al fuego bilateral con cinco organizaciones: las guerrillas ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, y con los grupos narco-paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada.
Sin embargo, el ELN exigió acordar bilateralmente los términos del cese al fuego, por lo que el gobierno decidió suspender los efectos jurídicos del Decreto para este grupo y continuar los diálogos sobre cese al fuego en el siguiente ciclo de negociación que continuó en ciudad de México a comienzos del 2023.
Al respecto el Ministro del Interior expresó: “Invitamos a esta organización a declarar una tregua y mantener el cese y la no violencia, el Gobierno no renunciará a la búsqueda del respeto por la vida para construir la paz total”[12]
El 20 de marzo también se suspendió el cese al fuego con el Clan del Golfo tras instigar paros armados para defender la minería ilegal. “He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el Clan del Golfo. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley”. “No permitiremos que sigan sembrando zozobra y terror en las comunidades”. [13]
El conflicto social generado por la inequidad y el abandono por parte del Estado sigue sin solución.
Las protestas sociales del 2021 y 2022 fueron reprimidas con dureza.
Se usó a la fiscalía para paralizar la protesta social mediante la judicialización – criminalización. En los primeros meses del 2022 al menos 110 personas fueron privadas de la libertad, entre ellas 58 sindicadas por la fiscalía de delitos como concierto para delinquir, terrorismo, tortura, secuestro, intento de homicidio, delitos graves formulados para disuadir sobre todo a la población joven de salir a protestar.
«El uso de acusaciones tan atroces para perseguir conductas violentas durante las protestas supone una grave amenaza para la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y para la legitimidad de los marcos y leyes internacionales contra el terrorismo», afirmaron los expertos. «Tiene un efecto amedrentador y fomenta las campañas de vilipendio contra los movimientos de protesta en el país».[14]
El nuevo gobierno está abriendo canales institucionales de diálogo y ha reconocido la legitimidad de la movilización social en defensa de los derechos humanos.
Dio órdenes a la fuerza pública de no disparar sobre las personas movilizadas ante las evidencias de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
“Amnistía Internacional documentó, en esos anteriores informes, casos de ataques por parte de civiles armados a personas manifestantes, uso de armas letales por parte de agentes estatales y traumas oculares. Estos hechos constituyen vulneraciones a los derechos a la integridad física, a la prohibición de tortura, a la libertad de reunión pacífica, entre otros. Se denunció el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), como forma de reprimir violentamente su decisión de protestar, produciendo daños físicos y psicosociales a miles de manifestantes. Amnistía Internacional documentó, en esos anteriores informes, casos de ataques por parte de civiles armados a personas manifestantes, uso de armas letales por parte de agentes estatales y traumas oculares. Estos hechos constituyen vulneraciones a los derechos a la integridad física, a la prohibición de tortura, a la libertad de reunión pacífica, entre otros.”[15]
Los dos últimos años han sido los peores en materia de derechos humanos desde la firma del Acuerdo de paz con las FARC en el 2016, debido al accionar de los grupos armados no estatales (guerrillas) y de las organizaciones criminales (grupos paramilitares, bandas, etc.) que coparon los territorios que controlaban las FARC.
El Estado incumple su responsabilidad como garante de los derechos humanos fundamentales.
Hay denuncias sobre la continuidad de la connivencia de agentes de la fuerza pública con grupos armados en todo el país.
La violencia se sigue usando para generar miedo y someter a las comunidades que son confinadas, amenazadas, desplazadas, despojadas de sus territorios.
Continuaron las masacres, las desapariciones forzadas de personas, los actos de violencia sexual, el reclutamiento de menores.
El gobierno colombiano ha legitimado la defensa de los derechos humanos y la protesta social, pero no logra garantizar el derecho a la vida, ni otros derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política, sobre todo en las regiones bajo conflicto armado interno en el que los poderes fácticos imponen sus propias normas, creando un “para-Estado” o “Estado paralelo”.
REGIONES VISITADAS
NARIÑO
Esuno de los departamentos con mayores niveles de violencia asociada al conflicto armado interno que afecta sobre todo a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, al campesinado y a los firmantes de la paz.
Los pueblos indígenas awá y eperara-siapidara denuncian que entre el 60 y el 70% de su territorio está sembrado de minas antipersona lo que obstruye su desplazamiento para abastecerse y se agrava con el confinamiento que imponen los grupos armados. Al menos 26 personas han resultado heridas por la explosión de minas antipersona en los caminos, las casas y en los alrededores de las escuelas del pueblo awá. Reclaman desminado humanitario urgente.
Para la UNIPA: “Los actores armados continúan operando con sus lógicas de muerte y terror, sin control alguno. Generan desplazamientos forzados, intimidaciones, amenazas, confinamientos, instalación de minas antipersona, control de los caminos y homicidios”[16]
El 3 de julio del 2022 fue asesinado en una reunión de derechos humanos el gobernador del Resguardo Inda Sabaleta del pueblo indígena awá JUAN MOREANO y dos guardias indígenas[17].
La Asociación de Cabildos Indígenas Eperara – Siapidara de Nariño, ACIESNA, denuncia la continuidad de la violencia en sus territorios, a pesar del cese al fuego decretado por el gobierno.
Las víctimas del Pacífico reclaman apoyo para la búsqueda de sus desaparecidos.
Las comunidades de la Costa del Pacífico reclaman estar presentes en las Mesas de Paz, denuncian la afectación específica a las mujeres (asesinadas, abusadas, despojadas, desaparecidas), y denuncian los desplazamientos forzados recientes en Playón, Magüí, La Tola, Alto Mira y Frontera.
Las comunidades del Alto Mira y Frontera reportan el hallazgo de una fosa común en la vereda Casas Viejas y denuncian que llevan más de un año de confinamiento y pagando extorsiones a los grupos armados para poder abastecerse.
Dos días antes del arribo de la Delegación Asturiana, el domingo 12 de marzo/23, fue secuestrado y asesinado JULIO PALACIOS en un área controlada por el ejército nacional que no actúa “porque los autores esconden las armas”. Los militares tampoco actúan cuando los grupos armados imponen las autoridades que llevarán la representación comunitaria.
Las comunidades denuncian la impunidad que rodea a los autores de la masacre de El Tandil, cometida por miembros del ejército que ametrallaron a las comunidades movilizadas contra la erradicación forzada de coca el 5 de octubre del 2017.
El 11 de febrero del 2023 en Mallama fue asesinado el dirigente indígena MARCOS LÓPEZ, representante legal del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO.
Las alertas tempranas no se tienen en cuenta y los desplazamientos forzados y masivos se repiten cada año. Las comunidades denuncian que el municipio de Tumaco no tiene instalaciones para albergar a las personas desplazadas, ni hay interés del alcalde para hacerlo.
Las denuncias señalan que en la región de Tumaco y otras de la Costa del Pacífico son cotidianas las agresiones contra las mujeres de la región y contra las mujeres de nacionalidad venezolana que son sometidas a explotación laboral y sexual en el entorno de las plantaciones de coca manejadas por “colonos”, que de día se hacen llamar campesinos y de noche militarían en las guerrillas.
El Colectivo Orlando Fals Borda, que trabaja en la zona de Tumaco en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ha logrado entregar de forma digna 191 cuerpos. Otros 757 cuerpos se encontraron en zonas de Pasto-Tumaco-Ipiales, de los cuales han podido entregar 85.
La JUCO denunció la prisión de los jóvenes dirigentes sociales ANDRÉS DUQUE y BREMEN HINESTROZA, integrantes del Colectivo “Los Sin Techo-Tejido Popular”, acusados de atacar a la fuerza pública en el marco de movilizaciones populares. Estas personas estaban propuestas para ser “voceros de paz” dentro de la política de Paz Total.
El 5 de noviembre del 2022 fue secuestrado por el grupo narco-paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, el defensor de los derechos humanos WILLIAM LEONARDO CASTRO MUÑOZ, fundador y representante legal de la Asociación de Víctimas Vida, Dignidad y Futuro – ASVIDIF y promotor comunitario de paz certificado por el Ministerio del Interior, integrante de la Plataforma de Organizaciones Sociales, de Víctimas y Defensa de los Derechos Humanos de Nariño y del Equipo Motor de la Mesa Territorial de Garantías de Nariño.[18] Tres meses antes del secuestro la UNP le quitó el esquema de protección.
En Nariño van 59 firmantes de paz asesinados y 97 han sido desplazados de manera forzada por amenazas de muerte.
Los firmantes del Acuerdo de Paz están abandonando los ETCR de Nariño por falta de condiciones, ausencia de apoyos para la reinserción y falta de garantías para preservar la vida.
PUTUMAYO
El Putumayo es un departamento fronterizo con Ecuador y Perú. Es una región abandonada por el Estado, inmersa en el conflicto armado en el que intervienen guerrillas, paramilitares y fuerza pública, y en la que el 42% de la población puede ser considerada víctima según las autoridades.
Al menos diez mil víctimas del Putumayo no han recibido reparación.
Los enfrentamientos de los últimos cuatro años entre el grupo armado Comandos de Frontera y el grupo armado Carolina Ramírez del Estado Mayor Central, genera afectaciones graves a la población civil que tiene temor de hablar de lo que pasa en su región.
A finales de noviembre del 2022 en una confrontación entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de Frontera, se produjeron entre 28 y 40 muertos. Decenas de familias fueron desplazadas del corregimiento José María. La comunidad desplazó los cuerpos en una volqueta para hacer recuento ante la ausencia de las instituciones.
Proliferan las amenazas de muerte contra la dirigencia social. La Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofanía Jardines de Sucumbíos – Ipiales Nariño denunció el 27 de marzo/23: “Las-os defensores de derechos humanos seguimos siendo víctimas de fuertes señalamientos, más aún cuando vienen del aparato represor, al que solo le importa la inestabilidad social, la plata y el poder al interior de los territorios.”[19]
Las organizaciones sociales señalan a los Comandos de Frontera como los responsables de la mayoría de ataques contra la dirigencia social y firmantes del Acuerdo de paz, masacres, desplazamiento forzado y asesinatos de población civil. Serían los responsables de las amenazas de muerte contra la dirigencia de la Zona de Reserva Campesina, La Red de DDHH del Putumayo, la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, y del asesinato de dirigentes sociales como MARCO RIVADENEIRA, YORDAN TOVAR, EDGAR HERNÁNDEZ, JOSÉ EDISION VARGAS, DIEGO JAIR ORBES, la lideresa del pueblo indígena kamentsa MARIA BERNARDA JUAJIBIOY, y los dirigentes afros del Concejo Comunitario Liberación y Futuro FAUSTINO y JONÁS CARABALÍ, entre otros.[20]
El profesorado del Putumayo denunció 52 amenazas de muerte en el primer trimestre del 2023 y el desplazamiento forzado de maestros-as causando un daño enorme a la niñez y a la juventud del Putumayo que ve aún más mermadas sus posibilidades de acceder a educación básica.
No hay condiciones materiales para la reinserción de quienes firmaron la paz, ni hay garantías para sus vidas, por lo que optan por irse del espacio territorial destinado para su reincorporación.
La empresa minera canadiense Libero Cobre recibió autorización para explotar la zona del Alto Mocoa, a pesar del rechazo de las comunidades por devastar el medio ambiente y poner en peligro el abastecimiento de agua a zonas pobladas. La construcción de la vía Mocoa – San Francisco, una infraestructura al servicio de las empresas mineras, está generando derrumbes e inundaciones.
Alrededor de la minería, de la coca y de las petroleras, hay focos de explotación sexual de mujeres. Los grupos armados ejecutan acciones de “limpieza social” en las que atacan a la población civil, a las mujeres y al colectivo LGTBI+.
Durante las protestas del estallido social del 2021 en el municipio de Villagarzón fue asesinado por la fuerza pública el estudiante del pueblo indígena nasa JORDANY ROSERO, cerca del pozo Costayaco 10 de la petrolera canadiense Gran Tierra Energy.
PABLO PANDURO COQUINCHE, gobernador del pueblo kichwa del resguardo indígena Bajo
Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, fue asesinado el 28 de marzo 2022 por tropas del ejército en una masacre que quisieron presentar como un operativo contra las disidencias de las FARC.
El 25 de abril fue asesinado en la vereda José María del municipio de Puerto Guzmán el firmante de paz JUAN JOSÉ CHILITO MARTÍNEZ.
En el 2022 al menos 2.600 personas fueron desplazadas con violencia del Putumayo. El ACNUR informó del tránsito migratorio abundante, entre ellas 12 mil personas venezolanas.
Hay abandono de las víctimas de desplazamientos masivos y vacíos en la protección de la niñez ya que no hay oficinas del ICBF.
Áreas que iban a ser reserva campesina ha sido despojadas con violencia. El 80% de los cultivos de coca de la región no son de los campesinos, sino de los grupos armados que también tienen la minería ilegal.
La coordinación del pueblo awá en el Putumayo denuncia la afectación en 46 comunidades, resguardos y cabildos por los grupos armados que reclutan jóvenes, presionan para que se siembre coca, imponen la minería ilegal y despojan de su autoridad a los gobernadores indígenas. Estas denuncias se ampliaron en la reunión de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca Amapola y Marihuana, COCCAM, que defiende la sustitución de los cultivos de uso ilícito.
La consejería de “El sueño del pueblo nasa del Putumayo” y sus 38 cabildos denuncian las afectaciones por el conflicto, confinamientos, aumento de los cultivos de uso ilícito y el daño ambiental de las petroleras que están talando árboles indiscriminadamente, generan nuevos grupos armados y desarmonizan los territorios con amenazas, masacres y desplazamientos.
Habitantes de la vereda Medio Afán denunciaron que llevan 18 años de protestas y movilizaciones por las afectaciones del “botadero de basuras a cielo abierto”, con desechos de los municipios y de las petroleras, con graves afectaciones sanitarias y ambientales para toda la cuenca del río Mocoa.
Una delegación del CRIC del Cauca, presente en el resguardo Aguadita, denunció el incremento del 200% del área sembrada en cultivos de uso ilícito; el asesinato de 15 kiwe thegnas o guardias indígenas, la desaparición forzada de un comunero, las violaciones del cese al fuego y la presencia creciente de grupos armados en los núcleos urbanos en los que amenazan, extorsionan, hostigan, reclutan y asesinan.
PITALITO/HUILA
La ciudad de Pitalito alberga 33.300 víctimas de desplazamiento forzado de las 214.000 registradas en el departamento del Huila.
El líder social y exalcalde de Timaná PEDRO NEL JIMENÉZ STERLING fue víctima de un nuevo atentado en el que –además- incineraron la vivienda de su finca en zona rural de la Villa de la Gaitana, el 27 de julio 2022. Estos atentados están relacionados con su oposición a proyectos mineros en el sur del Huila.
La inseguridad en las calles de la ciudad de Pitalito se origina en la exclusión y en el microtráfico.
Los habitantes han tomado la justicia por propia mano y han matado siete ladrones. Estas acciones de violencia urbana son el germen de nuevos grupos armados, afirma un exconcejal que tuvo que refugiarse en Italia “Por haber sido delegado de Pitalito a las conversaciones del Caguán. He regresado, pero mi familia no.”
Desde la Mesa de Víctimas se afirma que no hay medidas de protección, y que muchas víctimas acuden sin declaración previa de su situación ante la Personería, por lo que no pueden hacer nada.
Las víctimas del desplazamiento forzado desarrollan enfermedades derivadas de la marginalidad y del estrés y no cuentan con ayudas del Estado frente al cáncer, lupus, Parkinson, epilepsia, etc.
CASANARE
El departamento del Casanare ha sido zona de conflicto social por la inequidad que genera la ganadería extensiva y los monocultivos de arroz y palma aceitera. Y es región de conflicto interno agravado en los últimos cuarenta años por el arribo de las multinacionales del petróleo que cuentan con batallones del ejército nacional a su servicio y han sido acusadas por financiar el paramilitarismo.
Las afectaciones de la industria petrolera en las comunidades y en los trabajadores continúa.
Según la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Sindical de los Obreros del petróleo: «La explotación petrolera en el Casanare ha estado acompañada de manipulación, violencia y negación de derechos fundamentales. En este contexto realizan su trabajo empresas como BP, ECOPETROL y OCENSA. La Unión Sindical Obrera nunca pudo hacer presencia directa debido a las amenazas paramilitares y a los señalamientos de los militares.»[21]
La presencia creciente de los grupos paramilitares en la región fue reconocida por EFRAIN GARCIA HERNÁNDEZ, comandante de la Policía Nacional del Casanare. “Es grato que corroboren la información que reciben. En el Casanare hay presencia de varias organizaciones armadas y nos toca enfrentar situaciones difíciles. El ELN, disidencias de las FARC, y paramilitares en Salinas y Sácama, cerca de Arauca, y el Clan del Golfo- AGC ligados al narcotráfico en Villanueva, Maní, Tauramena, Monterrey, en el sur del departamento.”[22]
El accionar paramilitar y los enfrentamientos entre grupos armados generan zozobra en las comunidades y ponen en peligro a la dirigencia social que ha sobrevivido a las persecuciones.
Preocupan los señalamientos contra los asentamientos humanos de las ciudades de Yopal y de Nunchía, que sindican de ser “guerrilleras” a las organizaciones sociales, los procesos sociales y a las mujeres que se hicieron cargo de autogestionar una vivienda para sus familias ante el abandono del Estado. La Fiscalía 28 de Yopal no toma en serio los señalamientos aduciendo que son “problemas de convivencia”.[23]
ARAUCA
El departamento de Arauca, frontera con Venezuela, es una de las regiones del país con más altos niveles de violencia asociada al conflicto armado interno desde hace décadas.
El movimiento social araucano continúa siendo estigmatizado y perseguido, destierro, cárcel o muerte por defender el territorio. Es un ejemplo de lo que pasa en el país.
El Puesto de Mando Unificado por la Vida en Arauca, convocado por el gobierno nacional, es un espacio para la protección de la dirigencia social del que algunas organizaciones sociales se retiraron porque consideran inaceptable la influencia de las petroleras.[24]
La confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC agravó el riesgo para la dirigencia social araucana convertida en objetivo militar. Los ataques a personas (doce dirigentes asesinados en el último año), casas (la residencia del dirigente comunal JHONY DIAZ fue atacada con granadas), organizaciones e infraestructuras civiles (dinamitaron la sede de las organizaciones sociales en Saravena), son violatorias del DIH y ocurren en una ciudad como Saravena, copada por la fuerza pública.
“Nos preocupa la violencia extrema en Saravena, que afecta a sus 60 mil habitantes, dispersos en 74 veredas. Hay un incremento de la desaparición forzada de personas que acaban en muertos. En el 2023 ya van ocho personas, entre ellas dos venezolanos. Hay un incremento de la desaparición forzada de personas y los familiares no lo denuncian por miedo. Además, la población no quiere acercamientos con la fuerza pública por sus antecedentes. Tenemos quince asentamientos urbanos informales constituidos sobre todo por venezolanos. La migración venezolana agrava la situación de inseguridad.”[25]
En la entrevista con suboficiales del Grupo de Caballería Mecanizado Revéis Pizarro expresaron: “Aquí falta tropa. Tenemos orden de no hacer operaciones ofensivas, sino de estabilidad. Adelantamos un Plan Escudo para proteger civiles, además de progeter la infraestructura petrolera. Aquí hay guerrilla del ELN, pero no hay paramilitares. Saravena tiene varios corredores estratégicos que llegan a la ciudad y no alcanzamos a controlarlo todo.”[26]
SUMAPAZ
La XIX Delegación Asturiana sostuvo en Bogotá una entrevista con el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, SINTRAPAZ.
El Sumapaz es una localidad de alta montaña con economía campesina en el territorio de Bogotá Distrito Capital. Por décadas fue una zona de conflicto armado y de disputa por empresas mineras y por intereses de empresas interesadas en privatizar las reservas de agua de la metrópoli capital.
El campesinado organizado en SINTRAPAZ se opuso y fue estigmatizado, perseguido, amenazado. Muchas personas fueron detenidas y otras asesinadas, sin embargo, lograron con su resistencia que el nuevo gobierno decretara la creación de la Zona de Reserva Campesina.
En el páramo del Sumapaz el Batallón de Alta Montaña mantiene dos bases con miles de militares a menos de 500 metros de centros poblados, violando normas del DIH.
1-. Ataques a la dirigencia social, persistencia del paramilitarismo.
Durante el 2022 se agravaron los ataques y el asesinato impune de personas con liderazgo social, al tiempo que ha crecido el control narco-paramilitar en los territorios que dejaron la FARC al desmovilizarse.
“La fuerza pública no está protegiendo de manera efectiva a las comunidades y sus representantes. Hay un vacío en los territorios para atender problemas de exclusión, inequidad, por lo que no es suficiente con la sola presencia militar. Hay 160 municipios con niveles de riesgo muy alto de sufrir graves violaciones de los derechos humanos, algunos fueron visitados por la Delegación Asturiana, como Tumaco, Arauca, Saravena y otros. La violencia es constante y se agudizó en abril y en octubre del 2022. El Plan de Emergencia del nuevo gobierno aún no impacta en la disminución de los ataques. Hay un patrón de ataques contra los integrantes de las Juntas de Acción Comunal en regiones del Cauca, Nariño, Arauca, Putumayo, Chocó, Magdalena Medio, y contra los pueblos indígenas, para desarticularlos. Los ataques en su mayoría provienen de agentes armados no estatales. Las instituciones locales no han cambiado su mentalidad frente a ciertas violencias, y la fuerza pública no responde adecuadamente al concepto de “seguridad humana” del nuevo gobierno que reemplaza el de “seguridad democrática de las administraciones anteriores. Colombia tiene normatividad, pero no hay coordinación, ni capacidad práctica. Es previsible este año un escenario de incremento de la violencia vinculada a los procesos electorales en los territorios.”[27]
En el Casanare y en el Meta -como en otros departamentos- el paramilitarismo incrementó su control gracias a la financiación del narcotráfico con sus laboratorios móviles, y por las extorsiones.
En Casanare recibimos denuncias por alianzas con el paramilitarismo por parte de petroleras como Gran Tierra, Frontera Energy y Parex Resources, que estarían apoyando el ingreso de los paramilitares a Támara, Yopal, Sácama, Salinas y Nunchía.
Las agresiones graves contra la dirigencia social quedan impunes en su mayoría. En pocos casos la fiscalía ha identificado al agresor, pero no a los autores intelectuales o determinadores de las agresiones.
La violencia mortal, selectiva y sistemática contra la dirigencia social, contra quienes haciendo acopio de valor “hablan en nombre de todos”, busca desorganizar a las comunidades a las que pretenden controlar mediante el terror desatado por los grupos armados al servicio del narcotráfico, de la gran minería y de los agro-negocios.
Gran parte de las agresiones mortales y de las amenazas de muerte impunes contra la dirigencia social provienen de grupos paramilitares como las Águilas Negras, el Clan del Golfo – Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC y otros grupos que persiguen a quienes defienden territorios y derechos humanos. Muchas amenazas de muerte se cumplen.
Según INDEPAZ[28], en el 2022 fueron asesinadas 189 personas con liderazgo social en los sectores cívico, campesino, indígena, ambientalista y sindical, además de 42 firmantes del Acuerdo de Paz, para un total de 231 personas, lo que constituye una de las cifras más altas de los últimos años y una de las peores del mundo.
“En Arauca fueron asesinados 13 líderes sociales en el último año. Las amenazas de muerte contra el profesorado, incide en la educación y ha dejado sin clases a unos diez mil niños-as.”[29]
En el 2022 se agravaron los ataques mortales contra personas con liderazgo en las Juntas de Acción Comunal al pasar de 13 asesinados en el 2021 a 52 en el 2022. Estas agresiones se dan en la dinámica de controlar el territorio y las comunidades mediante el terror en departamentos como Arauca, Cauca, Bolívar y Putumayo.[30]
El alto número de amenazas, agresiones y asesinatos dejan al descubierto las deficiencias del sistema de seguridad a cargo de la Unidad Nacional de Protección, organismo en el que se ha descubierto una red de corrupción que involucra mandos de la fuerza pública y empresas proveedoras de elementos de seguridad.
El paramilitarismo ha crecido y continúa bajo diferentes nombres siendo el ejército privado de los carteles del narcotráfico, los ganaderos, los agronegociantes y las empresas multinacionales, al tiempo que es una herramienta para la guerra contrainsurgente que aplican sectores de la fuerza pública contra la dirigencia social y contra la población civil.
La dirigencia social colombiana continúa sin garantías para preservar su vida, por lo que seis personas amenazadas de muerte serán acogidas por el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia.
AURA CARABALÍ, lideresa social, defensora de los derechos humanos, integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE Capítulo Cauca, de la Corporación Colectivo Mujeres Trascendiendo Por La Paz, y de la Asociación de Víctimas Renacer Siglo XXI. Está siendo perseguida y amenazada junto con su familia por varios grupos armados.
CRISTIAN NARVÁEZ, dirigente del sindicato SINTRAEMSDES-CUT, amenazado de muerte por fundar el sindicato del que le exigen desafiliarse, o lo matan.
DAVID MAYORGA, defensor de derechos humanos, líder social y comunal, director de CORPOINDH. Viene siendo perseguido en Santander y el Magdalena Medio, amenazado de muerte y declarado objetivo militar por el Clan del Golfo.
LADY RIASCOS, Lideresa social, autoridad étnica, Representante Legal del Consejo Comunitario La Nupa del Rio Caunapí, Tumaco- Nariño. Defensora de los derechos humanos, integrante de la Red de Derechos Humanos del Pacifico Nariñense y Pie de Monte Costero, REDPHANA; delegada al Espacio Nacional de Consulta Previa para comunidades, NARP; Miembro de la Comisión de Seguimiento al Acuerdo de Paz. Amenazada de muerte desde el 2019 por liderar reclamaciones de tierras y por impulsar acciones de protección del medio ambiente.
MARGARITA JAIMES, es defensora de los derechos humanos, profesora universitaria y dirigente del Sindicato de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo – SINDHEP – CUT, Seccional Atlántico. Está siendo hostigada y amenazada por su labor en la atención a otras personas con liderazgo social amenazadas de muerte.
MIGUEL ANGEL ORTÍZ, líder social y defensor de los derechos humanos, integrante de la Veeduría Ciudadana “Soy joven de Buenaventura”, miembro de la organización Fundación Visión Pacífico que trabaja para evitar el reclutamiento de menores.
A los ataques para asesinar a la dirigencia social se suman los montajes judiciales que hace la fiscalía en departamentos como el Casanare para romper la lucha de las comunidades contra las petroleras. Es el caso de FREDY FIGUEROA, FERNEY SALCEDO, MIGUEL RINCÓN, HERMES BURGOS, CARLOS ROMERO, MYRIAM AGUILAR, MIGUEL DAZA y CARMEN SALCEDO.[31]
Otros dirigentes sociales son amenazados de muerte y obligados a desplazarse del territorio, como el líder campesino GILBERTO VARGAS.
El sacerdote LUIS ALBEIRO CAMACHO de la parroquia La Bendición de Yopal, ha sido amenazado de muerte por el paramilitar conocido como “John Calzones”, sin que la UNP ordene su protección.[32]
En algunas regiones del país, como en el Casanare, las disidencias de las FARC se han sumado a las amenazas de muerte que profieren los paramilitares contra la dirigencia social.
“En Arauca las disidencias de las FARC atacaron al estilo paramilitar el edificio de las organizaciones sociales de Saravena y lanzaron granadas contra la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena. Se está usando mujeres y niños para atacar sedes y casas”[33]
Cuando la delegación asturiana llegó a Colombia el 12 de marzo/23 se contabilizaban por INDEPAZ 15 masacres, 15 líderes sociales y un firmante de paz asesinados. Cuando la delegación regresó, doce días más tarde, los datos eran de 20 masacres, 17 líderes sociales y un firmante de paz asesinados, lo que da una idea de la cotidianidad y sistematicidad de los ataques.
2-. Ejecuciones extrajudiciales y masacres
El terror también ha sido usado por militares y policías para someter a la población.
Gracias al trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz se ha ido arrojando verdad sobre la muerte de algunas de las 6.402 personas que fueron asesinadas por el ejército nacional y presentadas como “guerrilleros dados de baja en combate” durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.
El reconocimiento de estos crímenes de lesa humanidad por sus perpetradores les permitirá acceder a una reducción de la pena y evitarse la competencia de la Corte Penal Internacional.
Será el caso de los once militares identificados en la primera resolución de conclusiones de la JEP que esperan sentencia en la modalidad de justicia transicional desde el Tribunal de Paz.
Entre los militares acusados que reconocieron su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales se encuentran el general Paulino Coronado Gámez, excomandante de la Brigada 30; los coroneles (r) Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, comandantes de la Brigada Móvil 15; el teniente coronel retirado Álvaro Diego Tamayo Hoyos, comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña; el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la Brigada Móvil 15; y el teniente coronel Juan Carlos Chaparro, exjefe de operaciones y excomandante encargado del Batallón Francisco de Paula Santander. También han sido acusados oficiales de inteligencia.[34]
La fuerza pública ha sido denunciada en 19 departamentos del país por el asesinato de 71 personas civiles durante el 2022, algunas de ellas mientras ejercían el derecho de protestar. El Ministerio de Defensa aceptó ante la OACNUDH abrir investigaciones en 30 casos.[35]
La Red de Derechos Humanos del Putumayo denunció el asesinato por tropas del ejército nacional -el 28 de marzo del 2022- de once personas civiles en la vereda Alto Remanso, municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo). Los militares se disfrazaron de guerrilleros, dispararon contra la población civil y manipularon la escena del crimen.[36]
El 25 de julio del 2022, miembros de la policía nacional bajo las órdenes del teniente coronel BENJAMIN NÚÑEZ JARAMILLO, retuvieron, torturaron y asesinaron a tres jóvenes en el corregimiento Chochó, departamento de Sucre: JESÚS DÍAZ, de 18 años de edad; JOSÉ ARÉVALO de 22 y CARLOS IBÁÑEZ de 26 años.
Las masacres continuaron y se agravaron en el 2002.
Según los datos del ACNUDH se cometieron 94 masacres en las que perdieron la vida 321 personas, de las cuales 270 eran hombres, 30 mujeres, 14 niños y 7 niñas.[37] De las personas asesinadas en masacres 27 víctimas eran integrantes de los pueblos indígenas, 24 indígenas y 3 afros.
Los departamentos más afectados por masacres, en su mayoría cometidas por grupos narco-paramilitares o bandas criminales fueron: Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. En Nariño, Putumayo, Cauca, Norte de Santander y Chocó hubo masacres contra personas y comunidades opuestas a los cultivos de hoja de coca.[38]
3-. Población en situación de desplazamiento
Durante el 2022 continuó el desplazamiento forzado de personas. Al menos 82.862 personas fueron desplazadas con violencia de sus hogares y más de 102 mil personas fueron sometidas a confinamiento en sus territorios.
La mayoría de los desplazados y de las personas confinadas son integrantes de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. “Los departamentos más afectados por los desplazamientos y confinamientos son Arauca, Cauca, Chocó y Nariño”[39]
La ONIC ha insistido en que ninguna de las medidas adoptadas por Colombia para el otorgamiento de derechos a la población migrante proveniente de Venezuela, contiene medidas con enfoque étnico diferencial, lo que afecta directamente a pueblos binacionales y a otros que se han visto forzados a emigrar.[40]
4-. Personas privadas de la libertad. Tortura, trato cruel, inhumano o degradante
La Delegación asturiana pudo volver a las cárceles cerradas tras la pandemia. Se visitó la cárcel de La Picota en Bogotá.
Se verificó la continuidad del estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte Constitucional en las Sentencias T-388 del 2013 y T-762 del 2015.
Más de 130 mil personas están privadas de la libertad en Colombia, sometidas a altos niveles de hacinamiento en las cárceles, en las estaciones de policía y en centros de detención transitoria, sometidas al hacinamiento, con graves limitaciones de acceso al agua potable y nula atención sanitaria, sometidos a ingerir alimentos en mal estado o simplemente obligados a aguantar hambre como se denunció el 31 de marzo/23 por los presos de la cárcel de Cómbita.
Continuaron las denuncias por trato cruel, inhumano y degradante en las cárceles de Colombia.
El Movimiento Nacional Carcelario ha expresa mediante protestas en varias cárceles el llamado de las personas privadas de la libertad para que se respete su dignidad y que cesen actos de violencia, abusos sexuales, uso desproporcionado de la fuerza, tortura y aislamiento por periodos prolongados.
Las denuncias recibidas señalan que el hacinamiento y el maltrato en los centros de detención preventiva ubicados en las estaciones de policía son peores que en las cárceles.
Los presos por delitos políticos denunciaron la falta de atención médica, la mala alimentación y el hacinamiento como generadores de violencia y de malestar que se expresa en huelgas en las prisiones de La Dorada, Palo Gordo y Jamundí, y que el resto de la población reclusa que se aglutina en un Movimiento Nacional Carcelario, está coordinándose con los movilizados.
Dentro de la prisión La Picota la Delegación Asturiana encontró un cadáver tirado entre plásticos, fallecimiento que no se registró en la pantalla correspondiente y que -según los presos- forma parte del ocultamiento, estrategia que aplicaron los penales durante la pandemia cuando las protestas de los presos fueron reprimidas con un saldo de 84 reclusos muertos y 200 heridos.
Los detenidos calculan que el número de muertos en prisión desde el 2018 supera la cifra de 4.000 personas, asuntos que se proponen abordar si se crea la Mesa Nacional Carcelaria.
Prisioneros integrantes del ELN denunciaron que el gobierno incumple el compromiso de enviar a sus casas “a morir” a siete prisioneros muy graves y piden la libertad para otros cuarenta que están graves. Denunciaron las pésimas condiciones de reclusión de las mujeres en otras cárceles en las que hay aún más opacidad de la situación que se vive dentro.
5-. Mujeres, infancia, juventud, víctimas, población LGBTI
La violencia basada en género se agravó en los territorios bajo conflicto armado y en las regiones de frontera con Venezuela, Ecuador y Panamá. En esas regiones son cotidianos los feminicidios y el traslado de mujeres y de niñas a regiones del Chocó y de Nariño, forzadas a combatir, a trabajar o con fines de explotación sexual.
La población sometida a control mediante el terror y el confinamiento tiene en las mujeres, las niñas, la infancia y la población LGBTIQ+ las principales víctimas de la esclavitud sexual, de las violaciones y de las restricciones a la libre expresión.
“Aproximadamente 1 de cada 4 casos de violencia basada en género en el marco de la protesta social, incluye hechos de violencia sexual, en la que los agresores instrumentalizan los cuerpos de las mujeres y de las personas LGBTI como una estrategia de poder y de control frente a su participación en el marco de la protesta social (…) en muchos casos las violencias se acompañan de agresiones verbales por acoso sexual, en referencia a sus cuerpos de manera objetivizante, así como la utilización de expresiones como “perra, zorra, te voy a violar, te voy a lamer, tras de gay mamerto”[41]
Una parte de la violencia contra las mujeres y las niñas no es visible por ocurrir en el entorno familiar.
Hay un incremento de los casos de embarazos de madres menores de 14 años, asociado a la marginalidad y a la violencia basada en género.
Para el 2022 la Oficina del ACNUDH reportó 115 casos de niños-as y adolescentes reclutados por grupos armados no estatales (74 niños, 37 niñas, 4 sin información sobre sexo). De estos, 20 habrían sido asesinados (11 niñas y 9 niños) y 12 niñas habrían sufrido violencia sexual.[42]
“Amnistía Internacional también recibió información relativa a la falta de respuesta o la respuesta deficiente del sistema de justicia frente a las denuncias presentadas por personas sobrevivientes de violencia basada en género, especialmente por parte de la Fiscalía General de la Nación. Esto incluye caracterizaciones jurídicas inadecuadas y presiones para retirar denuncias presentadas. Asimismo, documentó el temor y la falta de confianza de diversas personas sobrevivientes, quienes decidieron no acudir a la Fiscalía General de la Nación. Estos hallazgos son preocupantes, dado el papel esencial que juega la lucha contra la impunidad para garantizar el derecho que tienen las mujeres y las personas LGBTI a vivir una vida libre de violencia y discriminación.”[43]
Las organizaciones de las víctimas del conflicto siguen denunciando el abandono del Estado. Según el presidente Gustavo Petro: «La Unidad Víctimas se convirtió como la SAE, un festín de corrupción, construyeron mafias ligadas al paramilitarismo para recuperar lo que perdieron. Espero que este fiscal sea capaz de investigarla».[44]
6-. Impunidad
Continuaron las denuncias de las organizaciones de derechos humanos contra el Fiscal General FRANCISCO BARBOSA, por graves casos de corrupción dentro de la fiscalía y por proteger mediante subterfugios jurídicos al expresidente ALVARO URIBE VÉLEZ y a personas allegadas, sindicadas de hechos de corrupción y de graves violaciones de los derechos humanos.
Una fuente de asimetrías jurídicas y de impunidad es la financiación de las empresas petroleras y mineras a la fiscalía y al ejército nacional.
La fuerza pública al servicio de las multinacionales a través del Batallón Especial Energético y Vial, y una fiscalía sin independencia, son una fuente de violaciones graves e impunes de los derechos humanos y de montajes judiciales contra los opositores del extractivismo.
La Delegación Asturiana recibió denuncias contra la Fiscalía del Casanare porque le está negando el acceso a la justicia a muchas mujeres que viven en los asentamientos humanos de Nunchía y de la ciudad de El Yopal, que denuncian amenazas de muerte, señalamientos graves y hechos de violencia basada en género.
Recibimos denuncias de personas de la dirigencia social del Casanare que contrastan la negligencia de la Fiscalía frente a las denuncias de las mujeres y la diligencia que ese organismo pone para perseguir judicialmente a personas de la dirigencia social que temen la continuidad de los montajes y falsos positivos judiciales como parte de la estrategia de criminalización de la protesta social.
La competencia de la justicia penal militar para juzgar violaciones graves de los derechos humanos cometidos por miembros de la fuerza pública, es una fuente de impunidad estructural.
“El ACNUDH saluda la decisión de la Corte Constitucional de asignar a la justicia ordinaria la jurisdicción sobre la masacre de El Tandil (Tumaco), que habría sido cometida por miembros de la Fuerza Pública en 2017. Esto representa un avance en la aplicación de estándares internacionales relacionados con la jurisdicción competente para conocer de presuntas violaciones de derechos humanos por miembros de la Fuerza Pública. No obstante, se observa que estos estándares internacionales no se aplican de manera consistente por todos los entes de justicia, lo cual incrementaría los umbrales de impunidad y compromete la aplicación de una justicia independiente.”[45]
7-. Pueblos indígenas
Los pueblos indígenas continúan al borde de la extinción física y cultural, por los ataques impunes contra sus comuneros y autoridades tradicionales, y por la devastación de sus territorios ancestrales.
El año 2022 fue el más violento para los pueblos indígenas desde la firma del Acuerdo de Paz hace seis años.
La ONIC denunció que durante el año 2022 fueron confinados 433.580 indígenas de los pueblos embera, zenú y awá, en territorios de los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre y Nariño, y fueron desplazados por la violencia 8.183 indígenas de regiones de Córdoba, Nariño y Vichada.[46]
La Organización Nacional Indígena informó que durante el año 2022 sufrieron las siguientes afectaciones: “1. Vulneración a la autonomía y soberanía sobre sus territorios ancestrales. 2. Falta de soberanía alimentaria. 3. Falta de apoyos para economías propias. 4. Negativa al desarrollo de la plurinacionalidad. 5. Ruptura del tejido cultural y obstrucción de las prácticas espirituales. 6. Violación a la autodeterminación y la autonomía. 7. Desnutrición extrema de niños, niñas y adolescentes. 8. Violación a los derechos con enfoque en mujer, familia y generaciones. 9. Vulneración al derecho a la vida. 10. Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. 11. Trata de personas. 12. Captación de las economías ilegales/ contrabando 13. No afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud. 14. Falta de vivienda digna. 15. Falta de garantías para el ejercicio de la etnoeducación. 16. Inacceso a la educación intercultural certificada. 17. Discriminación y racismo. 18. Deportaciones o expulsiones ilegales. 19. Pauperización y miseria. 20. Restricción a la movilidad en la zona de frontera. 21. Desplazamiento masivo forzado. 22.Atentados. 23. Reclutamiento forzado. 24. Amenazas. 25. Vulneración al derecho/principio de participación y concertación. 26. Violación al derecho a la nacionalidad.”[47]
La ONIC expresa preocupación por las afectaciones que genera la apatridia en la población indígena de áreas de frontera, que no ha sido reconocida como población binacional con toda la exclusión que genera para pueblos como: “Wayuu, Awá, Sikuani, Cubeo, Piapoco, Curripaco, Bari, Inga, Kichwa, Yagua, Tikuna, Cocama, Tule, Yukpa, Jivi, Amorúa, U’wa, E’ñepa, Makaguan, y otros, que comparten los elementos necesarios para ser una nación: identidad cultural, territorio, lengua, sistema de gobierno, administración de justicia y el reconocimiento de su soberanía organizativa según los tratados de Derechos Humanos a los que se obligó Colombia ante la comunidad internacional.”[48]
Conclusiones
1-. Valoramos la voluntad expresa del gobierno de GUSTAVO PETRO y FRANCIA MÁRQUEZ de respetar los derechos humanos y construir la paz, propósitos que generan esperanzas en Colombia y simpatías en Europa y de manera especial en Asturias.
2-. Constatamos la expansión y la degradación creciente del conflicto armado interno, con graves afectaciones a la población civil, jalonado por el narcotráfico, la minería y los agronegocios.
3-. No hay garantías. Continúan los ataques contra la dirigencia social, los firmantes de la paz, las mujeres cabezas de hogar en los asentamientos humanos de Yopal y Nunchía, la persecución contra la dirigencia campesina, los pueblos indígenas y las comunidades negras previa estigmatización, así como la falta de efectividad del sistema de protección y de garantías.
4-. A la impunidad estructural se suma la asimetría jurídica que genera la desidia de la Fiscalía para judicializar a quienes agreden a la dirigencia social y a quienes financian los ataques.
5-. La fiscalía está negando el acceso a la justicia a mujeres que denuncian señalamientos y violencia basada en género.
6-. Las informaciones recibidas dan cuenta de la re-paramilitarización del Casanare y de otras regiones del país en las que estos grupos son un para-Estado.
7-. Continúan los ataques contra pueblos indígenas en todo el país. Los pueblos awá y los eperara-siapidara están sometidos al reclutamiento de menores y al confinamiento.
8-. Siguen sin ser desminados los territorios de pueblos indígenas como los Awá y los embera del Chocó.
9-. Persiste el desplazamiento forzado de las comunidades de Tumaco, Alto Mira y Frontera
10-. Se agravaron los ataques contra maestros-as rurales dejando miles de niños-as sin acceso a la educación en zonas del Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca y otras regiones.
11-. Persisten las denuncias contra empresas multinacionales como la minera canadiense Libero Cobre, que en el Alto Mocoa tiene el rechazo de las comunidades que cuestionan sus métodos y el impacto de su actividad.
12-. Continúa el reclutamiento de menores y los actos de “limpieza social” que afectan al colectivo LGTBI+, así como la explotación sexual y la violencia contra las mujeres en las zonas petroleras y cocaleras de regiones como el Putumayo.
13-. Continúan violándose los derechos humanos de la población privada de la libertad.
14-. Constatamos el abandono del Estado a las víctimas de la guerra y la falta de voluntad de algunos funcionarios para atenderlas y repararlas.
15-. Resaltamos el trabajo que está realizando la Agencia de Restitución de Tierras que avanza en la eliminación de obstáculos para agilizar la tarea de devolver a las víctimas las tierras que les despojaron.
Recomendaciones al gobierno de Colombia:
Concertar con las comunidades las prioridades de inversión social del Estado en los territorios y la presencia de la fuerza pública.
Priorizar medidas que lleven a un descenso humanitario del nivel del conflicto armado. Cese indefinido del fuego y de las hostilidades con el ELN.
Acelerar el cumplimiento del Acuerdo de Paz suscrito con las FARC destinando recursos suficientes en el Plan de Desarrollo cuatrienal.
Difundir las conclusiones de la Comisión de la Verdad y seguir sus recomendaciones para evitar la impunidad y la repetición.
Garantizar el derecho a la vida y las libertades fundamentales de la población.
Garantizar la realización de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y a las comunidades afro sobre los planes de inversión que afecten los territorios y los pueblos.
Garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y a otros sectores sociales vulnerables, y tomar medidas para evitar el reclutamiento de menores con fines bélicos o de explotación sexual o laboral.
La fiscalía debe asumir la responsabilidad de investigar con diligencia los actos de corrupción y las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, y dejar de usar la justicia para perseguir opositores sociales y políticos.
Recomendaciones a los gobiernos asturiano, español y europeo:
Cumplimentar las resoluciones de los parlamentos respectivos, respecto al apoyo a la paz y los derechos humanos en Colombia.
Acompañar con medidas concretas las formulaciones en curso para la paz total y por el respeto a los derechos humanos.
Promover y fortalecer los programas de protección para personas defensoras de los derechos humanos.
Instituciones entrevistadas
Alcalde de Puerto Guzmán, Putumayo
Alcaldía Municipal de Saravena, Arauca
Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá – ‘La Picota’
Comando del Departamento de Policía del Casanare
Consejo Departamental de Paz de Arauca
Ejército Nacional en el Putumayo
Embajada de España
Gobernador (e) de Arauca, Wilinton Rodríguez Benavidez
Grupo de Caballería Mecanizada Nº 18 General Revéis Pizarro del Ejército Nacional
MAP-OEA, Misión de Apoyo a la Paz, Organización de Estados Americanos
Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia
Misión de Verificación de la ONU en Colombia
Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior
Oficina de la ONU para los Derechos Humanos
Personero Municipal de Pitalito, Huila
Policía Nacional Departamento del Putumayo
Procuraduría Regional del Putumayo
Responsable de Derechos Humanos en la Gobernación del Putumayo
Secretario de Gobierno del Putumayo
URT, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Unidad de Víctimas – Putumayo
UNP – Unidad Nacional de Protección, Putumayo
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Enlace en Puerto Leguízamo
Organizaciones entrevistadas
ACEU, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios
ACIESNA, Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidara de Nariño
ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados
ACVC, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra
AJAA, Asociación de Jóvenes y Amigos de Aguazul
AMAR, Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca
AMTA, Asociación de Mujeres Trabajadoras Agropecuarias de Arauquita
ANDAS, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria
ANJECO, Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia
ARN, Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Putumayo
ASEDAR, Asociación de Educadores de Arauca
Asentamientos Humanos de Nunchía y Yopal/Casanare
ASEP, Asociación de Educadores del Putumayo.
ASMUC, Asociación de Mujeres Unidas por el Casanare
Asociación campesina Puerto Guzmán
Asociación Comunitaria Agroalimentaria del Piedemonte
Asociación de Veredas del Cunamá – Aguazul
Asociación Productores y Comercializadores de Yuca
Asociación de Carretilleros de Puerto Guzmán
ASOCOETNAR, Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales de Nariño
ASOJER, Asociación Juvenil Y Estudiantil Regional
ASOJUNTAS, Asociación de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Saravena
ASOMAGÜI, Asociación de Consejos Comunitarios de Magüi
ASONALCA, Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro
ASOVEC, Asociación de Veredas de Cunamá
AVISPAD Asociación de Víctimas del Desplazamiento
Cabildo nasa de Puerto Asís
Cabildo nasa Guaduales
CAMAWARI, Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Awá
Campaña contra la Brutalidad Policial
Cantoras – Voces del Pacífico
COAGROSARARE, Cooperativa Agropecuaria del Sarare
Colectivo juvenil RAÍCES Guzmanenses
COMUCCOM, Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común
Consejeras/os Mayoras/es de la ONIC
Consejería de los Cabildos del pueblo nasa del Putumayo
Consejo Comunitario La Voz de los Negros
Consejo de Paz de Arauca
Consejo Juventud de Pitalito
Coordinador nasa Bajo Putumayo
COOTRANAR, Cooperativa de Transportadores de Arauquita
CORDECAMPO, Corporación para el Desarrollo y Defensa del Campo
COSPACC, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación comunitaria
CPDH, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Nariño, Arauca
CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca
CSPP, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
CUT, Central Unitaria de Trabajadores
Delegación del CRIC en Aguaditas
ECAAAS, Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena
Ex alcalde de Timaná, Huila
FECODE, Federación Colombiana de Educadores
Federación de Juntas de Acción Comunal
FENSUAGRO, Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria
Firmantes del Acuerdo de Paz
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra
Fundación defensa DDHH Pitalito
GAMBICA, Asociación de Mujeres
Gobernador nasa resguardo Cerro Guadua
Gobernador nasa resguardo El Descanso
Gobernador resguardo Aguaditas
Guardia Amazonía
Guardia Campesina del Putumayo
Guardia Indígena Awá
Guardia Indígena Nasa-Putumayo
Guardia Interétnica, Campesina y Popular del Centro Oriente
JAC Medio Afán
JAC vereda La Morelia
JAC vereda la Patria
JAC, Junta de Acción Comunal del Alto Mira y Frontera
JAC, Junta de Acción Comunal El Cedro – vereda Calenturas
JUCO, Juventud Comunista Colombiana
Justicia y Paz, Putumayo.
Marcha Patriótica
Mesa de Organizaciones Cívico Populares de Arauca
Mesa de Víctimas de Puerto Guzmán
Mesa de Víctimas de Tumaco
Mesa de Víctimas Pitalito
Mesa de Víctimas-Adulto Mayor Putumayo
MOVICE, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
Movimiento Social y Político de Masas del Nororiente
Movimiento Vía Campesina en Colombia
OFB, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
OIC, Organización Indígena del Casanare
ONIC, Organización Nacional Indígena de Colombia
ORIPAP- Organización de resguardos indígenas del pueblo awá del Pacífico
Padre Luis Albeiro Camacho, Diócesis de Yopal
Partido Comunes
PCC, Partido Comunista de Colombia
Presos políticos del ELN en La Picota
Pueblo Indígena U´wa, Resguardo Chaparral – Barronegro
RECOMPAS, Red de Derechos Humanos del Pacífico Sur
Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos -Ipiales Nariño
ReDHPana, Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense
SINDEAGRO, Sindicato de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Departamento de Arauca
SINDEAGRO, Sindicato de Pequeños y Medianos Productores del Agro
SINTRAPAZ, Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz
SINTRAPUTUMAYO, sindicato de Trabajadores del Petróleo del Putumayo
UNIPA: Unidad Indígena del pueblo Awá
USO, Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo
UTRAHUILCA, Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito
Vía Campesina Colombia
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Canal Via3tv
Casanare Online
Emisora Armonía
La Red, Informativos del Casanare
La Voz de Yopal
Manantial Noticias
Noticias de Saravena
Noticias del Piedemonte
Prensa Libre
Radar Noticias de Saravena
Radio Noticia del Casanare
RCN
Semanario VOZ
Trochando Sin Fronteras
[1] https://colombia.unmissions.org/%E2%80%9Cen-un-mundo-de-divisiones-geopol%C3%ADticas-guerras-interminables-y-multiplicaci%C3%B3n-de-conflictos
[2] Comunicado “En Colombia retoña la Paz”. Soldepaz Pachakuti, Colectivo de Colombianos Refugiados en Asturias. Gijón, sept/22
[3] Entrevista con el partido Comunes. Bogotá, 21 de febrero/23
[4] https://www.jep.gov.co/macrocasos/caso03.html#container
[5] https://comisiondelaverdad.co/
[6]Entrevista con la URT. Bogotá, 21 de febrero/23
[7] https://curate.nd.edu/show/z029p270x6d
[8] https://elpais.com/america-colombia/2023-03-29/un-ataque-con-explosivos-a-una-base-del-ejercito-en-el-catatumbo-deja-al-menos-nueve-militares-muertos-y-ocho-heridos.html
[9] https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/1535_fld_ga23_web.pdf
[10] https://rutasdelconflicto.com/notas/2022-cuatro-paises-latinoamerica-concentraron-el-mayor-numero-ataques-defensores-informe
[11]Reunión con la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior
[12] https://elpais.com/america-colombia/2023-01-04/el-gobierno-de-colombia-suspende-el-decreto-del-cese-al-fuego-con-el-eln-pero-insiste-en-acordar-una-tregua.html
[13] https://efe.com/mundo/2023-03-20/petro-suspende-el-cese-bilateral-con-el-clan-del-golfo-tras-el-paro-minero/
[14] https://www.ohchr.org/es/press-releases/2023/03/colombia-misuse-counter-terrorism-measures-prosecute-protesters-threatens
[15] https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/6234/2022/es/
[16]Entrevista con autoridades del pueblo Awá. Tumaco, 13 de febrero/23
[17] https://www.servindi.org/actualidad-noticias/04/07/2022/asesinan-gobernador-y-dos-guardias-indigenas-del-pueblo-awa
[18] https://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2023/02/DENUNCIA-PUBLICA-16-02-2023-William-Castro.pdf
[19]https://www.facebook.com/Red.DDHH.Putumayo/
[20] https://www.facebook.com/photo?fbid=235032875570256&set=pcb.235032918903585
[21] https://www.biodiversidadla.org/Noticias/Colombia_paramilitarismo_y_empresas_petroleras_en_el_Casanare
[22]Reunión con el Departamento de Policía del Casanare. Yopal, 15 de febrero/23
[23]Audiencia en Nunchía. 13 de febrero/23
[24]Audiencia en Arauca. 16 de febrero/23
[25]Entrevista con la alcaldesa encargada de Saravena. 18 de febrero/23
[26]Reunión con el Grupo de Caballería Mecanizado Revéis Pizarro. Saravena. 18 de febrero/23
[27]Entrevista con CARLOS DE LA TORRE Oficina de la ONU en Colombia
[28] https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2022/
[29] Audiencia en ciudad de Arauca. 16 de febrero/23
[30] https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/6234/2022/es/
[31]https://prensalibrecasanare.com/industriapetrolera/38383-libres-2-lnderes-sociales-del-bloque-cubiro-20-meses-estuvieron-privados-de-la-libertad-por-denuncia-de-frontera-energy.html
[32]https://casanarehoy.com.co/site/actualidad/alias-john-calzones-ahora-amenaza-hasta-los-sacerdotes-para-robar-terrenos/
[33]Audiencia en Arauca. 16 de febrero/23
[34] https://elpais.com/america-colombia/2022-10-21/la-jep-propone-sancionar-a-responsables-de-falsos-positivos-con-proyectos-de-reparacion.html
[35] https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Anual-2022-en-castellano.pdf
[36] https://razonpublica.com/la-masacre-alto-remanso-terror-estrategia-militar/
[37] https://ddhhcolombia.org.co/2023/03/03/informe-onu-ddhh-2023/
[38] https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Anual-2022-en-castellano.pdf
[39]https://www.defensoria.gov.co/-/cauca-choc%C3%B3-nari%C3%B1o-y-arauca-los-m%C3%A1s-afectados-desplazamiento-forzado-y-confinamiento-en-julio
[40] https://www.onic.org.co/images/CO-INFO-20230102-informe_final_afectaciones_DDHH_pueblos_indigenas_ONIC.pdf
[41] Defensoría del Pueblo de Colombia, Boletín #3 Violencias Basadas en Género en el marco de la protesta social, Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, 4 de junio de 2021.
[42] https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Anual-2022-en-castellano.pdf
[43] https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/6234/2022/es/
[44] Hollman Morris – La Unidad Víctimas se convirtió como la SAE, un festín de corrupción» | Facebook | By Hollman Morris | «La Unidad Víctimas se convirtió como la SAE, un festín de corrupción, construyeron mafias ligadas al paramilitarismo para recuperar lo que perdieron….
[45] https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Anual-2022-en-castellano.pdf
[46] https://www.onic.org.co/images/CO-INFO-20230102-informe_final_afectaciones_DDHH_pueblos_indigenas_ONIC.pdf
[47] https://www.onic.org.co/images/CO-INFO-20230102-informe_final_afectaciones_DDHH_pueblos_indigenas_ONIC.pdf
[48] https://www.onic.org.co/images/CO-INFO-20230102-informe_final_afectaciones_DDHH_pueblos_indigenas_ONIC.pdf
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