presentado el 12 de enero
Berta Cáceres. COPINH Honduras. Informe 12 enero 2026
La investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) logró esclarecer la verdad de los hechos tras el asesinato de Berta Cáceres; reconstruir la planificación y el financiamiento del crimen; e identificar las responsabilidades empresariales, financieras y estatales en el asesinato.
A casi 10 años del crimen de BERTA, el nuevo informe del GIEI de la @CIDH arroja luz sobre la compleja trama que facilitó el asesinato de Berta Cáceres.
Ahora, el Estado de Honduras debe dar seguimiento a esta investigación y cumplir con su obligación de garantizar justicia para Berta, para su familia y para los pueblos de Honduras.
«El GIEI determinó que los fondos desembolsados por bancos internacionales de desarrollo (…) fueron desviados de su finalidad original y utilizados para financiar un conjunto de actividades ilícitas vinculadas a la gestión violenta del conflicto territorial, incluyendo operaciones de vigilancia e inteligencia ilegal, incursiones armadas, logística y pagos asociados a dichas operaciones, así como, en última instancia, el asesinato de Berta Cáceres».
“Una red criminal desvió el 67% de los más de US$18,5 millones aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Neerlandés de Desarrollo Empresarial (FMO) para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, con el fin de pagar operaciones ilegales de vigilancia e inteligencia, incursiones armadas y el asesinato de Cáceres”.
«El GIEI concluyó que el asesinato de Berta Cáceres es resultado de una operación criminal organizada, cuidadosamente planificada y ejecutada mediante una estructura de coparticipación…
que incluyó sicarios, intermediarios con formación militar, personal y directivos de la empresa DESA, así como redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado».
La investigación del Grupo Independiente reconstruye la verdad de los hechos tras el asesinato de Berta Cáceres, devela hallazgos clave en la planificación y ejecución del crimen, e identifica responsabilidades empresariales, financieras y estatales en el asesinato de la defensora.
«Con la presentación de este Informe y el cierre de su mandato, se abre un momento decisivo: el de transformar sus conclusiones y recomendaciones en acciones concretas orientadas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición».
Ante la publicación del informe del GIEI en el caso de Berta Cáceres, la @CIDH reconoce la relevancia de esta investigación «para fortalecer la respuesta institucional en términos de esclarecimiento de los hechos, rendición de cuentas y prevención de nuevas violaciones».
El informe del GIEI comprueba que el asesinato de Berta Cáceres estuvo vinculado con la protección de los intereses económicos de la familia Atala Zablah. La investigación revela un entramado empresarial utilizado para financiar y planificar ataques contra Berta Cáceres y la comunidad de Río Blanco, en particular con participación de Daniel y Jacobo Atala.
El GIEI develó que la planificación del asesinato de Berta Cáceres fue conocida por el Estado de #Honduras desde enero de 2016. Pese a conocer del plan, el Estado falló en su deber de proteger la vida de la defensora.
El informe del GIEI cuenta con hallazgos clave sobre los actores responsables del asesinado de Berta Cáceres.
¡Justicia para Berta, justicia para los pueblos!
La memoria de Berta es el motor de una Honduras que defiende a sus líderes y territorios
- «El GIEI recomienda al Estado:
1. Ejecutar la revocación total y definitiva de todos los instrumentos jurídicos y contractuales que dieron origen al proyecto Agua Zarca, garantizando que este no sea reconstituido bajo ninguna otra forma. A tal efecto, la SERNA, la ENEE, la SEN y la Procuraduría General de la República (PGR) deberán:
Anular todos los actos administrativos y contractuales vinculados al proyecto, con base en las irregularidades administrativas constatadas, las sentencias penales dictadas y los graves riesgos para los derechos humanos documentados en este informe.
Se debe publicar oficialmente la nulidad de las licencias, contratos y concesiones, y asegurar que no existan gestiones administrativas, políticas o judiciales orientadas a reactivar o replicar el proyecto bajo nuevas denominaciones.»
Lea el informe completo para saber toda la verdad: https://bit.ly/InformeGIEIBertaCaceres
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