Amenazan de muerte a un obispo brasileño por su defensa de los indígenas
Origen: http://www.redescristianas.net/2008/03/26/amenazan-de-muerte-a-un-obispo-brasileno-por-su-defensa-de-los-indigenas/
Las amenazas de muerte contra monseñor Erwin Krautler, presidente del Consejo Indígena Misionero (CIMI) y obispo de Altamira, en el estado de Pará, Brasil, han aumentado en los últimos días, denuncia Obras Misionales Pontificias. El prelado vive amenazado desde varios años por su defensa a favor de los pueblos indígenas y de los trabajadores rurales de su estado y debe llevar protección policial.
En los dos últimos años, ha sido agredido en varias ocasiones. En una de ellas, le manipularon el coche y sufrió un accidente, que le costó la vida a un amigo y colaborador que le acompañaba, el padre Salvatore Deiana.
Monseñor Erwin defiende los derechos de las comunidades campesinas y la protección ambiental de la región amazónica. Ha denunciado la explotación sexual de adolescentes por políticos, el asesinato de niños, la situación de los latifundistas, madereros y propietarios de hacienda que utilizan prácticas esclavistas y destruyen el medio ambiente.
La organización que preside, el CIMI, ha pedido a la sociedad brasileña el repudio a estas amenazas y exige al Ministerio de Justicia, la Policía Federal y al Gobierno de Pará que actúen urgentemente e investiguen las amenazas.
El Consejo Indígena Misionero (CIMI) es un organismo vinculado a la Conferencia Episcopal Brasileña que en su actuación misionera apoya el trabajo de la Iglesia Católica a favor de los pueblos indígenas. Fue creado en 1972 cuando el estado brasileño asumió abiertamente la integración de los pueblos indígenas en la sociedad. El CIMI procura favorecer y articular la relación entre aldeas y pueblos defendiendo su derecho a la diversidad cultural.
Raposa Serra do Sol: la guerra colonial en el siglo XXI
Paulo Maldos *
Revista Desacato
Traducción de Juan Luis Berterretche
«El indio se perfila, como un enigma que al descifrarlo tiene el poder de revelar nuestro rostro. Este rostro es con frecuencia, feo, mezquino, arrogante, ambicioso, impersonal, violento. Delante de aquello que es diferente de nosotros, somos obligados, en términos de existencia, a cuestionar nuestra ilusión de omnipotencia y la mentirosa hegemonía que nos transforma en usurpadores y falsos señores del mundo.»
(Helio Pellegrino, a partir de conversaciones con Noel Nutels, en Lucidez Embriagada, Editora Planeta, São Paulo, 2004).
Relatos recientes de las comunidades indígenas de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol dan cuenta de incursiones en aquella área de extensas caravanas de hacendados en camionetas «off road» protegidas por guardias armados en moticicletas. Estas caravanas ingresan a la región y se detienen en lagos, cascadas y otros lugares sagrados de los pueblos indígenas, aparentemente para conocer, filmar y fotografiar. Entre los participantes de esas caravanas exploratorias están los arroceros invasores, principalmente su líder, Paulo César Quartiero.
Es importante recordar que estos invasores andan anunciando planes de ampliación de la invasión de la tierra indígena, habiendo Quartiero advertido, en más de una ocasión, que ya compró y almacenó 8 mil postes de cerca con el propósito específico de ampliar la invasión tan pronto sea posible. En más de una ocasión ese invasor también avisó que no va a aceptar un resultado negativo para sus negocios por parte del Supremo Tribunal Federal. «Voy aceptar ser robado sin reaccionar? responde Quartiero al preguntarle lo que hará si el Supremo confirma que los hacendados deben salir » (diario Valor Económico, 30/05/2008).
Está claro que la disputa por aquella tierra indígena es vista por los hacendados del agronegocio y por sus fieles aliados políticos y militares como una continuidad de la guerra colonial en nuestro país. Se trata de conseguir volver a «reduzir o gentio» en favor de la gran empresa económica neo-colonialista, permitiendo la continuidad de la marcha inexorable del desarrollo capitalista hasta las últimas fronteras de la región amazónica.
Como, desde el punto de vista teológico, en los siglos XVI y XVII se discutía si los indios «tenían alma», hoy esta discusión está recolocada bajo el disfraz ideológico de si los indios tienen condiciones o no de defender la soberanía nacional en las fajas de frontera. En verdad, la discusión subliminar es si los pueblos indígenas poseen nuestra misma «alma nacional» verde-amarilla, blanca y occidental y si son, por lo tanto, confiables a nuestra sociedad y a nuestro Estado.
Lo que los invasores de Raposa Serra do Sol esperan, con su eventual victoria en el Supremo Tribunal Federal, es una especie de «testimonio» de la Suprema Corte de la Nación afirmando simbolicamente que los pueblos indígenas «no poseen nuestra misma alma nacional, no son confiables» y que debemos, por lo tanto, retomar la guerra colonial para su reducción y dominación definitivas. Tal guerra colonial comenzaría por el no reconocimiento de su territorio tradicional -base y fuente primera de las sociedades indígenas, de sus memorias, de sus mitos, de sus religiones y de sus culturas.
Este «testimonio» deberá ser eficazmente utilizado por invasores en todo el país, para multiplicar los recursos y anulaciones de procesos administrativos de identificación, de demarcación, de homologación y de registro de territorios indígenas ya realizados. En total, 464 tierras indígenas ya fueron identificadas, demarcadas u homologadas en Brasil. Acciones judiciales buscando retomar esas tierras para el mercado deberán proliferar, con vistas a un verdadero «El Dorado» para el agronegocio, además de nuevas fortunas para los grandes escritorios de abogacía.
Hacendados de varias partes de la Amazonia de Mato Grosso a Pará, están preparando caravanas de camionetas «off road» hasta Roraima, habiendo anunciado que se reunirán en Pacaraima (Roraima), donde Paulo César Quartiero es alcalde, el día 11 de agosto próximo, para exigir una posición favorable a sus intereses por parte del Supremo.
Este gesto de la clase propietaria rural tiene claramente un objetivo: anunciar a la sociedad brasileña que la guerra colonial está a punto de ser retomada, con la esperada decisión del Supremo Tribunal Federal. Esta decisión sería una especie de «señal», que daría inicio a una ampliación sin límites de ese agresivo «movimiento neocolonialista» agrario brasileño.
Las diversas caravanas de hacendados en camionetas «off road» en el interior como fuera de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, anuncian que la era de los «bandeirantes» vuelve, de esta vez modernamente motorizados, partiendo de Juína (Mato Grosso) y otros municipios amazónicos y llegando a Pacaraima; partiendo de las haciendas ilegales de arroz y llegando a los lugares indígenas sagrados, lagos y cascadas, determinados a atropellar en su pasaje los derechos constitucionaes de los pueblos indígenas de Brasil.
Al final, por encima de todo, los hacendados del agronegocio no admiten ser «robados por el Supremo Tribunal Federal».
Brasília, 30 de julio de 2008.
* Asesor Político del Consejo Indigenista Misionario (Cimi)
RAPOSA SIERRA DEL SOL: CUESTIÓN DE JUSTICIA
Frei Betto
El 15 de abril de 2005 el presidente Lula firmó la homologación, en un área continua, de la reserva indígena Raposa Serra do Sol, en Roraima. Este año la Policía Federal, en cumplimiento de la ley, se movilizó para retirar de la reserva a seis arroceros. Los invasores de la zona, convencidos de que el indio atrasa el progreso, reaccionaron con violencia, incluyendo bombas. Hicieron un acto político capaz de inducir al STF (Supremo Tribunal Federal) a suspender la medida legal y reiniciar el doloroso camino ya transitado por los tres poderes de la República.
Roraima contiene poco más de 400.000 habitantes en un territorio de 224.298 km2 (poco menor que el Ecuador). Raposa Serra do Sol es una zona de 1,67 millón de hectáreas situada al nordeste del estado, en la frontera con Venezuela y Guyana. La zona fue demarcada por el Ministerio de Justicia a través del protocolo 820/98, en 1998, durante el gobierno de Cardoso. Del área de Roraima, 46,35 % está reservada para los indígenas. Allí ellos suman 46.106, distribuidos en 152 aldeas de los pueblos yonomami (15 mil), macuxi, wapixana, wai-wai, ingaricó, taurepang, waimiri-atrari y patamona.
Políticos y arroceros querían la demarcación en un área discontinua, “islas” donde pudiesen permanecer con sus tierras (invadidas) y propiedades (ilegales). Fueron creados tres municipios dentro de la reserva indígena: Normandia, Uiramutã y parte de Pacaraima.
Raposa Serra do Sol no es sólo una selva salpicada de tribus. Allí actúan 251 profesores indígenas en 113 escuelas de enseñanza elemental y tres de enseñanza media. Los indígenas manejan un rebaño de 27 mil cabezas de ganado. Dentro de la reserva funciona la Escuela Agropecuaria de Surumu, que profesionaliza técnicos de nivel medio. En convenio con Funasa hay 438 agentes indígenas de salud y 100 indígenas técnicos en microcopio, trabajando en 187 puestos de salud y 62 laboratorios. Se valora la medicina tradicional indígena.
Dentro del territorio demarcado, seis arrozales ocupan 6 mil hectáreas, con tierras de regadío, en las márgenes de los ríos Cotingo, Tacutu y Surumu. Todos en tierras apropiadas de la Unión. Utilizan agrotóxicos, destruyen la vegetación folicular, desecan lagunas y canales, abren surcos para canalizar el agua de los ríos hacia sus tierras. La misma agua, contaminada con agrotóxicos e inutilizable para el consumo, vuelve al río, matando los peces.
En verano, impedidas de hacer uso del agua de los ríos, las comunidades indígenas se ven obligadas a cavar pozos. Con la destrucción de lagunas y de la vegetación folicular desaparece la caza. Los aldeanos dentro de la reserva dan apoyo a los ocupantes ilegales y eso hace que circulen las bebidas alcohólicas, ofrecidas muchas veces a los jóvenes indígenas.
Los derechos de los pueblos indígenas están garantizados por el artículo 231 de la Constitución, que les asegura la posesión permanente y el uso exclusivo de sus tierras. Una demarcación fraccionada de la zona favorecería la invasión de forasteros, aumentaría la incidencia de conflictos y pondría en riesgo la supervivencia de culturas milenarias.
En la primera semana de enero del 2004 el Jornal Nacional mostró la movilización de arroceros y latifundistas cortando carreteras en su empeño por evitar la homologación de Raposa Serra do Sol. Con el apoyo de líderes indígenas comprados, secuestraron a tres misioneros católicos de la Misión Surumu: los padres Ronildo Pinto França, brasileño, César Avellaneda, colombiano, y el hermano español Juan Carlos Martínez, todos ellos miembros del Instituto Misión Consolata.
El ministro de Justicia, Márcio Thomaz Bastos, advirtió al gobernador Flamarion Portela, de Roraima, que el gobierno federal tomaría medidas para liberar a los rehenes y desmovilizar la protesta. La Policía Federal actuó y liberó a los secuestrados.
Eran las seis de la mañana del 23 de noviembre del 2004, cuando la comunidad jaguari fue despertada por tiros, gritos y ruidos de máquinas. Cuarenta hombres armados mataron gallinas, cerdos y perros y le dieron dos tiros, uno de ellos en la cabeza, al macuxi Jocivaldo Constantino. De allí se fueron a destruir las comunidades indígenas Brilho do Sol, Retiro São José y Homologação. En las cuatro aldeas derribaron con tractores 37 casas e incendiaron los escombros, sin dejar la iglesia, la escuela y el puesto de salud; aislaron la zona y cerraron los caminos. 131 personas quedaron sin vivienda.
Retrotraer la homologación de Raposa Serra do Sol a un área no continua representa un grave precedente jurídico en relación a los demás procesos demarcatorios, y podría estimular a los abusivos y oportunistas a realizar invasiones por el mismo estilo de las habidas en Roraima. En cuanto a la Seguridad Nacional, recuerdo que los pueblos indígenas históricamente han desempeñado un papel fundamental en la preservación y defensa de nuestros actuales límites territoriales. No son los indios quienes promueven la degradación ambiental, el contrabando, la proliferación de buscadores de oro y la tala de maderas preciosas. La hipótesis de crear una franja de 10 a 20 kms de anchura a lo largo de nuestras fronteras tiene el peligro de traer a la región un intenso movimiento migratorio de no-indios, causando degradación ambiental y social, deforestación y contaminación de los ríos.
Le toca al STF hacer cumplir la Constitución, es decir confirmar la homologación en un área continua, y al gobierno trasladar la sede del municipio de Uiramutã hacia las márgenes de la autovía BR-401 (que llega a la Guyana); promover la regularización agraria de Roraima y reasentar a los habitantes en zonas definidas por el Incra, pagándoles justas indemnizaciones; y preservar las actuales autovías, como bienes públicos, para uso de los ciudadanos sean indígenas o no.
Dividir Raposa Serra do Sol es dividir la Constitución Brasileña, reforzar la discriminación de los indígenas y premiar la obstinación de quienes apoyan los intereses de apenas seis arroceros.
Frei Betto es escritor y asesor de movimientos sociales, autor de “La mosca azul. Reflexión sobre el poder”, entre otros libros.
BRASIL: Indígenas en la OEA, con abogada propia
Por Mario
(IPS) – Joenia Batista de Carvalho, primera abogada indígena de Brasil, ni siquiera había nacido cuando comenzó la lucha por la Reserva Raposa Sierra del Sol como territorio de su pueblo, en el norteño estado de Roraima, en la frontera con Venezuela y Guyana.
Ahora, con 30 años y conocida por haber ganado un premio internacional, ella será la representante del Consejo Indígena de Roraima (CIR) para denunciar al gobierno brasileño ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La denuncia, por violación de los derechos de los indígenas ingarikó, macuxi, patamona, taurepang y wapichana, será presentada este lunes en Washington, sede de la OEA.
La Comisión decidirá si el caso debe ser juzgado por la Corte Interamericana, ”con efectos jurídicos para Brasil”, según la abogada, también conocida como Joenia Wapichana, según una costumbre de indígenas brasileños que usan el nombre de su grupo étnico como apellido.
”Entendemos que nuestros derechos son también derechos humanos, por eso queremos que la OEA convoque a Brasil a explicar los motivos de la demora en homologar” la reserva, explicó en una entrevista con Radio Nacional, de la Amazonia, antes de embarcarse rumbo a Washington este viernes.
Raposa Sierra del Sol es un área cuya demarcación preocupa a la Fundación Nacional Indigenista (Funai) desde los años 70. Varios grupos de trabajo intensificaron estudios antropológicos y territoriales a partir de 1977, hasta que se aprobó en 1993 un informe que proponía demarcar 1,67 millones de hectáreas como tierras reservadas para los indígenas.
Luego de algunos años de debate público y cuestionamientos por parte de interesados, el entonces ministro de Justicia, Renán Calheiros, acogió en 1998 la propuesta de la Funai, y declaró a Raposa Sierra del Sol territorio en posesión permanente de los cinco grupos indígenas locales, que suman cerca de 15.000 personas.
El gobierno de Roraima apeló al Poder Judicial para impedir que se hiciera efectiva esa medida, pero el fallo final de la Corte Suprema, en 2002, frustró tal intento. Desde entonces, el proceso sólo depende de la homologación presidencial, siempre prometida y postergada.
Roraima vivió dias de tensión el 6 de enero y los días siguientes, cuando hacendados con apoyo de una minoría indígena bloquearon carreteras, invadieron la oficina de la Funai y otras sedes gubernamentales, secuestraron a tres sacerdotes católicos y dañaron escuelas y puestos de asistencia médica.
El objetivo era impedir la homologación, que había sido prometida para enero por el actual ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, y que no se produjo.
”Estamos recurriendo a la OEA, después de hacer todo lo posible en el país”, dijo a IPS Jacir José de Souza, coordinador del CIR, que encabeza la lucha por el territorio. ”Desde el año pasado esperamos una audiencia con el presidente” Luiz Inácio Lula da Silva, acotó.
El gobierno tiene obligación de aclarar ”por qué demora la homologación” que promete desde la asunción de Lula en enero de 2003, en respuesta a una lucha de 35 años y al ”gran sufrimiento de nuestros pueblos”, sostuvo el lider macuxi.
El CIR prepara una manifestación en Brasilia, ”aún no confirmada”, para el 15 de abril, que reuniría a representantes de grupos indígenas de todo el país. La esperanza es que Lula decida homologar la decisión sobre Raposa Sierra del Sol el 19 de abril, Día Nacional del Indígena, dijo De Souza.
Mientras, los indígenas siguen viviendo en Roraima bajo tensión y en la incertidumbre, ”sin diálogo entre las partes en conflicto”, señaló a IPS Luis Marques de Brito, sacerdote católico portugués que actúa en ese estado hace tres años, después de 10 años en el sur de Brasil.
Los hacendados, en su mayoría productores de arroz, al igual que los gobernantes del estado y de municipios, aspiran ante todo a que se excluyan de Raposa Sierra del Sol áreas ocupadas actualmente por cultivos y poblados, lo que significaría dividir la reserva en cinco partes separadas entre sí.
Eso ocurre pese a que está previsto que los hacendados reciban una indemnización por las tierras que cultivaban.
La división ”en islas significaría el fin de los indígenas, porque perderían su identidad”, y en poco tiempo serían asimilados por la cultura blanca, evaluó De Brito. El deterioro de su vida sería dramático, sometidos a los prejuicios que los consideran ”perezosos, una basura”, pronosticó.
Una parte ”minoritaria, no mayor de 20 por ciento” de los indígenas adhirió al movimiento de los hacendados contra la reserva continua, e incluso participó en el alzamiento de enero, admitió.
El gobierno central decidió que haya una reserva continua, pero los aplazamientos de la homologación, ”prometida para Navidad y luego para enero”, indican que vacila ante las presiones de políticos y hacendados locales, según el sacerdote.
Las presiones locales perdieron fuerza en los últimos meses a causa de un escándalo de corrupción, que involucra al gobierno estadual e incluso a algunos indígenas de ”la minoría opositora”, observó.
Ese escándalo se debe a que grandes sumas del presupuesto gubernamental fueron desviadas como pago a funcionarios contratados para tareas ficticias.
Además de las dudas sobre una pronta homologación de Raposa Sierra del Sol, De Brito lamentó la dificultad que afronta, al igual que otros religiosos y misioneros católicos, para mantener su trabajo de ”apoyo a la sobrevivencia, no tanto de evangelización” de los indígenas locales.
Una escuela en que se capacitaba jóvenes para la agricultura, por ejemplo, fue destruida, y las actuales tensiones impiden otras actividades.
28 Agosto 2008
Brasil: Raposa Serra do Sol gana primer asalto
Por Mario Osava
IPS, 27 agosto 2008.- Los nativos que viven en el territorio indígena brasileño de Raposa Serra do Sol ganaron un primer voto favorable en el proceso iniciado este miércoles en el Supremo Tribunal Federal, que decidirá el destino de esa reserva ubicada en la frontera norte.
Un pedido de “vistas” de uno de los miembros del tribunal postergó la decisión final.
“Esbulho”, que en portugués quiere decir expoliación o robo, fue la palabra que usó el magistrado Carlos Ayres de Britto, relator del proceso, para calificar la ocupación de una parte de Raposa, sostenida por hacendados que quieren anular la demarcación del territorio, concluida en 2005 con la homologación firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Britto consideró “improcedente” la acción judicial que cuestiona la demarcación, defendiendo con detallada argumentación el mantenimiento de los 1,7 millones de hectáreas como un área continua, para cumplir los derechos constitucionales de los 19.000 indígenas de cinco etnias, que comparten la reserva.
El fallo del Supremo Tribunal Federal será decisivo no solo para esa población autóctona del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana, sino para gran parte de los indígenas brasileños que viven en tierras disputadas por agricultores, ganaderos y otros pretendidos propietarios.
Los indígenas, sus defensores y ambientalistas temen que una decisión desfavorable ponga en riesgo a decenas de otras tierras ya demarcadas que podrían volverse blanco de nuevos cuestionamientos. Y hay otras reservas en las que persisten conflictos, pues si bien han sido reconocidas como indígenas, sus habitantes no tienen aún su posesión definitiva o están parcialmente ocupadas por hacendados, como Raposa.
Los numerosos argumentos expresados por Britto, en casi dos horas de exposición, representan más que un voto. El magistrado que debería seguirle en la votación, Carlos Alberto Direito, pidió un tiempo para reflexionar, elogiando la ponencia del relator por su “conocimiento de la totalidad de la materia”, incluyendo los hechos históricos.
El máximo tribunal de justicia de Brasil se compone de 11 magistrados. Su presidente, Gilmar Mendes, expuso su esperanza de finalizar este año el proceso, iniciado en respuesta a una acción judicial de dos senadores de Roraima, apoyada por gobernantes locales, hacendados e incluso por una parte de los indígenas.
La acción cuestiona la demarcación del territorio, y defiende el “derecho adquirido” de los terratenientes que compraron tierras dentro de la reserva indígena, donde cultivan principalmente arroz.
Son invasores de áreas tradicionalmente indígenas, que provocaron un conflicto en el que “21 líderes fueron asesinados y muchas casas quemadas”, destacó Joenia de Carvalho, de la etnia wapichana, al defender los derechos de su pueblo como la primera abogada autóctona que expone en una sesión del Supremo Tribunal Federal.
Desde 1996 esos supuestos propietarios no tienen ningún derecho a las tierras que ocupan, sentenció Britto, quien comprobó la expoliación mediante registros notariales que revelan un crecimiento injustificado de los predios en manos de los hacendados, con extensiones multiplicadas en sucesivas ventas, fusiones y separaciones en las décadas de 1980 y 1990.
El juicio se abrió con intervenciones de defensores de los demandantes y del gobierno de Roraima, seguidos de representantes del gobierno federal, como el abogado general de la Unión, José Antonio Toffoli, y de defensores de la causa indígena.
El ex canciller y ex magistrado del Supremo Tribunal y de la Corte Internacional de Justicia, Francisco Rezek, abogado contratado por el gobierno de Roraima, acusó a la administración federal de haber demarcado Raposa de forma irresponsable y de reducir a sólo 10 por ciento el área de Roraima bajo jurisdicción de las autoridades estaduales, dejando escasas tierras para la producción agrícola.
El relator Britto contrarrestó todos los argumentos contra la demarcación continua de Raposa. En Roraima, “descontando las tierras indígenas” y otras federales, los 121.182 kilómetros cuadrados –área equivalente a la de tres estados brasileños en los que viven 22 millones de personas– sobran para “los menos de 400.000 habitantes no indígenas” del distrito, aseveró.
Los estudios antropológicos que justificaron la demarcación de una tierra indígena continua fueron idóneos, reconocidos y no cuestionados seriamente durante muchos años, después de ser ampliamente publicados, arguyó. Ellos permiten concluir que “solo la tierra continua asegura los derechos de reproducción física y cultural y el mantenimiento integral de costumbres y tradiciones” de aquellas poblaciones, acotó Britto.
Las cinco etnias conviven allí sin conflictos hace por lo menos 150 años, se mezclaron, hablan lenguas de tronco común, y las tierras que ocupan tradicionalmente son lindantes, lo que no justifica separarlas en “islas”, como quieren los demandantes, porque eso implicaría incumplir lo que dispuso la Constitución, afirmó el magistrado.
“Hay compatibilidad perfecta entre tierras indígenas y fajas de frontera”, aseguró Britto, para contrarrestar el argumento esgrimido inclusive por militares, de que la tierra de Raposa, al ser fronteriza, amenazaría la seguridad y la soberanía nacional.
La historia demuestra que la presencia indígena en la frontera fue un factor para su defensa, y la misma Constitución brasileña reconoce la ocupación privada de fajas limítrofes como “fundamental para la defensa”, añadió.
A los que expresan temor de que grupos autóctonos se afirmen como nación y proclamen su independencia con apoyo externo, fundándose en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Britto les indicó que la Constitución brasileña “contiene disposiciones suficientes” y es insuperable en la defensa de los derechos de etnias originarias.
