Convocados en Posada de Llanera-Asturias, por el Colectivo de Colombianos-as Refugiados en Asturias “Luciano Romero Molina”, la Asociación Soldepaz Pachakuti y la Asamblea Moza d’Asturies, los días 5 y 6 de noviembre del 2021, las personas y organizaciones presentes, coincidimos en afirmar que:
Declaración de Llanera por la Paz y los derechos Humanos en Colombia. Colombia no está en paz. Millones de sus habitantes sufren las consecuencias de la pérdida de condiciones de vida, la violencia urbana, el agudizamiento del conflicto social y la persistencia, escalada y degradación del conflicto armado interno, con graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario con responsabilidad del gobierno, de la fuerza pública y de los grupos armados. Así lo registra el sistema internacional de Derechos Humanos y visitas de verificación como la asturiana, que cada año y sobre el terreno constatan, la devastación ambiental, su impacto en el clima, el asesinato de ambientalistas, el deterioro de la convivencia, el incremento de las agresiones sistemáticas que configuran el delito de genocidio contra la dirigencia social, contra los pueblos indígenas y las comunidades negras y contra las personas que firmaron el Acuerdo de Paz que no cuentan con seguridad jurídica, ni con garantías materiales para preservar su vida y su libertad. El Acuerdo de Paz suscrito con las FARC es muy importante para Colombia, a pesar de los incumplimientos del gobierno y la renuencia de las élites a posibilitar cambios estructurales en la sociedad colombiana. La paz para Colombia, más que un acuerdo entre dos partes armadas, es un proceso de construcción colectiva cuyo motor es la movilización social y su pulso por la vida y por la dignidad humana. Hay avances en el trabajo de la Comisión de la Verdad, pero falta que los empresarios, los altos mandos militares y los gobernantes cuenten las verdades ocultas del conflicto a las víctimas y al país. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha logrado avances importantes, sin embargo, está siendo bloqueada política y presupuestalmente por el gobierno de Iván Duque dentro de una estrategia general que busca la impunidad para las ejecuciones extrajudiciales de al menos 6.402 personas, delito que la fuerza pública continúa cometiendo; convendría el apoyo con recursos por parte del gobierno español en apoyo a la JEP. También hay avances en la búsqueda de personas desaparecidas e inhumadas en cementerios, pero la búsqueda debe seguir en las fosas a campo abierto y establecerse las responsabilidades penales. Debe detenerse la comisión de este delito grave que continúa cometiéndose. Persisten los problemas estructurales que generan el conflicto social y armado: la inequidad por la concentración de la propiedad de la tierra, de la riqueza y del ingreso en pocas manos, el empobrecimiento masivo de la población que se agravó con la pandemia, el enquistamiento de la impunidad, la corrupción, la persecución a muerte a quienes hacen oposición social y política, la exclusión violenta que despoja derechos y territorios de interés para el capitalismo rentista, financiero, minero, agroindustrial y narcotraficante, por lo que los pueblos indígenas embera y las comunidades negras del Bajo Atrato advierten que son sospechosas de beneficiarse del terror las empresas de Colombia y las multinacionales que están entrando, escoltadas por la violencia, a sus territorios en la frontera con Panamá y en otras regiones de Colombia. La crisis social, política, económica, ambiental y cultural que sufre la sociedad colombiana se agudizó en el gobierno del Presidente Iván Duque, que ejecuta con perfidia una política de pacificación contraria a los Acuerdos de Paz y de Terminación del Conflicto firmado por el Estado hace cinco años con las FARC-EP, sumado al abandono de la Mesa de Diálogos establecida con el Ejército de Liberación Nacional ELN en La Habana. El control por el ejecutivo de la fiscalía y de los órganos de control del Estado, deteriora más la calidad democrática de Colombia y desmonta el incipiente Estado de Derecho. El cierre por la Corte Penal Internacional de las investigaciones preliminares por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado colombiano, es un golpe a las víctimas y un mensaje erróneo de impunidad para el gobierno y para los terceros responsables, que incluyen gobernantes, agentes del estado y empresarios con su estrategia paramilitar. El presidente Iván Duque se presta para que el gobierno de los Estados Unidos y su aparato industrial y militar, bajo la excusa de combatir el narcotráfico y el terrorismo y esgrimiendo la consigna de la democracia, amenace con intervenir militarmente amenazando la soberanía y la seguridad de países hermanos de Centro América y del Caribe, como Venezuela, Cuba o Haití, y a otros del área Andino-Amazónica, convirtiendo el conflicto colombiano un problema internacional. Tampoco hay cumplimiento en el tema de erradicación voluntaria de los cultivos de uso ilícito, pues el gobierno desechó ese compromiso y optó por la judicialización del campesinado y por las fumigaciones con glifosato y por las erradicaciones forzadas y militarizadas. Las víctimas del conflicto y de la exclusión histórica han sido abandonadas por el gobierno y en muchos casos siguen siendo perseguidas a pesar de que tienen reconocimiento legal y siguen organizadas y movilizadas por sus derechos, especialmente las mujeres víctimas de diversas violencias, por lo que constituye una afrenta para las víctimas de Colombia la condecoración otorgada por el gobierno de España al Presidente Iván Duque en septiembre de este año. No avanza la restitución de tierras paralizada por el poder político-militar del empresariado ganadero, agroindustrial y de las mafias del narcotráfico. La fuerza pública se niega –en zonas como Urabá- a cumplir las órdenes de los jueces de escoltar las comisiones de restitución para asegurar la devolución de las tierras usurpadas con violencia. Se considera necesaria una depuración de la fuerza pública permeada por la corrupción y predispuesta para agredir a la población civil por la doctrina del enemigo interno, que debe ser eliminada. Se incrementó la brutalidad policial y se volvió habitual el uso abusivo y mortal de la fuerza y la represión ilegal de la policía junto a civiles armados de la estrategia paramilitar quienes, arma en mano, dispararon y asesinaron a cerca de noventa jóvenes inermes en las movilizaciones de los últimos meses. Advertimos a los gobiernos de Europa sobre informaciones que dan cuenta de que los grupos narco-paramilitares se habrían instalado también en países de Europa, para amedrentar y atentar contra activistas de los derechos humanos y de la paz y contra las personas refugiadas y exiliadas de Colombia. Tomamos nota de que el ELN ha propuesto, sin respuesta por el gobierno, la humanización del conflicto, el cese bilateral del fuego y de las hostilidades, la bilateralidad del proceso, la simultaneidad de los acuerdos con su cumplimiento, y un diálogo que incluya a la sociedad civil y no solo a las partes enfrentadas con las armas. Señalamos los atrasos del gobierno en el cumplimiento de los acuerdos en materia de género contenidas en el Acuerdo de Paz suscrito con las FARC. Avanza la participación de las mujeres en espacios políticos y en la creación de pequeñas empresas como producto del acuerdo de paz, pero se incrementó el número de mujeres atacadas en la sociedad y en el contexto del conflicto armado interno. Es urgente avanzar en el desminado humanitario y detener la colocación de estos artefactos que están afectando de manera grave, junto al confinamiento, la vida de los pobladores de zonas rurales y de manera especial a los pueblos indígenas, a las comunidades de afros y de campesinos. Colombia sigue siendo el país del mundo con más personas desplazadas y los ataques contra la dirigencia social van en aumento, por lo que es necesario un fortalecimiento de los programas de protección temporal existentes en España y más voluntad de su gobierno a la hora de admitir las demandas de asilo de ciudadanos de Colombia que huyen de la persecución. DECLARAMOS: Tal como lo hicieron los Encuentros por la Paz adelantados en territorio asturiano en los años 2006, 2010, 2016 y 2020, reiteramos desde Llanera en el 2021 que no hay una solución militar para el conflicto social y armado de Colombia. La necesidad de una salida política dialogada y negociada con las disidencias de las FARC, ELN y EPL, que contemple las reformas necesarias para superar las causas estructurales del conflicto, el sometimiento de los grupos paramilitares y la eliminación de esta modalidad de terrorismo estatal y empresarial. Que la paz es un derecho humano y que la paz de Colombia es la paz de Nuestra América, por lo que expresamos la voluntad de acompañar ese anhelo legítimo de millones de personas. Nuestra exigencia al gobierno de Colombia para que cumpla los Acuerdos suscritos por el Estado con las FARC, y para que atienda el llamado del ELN a dialogar, a negociar, a humanizar el conflicto a partir de un cese bilateral del fuego y de las hostilidades con monitoreo internacional. La importancia del Grupo Interparlamentario para la Paz de Colombia creado en octubre del 2021 en Madrid con personas de la dirigencia política de España, y la creación de redes de ayuntamientos y de organizaciones sociales con el mismo propósito. Nuestra preocupación por las advertencias sobre un posible fraude en las elecciones territoriales de marzo y presidenciales de mayo del 2022 mediante la manipulación del sistema de registro de personas y votantes, por lo que llamamos al gobierno español y a la Unión Europea a hacer un monitoreo de las elecciones y una auditoría técnica a los sistemas informáticos de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. Nuestro apoyo a la juventud movilizada en Colombia por educación pública; a los pueblos indígenas y a las comunidades negras en su esfuerzo por proteger la vida y la biodiversidad en sus territorios ancestrales, luchando contra la devastación ambiental y contra la guerra. Nuestro apoyo a las mujeres en su lucha por la igualdad; al campesinado en su anhelo de alcanzar una reforma agraria integral, democrática y masiva; a las víctimas de la exclusión y de la violencia, para que alcancen la equidad y la justicia. El llamado a los países garantes del proceso de paz de Colombia, para que jueguen su papel y presionen su cumplimiento. Nuestra voluntad de seguir acogiendo en España a personas perseguidas en Colombia por defender los derechos humanos, el medio ambiente y la paz, y el compromiso de acompañar a quienes exponen su vida y su integridad por conseguirlas. El compromiso de continuar con las labores propias de la diplomacia ciudadana para mantener vivos en el ámbito español y europeo los anhelos de paz con justicia social del pueblo colombiano. El llamado al gobierno de España y a la Unión Europea para que apoyen la búsqueda de paz negociada para el conflicto social y armado, la suspensión de la venta de armas al gobierno colombiano y la aplicación de las cláusulas de protección de los derechos humanos contenidas en los Tratados de Libre Comercio suscritos con Colombia. En Llanera/Asturias, a 6 de noviembre del 2021
