XIII delegación asturiana de verificación a los DDHH en Colombia
En audio intervención de Mario Suarez a nombre de la delegación astur-13.
El Informe de la XIII Delegación Asturiana de verificación de Derechos Humanos en Colombia responde a una continuidad y fortaleza social del llamado Programa de DDHH que en Asturias ha propiciado la protección temporal de 109 defensoras/es de ddhh amenazados en su integridad, y que han estado en viviendas del ayto en que soy concejal..
Durante once días, la Delegación Asturiana recorrió las regiones del Cauca y Valle, del Sur de Bolívar y Centro y Sur del Cesar, de Tolima, de Córdoba, de Sucre y Cartagena. Tuvimos ocasión de escuchar a las comunidades, organizaciones sociales y de víctimas; a campesinos y pescadores; a prisioneros de guerra en la cárcel Picaleña de Ibagué y visitar las Zonas Veredales de Transición de guerrilleros-as de las FARC en La Elvira (Buenos Aires/Cauca) y La Fila (Icononzo-Tolima), recabando la versión de esta guerrilla, en aquel momento todavía no del todo desarmada, sobre el grado de cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
La delegación mantuvo reuniones y contrastó informaciones con autoridades civiles y militares en Bogotá y con las misiones diplomáticas de la ONU, la Unión Europea y España.
Realizó varias comparecencias ante los medios, antes, durante y después de la misión, y expresó algunas de las preocupaciones más sensibles, en torno a la consecución de la paz y el respeto hasta ahora no alcanzado a los derechos elementales.
-alertamos como delegación de los atrasos y graves insuficiencias que se constataron en la visita a las Zonas Veredales de la Fila y La Elvira, que se unen a los testimonios recibidos de la de Gallo (Tierralta/Córdoba) y Planadas (Tolima). Los incumplimientos en materia de infraestructura (de las Zonas y Puntos Transitorios de Normalización), y en la Ley de Amnistía e Indultos para guerrilleras/os. La preocupación por los obstáculos que ponían los jueces de ejecución de penas para cumplir con las excarcelaciones pactadas. Nos preocupó el intento de dificultar el acceso a las Zonas Veredales para aislar a las guerrilla y para evitar el acceso de la población estas zonas transitorias. De hecho, nuestra Delegación sufrió esta actitud del Gobierno al ser retenida durante tres horas cuando intentaba acceder a La Elvira por orden del Alto Comisionado para la Paz. Sergio Jaramillo. Lo mismo les ocurrió a los estudiantes del Pacto Juvenil para la Paz, en La Fila, obligados por la Policía a regresar a Icononzo. Alarmó a la Delegación las condiciones infrahumanas de las Zonas Veredales visitadas, que afectaban de manera especial a las personas de las FARC que estaban enfermas, a las mujeres embarazadas y a los bebés nacidos en los últimos meses. No se estaba dando participación a las regiones en el proceso de abastecimiento de la Zonas Veredales, y se escuchó la denuncia de corrupción en la adjudicación de las obras a empresas no especializadas en construcción. La prioridad del gobierno parecía ser sólo la entrega de armas. Estas circunstancias se consideraron un serio peligro para la siguiente fase de lo pactado ya que generaban escepticismo sobre la intención del gobierno frente a los plazos y contenidos acordados con las FARC.
-La Delegación asturiana expresó temor por el avance de grupos paramilitares en las zonas que dejaban libres las FARC, a pesar de que el Ministro de Defensa negara su existencia. Se recibieron informaciones sobre su presencia en todos los territorios visitados. La existencia de grupos paramilitares es producto de la falta de voluntad de sectores de la fuerza pública y del Gobierno para desmantelarlos, lo que pone en peligro las aspiraciones de paz. Las informaciones que recibió nuestra Delegación dan cuenta de que los grupos paramilitares ya coparon los territorios dejados por las FARC en Balboa (Cauca) y en Ituango (Antioquia), departamentos en los que las llamadas Aguilas Negras adelantaban campañas de reclutamiento de menores; había constancia de paramilitares en Puente Cauca que atracaban y amenazaban a menos de 200 metros de un puesto del ejército; las llamadas Autodefensas Gaitanistas estaban desplazando con violencia al pueblo indígena Wounan de Santa Rosa Guayacán-río San Juan; los paramilitares llamados La Constructora son tolerados por el Ejército en San Miguel (Putumayo); había paramilitares encapuchados y armados, imponiendo toque de queda a campesinos e indìgenas en la vereda El Pedregal (Caloto-Cauca), cerca de una Zona Veredal de las FARC y el Ejército no actuaba; había paramilitares en el Sur de Bolívar, en Buena Vista donde estaban haciendo reclutamiento forzado, extorsionando, amenazando; también recibimos informaciones de presencia paramilitar en el Centro y Sur del Cesar donde habrían penetrado a las instituciones, y en los conflictos por tierras y en algunas plantaciones de palma aceitera, así como en los sitios de los proyectados puertos multimodales sobre el río Magdalena y en el entorno de las mineras del carbón. Había denuncias de la presencia paramilitar en el departamento de Córdoba con extorsión a maestros de escuela y amenazas a la dirigencia social. Se señaló presencia de paramilitares alrededor de Punto de Concentración de las FARC en Gallo (Tierralta-Córdoba). Las organizaciones sociales denunciaron que donde quiera que hay empresas multinacionales operan los grupos paramilitares como elemento de protección; en la vereda Sispataca, municipio de San Benito Abad (Sucre), los paramilitares con la complicidad del Ejército amenazaron a los pescadores y a los campesinos para despojarlos de las tierras desecadas, con la pasividad de la Fiscalía del departamento de Sucre. Es la misma situación que se repite en las ciénagas de los ríos San Jorge, Sinú y Magdalena, donde el paramilitarismo actúa como brazo de terror de los ganaderos y narcotraficantes para acaparar terrenos de la nación que no defiende su propiedad sino ante los campesinos, como ocurre en las tierras de Madrevieja y en el Cedral, San Benito Abad. Los paramilitares operaron con libertad en la zona de La Mojana-Sucre, en Guaranda, en todo el río San Jorge convertidas en centros de reclutamiento de menores, de abastecimiento y en ruta de narcotraficantes; en los alrededores de la finca La Alemania (Sucre) reclamada en restitución por los campesinos, se señaló presencia paramilitar. También recibimos denuncias de redes urbanas paramilitares en barrios de Cartagena, Barranquilla y Santa Martha, y como muy grave el cerco paramilitar permitido por el gobierno y la fuerza pública a las zonas humanitarias de San José de Apartadó, y en el Cacarica, lugar en el que el 16 de febrero incursionaron con extrema violencia en los asentamientos Zona Humanitaria-Nueva Esperanza en Dios, a pesar de que el ejército está encargado de la protección perimetral.
-Constatamos que La paz en Colombia sigue siendo una aspiración, no es una realidad en muchas regiones. La Delegación pudo constatar que los crímenes contra la dirigencia social tienen el carácter de sistemáticos, y se orientan a destruir las organizaciones sociales que exigen paz con justicia social, a desestimular mediante el terror la exigencia de restitución de las tierras usurpadas, a acelerar el proceso de apropiación de las tierras baldías en las ciénagas de los ríos Magdalena, San Jorge y Sinú, a acallar a quienes se manifiestan contra los grandes proyectos minero-energéticos, a silenciar los reclamos de las comunidades campesinas y negras, de los pueblos indígenas y de las comunidades LGBTI.
-Preocupó a la delegación el testimonio sobre el cierre de vías y el uso de paramilitares por algunas empresas de palma aceitera que extienden sus dominios con violencia sobre tierras de titularidad pública y comunal, entre ellas Indupalma.
– En Cajamarca/Tolima las comunidades expresaron su rechazo a los convenios confidenciales entre la empresa sudafricana Anglo Gold Ashanti y el Ejército colombiano por valor de más de $20.000 millones. Se desconocía el contenido de los convenios (sobre el que recabamos directamente al viceministro de defensa) y se denunciaba que, de facto, supedita a la fuerza pública a los intereses de la empresa foránea en contra de los pobladores que expresan su oposición a la mina.(cosa que el viceministro avaló justificando en el aumento de la coordinación para asegurar sectores económicos estratégicos que generarían empleo y progreso.)
-Se constató en el informe de los sindicatos un gran deterioro de los derechos laborales, lo que se suma a la persistencia de violaciones de los Derechos Humanos (15.000 reportadas por la Escuela Nacional Sindical), a las nuevas leyes de seguridad ciudadana y al nuevo Código de Policía, al parecer pensadas para reprimir la legítima movilización ciudadana. Existe un alto grado de sub-contratación laboral para evadir obligaciones patronales, algo que repercute en salarios de hambre y en la negación patronal de las prestaciones sociales. Esto contrasta con las promesas gubernamentales en el seno de OIT de mejorar esas condiciones de la clase trabajadora. Buen ejemplo de lo anterior es un Informe del 2011, avalado por varias Embajadas europeas, cuyas conclusiones indican la persistencia de la violencia antisindical, en un 99% impune.
-La Delegación Asturiana mostró su admiración y respeto a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas y afrodescendientes, de mujeres, y de derechos humanos y de los sectores populares de Colombia, sometidas a una persecución sistemática, impune. Su esfuerzo y su valor son una base firme para la construcción de paz y justicia social.
-La Delegación Asturiana con base en las 13 visitas realizadas y en el acumulado de relaciones solidarias construidas desde el Programa Asturiano de Derechos Humanos de acogida temporal defensores/as perseguidas, solicitó al gobierno colombiano que ofrezca garantías y proteja de manera efectiva a los líderes sociales y a quienes defienden los Derechos Humanos, sin los cuales no será posible la democracia plena ni la creación de vías de diálogo para atender las demandas legítimas expresadas en el conflicto social, económico y político.
-El Informe completo fue trasladado a las agencias de la ONU, a la Delegación de la Unión Europea , y se establece la recomendación de la necesidad de priorizar durante el llamado posconflicto el apoyo a los planes de desarrollo social y económico de las comunidades, contando siempre con su participación directa y evitando que dichos recursos sean manejados por la misma casta que implementó la violencia y que comienza a robarse los recursos destinados a impulsar la paz.
-La misión instó al gobierno colombiano a atender las demandas del movimiento sindical, las demandas de tierras del campesinado, a impulsar las Zonas de Reserva Campesina, a atender las demandas territoriales de las comunidades negras y los pueblos indígenas, a proteger sus territorios y a hacer efectiva la consulta previa, libre, informada y consciente, así como hacer cumplir la normativa internacional sobre derechos de los pueblos, que incluye la justicia propia y el fortalecimiento de la Guardia Indígena.
También se trasladó al gobierno la conveniencia de liberar en los términos acordados a los presos políticos y de guerra.
La 13 Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia ha estado integrada por:
Tania González Peñas. Eurodiputada .
Javier Couso Permuy. Eurodiputado
Mario José Suárez del Fueyo. Concejal del Ayuntamiento de Gijón/Asturias. Secretario General de Podemos en Xixón.
Celestina Intriago Fernández. Presidenta de la Coordinadora de ONGs. de Asturias.
Carmen Alonso Villaseñor. Vicepresidenta de Ingeniería Sin Fronteras Asturias
Jesús de la Roza Braga. Representante de la Confederación Intersindical de España.
Ana María Andrés Ablanedo. Coordinadora de la Asociación de Cooperación, Solidaridad y Derechos Humanos Soldepaz Pachakuti.
Daniel Busto Gutiérrez. Delegado de la Corriente Sindical de Izquierda.
Javier Arjona Muñoz. Asociación de Cooperación, Solidaridad y Derechos Humanos Soldepaz Pachakuti
Carlos María Meana Suárez. Abogado laboralista.
Javier Orozco Peñaranda. Coordinador del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia. Coordinador Técnico de la XIII Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia.
Jairo Vargas Martín. Periodista del diario digital Público.
Y en sus recorridos por los territorios estuvo acompañada por organizaciones del llamado comité de selección, que de común acuerdo determinan las personas que llegarán a Asturias a protección temporal. (CPDH, FCSPP, Andas, CUT, CNA, CAJAR, ONIC, Fensuagro, MOVICE).
En los próximos días, del 2 de marzo al 17, la decimocuarta delegación asturiana estará de nuevo en terreno, a petición expresa de las organizaciones mencionadas.
