PAV-DDHH
Hace justamente un año estaba concluyendo sus tareas la delegación asturiana de verificación a los ddhh en Colombia.
Lo hacía con una reunión con las Autoridades indígenas de todo el país (ONIC), y con rueda de prensa en esa misma sede con bastante repercusión en torno a sus “hallazgos preliminares”. https://pachakuti.org/preliminares-de-la-delegacion-astur/
Posteriormente se elaboraría el Informe, que fue presentado en diversos espacios públicos e institucionales. https://pachakuti.org/informe-colombia-19/
Este año, esa delegación (que ha trabajado siempre de forma ininterrumpida incluyendo tiempos de pandemia) ha modificado sus fechas para abril, y viajará del 7 al 19 de ese mes primaveral: será la 20ª delegación, y habrá conmemoración específica por ese número redondo (como también la hubo cuando el Programa que soporta y da pie a la delegación, el PAV-DDHH, cumplía también los 20 y lo “celebraba” https://pachakuti.org/programa-asturiano-atencion-victimas-violencia-en-colombia/flores-del-gobierno-espanol-y-de-la-onu-al-programa-asturiano-de-dd-hh/ en la embajada española en Bogotá: ahora el PAV-DDHH se aboca a sus 24 años de existencia, pendientes de la llegada de 6 personas Defensoras de los ddhh a la protección temporal asturiana.)
Pero.. ¿por qué siguen siendo necesarios programas de protección temporal como el veterano PAV asturiano?
Sin duda para el caso colombiano el motivo es la continuidad de la matazón.
Concluía con malas cifras el 2023, y va bastante mal el 2024, con reporte ya de 21 líderes sociales asesinados, el último José Antonio Lozano en Palmira, líder campesino; van 11 masacres documentadas estos escasos días del año, la última de indígenas awá en Ricaurte, y 5 firmantes de paz asesinados, el último Yamid Moran en el Cauca, quien tras acogerse a los Acuerdos de Paz era cooperativista, y como indígena nasa coordinaba un equipo en Caldono.
No entra, todavía, al recuento, el asesinato reportado esta noche de Ludivia Galíndez, presidenta de ASOJUNTAS del municipio de Montañita y responsable de Mujer en el Regional del PCC de Caquetá, quien hace pocos días era entrevistada en el semanario Voz.
Son HECHOS contundentes, más allá de las interpretaciones y valoraciones en torno a las propuestas de paz y defensa de los ddhh que promueva el actual gobierno.
Hace un año, en el informe asturiano, nos hacíamos eco y sintetizábamos las “recomendaciones” para superar esta situación, que adicionalmente fueron reforzadas en el Encuentro de final de año en La Calzada “los retos de la Paz”:
“fortaleciendo los lazos fraternales con las organizaciones colombianas, favoreciendo los programas de protección, animando al compromiso institucional de aytos, gobiernos, y parlamentarios a través de la Interparlamentaria”..
“El rechazo a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario cometidas por las partes en conflicto, y nuestro repudio a los ataques contra la dirigencia social y contra las mujeres.
El rechazo a la impunidad que campea en la Fiscalía General convertida en bando de oposición al gobierno en detrimento de su papel contra la impunidad.
El apoyo a los esfuerzos del gobierno por sacar a las mafias del narcotráfico y de la corrupción de las instituciones, de la política, de la justicia, de la fiscalía y de la fuerza pública.
El llamado al gobierno para que proteja de manera efectiva la vida y la integridad de las personas que defienden los Derechos Humanos.
Desde Asturias ratificamos nuestra voluntad solidaria de seguir acompañando las aspiraciones de paz con justicia social del pueblo y del gobierno de Colombia.”
“Concertar con las comunidades las prioridades de inversión social del Estado en los territorios y la presencia de la fuerza pública.
Priorizar medidas que lleven a un descenso humanitario del nivel del conflicto armado. Cese indefinido del fuego y de las hostilidades con el ELN.
Acelerar el cumplimiento del Acuerdo de Paz suscrito con las FARC destinando recursos suficientes en el Plan de Desarrollo cuatrienal.
Difundir las conclusiones de la Comisión de la Verdad y seguir sus recomendaciones para evitar la impunidad y la repetición.
Garantizar el derecho a la vida y las libertades fundamentales de la población.
Garantizar la realización de la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y a las comunidades afro sobre los planes de inversión que afecten los territorios y los pueblos.
Garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y a otros sectores sociales vulnerables, y tomar medidas para evitar el reclutamiento de menores con fines bélicos o de explotación sexual o laboral.”
Hace un año, y ahora: esa voluntad expresada de fraternidades, de defensa de garantías para defensoras, habrá que seguir fortaleciéndola, en el caso asturiano con la potente fortaleza social de las numerosas organizaciones y colectivos que arropan al PAV-DDHH, y en el caso español con el resto de programas que nos articulamos en la red proTEJER.
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