El año 2018 en Colombia dejó una cifra escandalosa de líderes y defensores de derechos humanos asesinados. El problema es que este 2019 esas cifras se disparan.
Con licencia abierta y blindada para matar.. así titula la Comunidad de Paz de San José Apartadó su penúltima nota de denuncia de la complicidad entre paramilitarismo y fuerza pública para atacar a su Comunidad de Paz.
Y es una frase que retrata este periodo de gobierno de Duque en que los crímenes se recrudecen, y ni da tiempo a contar las Vidas de cada una de estas personas exterminadas.
Compartimos la iniciativa de realizar acciones comunes de protesta ante las masacres, en varias ciudades europeas, y aquí en Xixón..
una más entre miles, de las que se vienen realizando tratando de poner freno al des-bocado genocidio social.
Una Jornada Internacional de Solidaridad contra del homicidio de los líderes sociales y la maldita impunidad que alimenta esos crímenes.
En reclamo por un proceso de paz traicionado por el gobierno, que ha traicionado también a la comunidad mundial y al derecho Internacional, pero que las organizaciones colombianas siguen auspiciando, y nos corresponde acompañar.
Los crímenes de líderes y lideresas sociales, activistas comunitarios, gestores culturales, autoridades indígenas, activistas ambientalistas y de excombatientes , no son hechos aislados, son actos premeditados y planificados: se trata de una operación deliberada que proyecta reventar el proceso de paz.
No solo hace trizas el Acuerdo … sino que además continúan perpetuando el genocidio contra el movimiento social y popular, y pretenden atemorizar a sus protagonistas en los territorios.
Se consolida el dominio terrateniente en amplias zonas agrarias, alienta la implantación de agresivos proyectos extractivistas como el de las carboneras extranjeras que envían su carbón al Musel, o de economías ilegales, y avanza programas políticos reaccionarios.
La actitud del gobierno colombiano ha pasado de la indiferencia a la complicidad mediante decretos y nombramientos que otorgan especiales prebendas a sectores de ganaderos y terratenientes a los que las organizaciones sociales y de Derechos Humanos señalan como responsables de los actos de violencia, de despojo de tierras y persecución a las víctimas.
#ParenYaEl Exterminio
En Xixón 30 de enero, día escolar de la PAZ.
Asamblea Moza d´Asturies, Soldepaz.Pachakuti, Colectivo de refugio Luciano Romero.
Durante los cinco meses de gobierno de IVAN DUQUE han sido asesinadas 29 personas por su liderazgo social, 559 durante los últimos tres años, la mayoría en la absoluta impunidad, más de medio millar de pruebas irrefutables de la falta de garantías para la oposición social y política colombiana.
Las personas asesinadas eran defensoras de derechos humanos, dirigentes de comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, ambientalistas, sindicalistas, activistas de los acuerdos de paz, gentes importantes en las regiones, personas valientes que le ponían la cara a la institucionalidad para reclamar los derechos conculcados.
Cada crimen de estos genera miedo en las comunidades, pretenden eliminar la oposición social a la acumulación de capital mediante el despojo.
Todas eran personas irremplazables en los procesos sociales de sus regiones y siguen cayendo en actos planificados, sistemáticos, impunes, con participación de grupos paramilitares y la connivencia de la policía y del ejército nacional, pues ocurren en zonas militarizadas de los departamentos de Antioquia, Valle, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Cesar y en otras regiones de interés para las multinacionales, los terratenientes y los narcotraficantes, de hecho muchas eran personas que desde su activismo por los derechos humanos reclamaban la restitución de las tierras usurpadas con violencia por los paramilitares.
El gobierno colombiano no garantiza el derecho a la vida de la dirigencia social y niega la sistematicidad de unos ataques que previsiblemente se incrementarán pues este es un año electoral, en las regiones en las que se eligen gobernadores de departamento, alcaldes, concejales y ediles, y en el que los poderes de facto eliminan a los opositores locales.
Esta realidad atroz pone a Colombia con otro record infame: el país del mundo en el que más líderes sociales son asesinados, sin embargo los medios de comunicación son monotemáticos en la difusión de propaganda contra Venezuela, aupando el golpe de Estado de la extrema derecha dirigida por el gobierno de Donald Trump que requiere del caos y de la violencia para dividir e imponer sus intereses en Nuestra América.
La XV Visita asturiana que recorrerá regiones de Colombia desde el 21 de febrero está llamada a verificar este genocidio, a expresar la solidaridad asturiana que este año espera acoger a cinco personas amenazadas de muerte por su compromiso social.
Las organizaciones colombianas agradecemos a la solidaridad internacional el volcarse en la exigencia de garantías, paz y respeto por los Derechos Humanos para Colombia.
Exigimos que paren de ya de matar.
Colectivo de refugio Luciano Romero Molina.(desde Bogotá)
El estado colombiano recibía en 2018 cuatro condenas en la CIDH. Más que ningún otro país.
La instancia del Estado Defensoría del Pueblo estableció que en el 2018 ocurrieron 172 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 158 eran hombres y 14 mujeres.
Según la Defensoría en el año 2018 cayeron por acción de las balas un líder social cada 48 horas.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo convocará, para el próximo 21 de febrero en Bogotá, una Audiencia Defensorial en la que se hará la actualización de los escenarios de riesgo que enfrentan estos activistas y se revisará la respuesta del Estado y el Gobierno en la protección de la vida de los líderes sociales, así como en el cumplimiento de las acciones preventivas para detener la violencia de la que son víctimas desde hace varios años.
El objetivo es impulsar, de manera determinante, la protección de los derechos de quienes representan a las comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
“Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado. Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades; y esto viene sucediendo desde el mes de marzo del 2017. Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los DD. HH.: eso es lo que ha sucedido”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera.
Al consolidar los casos de 2018, la Entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.
Pero los datos de 2019 son todavía más horribles..
El relator de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst ha dicho que ser defensor de ddhh en Colombia es un alto riesgo. «Esta violencia no es aleatoria. He llegado a la conclusión de que estos incidentes no son actos aislados. Son ataques orquestados contra quienes intentan incorporar el ideal de la Declaración Universal de Derechos Humanos para llegar a un mundo libre de miedo y miseria.»
El Informe #BastaDeAsesinatos de Front Line Defenders establece que la eliminación selectiva de defensores/as de derechos humanos pacíficos/as se ha convertido en una epidemia, y que el número de asesinatos se está disparando, la corrupción económica y la colusión entre el Estado y las empresas han dado lugar a un sistema político diseñado para mantener a las élites en la cima y acallar a aquellas personas que han sido privadas de sus derechos.
FLD reitera que entre los obstáculos a la consolidación de la paz verdadera y la protección de los derechos humanos, están: el incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del propio estado, la negación de la clase política tradicional a participar en ningún proceso de reforma política, el extractivismo a ultranza de los bienes naturales a pesar de la oposición local y del impacto en el cambio climático, la corrupción de las élites políticas y económicas del país y una cultura del odio exacerbada por sectores de extrema derecha, que está llevando al país a una polarización social de difícil retorno.
Según INDEPAZ la tasa de homicidios registrada en 2018 es de un crimen cada 35 horas, y cuantifica en 566 líderes sociales y Defensores de Derechos Humanos que han sido asesinados desde el 1 de enero de 2016 – al 10 de enero de 2019.
.. una ofensiva criminal de exterminio y terror ha sido lanzada contra el movimiento democrático y popular con el objetivo de borrar del mapa el liderazgo de base que se ha formado a lo largo de décadas de lucha y resistencia…tienen la orden de acelerar el gatillo, a pesar de las declaraciones de preocupación de la ONU y la comunidad internacional..
La estrategia de exterminio de líderes sociales en las regiones tiene también como objetivo eliminar la posibilidad de ganar los gobiernos locales, municipales y regionales en la contienda electoral del 2019.
Ante la ofensiva de terror y exterminio del movimiento y su liderazgo de base, nos queda la denuncia, la movilización y la resistencia. La defensa de los DDHH. La exigencia a las instituciones que hagan cumplir compromisos y programas y leyes y Declaraciones universales y asturianas que permitan PROTEGER a las personas defensoras, entre ellos el veterano PAV-DDHH, que ya prepara en breve la que será su XVª misión de verificación al estado de los ddhh en Colombia.
Las Queremos con Vida. Los Queremos Vivos.
