COMISIÓN ASTURIANA DE OBSERVACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS
Del 30 de julio al 6 de agosto de 2009
PRIMERAS CONCLUSIONES (TERCER BORRADOR 10-08-09)
Honduras es un estado prioritario para la cooperación y la solidaridad que se realiza desde Asturies, que ha destinado en los últimos cinco años más de 4 millones de euros.
Ante las graves denuncias de violaciones de los derechos humanos ocurridas en Honduras durante y después del golpe de estado del 28 de junio, ante los constantes llamamientos de la sociedad civil hondureña a la presencia de misiones internacionales de observación en la zona, ante la grave preocupación por la situación en la que se encuentran los asturianos y asturianas desplazadas y ante el desconocimiento de la situación real, actual y futura, de los proyectos de cooperación financiados desde Asturies, se decidió constituir una Comisión Asturiana de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras que visitara el país del 30 de julio al 6 de agosto de 2009 y conociera sobre el terreno la realidad.
La Comisión Asturiana de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras tiene un doble componente, con representantes de instituciones y de ONGD y movimientos sociales.
Está compuesta por:
- Rafael Palacios, Director de la Axencia Asturiana de Cooperación al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturias.
- Javier Cortina, Asesor de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Xixón/Gijón.
- Javier Arjona, de la ONGD “Soldepaz Pachakuti” y en representación de la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias.
- Belarmino García, de la ONGD “OSPAAAL”.
El 28 de junio del 2009, se produjo un golpe militar en Honduras, condenado por casi la totalidad de los países del mundo, así como por la Organización de Estados Americanos, la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos internacionales.
En este asalto a la razón y en el uso de la fuerza de las armas, se han articulado el poder militar, la jerarquía católica y evangélica, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el poder jurídico, económico y político y el poder manipulador mediático, en alianza con sectores militares, económicos e internacionales. Sin embargo el movimiento social, las organizaciones de mujeres, las organizaciones pobladoras, indígenas, garífunas, los grupos étnicos, la comunidad LGTB, campesinos y campesinas, obreros y obreras, estudiantes y diferentes sectores de la sociedad civil, junto con escritores y escritoras, periodistas, sacerdotes, monjas y pastores han alzado sus protestas en contra de este golpe de manera pacífica y organizada como Frente Nacional de Resistencia al Golpe Militar.
Presentamos las Primeras Conclusiones de lo que será un Informe completo de las observaciones, constataciones y recogida de denuncias que la Comisión Asturiana realizó durante su estancia en Honduras.
Agradecemos sinceramente la disposición, compromiso y colaboración, en momentos tan duros y difíciles, de personas, movimientos y organizaciones hondureñas.
Como preámbulo, la Comisión Asturiana de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras, quiere expresar con rotundidad su temor ante la posibilidad de que este golpe de estado pueda desencadenar acciones similares de ejércitos y poderes económicos en otros estados del continente. En Honduras podría estar en juego una parte del futuro de los procesos participativos y democráticos logrados en los últimos años en América Latina, así como el de los avances en la lucha por la justicia social y contra las causas del empobrecimiento y las desigualdades.
La Comisión Asturiana de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras expresa su solidaridad y acompañamiento con la lucha y la resistencia del pueblo hondureño ante el golpe de estado.
Primeras Conclusiones de la Comisión Asturiana de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras en base a las constataciones, testimonios y denuncias recogidas:
1. Organizaciones y personas denunciaron a esta Comisión la grave situación de empobrecimiento e injusticia social en la que vive históricamente la mayoría del pueblo hondureño y la cooptación del poder y las instituciones por una oligarquía, que se enfrenta históricamente de forma violenta a cada proceso de reforma democrática, por muy pequeño que sea, comportándose como si Honduras fuese su finca privada. Según datos de la Comisión Económica para América Latina, el 80% de los 7´5 millones de habitantes que tiene Honduras están en la pobreza y el 40% viven en la indigencia y la pobreza extrema, con menos de 1 dólar al día. Si el 51% de la población hondureña es menor de 18 años, se puede deducir que la mayoría de los niños y niñas viven en la indigencia, siendo explotados sexual y laboralmente, según informes de la OIT, y no pasando de cuarto grado de primaria en su nivel de estudios.
2. Desde distintos ámbitos sociales y políticos se denuncia que el golpe de estado y la soberbia y autismo con el que se expresa, se mantienen por el apoyo de la oligarquía y la extrema derecha hondureña, el respaldo de sectores militares y económicos de los EEUU, por la complicidad con el crimen organizado y el narcotráfico, por la complicidad de las instituciones y por la cobertura ideológica de medios de comunicación y jerarquías de las iglesias católica y evangélica.
El golpe de estado en Honduras se inicia con la detención violenta, con excesivo uso de la fuerza, seguida del secuestro y expulsión del país del Presidente, Manuel Zelaya Rosales, hechos realizados por miembros de las Fuerzas Armadas a petición de Roberto Micheletti, presidente golpista de facto (véase fotocopia de oficio con fecha 26 de junio de 2009), y de dueños de los partidos Liberal y Nacional. Para tan repudiable acto, se interpusieron varios Recursos de Amparo a favor del Presidente Manuel Zelaya Rosales, sin obtener resultado positivo. Ese mismo día, la Canciller de la República, Patricia Rodas, se encontraba en su casa acompañada de su esposo Rodolfo González y de los Embajadores de las Repúblicas de Nicaragua, Venezuela y Cuba, cuando personas con el rostro cubierto, fuertemente armados, vistiendo uniforme militar, irrumpieron en su hogar, sometiendo a su marido a base de golpes y patadas, forcejeando con los Embajadores, violentando con ello la inmunidad diplomática de la que gozan, y llevándosela con rumbo desconocido, razón por la cual se interpusieron a su favor varios Recursos de Habeas Corpus, sin resultado alguno.
Se produjo la militarización de varias instituciones, entidades públicas y medios de comunicación del país, y la reactivación y colocación en puestos públicos de miembros del escuadrón de la muerte conocido como 3-16, responsables de la violencia y las desapariciones forzadas que vivió Honduras en la década de los años 80. Consecuencia de lo cual se han cometido graves violaciones de los principios fundamentales contemplados en la Carta Magna de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Desde el primer día, los responsables del golpe de estado vulneraron a la población el derecho a la información, interrumpiendo el fluido eléctrico y ocupando el ejército las instalaciones y torres de emisión de diferentes medios de comunicación. La línea internacional de Hondutel, fue inhabilitada. El 29 de junio, la Empresa Estatal de Comunicaciones fue militarizada y sus empleados desalojados. La Empresa de Energía Eléctrica, se militarizó desde el 29 de junio a las cinco de la mañana y tres empleados fueron capturados. La Casa de Gobierno, fue uno de los primeros lugares en ser tomado por el Ejército, desde el día 28, le siguieron el Congreso Nacional, el Ministerio Público, la Armería, la Corte Suprema de Justicia y la ENEE.
3. Se expresó en la mayoría de los testimonios recogidos, que hay una grave situación de polarización en la sociedad hondureña, que se expresaba antes del golpe de estado del 28 de junio de 2009 y que en estos momentos se agudiza en todos los ámbitos: en las familias, en las calles, en los lugares de trabajo,… Esa polarización estaría alentada por campañas de manipulación desde los medios de comunicación acusados de apoyar el golpe de estado.
4. Muchos testimonios señalan que se ha dado un renacer de los movimientos sociales y un proceso de unidad popular como nunca se vivió en Honduras, como respuesta al golpe de estado. Se está dando un ejemplo de lucha pacífica frente a la barbarie y la represión, desde todos los sectores del pueblo hondureño.
5. Denuncias recogidas y acontecimientos recientes señalan que, el golpe de estado en Honduras, tendría la aprobación de la Embajada de los EEUU y se señala que el Embajador de los EEUU en Honduras, sería uno de los organizadores. Se acusa a los EEUU de tener una doble cara ante el golpe de estado y se denuncia el fortalecimiento de la presencia militar de los EEUU en Honduras. Y además, se exige que los EEUU, por su influencia en la oligarquía hondureña, tome medidas más concretas y efectivas contra el golpe de estado.
6. Desde distintos ámbitos de la sociedad hondureña se señala con contundencia al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Doctor Ramón Custodio, como responsable de mantener una actitud vergonzosa y justificativa del golpe de estado y de la represión. Se denuncia una situación de grave indefensión en la que se encuentran los defensores y defensoras de los derechos humanos, ante la complicidad del Comisionado con el golpe de estado. Se señala que es impensable un acuerdo para superar la situación actual que esté basado en la impunidad. Muchos sectores entrevistados exigen la creación de una Comisión de la Verdad.
7. Se denuncian graves, sistemáticas y permanentes violaciones de los derechos humanos, la utilización de mecanismos de represión, violentos y brutales, contra la población civil, y la participación de civiles armados y organizados, en las represiones. Se denuncia la activación de grupos paramilitares, con el apoyo de la oligarquía ganadera y cafetalera. Se considera imposible la defensa de los derechos humanos con garantías, ante la gravísima situación de violencia y colapso institucional, no existiendo garantías de un estado de derecho.
8. Se recogieron pruebas documentales y gráficas de la presencia de policías y militares de civil, infiltrados en las movilizaciones populares con el objetivo de, provocar actos violentos que justifiquen la posterior represión y realizar un seguimiento a los líderes y participantes en ellas. Se recogieron denuncias que señalan que oficiales del ejército y la policía recibieron fuertes cantidades de dinero por sumarse al golpe.
9. Se denuncia que se están utilizando tomas de televisión, entrevistas y fotografías de prensa para identificar a las personas participantes en las movilizaciones de resistencia y protesta al golpe y después reprimirlas, detenerlas o asesinarlas.
10. Se denuncia que las personas que están participando en los procesos de movilización y protestas contra el golpe de estado, están siendo amenazadas y perseguidas.
11. Se denuncia que en un estado como Honduras, donde pesa mucho el discurso religioso, las jerarquías de las iglesias católica y evangélica son parte del proceso de legitimación del golpe de estado y juegan el terrible papel de desmovilización popular. Se denuncia que las jerarquías de las iglesias católica y evangélica están al servicio del golpe de estado.
12. Se señaló que los golpistas pretenden agotar a los movimientos por desgaste y que este desgaste lleve a una respuesta violenta que justifique la utilización de la fuerza. Se recogieron denuncias en las que se dice que, los artefactos que explotaron en algunas instituciones, fueron colocados con el objetivo de justificar la represión e intentar, burdamente, implicar, descalificar o culpar a Venezuela, Nicaragua y El Salvador.
13. Se argumentó que hay una manifestación de la represión que es más efectiva que la violencia física, es el terrorismo mediático, fabricante de miedo. Se acusa a determinados medios de comunicación de crear cortinas de humo para esconder la realidad de golpe de estado. Se denuncia que, los medios de comunicación que se opusieron al golpe de estado, fueron ocupados por el ejército, militarizados y amenazados o detenidos sus profesionales, como es el caso de Radio Progreso, Canal 36, los programas formativos de las Organizaciones de Mujeres y otros… Además se produjo la expulsión de periodistas internacionales, en algunos casos detenidos o reprimidos.
El 4 de agosto se conoció una grave amenaza de cierre contra la cadena de radio nacional “Radio Globo”.
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN – GABRIEL FINO NORIEGA. El periodista Gabriel Fino Noriega fue asesinado, en el momento en que abordaba su motocicleta, de siete impactos de bala por dos hombres que se bajaron de un carro negro, la tarde del pasado 3 de julio, cuando salía de un noticiero informativo de Radio Estelar, en la Comunidad de San Juan Pueblo, en el Departamento de Atlántida, en el Litoral Atlántico de Honduras. Esta muerte se produce en el marco del golpe de estado, ya que Gabriel Fino Noriega estaba divulgando información sobre la consulta popular que se promovía desde la Casa Presidencial y en los últimos días sobre las marchas y movilizaciones en contra del golpe de estado y de los que apoyan a los golpistas. En sus espacios informativos, daba a conocer datos sobre masacres contra personas que se han producido en el Litoral Atlántico de Honduras. Hace cuatro meses, el periodista asesinado, había recibido amenazas de muerte donde desconocidos le manifestaban que no siguiera hablando de estos temas. Fino Noriega era corresponsal de Radio Ceiba, Radio El Patio, Radio América y Tele Ceiba y tenía programas propios en Radio Estelar, Cablevisión del Atlántico y Radio San Juan. – ROMMEL ALEXANDER GÓMEZ MEJÍA. Periodista de Radio Progreso, de 25 años de edad, fue detenido durante treinta minutos en el centro de San Pedro Sula por elementos del Ejército, quienes lo despojaron de su equipo periodístico y sus documentos personales. Lo empujaron y lo arrojaron al suelo, donde lo tuvieron boca abajo. En el momento de su detención le ordenaron “date vuelta, no mirés”. Su tarjeta de identidad fue fotografiada, así como su rostro, antes de liberarlo.  – JORGE ORLANDO ANDERSON. El periodista Jorge Orlando Anderson del canal de televisión La Cumbre, en Bonito Oriental, Departamento de Colón, tiene desde hace 5 años un programa de nombre “Opinión del Pueblo”, el cual transmite todos los días a las 8:00 horas de la noche. El miércoles 01 de julio, entre 8:00 y 11:00 horas de la mañana, fue sujeto de hostigamiento y persecución por militares de la Base Naval de Castilla, mientras cubría una manifestación en contra del golpe de estado, que se desarrollaba frente a la Municipalidad.Cuando lo perseguían, le manifestaban tener una orden de captura en su contra, por lo que se vio obligado a abandonar Bonito Oriental. Hasta el día 7 de julio, el canal de televisión permaneció cerrado y se desconoce si ha sido decomisado el equipo. – NAHÚM PALACIOS. El día 28 de junio de 2009, elementos de la Base Naval de Puerto Castilla, al mando de tres coroneles, se personaron en la Televisión del Aguán, Canal 5, Tocoa, en donde amenazaron al periodista Nahúm Palacios, y le decomisaron el equipo del estudio. El operativo fue comandado por el Capitán Tercero, quien ordenó la detención de cuatro trabajadores que laboran en los programas Tele-Cinco y Meridiano Informativo, Johny Nahín Palacios, Dariel Hernández, Ángel Nolasco y Elmer. Posteriormente, el 29 de junio, a las 6:40 horas de la mañana, este mismo comando de la Base Naval, al mando del Capitán Tercero allanó su vivienda y le ordenó que solo podía emitir noticias favorables al gobierno golpista. Durante el operativo militar, fueron maltratados físicamente cuatro hijos del periodista. Nahún Palacios fue detenido y acusado de llamar al desorden y a la insurrección, permaneciendo en la posta policial durante una hora. Fue liberado por la intervención de la juez Suyapa Baca que nombró un defensor público. Durante la detención, el Capitán Tercero lo maltrató verbalmente y le decía que no tenía derechos constitucionales. Ese mismo día, allanaron la casa de la propietaria del canal, la Señora Elia Suyapa Trejo, quien fue agredida verbalmente, al mismo tiempo que golpeaban los muebles para intimidarla y registraban los gaveteros. – CARLOS LARA. El periodista Carlos Augusto Lara, de 40 años de edad, tiene un programa de televisión en circuito cerrado llamado “Telenoticias”, en la ciudad de Tocoa, Colón. Lleva 17 años trabajando en los medios.  Los militares llegaron a buscarlo al canal, el lunes 29 de junio, entre las 3:00 y las 4:00 horas de la tarde. Ingresaron de forma violenta en las instalaciones del canal televisivo a preguntar por Carlos Augusto Lara. Los militares, ordenaron cerrar el canal de televisión. Este operativo fue realizado por miembros de la Base Naval. El martes 30 de junio, les llamó un intermediario del ejército para invitarlo a almorzar, a lo cual no accedió el Señor Lara. Le manifestaron que les darían un salvoconducto a los periodistas, para que circularan sin ningún problema, durante el toque de queda.En una reunión que se realizó en presencia del Coordinador de Fiscales, Abercio Videz, del Subcomandante de la Policía, Kenet Obdulio Sabillón Flores, del Comandante del Décimo Quinto, de un miembro del Ejército de apellido Melgar, Del Teniente Coronel de la Base Naval, con una actitud prepotente, soberbia, irrespetuosa y agresiva, se les ordenó a todos los medios de comunicación no informar sobre las protestas contra el golpe de estado, y se les pidió apoyar el gobierno del Sr. Micheletti, porque estaba trabajando por la paz. Fuentes anónimas informaron al Señor Lara que lo querían capturar para torturarlo y liquidarlo. El lunes 06 de julio, el Coordinador de Fiscales le llamó para decirle que lo tenía en lista para capturarlo. En la misma circunstancia que él, se encuentra un camarógrafo de su programa, al igual que dos periodistas de la zona. Ocho periodistas de Tocoa son hostigados, perseguidos y amenazados por la vía telefónica. El Señor Lara, pretendía reabrir su programa el lunes 13 de julio. Este cierre le ha causado grandes pérdidas económicas, por la imposibilidad de cumplir los contratos de publicidad. – WILFREDO PAZ. El periodista de Tocoa, Wilfredo Paz, tiene un programa televisivo de noticias llamado “CENTRO DE NOTICIAS DE COLÓN (CNC)”, el cual ha tenido que permanecer cerrado desde el primer día del golpe de Estado, hasta el viernes 10 de julio. CNC se trasmite de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Wilfredo Paz recibió de forma anónima la amenaza de que si abría el programa de noticias, le quemarían sus aparatos. El Comandante de la Base Naval, de apellido Tercero, el Comandante del 15 Batallón de Infantería y el Señor Juan Gómez, del Partido Nacional, ordenaron a los directivos del sistema de cable que cortaran la señal de transmisión por orden del “nuevo gobierno”. Wilfredo Paz, ha sido objeto de constantes amenazas a muerte. – CAMARÓGRAFO DE TELENOTICIAS. Camarógrafo de Tocoa, del programa “Telenoticias” que dirige el periodista Carlos Lara. – RIGOBERTO MENDOZA. El periodista de Tocoa, Rigoberto Mendoza, recibe amenazas por no aceptar las órdenes de censurar las noticias que informan de las movilizaciones de las personas contrarias al golpe de estado, que en reunión convocada por autoridades militares, policiales y del Ministerio Público, les fue dada a los periodistas y medios de comunicación de Tocoa, Colón. Las amenazas las recibe mediante llamadas telefónicas a su celular y al canal de televisión, en donde le manifiestan que su actuación le traerá graves consecuencias.  – CÉSAR SILVA. El domingo 28 de junio de 2009, el periodista César Silva que trabajaba para “Canal 8”, se encontraba en el Municipio de Guaymaca, Departamento de Francisco Morazán, cubriendo el desarrollo de la consulta que el Poder Ejecutivo realizaría ese día. A las seis de la mañana, al enterarse del golpe de estado, solicitó espacios en las radioemisoras locales para denunciarlo y alertar a la población. Ante la negativa de los medios de comunicación a informar a la población, optó por colocar altavoces en su vehículo, con el cual recorrió la ciudad para informar sobre el acontecimiento. A las 7:00 horas de la mañana, fue detenido por el Comisario de Policía Mendoza, bajo la acusación de “hablar papadas” y fue trasladado a la Posta policial, manteniéndolo incomunicado durante dos horas. Fue liberado por intervención de sus hermanas y de la población, que se aglomeró en inmediaciones del Cuartel de la Policía. El Comisario Mendoza, le advirtió que de inmediato debía abandonar Guaymaca, o de lo contrario lo volvería a detener. El periodista Silva no abandonó el Municipio, por el contrario se unió a la población que protestaba en el parque central de la comunidad. A las 13:00 horas, la policía se presentó en el parque a desalojar violentamente a la población que se manifestaba en contra del golpe de estado. César Silva, fue golpeado en la espalda y un agente cargó y apuntó el arma enfrente suyo.– JOHNY LAGOS. En los últimos días, se ha intensificado la persecución y vigilancia contra el periodista Jhony Lagos, Director del periódico “El Libertador”. Policías en motocicleta vigilan su oficina, acompañados de hombres vestidos de civil, que mantienen a cierta distancia un bus cerrado, sin ventanas en sus laterales traseros y con vidrios polarizados en la parte frontal. Jhony Lagos, sufre intimidación judicial y persecución desde que en la edición del periódico “El Libertador”, de la primera quincena de junio, en el número 56, del año 6, publicará el artículo titulado “Reacción del Pueblo Intimida a los Poderosos”. En la primera página, estaba ilustrada con la fotografía de Rafael Ferrari, Ricardo Maduro, Jorge Canahuatti y Carlos Flores, todos ellos dueños de grandes medios de comunicación y señalados como los responsables de impulsar una guerra mediática en contra del Presidente Zelaya . – SANDRA MARIBEL SÁNCHEZ. La periodista, Sandra Maribel Sánchez, ha sido objeto de hostigamiento y amenazas, desde el 28 de junio, por parte de un Coronel del Ejército de Honduras, cuando fue requerida para que dejara de informar respecto del golpe de estado. El Oficial del Ejército, llamó por vía telefónica a la periodista Sánchez, manifestándole que si no dejaba de referirse a ese tema como “golpe de estado”, “la sacarían del aire”.  – RADIO JUTICALPA. “Radio Juticalpa” en Juticalpa, Olancho. Su propietaria, Martha Elena Rubí, denuncia que en la madrugada del domingo 26 de junio de 2009, desconocidos, hicieron 5 disparos de M-16 (hay tres casquillos de prueba) contra las instalaciones de la radioemisora. Los disparos atravesaron la puerta principal metálica alojándose, tres en la cabina de locución y dos en la cabina del operador, rompiendo los cristales de las cabinas. En horas de la mañana, la energía eléctrica fue cortada abruptamente, pero al contar la radio con una planta eléctrica de emergencia, pudo iniciar su programación informando a la población sobre el golpe de estado que se había producido a primeras horas y haciendo llamamientos a la población para que estuviera atenta a las informaciones. A las 10:00 horas de la mañana, un contingente militar al mando de dos oficiales ocupó la Radio. Los oficiales, obligaron a la propietaria a clausurar la programación y cerrar la emisora, dejándola militarizada hasta las 7:00 horas de la noche. Los oficiales a cargo del operativo, no quisieron dar su nombre a la Señora Rubí, cuando ésta comunicaba a la audiencia de la radio lo que estaba sucediendo. Simplemente le dijeron “diga que es el ejército”. Uno de ellos, no llevaba nombre en su uniforme y el otro lo tenía cubierto por unos tirantes. En un primer momento, quisieron decomisarle la planta eléctrica, a lo que ella se opuso porque era un bien de la radioemisora. La Señora Martha Rubí, denunció que sus hijos de 26, 21 y 19 años, han recibido mensajes en sus teléfonos celulares en donde se amenaza la integridad física de su madre, lo que les mantiene en un estado de alerta permanente. Radio Juticalpa iba a cubrir, el domingo 26 de junio, la consulta que convocaba el Gobierno del Presidente Manuel Zelaya, para lo cual había solicitado apoyo al periodista Andrés Molina, que se encontraba con ella en el momento que ocurrieron los hechos.– RADIO PROGRESO. ”Radio Progreso” en el Progreso, Yoro, fue militarizada el domingo 28 de junio de 2009, a las 10:00 horas de la mañana. Ciudadanos y ciudadanas de El Progreso, se aglomeraron alrededor de la radio cuando se enteraron de la acción militar, obligando a los efectivos militares a desalojar las instalaciones de la radio. “Radio Progreso” es dirigida por la Compañía de Jesús, congregación de la Iglesia Católica. – RADIO MARCALA. ”Radio Marcala” en Marcala, La Paz, fue militarizada el domingo 28 de junio de 2009, a las 13:00 horas. Cuando llegaron los Comandos Militares del X Batallón de Infantería, el propietario de la Radio, Carlos Galeas, denunció a la audiencia los hechos, por lo que la población se dirigió hacia las instalaciones de la radioemisora, la única que estaba emitiendo al contar con una planta eléctrica de emergencia, ya que los golpistas habían interrumpido el servicio de energía eléctrica. La población concentrada obligó a retirarse a los efectivos militares de inmediato de la casa de radio, que siguió emitiendo su programación. Los efectivos militares mantienen un patrullaje permanente en el Municipio de Marcala, desde el miércoles 24 de junio de 2009, impidiendo la libre circulación de las personas.  – CANALES DE RADIO Y TELEVISIÓN DE TEGUCIGALPA. El día 28 de junio a las 5:00 horas de la mañana, efectivos militares tomaron las instalaciones de las antenas de transmisión de diferentes canales de televisión y radio, en la zona del Cerro de Canta Gallo en Tegucigalpa, ordenando a los técnicos no encender los transmisores. En esta zona se encuentran las antenas de transmisión de Canal 5 y 3, Canal 57, Canal 9, Canal 33, Canal 36, Canal 30, Canal 54 y Canal 11. Los técnicos de Canal 11 no acataron la orden y lograron transmitir durante 3 horas y media.– CABLECOLOR. El día 28 de junio, a las 11:00 horas de la mañana, fue militarizada la empresa de distribución de señal por cable “Cablecolor”, ubicada en la Colonia Miramontes de Tegucigalpa, por 15 efectivos que ingresaron a las instalaciones obligando a los técnicos a retirar del aire la señal de CNN en español e inglés. – RADIO GLOBO. El día 28 de junio, fue militarizada en Tegucigalpa, la “Radioemisora Globo”, desde las 6:00 horas de la mañana. Cuando llegaron los periodistas David Romero y Rudy Martínez, que trabajan en la radioemisora, se les impidió el acceso. Mediante una negociación, logró entrar Rudy Martínez, pero a David Romero le obligaron a señalar donde se ubicaban las instalaciones de “Maya TV”, para militarizarla. Se realizaron trasmisiones desde las 6:00 horas de la mañana hasta las 19:00 horas, informando de las movilizaciones de protesta de la población contra el golpe de estado y emitiendo las declaraciones de algunos funcionarios del gabinete del Presidente Zelaya. A las 10:00 horas de la mañana de ese mismo día, reforzaron el Comando Militar que permanecía en las afueras de la radioemisora. A las 18:00 horas, los militares asaltaron las instalaciones de la radio, destruyendo equipos de transmisión y cámaras, las puertas de acceso a las diferentes oficinas y departamentos. Agredieron físicamente a los periodistas, David Romero, Lidieth Díaz y Rudy Martínez; a los técnicos, Orlando Villatoro, Franklyn Mejía y a otro no consignado su nombre; y al propietario, Alejandro Villatoro, que se encontraban trabajando en las instalaciones. El 4 de agosto se conoció que existía una orden de cierre contra Radio Globo. – CANAL 11 Y DIARIO TIEMPO. A las 21:10 horas de la noche del sábado 4 de julio de 2009, cuando solo se encontraba en las instalaciones el guardia de seguridad, un hombre vestido de civil en una motocicleta negra, modelo 89, de 750cc, conducía lentamente por la calle que conduce de la Colonia El Prado hacia el Centro Comercial Prisa, en Miramontes, Tegucigalpa. El guardia consideró sospechoso el comportamiento del civil, resguardándose tras la puerta de la caseta de vigilancia. Treinta segundos después, escuchó una explosión en el primer piso del Centro Comercial. De inmediato, se dirigió a comprobar lo que ocurría al ver salir humo. Más tarde, llegaron dos policías motorizados, agentes de la DNIC, del Ministerio Público, antibombas y análisis. En el Centro Comercial, se encuentran las instalaciones de Canal 11 y Diario Tiempo, los cuales han publicado información sobre las manifestaciones y denuncias contra el golpe de estado. Ambos medios de comunicación son propiedad de la familia Rosenthal Oliva. Yany Rosenthal, fue Ministro de la Presidencia del Gabinete del Presidente Zelaya durante los años 2006 y 2007. Ese mismo día, el diario Tiempo publicó una entrevista con la Primera Dama de la Nación, Xiomara Castro de Zelaya, en la que acusaba al General Romeo Vásquez Velázquez, Comandante de las Fuerzas Armadas de Honduras, de haberlos traicionado. Los transmisores del Canal 11, fueron militarizados desde las 5:00 horas de la mañana del 28 de junio, en el cerro Canta Gallo y ordenaron a los técnicos del Canal que no encendieran los transmisores, orden que puso en conocimiento de su jefe inmediato, el cual le dijo que no obedeciera la orden porque era ilegal. Transmitieron durante tres horas y media de este día. Después, fueron suspendidos la señal y el fluido eléctrico. Hasta el día 6 de julio, los transmisores de este Canal continuaron militarizados, manteniéndose dos efectivos militares en los mismos.  – CANAL 8. El domingo 28 de junio de 2009, a las 6:00 horas de la mañana, la periodista Marleny Mendoza se encontraba transmitiendo información cuando fue sorprendida con el ingreso intempestivo de efectivos militares que les ordenaron abandonar el lugar de forma inmediata. Ante el nerviosismo del personal del Canal, los militares tomaron del brazo a las personas y las sacaron del local, y apagaron el equipo de transmisión. Trece días después del golpe de estado el Canal continuaba cerrado y se desconocía la situación laboral de los periodistas y del personal técnico.– PROGRAMAS DE RADIO “TIEMPOS DE HABLAR” Y “LA BULLARANGA”. La Periodista Daysi Flores del programa radial “Tiempos de Hablar”, del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), que se transmite por la emisora “Radio Cadena Voces”, fue interrumpido a las 8:35 horas de la mañana, cuando la presentadora solicitó a las invitadas, Adelaida Carias, Andrea Nuila y Melisa Cardosa, que expusieran sus opiniones sobre el golpe de estado. Cuando la Periodista Flores, pidió explicaciones a la Administración de la Radio Emisora, expresaron desconocer las causas y le manifestaron que no les cobrarían el espacio de la fecha interrumpida. Las invitadas y la presentadora, decidieron esperar a las presentadoras del programa de la organización feminista “Centro de Estudios de la Mujer Honduras” (CEM-H) y denunciar los hechos. A las 9:30 horas de la mañana, la emisión pudo continuar, pero no se le permitió al CEM-H transmitir su programa, ya que nuevamente se interrumpió la transmisión de la Radioemisora, después de que la periodista Daysi Flores pidiera un espacio para denunciar que su programa había sido interrumpido. – PROGRAMA DE RADIO “ENTRE CHONAS”. El 4 de Julio de 2009, a la organización feminista Comité por la Paz “Visitación Padilla”, se le impidió retransmitir su programa “Entre Chonas” con la argumentación de que se iba a emitir la antesala de un partido de fútbol. – RADIO COMUNITARIA DE COPINH “LA VOZ LENCA”. A raíz del golpe de estado, el Centro Utopía propiedad del Copinh, en La Esperanza, Intibucá, fue sujeto a vigilancia permanente por elementos del Ejército. En este centro, se encuentran los transmisores de “La Voz Lenca”, radioemisora comunitaria de la organización indígena, en las frecuencias de AM y FM, por lo que la dirigencia tomó la determinación de desmantelar el equipo y trasladarlo a un sitio seguro, a fin de evitar el decomiso o destrucción, temiendo que se materializara la amenaza vertida por un Coronel, de nombre no consignado, que se encuentra destinado en el departamento de Lempira.  – CANAL 22 “PATEPLUMA TV”. El domingo 28 de junio, a las 11:00 horas de la mañana, fue bloqueada la señal de transmisión, sacándole del aire de los municipios de Santa Bárbara, excepto de la cabecera departamental Santa Bárbara. Su propietario informó al COFADEH, que hasta el lunes 6 de julio pudo transmitir con normalidad, a pesar de que a partir del golpe de estado era presionado por CONATEL, mediante llamadas telefónicas, para que Canal 22 no retransmitiera su señal al resto de Municipios y para que no conectara la señal de cable de “Telesur”.– RADIO SONAGUERA. Francisco Montero, tiene un programa de noticias en Radio Sonaguera, en Colón, llamado “Radio Noticias la Verdad”, el cual transmite desde hace seis años. El día 3 de julio miembros del ejército que se trasladaban en tres comandos militares rodearon las instalaciones de la radio. En ese momento, Montero no se encontraba en la misma, por lo que los militares se fueron. Cuando regresó a la emisora de radio, un oficial del ejército lo requirió verbalmente para que cerrara el programa, argumentando que estaba retransmitiendo mal, porque realizaba denuncias que no eran ciertas, refiriéndose a las reacciones de la población ante el golpe de estado. Montero se negó a cerrar el programa. A raíz de esto, ha recibido mensajes en su celular, en los que le dicen que tenga cuidado con cierto señor, que deje de hablar de la cuarta urna y de Pepe Lobo, porque le iba a atropellar un camión accidentalmente. Manifiesta que el sábado 27 de junio, día previo al golpe de estado, recibió un mensaje en el que le decían “no salgás porque van a haber movimientos raros”. – TELESUR Y VENEZOLANA DE TELEVISIÓN. Los periodistas de “TELESUR”, Adriana Sivori, Larry Sánchez y María José Díaz, fueron detenidos a las 16:30 horas del lunes 29 de junio, en su habitación número 1219 del “Hotel Marriot”, por dos agentes, supuestamente de migración, y dos elementos del ejército, mientras la primera planta del hotel permanecía totalmente militarizada. Les decomisaron sus documentos personales y no les explicaron las razones de la detención. Fueron bajados desde la habitación hasta un vehículo jeep militar encañonados y fueron trasladados a las oficinas de migración. En el trayecto, los militares detuvieron el tráfico y en contra vía les condujeron a dichas oficinas, mientras les llevaban en el vehículo subieron al máximo el volumen de la radio y no les permitieron responder a los celulares. Los agentes del ejército no portaban ficheros de identificación. En Migración, el agente que los recibe no tenía idea de que se trataba y les dijeron que los llevaban para que miraran los vidrios rotos que habían dejado los manifestantes en el edificio de Migración. Cuando el agente de migración les devolvía sus pasaportes y los iba a llevar al hotel con un chofer de esa institución, llegaron los agentes que los habían capturado y se dirigieron a la parte de atrás de la oficina con el agente de migración que los atendía. Al terminar, este les preguntó si se querían ir con los militares, a lo cual respondieron que no y se apresuraron a subir a una camioneta particular conducida por personal de AP. Los periodistas denuncian que cuando cubren las movilizaciones, son perseguidos por agentes del Estado. El sábado 11 de julio de 2008, nuevamente el equipo de periodistas de TELESUR, junto a periodistas y camarógrafos de VENEZOLANA DE TELEVISIÓN, fue detenido por elementos de la Policía Preventiva y Cobras del Ejército Nacional, algunos de ellos encapuchados. En el operativo fueron detenidos: 1. Eduardo Silvera, periodista de Venezolana de Televisión que permanece en Honduras desde el 1 de julio de 2009. 2. Pedro Quezada, camarógrafo. 3. Larry Sánchez, ingeniero de transmisión de Telesur, que goza de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, el 3 de julio de 2009. 4. Héctor Laten, camarógrafo de Venezolana de Televisión. 5. Fredy Quintero. 6. Edgardo Torres, conductor de los periodistas de TeleSur, fue detenido y liberado.
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A las 10:30 de la noche del sábado 11 de julio de 2009, agentes del Escuadrón Cobra y elementos de la Policía Preventiva tomaron el Lobby del Hotel Clarion de Tegucigalpa. Algunos agentes cubrían sus rostros con pasamontañas, portando armamento y chalecos antibalas. Concentraron en ese sitio a los Periodistas de las cadenas de Televisión de Venezuela. No les explicaron las razones y a las 23:15 horas los transportaron en calidad de detenidos a la Jefatura Metropolitana 1 de la Policía, bajo el argumento de que el coche que utilizaban para realizar sus labores periodísticas estaba denunciado por Robo. El Agente que estaba al mando, les dijo que ellos no tenían derechos, que la autoridad podía hacer lo que quisiera y que el responsable era Chávez, refiriéndose al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez. También les dijo que podían estar contentos, porque en otro momento los hubieran matado. El Automóvil pertenecía a la agencia Econo Rentar Card y su propietario Héctor Abudoj, negó haberlo reportado como robado. Previo a ser trasladados, un periodista logro usar su celular e informar a su Embajador, este a su vez lo informó al Secretario de la OEA. Al llegar al Barrio Los Dolores, los trasladaron a las oficinas del Centro Integrado donde serían interrogados por un Fiscal, acción que no se produjo. Les decomisaron sus pasaportes y un agente recogió los documentos y los sacó del edificio. A las 2:30 horas de la madrugada, los trasladaron al hotel donde los esperaba el Embajador. El edificio del hotel permaneció militarizado hasta las 9:30 horas de la mañana del día 12 de julio. Los agentes fueron retirados cuando se presentaron periodistas nacionales y organismos de derechos humanos. A las 14:00 horas, cinco miembros del equipo de Venezolana de Televisión abandonaron Honduras, con destino a Venezuela.
Los empleados de Hondutel, identifican al supuesto técnico de comunicación del ejército como un empleado de la Empresa MULTIFON, propiedad del empresario Rafael Ferrari, cuya empresa mantiene una deuda con Hondutel de 20 millones de lempiras. El mismo día 28, los técnicos de Hondutel hacían un recuento de los daños causados por la intervención del ejército y su supuesto técnico, que valoraban en unos 10 millones de lempiras diarios, ya que afectó equipos y líneas, que para restablecerlas se necesitaba hacer inversiones tanto en la central de comunicaciones como en las regiones. Una de las más dañadas que se reportaba en ese momento era la de Ceiba. Al décimo día del golpe, se ha constatado que efectivos militares continúan custodiando los diferentes edificios de Hondutel
14. Se denuncia que el gobierno golpista, arbitrariamente y de forma ilegal e inconstitucional, ha decretado continuos toques de queda que se han prolongado más de cuatro días consecutivos, prohibiendo el tránsito de personas, agua, alimentos y medicinas y cualquier ayuda humanitaria para la población sometida al estado de sitio, afectando al mismo tiempo a la población local y provocando una situación de extrema emergencia humanitaria.
15. Se recibieron graves denuncias de que Cruz Roja Hondureña, violando el mandato de Cruz Roja Internacional, no acudió de manera inmediata al auxilio con los recursos necesarios correspondientes a la dimensión de la emergencia humanitaria, desoyendo de esta manera las urgentes demandas de la población sitiada. Que una ambulancia de Cruz Roja Hondureña, con el emblema de Cruz Roja, atravesó violentamente las filas de un retén, golpeando incluso a algunas de las personas, y que testigos en el lugar denunciaron que esta ambulancia transportaba bombas lacrimógenas y efectivos militares. Que las autoridades de Cruz Roja Hondureña, aunque señalaron que no habían enviado esa unidad al lugar, hasta este momento no han denunciado públicamente tanto a nivel nacional como internacional el uso ilegal del emblema de Cruz Roja para propósitos militares y represivos, silencio que por tanto les hace cómplices de la violación del mandato internacional del organismo y con la situación de emergencia humanitaria. Que ante la presión social ejercida sobre Cruz Roja Hondureña, sus autoridades aceptaron acompañar el transporte de alimentos, agua y medicinas. Que los vehículos utilizados para el traslado de la ayuda humanitaria no fueron identificados con el emblema de Cruz Roja debido a la negativa de las autoridades de Cruz Roja Hondureña y que no dotaron el operativo con un adecuado número de vehículos y recursos propios como la emergencia humanitaria ameritaba. Que en el proceso del traslado de la ayuda humanitaria los efectivos militares situados en los retenes impidieron el paso de los vehículos desprovistos del emblema de Cruz Roja en los cuales se trasladaban los alimentos, exacerbando con ello la situación de extremo riesgo que la población en la zona estaba sufriendo. Ante estos hechos, Cruz Roja Hondureña se vio obligada a posteriori a enviar algunas de sus unidades con ayuda humanitaria a la zona. Que las autoridades de Cruz Roja Hondureña no han hecho pública ninguna denuncia de estos acontecimientos violatorios de los convenios internacionales y los derechos humanos por parte de los militares.
Se responsabiliza a la Presidenta de Cruz Roja Hondureña, la Sra. Virginia de Mencía y a la Dirección Nacional de dicha organización, por la violación de los siete principios fundamentales de Cruz Roja Internacional: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad.
16. Se responsabiliza al gobierno de facto del Sr. Roberto Micheletti y a las Fuerzas Armadas de Honduras del desastre humanitario producido en El Paraíso, por las medidas arbitrarias e inconstitucionales del Estado de Sitio y por la represión ejercida sobre la población que se manifestaba de manera pacífica, violando los derechos constitucionales mas elementales de libre tránsito, expresión, integridad física y psicológica, seguridad, derecho a la alimentación y derecho a la vida, así como la violación de las convenciones internacionales de derechos humanos, de las cuales el estado de Honduras es signatario.
17. Se recogieron múltiples denuncias sobre la especial represión que están sufriendo las mujeres, utilizándose la violencia sexual y las agresiones como medio represivo contra ellas.
18. Se acusa a los empresarios de obligar, mediante amenazas y coacciones, a sus trabajadores y trabajadoras a participar en marchas a favor del golpe de estado.
19. Incluso desde sectores que justifican el golpe y lo denominan “sucesión constitucional”, se denuncia la violación de los derechos individuales del Presidente Manuel Zelaya por ser secuestrado, expulsado de Honduras y privado del derecho a la defensa jurídica, como reconoce la constitución hondureña.
Desde esos mismos sectores, se denunció la participación en el Gobierno del Señor Micheletti de personas acusadas de graves violaciones de los derechos humanos y con causas penales abiertas, como el llamado “Billy Joya” y otros.
20. Las organizaciones de derechos humanos, documentaron a la Comisión Asturiana de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras, 10 asesinatos cometidos en el marco de la denuncia política y social y las movilizaciones de protesta contra el golpe de estado.
Además se están investigando denuncias de nuevos casos de asesinatos, desapariciones, torturas,…que completada la investigación, serán remitidos para la elaboración del Informe definitivo.
DERECHO A LA VIDA: 1. ISIS OBED MURILLO MENCIAS. Nacido en Tegucigalpa, hace 19 años. Hijo de David Murillo, luchador social y ambiental en el Municipio de Guayape, y Silvia Mencías. Originarios de Santa Cruz de Guayape. El joven Murillo tenía trabajos esporádicos en bodegas de venta de frutas, en el mercado de Comayagüela y con proveedores de fruta, en el Supermercado La Colonia. El domingo 5 de julio de 2009, participaba en la manifestación junto a su padre y dos hermanos. En el momento de los disparos que realizaron miembros del ejército, se separaron. Obed murió al recibir un disparo en la cabeza, después de que los militares que custodiaban el Aeropuerto Toncontín abrieran fuego contra miles de manifestantes que exigían que se dejara aterrizar el avión en el que viajaba el Presidente Constitucional de la República de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.Fue trasladado al hospital Escuela y posteriormente a la Morgue Judicial de Francisco Morazán. José David Murillo Sánchez, de 57 años de edad, padre de Isis Obed, fue detenido el 9 de julio de 2009 a las 11:30 horas de la mañana por Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), al salir de las oficinas del Comité de de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). |
La detención, tiene origen en el ejercicio del Derecho a defender los recursos naturales que realizaba Murillo en el año 2004. En esa ocasión, solicitó una inspección en el sector de Terreritos en Santa Cruz de Guayape, porque se estaba depredando la cuenca productora de agua. La inspección se realizó el 18 de marzo del año 2004 y dio origen a una acusación por asesinato en grado de tentativa contra Murillo Sánchez, además de ser perseguido y hostigado por la Policía Preventiva. 
2. GABRIEL FINO NORIEGA. El periodista Gabriel Fino Noriega, fue asesinado de siete impactos de bala que le infirieron dos hombres que se bajaron de un carro negro, el día 3 de julio de 2009, cuando salía de la Radio Estelar, en la comunidad de San Juan Pueblo, en el Departamento de Atlántida, en el Litoral Atlántico de Honduras. En el momento en que abordaba su motocicleta, cuando salía de un noticiero informativo en Radio Estelar en San Juan Pueblo.21. El día 5 de agosto de 2009, la Comisión Asturiana se personó en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde se había producido una entrada violenta de la policía, atacando y agrediendo a la propia Rectora que trataba de hacerles comprender la gravedad de violar la Autonomía Universitaria, hecho que no se había producido ni en las dictaduras militares de los años 70.
La Comisión Asturiana fue testigo presencial de una nueva y muy violenta entrada de la policía en el recinto universitario, con resultado de varios heridos y destrozos en las verjas del edificio, por la brutalidad empleada por los uniformados, así como el incendio de un vehículo dentro de la UNAH,
22. Las organizaciones con las que se reunió la Comisión Asturiana, recomendaron que los fondos de cooperación destinados a programas o proyectos en los que participen organismos gubernamentales hondureños, sigan congelados hasta que se recupere el orden constitucional. Se trasladó también la reflexión de la inutilidad de transferir fondos para la lucha contra la pobreza a un Estado generador de pobreza y se propuso, que en las actuales circunstancias, los fondos de cooperación fuesen destinados a reforzar las organizaciones defensoras de los derechos humanos y la implementación de medidas verdaderamente transformadoras de las situaciones que generan pobreza y desigualdad.
De la misma manera, se recibió la solicitud de la presencia en Honduras de más Delegaciones Internacionales y, en algún caso, con carácter permanente, con el objetivo de mitigar la vulnerabilidad, inseguridad y desprotección en la que se encuentran los defensores y defensoras de los derechos humanos.
23. Nos han reportado y constatado que se están cometiendo “golpes de estado municipales”, con la ocupación por el ejército de algunas Alcaldías, la detención y destitución de forma ilegal de Alcaldes y la imposición de otros por el gobierno golpista.
24. La familia del profesor asesinado por la policía hondureña, Roger Vallejo, hizo una petición expresa a esta Comisión para que ninguno de los asesinatos cometidos queden en la impunidad y para que la comunidad internacional conozca la realidad represiva que sufre el pueblo hondureño que se está movilizando contra el golpe de estado.
25. Ante el fortalecimiento del movimiento de resistencia y las protestas contra el golpe de estado, la Comisión Asturiana de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras, expresa su profunda preocupación ante un posible recrudecimiento de la represión.
La Comisión Asturiana de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras se compromete a realizar un seguimiento permanente de la situación y denunciar todas las vulneraciones de los derechos humanos de las que tenga conocimiento.
Recomendaciones
I. A la comunidad internacional de Estados
1. Implementar todas las medidas necesarias para contribuir a garantizar el respeto, el goce y el disfrute de los derechos humanos de la población hondureña;
2. Mantener una posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución del Presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional;
3. Mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen de facto, así como de cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las instituciones del Estado involucradas en el golpe de Estado. Trasladar la misma propuesta a las autoridades de los Estados Unidos, instando a que elimine toda ambigüedad que pueda interpretarse como prolongación del estado de facto.
4. Desconocer los resultados de elecciones convocadas por el gobierno de facto, tal y como fue expresado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, así como desconocer cualquier decisión adoptada por dicho gobierno.
Sobre las relaciones bilaterales con Honduras
5. Las embajadas presentes en el país deben continuar y reforzar las medidas apropiadas para contribuir a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y activistas de la sociedad civil, entre otras, mediante:
– Visitas a las oficinas de personas y organizaciones en riesgo
– Invitaciones e intercambios constantes con las mismas
– Apoyo logístico que sea pertinente para su seguridad
– Implementación de un sistema de alerta y emergencia de acceso inmediato para personas en riesgo.
– Abrir conjuntamente con ONG internacionales un apoyo adicional para la sociedad civil hondureña, para reforzar su capacidad de proteger y monitorear DDHH. En particular, es necesario aumentar los recursos humanos y financieros para que atiendan las necesidades en el interior del país.
6. La cooperación internacional debe mantener la suspensión de apoyo presupuestario y de programas a instituciones del Estado que han estado involucrados en el golpe de estado, manteniendo la ayuda humanitaria, y la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil hondureña.
7. Los Estados deben tomar medidas contra los principales responsables del golpe, tales como la restricción de otorgar visas y el congelamiento de cuentas bancarias en el exterior.
Relaciones entre la Unión Europea y Honduras
8. Con respecto a las relaciones entre Honduras y la Unión Europea, deben aplicarse las medidas siguientes:
– La cláusula democrática contemplada en el art. 1 del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Unión Europa y Centroamérica del 1993, que faculta la suspensión de la cooperación en caso de grave quebrantamiento del orden constitucional.
– Abstención de relaciones diplomáticas con el nivel de vice-ministros del gobierno ilegítimo, como también con todos los representantes diplomáticos en terreno de la Unión Europea que apoyan al gobierno de facto.
– Suspensión, más allá del apoyo presupuestario, de todos los programas dirigidos a apoyar las instituciones del Estado que han estado involucradas en el golpe de estado.
– Mantener la decisión de suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central hasta que se restituya el orden constitucional en Honduras.
– Suspensión de Honduras del Sistema General de Preferencias (SGP plus) de la Unión Europea.
II. A los órganos y organismos internacionales
9. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Honduras y emitiendo recomendaciones para proteger a la población en Honduras, en este sentido urgen las siguientes acciones:
-Seguir otorgando medidas cautelares para proteger a las personas en situación en riesgo
– Realizar a la brevedad la visita in situ al país y emitir un informe con las recomendaciones que estime convenientes.
10. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debe pronunciarse en contra del golpe de Estado en Honduras y adicionalmente debe tomar medidas que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional.
11. El sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU debe activar los mecanismos apropiados para abordar la situación de derechos humanos en Honduras, en particular considere la pertinencia de:
- Adoptar una resolución a nivel del Consejo de Derechos Humanos;
- Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras;
- Realizar visitas de verificación de las relatorías especiales competentes en materia de libertad de expresión, defensores y defensoras de derechos humanos e independencia de los jueces y abogados.
12. La Corte Penal Internacional debe actuar preventivamente. Por ello solicitamos al Fiscal General de la Corte Penal Internacional iniciar diligencias conducentes a una posible investigación penal conforme a la disposición del art. 7, numeral g del Estatuto de Roma que contempla la competencia por el crimen de persecución política.
III. A las autoridades y la sociedad civil hondureña
13. A la Fiscalía Especial de Derechos Humanos actuar con mayor diligencia en la defensa de los derechos humanos de la población hondureña y, demandar cooperación de emergencia de la comunidad internacional para poder desarrollar con mayor eficacia su labor.
14. Ramón Custodio, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, debe renunciar, o bien, el Congreso debe destituirlo y nombrar una persona que no haya estado comprometida con el golpe de Estado y, que goce de reconocimiento en la defensa de los derechos humanos.
15. Las autoridades judiciales competentes deben declarar inconstitucional el Decreto No. 11-2009.
16. A las autoridades que deben investigar penal y disciplinariamente las violaciones a los derechos humanos cometidas o auspiciadas por el gobierno de facto, que cumplan con su deber constitucional y legal, so pena que ellas mismas tengan que responder por denegación de justicia.
17. A los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales de Honduras para que cumplan con su deber de defender el orden constitucional; tengan claro que tienen un derecho de no obedecer órdenes que comporten una violación de los derechos humanos; y que tienen una responsabilidad personal por las consecuencias del uso indiscriminado y/o abusivo de la fuerza.
18. A las fuerzas políticas, al Frente Nacional de Resistencia y a la sociedad civil en general, para que se convoque un diálogo nacional que contribuya a un nuevo orden institucional, económico y social que asegure la paz social, el Estado Social de Derecho y el pleno e integral respeto de los derechos humanos.
Comisión Asturiana de Observación sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras
Tegucigalpa, Honduras, 6 de agosto de 2009
Uviéu, Asturies, 11 de agosto de 2009
