La minería es un problema muy grande para la Madre Tierra y los derechos indígenas. Vemos que en los cuatro países andinos no se respetan los derechos humanos, los tratados internacionales. Las empresas transnacionales invaden nuestros territorios e intentan dividirnos. Hagamos fuerza, nuestra Pacha está enferma, nuestra Pacha está en venta. Del reclamo, de la protesta, hay que pasar a la propuesta.
Con estas palabras, los representantes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ, Bolivia) iniciaron la presentación de los casos emblemáticos de vulneración de derechos indígenas por la imposición de la actividad minera en sus territorios. Fue en el III Seminario de Capacitación “Normas de Derechos Humanos Aplicables a Proyectos de Empresas Transnacionales en Territorios Indígenas”, realizado en Lima por la CAOI entre el 26 y 30 de noviembre pasado.
Los líderes indígenas señalaron que hay un auge de la minería en Bolivia y los proyectos se concentran en los territorios originarios. “Nuestra estrategia fue titular las tierras comunitarias de origen (TCO), pero esos títulos no se respetan y siguen las concesiones. Pedimos la consulta, pero hay bastante invasión y contaminación, casi en la totalidad del territorio boliviano. Sobre todo minería a cielo abierto, que gasta grandes volúmenes de agua”.
Esta expansión de la minería trae como consecuencias la militarización y la represión. Frente a ello, CONAMAQ se ha declarado en estado de emergencia en defensa de los recursos naturales.
Los ponentes indicaron que la Constitución boliviana establece que las concesiones mineras deben pasar a ser contratos mineros. Sin embargo, las concesiones se multiplican bajo el disfraz de “autorizaciones transitorias”. El 99% del territorio indígena en Potosí está concesionado. Y hay una persecución política y judicial a quienes defienden sus territorios y sus recursos naturales.
Las autoridades originarias de CONAMAQ recordaron que las transformaciones en Bolivia fueron impulsadas por los pueblos indígenas, que eran ignorados hasta antes de la Constitución. “Ese era el primer punto: nuestro reconocimiento, el segundo (con apoyo de los movimientos sociales) era recuperar los recursos naturales”.
Los pueblos originarios estábamos invisibilizados, nos querían hacer desaparecer. Por eso emprendimos un proceso de cambio que termina con la aprobación de la nueva Constitución, es una revolución de contenido, detallaron. Luego el gobierno cambia de discurso. Se alía con la empresa privada. Un mandato fue la recuperación de los recursos naturales, pero el gobierno lo mediatiza. También una revolución agraria en las tierras bajas, limitando la propiedad de los terratenientes a cinco mil hectáreas, tampoco cumple. Se está encaminando a una forma jurídica neoliberal, nos intenta dividir, agregaron.
“La Constitución habla de economía plural (comunal, privada, estatal, cooperativa), pero al llegar al tema minero, la comunal desaparece: esa fue la primera traición a los pueblos indígenas. La Ley Minera arrasa con lo poco que se había avanzado”.
Caso Mallqu Qota
Mallqu Qota, Laguna del Cóndor, está en Potosí, donde se instaló una empresa del mismo nombre, filial de la compañía canadiense South American Silver. Esta empresa se constituyó en Bolivia con un capital de apenas cinco mil bolivianos (alrededor de setecientos dólares). El 10 de julio, mediante Decreto 1308, la propiedad revirtió al Estado.
El Proyecto Minero Mallku Quta se ubica en el Ayllu Sullk’a Jilaticani, entre las provincias Charcas y Alonso de Ibáñez de los Suyus Charka Qhara Qhara de la región del Norte de Potosí. La inversión programada es de mil millones de dólares para un período de veinte años. La modalidad de explotación es la más peligrosa: a tajo abierto.
El proyecto no fue consultado con los pueblos indígenas. Ante las protestas, el 10 de octubre el gobierno militarizó la zona. El resultado: un muerto y seis heridos de bala. “No se sabe quién ha disparado, quién es el autor material. Y tenemos 30 procesados penalmente”.
Caso Inti Raymi
Newmont, empresa minera con sede en Denver, Colorado, Estados Unidos, tenía el 88% de la propiedad de la compañía minera Inti Raymi, que se instaló en Oruro. Luego transfirió sus acciones a una empresa nueva con los mismos socios de Inti Raymi y el mismo porcentaje accionarial.
Financiado en parte por el Banco Mundial, este proyecto minero ha afectado gravemente el lago Poopó. Afecta también la salud de los trabajadores: “con una bacteria se enferman y mueren. Los entierran a una profundidad de más de 10 metros. Por eso cierran proyecto de biooxidación”.
La minera almacena agua con cianuro, que luego mezcla con sulfuro molido. Con estos tóxicos contaminan el agua que consume el ganado. “En menos de cinco años, todo nuestro ganado, que mejoramos desde 1940, ha sido destrozado. Teníamos un manejo rotativo de las tierras. Han cortado nuestro ciclo. Nos alimentábamos de ahí”.
Estos son solo dos casos de los conflictos entre la minería y los pueblos originarios en Bolivia. Otros similares se presentan en Colombia, Ecuador y Perú, cada uno con sus particularidades, pero con el común denominador de vulneración de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Seguiremos informando…
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia
