La delegación asturiana de visita en Colombia dedica el día a Bogotá y recibe testimonios de Organizaciones Sociales en la sede del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
La mitad de las personas han pasado por Asturias. Bien como acogidas al programa de derechos humanos, bien en gira de sus organizaciones, lo cual, además de la satisfacción por el reencuentro, es una muestra del grado de actividad en el territorio asturiano.
Un veterano campesino hace la propuesta: Soy mestizo, llevo sangre Zenú.. Hay que hacer una alianza, un trabajo comunitario permanente, una minga popular para protegernos mutuamente, indígenas, campesinos, desplazados, trabajadores..
Antes la Delegación Astur ha estado en reunión con el Defensor del Pueblo, doctor Volmar Pérez, quien ha entregado un abultado Informe de DDHH.
Y antes la Delegación se ha repartido entre dos cárceles, pero no se muestran imágenes de aquella locura: a pesar de solicitarlo con tiempo, la dirección carcelaria no permitió el acceso de cámaras.
Los testimonios en las cárceles del Buen Pastor (de mujeres) y de la Picota (una de las tres que hay en Bogotá de hombres) son muy fuertes.
Presos con seis meses de cárcel sin condena. Preso con leucemia sin medicamentos ni tratamiento adecuado. Intento de revoltura entre presos políticos y paramilitares, que los políticos no permiten. Traslado de líderes, a otras cárceles, en el caso de que se asuman o inscriban en los comités legales de la cárcel. Presos con cumplimiento de pena, que pasan otros seis meses mientras la burocracia tramita su libertad. Y muchos prisioneros que lo son fruto de montajes burdos, para quitarlos de en medio en la actividad civil, como el caso de los 55 docentes universitarios, pagando condena por su pensamiento.
También el caso de Franklin Carreño, que se presentó como miembro activo de la guerrilla, y que contó como fue secuestrado en Maracaibo-Venezuela, por acción conjunta de guardia venezolana y policía colombiana, y trasladado ilegalmente a territorio colombiano, el 2 de abril de 2006.
En este tiempo breve se contaron torturas diversas, las físicas y las otras. El chantaje para no atender a los enfermos graves. El incumplimiento de la ley para que no puedan redimir pena con trabajo. Los traslados como represalia cotidiana..La ausencia de dignidad en las condiciones de las visitas..y sobre todo las extorsiones para que los presos se acojan a la ley de impunidad de Uribe, y delaten a otros compañeros, tarea en la que, dijeron, colabora la ONG holandesa “Manos para la Paz”.
También la preocupación por que en Colombia se estén construyendo 50 cárceles más, lo que representa una desmesura de presupuesto, mientras que no se construyen escuelas, y los hospitales son vendidos a empresas privadas…
En la citada reunión con Organizaciones, de la que si hay testimonio fotográfico anexo,
Empezaron hablando los desplazados de Argelia, departamento del Cauca. 170 asesinados en su comunidad para echarlos-desplazarlos de sus tierras, Mil de entre ellos se tuvieron que ir. El número de desapariciones y secuestros a manos paramilitares es muy alto. La complicidad entre ejercito y paramilitares la documentaron en video.
Sin embargo su decisión es la de unirse, de trabajar por el Retorno de manera colectiva y organizada, y de exigir justicia frente a los crímenes cometidos con motosierras en su comunidad.
Habló una señora a la que desparecieron el esposo hace 11 meses. Ella fue a buscarlo a los paramilitares y no quisieron entregárselo. Desde agosto no sabe de su paradero.
Hablaron los indígenas de Caldono, de los Pueblos Nasa y otros. De su Guardia Indígena, como expresión sin armas de control y vigilancia del territorio.
Señalaron a varias empresas españolas, responsables del accionar paramilitar, para apropiarse de tierras y de nacederos de agua.
Habló la alcaldesa de Caldoso, un municipio con el 80% de indígenas de varios Pueblos, de la oposición al reclutamiento de menores, de la comunicación comunitaria, de las decisiones colectivas en su alcaldía.
Un representante del CRIC invitó a la delegación a viajar a la María, donde sesiona el Congreso Indígena, con la presencia de 15000 pobladores.
Se recordó que el gobierno había puesto precio a la cabeza de los líderes indígenas, y que pese a que la Corte Interamericana había puesto 32 medidas cautelares a líderes indios, el gobierno colombiano se negaba a cumplir.
Habló la mamá de un joven asesinado por el ejército en la vereda de El palmar,(Edwin Cubillo Romero) y contó como la tropa oficial le había cortado la pierna, el pene, una oreja, y además lo ahorcaron para matarlo. Que la comunidad se reunió y fue donde los militares a que le entregaran el cuerpo, y estos dispararon a la comunidad.
La madre pide justicia. Tuvo que huir de la región. Su finca esta abandonada, a otra hija la ultrajaron y la amenazaron de muerte.
Pidió a la Delegación Asturiana, que por favor no se siga apoyando a un ejército asesino desde fuera.
De Jiguamiandó, Indígenas Embera Katío denunciaron la empresa minera Muriel, norteamericana. Esta empresa ha efectuado exploraciones ilegales, sin consulta, en el cerro sagrado Cara de Perro, que ha ido ¡qué casualidad¡ de la militarización de la zona.
Quieren arrasar a cielo abierto con 16mil hectáreas. Tuvieron que concentrarse 638 personas el 6 de enero para impedirlo. Allí murieron 5 niños.
Y decidieron hacer junto a afros y campesinos una Consulta de los Pueblos del 24 al 28 de febrero, donde participaron 1251 habitantes y votaron contra la minera 798. El referéndum es valido, participó el ministerio del interior, pero temen que la empresa, y quienes les protegen con armas, no lo cumplan.
Como consecuencia la poderosa empresa ha iniciado señalamientos directos contra la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, por estar acompañando a las comunidades.
Invitan a la comunidad internacional a visitarles para ver el impacto ambiental de la minera.
Comparece el hermano de Jaime Castillo Peña, desaparecido el 11 de agosto. Es uno de los numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales: la demencial práctica de “contratar” jóvenes, llevarlos a otro lugar, asesinarlos y mostrarlos con uniforme para cobrar una recompensa.
El general Padilla les ha pedido perdón, pero ellos, las familias, lo que piden es justicia.
Eliécer Morales, que fuera alcalde de Inzá y visitara también Asturias, documenta la militarización de la cordillera, el páramo del Cauca, y los intereses de multinacionales interesadas en el agua, en la biodiversidad, en los minerales, en una especie de nueva colonización, con el mismo grado de violencia que hace 500 años.
Traslada datos de la utilización de civiles como informantes, el muchacho soldado que fue llevado a la zona con capucha para que fuera señalando gente, para esas recompensas gubernamentales, y como los dos jóvenes asesinados por el Batallón 27 con sede en Pitalito tienen su investigación estancada..
Entrega el exalcalde tres videos terribles sobre los usos del ESMAD, un grupo policial de choque, que en las Mingas o movilizaciones indígenas utilizó métodos demenciales, de cortar dedos, lanzar papas explosivas, torturar pobladores.
De la Universidad de Pamplona, norte de Santander, muestran la preocupación por el hermanamiento con la homónima Pamplona de Navarra: no deben saber que allí el rector, un excapitan, ha eliminado a todos los sindicatos, y ha estigmatizado a todos los lideres estudiantiles, o que el alcalde Klaus Faber Mogollón, es cómplice de la “limpieza social”, denominación con que los paramilitares señalan, asesinan a prostitutas, jóvenes cuyo aspecto no les guste, homosexuales, lideres sociales, en una práctica corroborada también por el defensor del Pueblo.
