Bruselas, 4 de abril 2019. Más de 75 representantes de la sociedad civil colombiana, europea e internacional, se reúnen en Bruselas.
“La paz en Colombia está en peligro”, denuncian organizaciones de derechos humanos en Bruselas
• Gobierno de Iván Duque incumple compromiso de Estado al no implementar integralmente el Acuerdo de Paz.
• En 2018 cada 48 horas fue asesinada una persona defensora de los derechos humanos o con liderazgo social.
• En los últimos 8 meses se han incrementado las masacres, los homicidios y los desplazamientos.
Bruselas, 4 de abril 2019. Más de 75 representantes de la sociedad civil colombiana, europea e internacional, se reúnen en Bruselas durante los días 4 y 5 de abril para evaluar la grave situación de derechos humanos en Colombia y para alertar a la UE y los Estados europeos sobre la falta de implementación del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano.
Este encuentro internacional, que representa a más de mil organizaciones y movimientos sociales que trabajan en y por Colombia, ha sido convocado por la Oficina Internacional de los Derechos Humanos – Acción Colombia (OIDHACO) junto con sus tres plataformas asociadas en Colombia: la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia; y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU).
Los participantes en este Encuentro coinciden en que, desde su llegada al Gobierno, el presidente Iván Duque no ha demostrado la suficiente voluntad para implementar el Acuerdo Final de Paz, ya que las políticas públicas propuestas en materia de reforma rural integral, sustitución de cultivos ilícitos, y derechos de las víctimas, así como el Plan Nacional de Desarrollo, son contrarias y regresivas a lo estipulado inicialmente en el Acuerdo, y por lo tanto ponen en peligro la construcción de paz en Colombia.
Existe una profunda preocupación por el desfinanciamiento y falta de respaldo gubernamental a los tres mecanismos del Sistema de Justicia Transicional. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya ley estatutaria fue objetada por el Presidente Duque, por ejemplo, se le ha asignado en 2019 un presupuesto 28% menor que el que había pedido para su funcionamiento. Los representantes de las plataformas recuerdan que la JEP es el instrumento que garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y que “tendría que ser intocable”.
A lo anterior se suma la nueva Política de Defensa y Seguridad, que representa una regresión en materia de derechos humanos: favorece el aumento de la militarización en los territorios, fortalece la participación ciudadana en actividades de seguridad, promueve la erradicación forzada de cultivos ilícitos y cierra puertas a la negociación con el ELN.
Las organizaciones reunidas en Bruselas quieren denunciar que la implementación del Acuerdo de Paz no solamente se ha desacelerado, sino que su incorrecta implementación está poniendo en riesgo a las personas defensoras y líderes sociales, en especial a quienes viven en regiones donde se registra una débil o nula presencia del Estado, es decir, donde antes se encontraban las FARC.
“El Estado tiene que actuar con urgencia y llegar con su institucionalidad a las zonas rurales más alejadas,
apoyando los procesos de implementación del acuerdo en curso que atienden las causas estructurales del conflicto armado y en donde más defensores son asesinados, especialmente aquellos que trabajan con temas como la restitución de tierras o la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”.
Para las plataformas europeas y colombianas, que tienen una agenda política con altos representantes de la UE en Bruselas, una de las grandes preocupaciones para transmitir son las cifras alarmantes de asesinatos de líderes y lideresas sociales y de personas defensoras de derechos humanos, al igual que los retrocesos en materia de garantías de protección para este colectivo, en particular para las comunidades étnico-territoriales, las mujeres y las personas LGBT.
Según datos de la Defensoría del pueblo de Colombia, durante el 2018 fueron asesinados 172 líderes
sociales, sin embargo, el Gobierno colombiano sigue negando la existencia del conflicto armado y continúa criminalizando la protesta social, como lo hace actualmente con la Minga Social (movilización masiva de campesinos e indígenas en el Suroccidente del país en paro desde el 10 de marzo).
De acuerdo al último informe anual de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las masacres han aumentado un 164% en el último año, pasando de 11 casos 2017, a 29 en 2018. Los desplazamientos forzados, por su parte, aumentaron de alrededor de 127.000 personas víctimas en 2017 a 145.287 en 2018. Con todo esto, afirman las organizaciones, “podemos decir que Colombia atraviesa una crisis humanitaria”.
“Las organizaciones colombianas y europeas tememos que la paz en Colombia esté en riesgo. Por eso
pedimos a las instituciones de la UE y a sus Estados miembro que continúen acompañando de cerca el
proceso de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, que pidan cuentas de los recursos que
han entregado para éste, y que insten al gobierno colombiano a mantener sus compromisos con la
búsqueda de la paz y la garantía de los derechos de las víctimas”, concluyen.
