de las inundaciones a la sequía: del Pacífico a la Costa Atlántica..
Tras los desbordes de agua en Popayán y Quilichao, (con fuertes afectaciones económicas por las inundaciones y ventoleras, y con suspensión de vuelo de regreso de la delegación asturiana desde la capital del Cauca) se pasa a la sequía del departamento de Córdoba, con un recorrido viajero de 8 horas de ida y vuelta a Montería, que hace “morder el polvo” de los caminos resecos a la 15 delegación astur.
Lugar de audiencia campesina es Puerto Libertador, donde el sindicato agrario y sus muy jóvenes dirigentes, autoridades indígenas zenú, y las Juntas de Acción Comunal, explican lo ocurrido en los últimos tiempos en que se ha pasado de un control territorial de las FARC a otra situación en la que además del batallón del ejército y carabineros de policía haya tres o cuatro grupos armados actuando:
Un autodenominado Nuevo Frente18, de resultas de exguerrilleros que se consideraron estafados por los incumplimientos del gobierno al acuerdo de paz con las FARC, y
Clan del Golfo, AGC y Caparrapos (disidentes o resultado de la división de los anteriores) como grupos paramilitares.
En diciembre el ejército asesinó a un campesino, pero las cifras de 28 líderes sociales asesinados en Córdoba de los cuales 20 lo han sido en el Sur de Córdoba y 6 en este pequeño lugar de Puerto Libertador daría para un análisis exhaustivo, pues suponen el mayor porcentaje de crímenes de líderes sociales y defensores de todo el país.
Denuncian los pobladores un bloqueo económico, alimentario, fluvial y terrestre, y señalan como un estado fallido el no cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo de Paz, que explica que se hayan reciclado tanto ex-guerrilleros como ex-paramilitares, que el desminado humanitario contemplado en el Acuerdo nunca haya llegado y haya un reminado de determinadas zonas, o que la misión médica se utilice de forma coercitiva, al impedirse que llegue hasta personas heridas, y sean estas las que hayan de desplazarse lejos para curarse.
La organización campesina ASCSUCOR asegura que pese a los peligros han denunciado todas las vulneraciones, les guste o no a los armados, y que 14 un año y 6 otro consejos de seguridad se han efectuado, así que no puede decir el gobierno que desconoce la situación pormenorizada de los crímenes aunque nada haga por evitarlos y proteger a los defensores/as.
También asume la asociación campesina el reto de construir una Zona de Reserva Campesina, pero la propuesta no avanza, el gobierno la boicotea.
Denuncian asimismo que las clases no hayan comenzado todavía en las veredas del corregimiento, debido a que el estado subcontrata con una empresa-ong, Jehová Edifica, la gestión de esos colegios de primaria y los profesores aún no han sido contratados.
Como grave incumplimiento señalan que nunca todavía hayan preguntado a los pobladores de la zona para la elaboración en curso del trabajo de la Comisión de la Verdad, por lo que el relato de la guerra no tendrá los aportes de esta zona que ha sufrido intensa actividad guerrera, que todavía la padece en cantidad, al ser un nudo y corredor estratégico entre varias regiones.
El intento de participar en la restitución de tierras que establece la ley lo hacen a través de la Comisión Colombiana de Juristas, sin que haya avances aún.
Con preocupación señalan que la Red de Cooperantes de Uribe, establecida para que hubiera cientos de miles de informantes, ahora se reproduce de nuevo en un programa llamado Mil.Cooperantes ofreciendo dinero a activistas de las JAC, y poniendo en peligro su integridad al involucrarlos en la guerra.
Con decisión y énfasis aseguran que estos territorios continuarán en resistencia y preparan movilizaciones frente a las traiciones e incumplimientos del gobierno de Duque.
