Globalización de la agricultura y la alimentación en la economía mundial.
Un análisis crítico (teórico y práctico) desde la agroecología y el consumo responsable
Pilar Galindo y Carlos Pino
Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES)
caes@nodo50.org
La alimentación como fuente de salud y reproducción de la vida
Una de las dimensiones básicas de la salud está ligada a la alimentación. Todos los seres vivos y entre ellos, los seres humanos, precisan alimentos nutritivos, saludables y en una cantidad y composición adecuadas para asegurar, su desarrollo como organismo vivo y las condiciones de reproducción y supervivencia como especie. La salud individual, pero también colectiva, presente y futura, depende de la alimentación. Un ser vivo bien alimentado es menos sensible a enfermedades o son más pasajeras y tienen consecuencias menores. Además, la salud está vinculada a otros factores como la salubridad del medio en el que vivimos, las relaciones laborales, la extracción socioeconómica, la afectividad que damos/recibimos. Aunque pudiera parecer que procurarse una vida más o menos saludable depende de la voluntad y libertad individual, la mayor parte de la población que muere de hambre, malvive en condiciones de desnutrición o muere de enfermedades evitables, no ha elegido las condiciones de su existencia, sino más bien ha sido víctima de tales condiciones. La escasez y la (baja) calidad de los alimentos, suele estar vinculada a la pobreza. Esta es la primera dimensión de la inseguridad alimentaria. La segunda dimensión es la insalubridad de los alimentos y los riesgos indirectos sobre la salud y la reproducción. Cada vez con mayor frecuencia encontramos alimentos contaminados o inseguros desde el punto de vista nutricional o de su calidad. Tampoco su ingesta es fruto de la voluntad individual, sino que se relaciona con la forma en que se cultivan y procesan los alimentos en el modelo actual de producción, distribución y consumo a escala planetaria.
Economía. Agricultura. Alimentación: La lógica de la producción, distribución y consumo de alimentos en la economía moderna.
En la economía moderna las necesidades humanas, entre ellas la alimentación, adoptan la forma mercantil y se expresan bajo la forma precio. Es decir, la lógica de la necesidad queda supeditada a la lógica del mercado. No se produce lo que necesita la población para vivir sino lo que genera beneficio. Y sólo puede generar beneficio si constituye una demanda en el mercado, porque quien lo necesita tiene dinero para pagarlo. A su vez, la producción se organiza mediante la generalización del trabajo asalariado como forma de obtener los recursos necesarios para la propia vida y de pertenencia social. Las personas, una vez que históricamente, han sido desposeídas de medios propios, familiares o comunitarios, se ven impelidas, para satisfacer sus necesidades, a ir al mercado a buscar un empleo que les proporcione los recursos monetarios con los que procurarse, nuevamente en el mercado, las mercancías que satisfarán sus necesidades alimenticias y de otro tipo. Por tanto, la generalización del trabajo asalariado tiene como consecuencia, la generalización de la producción de alimentos para otros, para la venta, es decir la producción de mercancías agrarias. A su vez, es preciso que se reduzca el trabajo necesario en la agricultura para poder «liberar» mano de obra para el despliegue de la producción industrial, es decir, aumentar la productividad del trabajo agrario mediante la tecnología. Por último, la continuidad del ciclo industrial exige aumentar la demanda de mercancías industriales que se hará no sólo mediante el aumento del consumo sino también, a través de el aumento de su demanda al interior del ciclo productivo, como medios auxiliares y de producción. Esto empujará también a que en el proceso de producción agraria se empleen cada vez más productos elaborados por la industria y que se entrecrucen cada vez más, ambos procesos. En definitiva, la industrialización de la agricultura tiene como origen por un lado, la demanda de mano de obra para la industria y la necesidad de desplegar un mercado para los productos de la propia industria al interior del proceso productivo. Por otro lado, se origina por la generalización del trabajo asalariado y la concentración urbana, ambos propiciados por la industrialización, que inducen, cada vez más, a la población (asalariada) a recurrir, sin otra alternativa, al mercado para conseguir los alimentos y el resto de las mercancías que satisfacen sus necesidades. La producción de alimentos debe comportarse entonces, como una mercancía cualquiera, aunque satisfaga una necesidad humana básica, debe generar beneficios (producir plusvalor y reproducir ese plusvalor).
El modelo de producción, distribución y consumo de alimentos basado en la industrialización de la producción de alimentos y la generalización de su intercambio bajo una forma mercantil discurre parejo a la industrialización de las sociedades. En los países industrializados se desarrolla especialmente a partir de la II Guerra mundial, aunque en EEUU lo hace al menos una década antes, favorecido precisamente por la propia guerra que realimenta la industrialización. Su extensión y consolidación progresiva a escala planetaria se inicia en los años setenta, a partir de lo que se conoce como la Revolución Verde. Se denomina así, al fenómeno propiciado por la FAO, de extensión de la agricultura industrial a los países empobrecidos bajo el argumento de que era la única forma de resolver el problema de las necesidades alimenticias de una población creciente. Esta agricultura se basa en un alto empleo de tecnología (maquinaria, irrigación, semillas híbridas, fertilización química y productos químicos para la lucha contra las plagas y enfermedades) considerando ineficientes e inapropiadas tanto la forma tradicional de la agricultura de cada zona, como los conocimientos a ella asociados de manejo de suelos, agua, semillas, cultivos, etc. Pero además de no ser tecnologías apropiadas para la ecología de cualquier parte del planeta, generan una mayor dependencia económica y tecnológica. La Revolución Verde es una de las principales consecuencias del aumento de la deuda exterior de los países empobrecidos, impelidos para pagar los intereses de esa deuda, a producir cultivos de exportación demandados en el mercado internacional y a importar los alimentos básicos para su población o incluso solicitar ayuda alimentaria. La soberanía y la seguridad alimentarias de los países empobrecidos queda hipotecada y al albur del mercado internacional y sus precios.
Mantener el ciclo reproductivo del capital a costa de la vida, la salud y la seguridad alimentaria
Es evidente que la doble condición, industrial y mercantil, del ciclo de producción, distribución y consumo de alimentos no busca satisfacer las necesidades de alimentación de toda la población del mundo en condiciones suficientes y de calidad, y garantizar a su vez, el respeto ecológico para las necesidades futuras. Por el contrario, promueve:
Intensificación de la producción en base a la introducción de tecnologías o bien no suficientemente probadas –transgénicos- o cuyos efectos perjudiciales están demostrados -plaguicidas, pollos con dioxinas, vacas locas, hormonas en la leche y en la carne, etc-. Todo ello a costa de la salud de las personas, del agotamiento y contaminación de suelos, agua, semillas, de la eliminación progresiva de ecosistemas naturales.
Producción a gran escala a costa del endeudamiento creciente de agricultor@s y ganader@s, que además, expulsa a los que no pueden «competir» y elimina la cultura y modo de vida campesina.
Una dependencia cada vez mayor del mercado y sus reglas por parte de l@s agricultor@s y ganader@s, no sólo por las condiciones de venta de sus productos, sino por la imperiosa necesidad de comprar todo lo que precisan (privatización de las semillas, ingeniería genética, plaguicidas, fertilizantes, maquinaria, etc.). Se convierten en eslabones de una cadena que les controla y co-responsabiliza ante la contaminación alimentaria.
Deterioro progresivo de la calidad de los alimentos, incluso su contaminación, debido a los productos y/o tecnología empleados.
Incremento obligado del comercio mundial de alimentos mediante las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), e impulsado a través de subvenciones a la exportación y/o a la intensificación. Consiguiente impacto negativo sobre las economías y condiciones de vida de agricultor@s, jornaler@s y campesin@s en los países de origen y destino. También sobre el medio ambiente, por el aumento de envases y el consumo energético debido al transporte y la conservación.
Proliferación de grandes superficies, controladas por el capital internacional, a costa del pequeño comercio local. Sus ventajas competitivas residen en la precarización de sus emplead@s, las presiones que ejercen sobre los precios y la forma de pago a productor@s.
En su despliegue, este modelo modernizador de la alimentación mundial ha demostrado su incapacidad para resolver los problemas de seguridad alimentaria. La forma como el capital interviene en la mercantilización de la alimentación a nivel mundial, generaliza dicho modelo y activa las condiciones para el aumento de la inseguridad alimentaria:
No se produce lo que necesita la población para una alimentación segura, sino lo que asegura más beneficios al capital invertido.
Al perseguir el abaratamiento de los costes y la competitividad en una cadena de distribución planetaria, este modelo, enfrenta a productor@s y consumidor@s en intereses contrapuestos y enormemente alejados.
Elimina a la pequeña producción agroalimentaria y a l@s campesin@s, reemplazándoles por empresas o sociedades anónimas que concentran la producción y la distribución donde les es más rentable.
Convierte a la agricultura y ganadería en una factoría industrial. El oficio y habilidad del agricultor/a y su conocimiento de la naturaleza no tienen el menor valor y han sido sustituidos por la producción en serie.
Se trata a los animales como máquinas productoras de carne, leche o huevos.
Lo importante no es la calidad de los alimentos, sino el cumplimiento de la legalidad: informar en las etiquetas, no incorporar productos prohibidos o en dosis no autorizadas. A las sustancias que van a ser autorizadas no se les pide la ausencia de riesgos directos o indirectos para la salud o el medio ambiente. Se aceptan umbrales de contaminación y riesgo. No se aplica el principio de precaución ante la duda o los riesgos desconocidos.
Se viola el derecho a la soberanía alimentaria como «derecho de los pueblos a definir su propia política agraria y alimentaria», mientras se consolidan las patentes (derechos de propiedad) sobre la vida.
Se esquilman y privatizan territorios, recursos naturales, agua, suelo, semillas, etc.
Entre las consecuencias y contradicciones del ciclo productivo y reproductivo del capital en la agricultura y la alimentación nos encontramos: a) hambre y comida basura; b) desnutrición, obesidad, y otras enfermedades evitables; c) medicalización por falta de alimentos y por exceso; d) despoblamiento en el campo y hacinamiento en las ciudades; e) desarraigo, emigración, exclusión y nueva esclavitud en países del centro y de la periferia; f) destrucción ecológica, pérdida de suelo fértil, catástrofes «naturales» recurrentes, contaminación de aguas, suelos y atmósfera; g) intoxicación y envenenamiento de especies, enfermedades y trastornos hormonales derivados del uso de plaguicidas; h) riesgo de epidemias humanas activadas por la transferencia genética de enfermedades animales (gripe del pollo) y por la intensificación de los flujos comerciales internacionales. En definitiva se multiplican las consecuencias, no queridas y no evaluadas, sobre la salud humana, del resto de las especies y del ecosistema. Este modelo alimentario se desentiende tanto de las necesidades sociales y ecológicas, como de sus consecuencias actuales y futuras. Crece en abierta oposición a los derechos de la población (campesina o consumidora) a una alimentación suficiente, saludable y nutritiva, a una vida digna en su propia tierra y a su cultura tradicional. Lo único importante es que no se interrumpa el ciclo de producción y circulación de las mercancías, que no cese la producción de plusvalor. Se subordinan o quedan subsumidos a esta lógica, los tiempos de la naturaleza, el patrimonio común biogenético, los procesos ecológicos, el principio de precaución, los derechos humanos (derecho a la vida), y en particular, la seguridad y soberanía alimentarias.
Las instituciones internacionales que despliegan la globalización alimentaria: OMC, FAO, OMS. La PAC en la UE, proteccionismo globalizador.
No están garantizadas cantidad y calidad de alimentos para toda la población mundial. A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos considera el derecho a la alimentación y al bienestar nutricional como uno de los derechos elementales, que la Organización Mundial de la Alimentación (FAO en inglés), reúne periódicamente a los Jefes de Estado y de Gobierno para acordar estrategias conjuntas que combatan la inseguridad alimentaria, ésta crece en paralelo al desarrollo del comercio global de alimentos. Desde la primera Cumbre Mundial de la Alimentación en 1974. En la Cumbre de 1996 se reconocía que 800 millones de personas no disponían de alimentos suficientes, y se constataba que tal cuestión dependía de la voluntad política de los Estados. La Declaración expresaba que no se trata de la cantidad de alimentos producidos sino de la capacidad de acceso de las familias a dichos recursos. El compromiso se limitó a proponer reducir la cifra de hambrientos a la mitad y en el 2015. Actualmente esa cifra alcanza los 842 millones, y en la Cumbre de Johannesburgo para el Desarrollo (2003) se mantuvo el mismo objetivo y plazo que en 1996.
La FAO y la OMS, ambas dependientes de Naciones Unidas y cuya finalidad es resolver los problemas de la alimentación y la salud de la población a nivel mundial, aunque _evalúan las consecuencias que provoca este modelo productivo, no cuestionan verdaderamente el origen de la inseguridad alimentaria. Separan las dos dimensiones de la seguridad alimentaria (cantidad y calidad) y promueven tan sólo soluciones técnicas. Con respecto a la calidad de los alimentos, proponen controles analíticos cuya premisa es la demostración fehaciente del efecto perjudicial sobre la salud (eliminan sólo los productos que han demostrado ser la causa de enfermedades graves o muertes directas). En el caso del acceso insuficiente a alimentos, proponen acelerar la industrialización agraria y alimentaria. El Gobierno de Bush presionaba en la última Cumbre Mundial de la Alimentación, junio 2002, para impulsar la ingeniería genética como solución al problema del hambre. Al plantearse aisladamente ambos problemas y buscar soluciones meramente técnicas, al no interrogarse sobre las causas que cronifican el hambre y la malnutrición y que extienden y profundizan el deterioro de la calidad de los alimentos, las soluciones acaban formando parte del problema, al reproducir y agudizar un ciclo en el que l@s afectad@s ni siquiera pueden articular estrategias propias de defensa de la salud y la nutrición, negándose el derecho a la soberanía alimentaria.
La Cumbre de Johannesburgo de Desarrollo Sostenible (2002), segunda edición de la Cumbre de Río, debería haber intentado impedir que la economía sea el argumento para aplazar, una vez más, las soluciones a los problemas alimentarios, sociales y ecológicos. Tras la primera Cumbre de la Tierra (1992) no sólo no se han reducido los problemas, sino que han aumentado («Río menos 10», ya que han perdido 10 años). Las grandes líneas en Johannesburgo: erradicar la pobreza; modificar las modalidades insostenibles de producción y consumo; proteger y gestionar los recursos naturales; comercio global; salud; y desarrollo sostenible. Pero, el presidente del primer bloque económico del mundo, EEUU, no apareció y el segundo bloque económico, la UE, presentó una propuesta de Pacto Global que pretendía aumentar la liberalización de los mercados, a cambio de apoyar la condonación de la deuda externa e invertir y transferir tecnologías a los países del Sur. Suavizar el camino para la nueva reforma de la OMC, desligando el crecimiento económico de la presión sobre los recursos medioambientales en los ámbitos de la energía, los residuos, el uso de sustancias químicas y la biodiversidad. La solución del Pacto Global, liberalización de los mercados en energía, agua y biodiversidad, significa que la riqueza potencial de tales recursos, radicada sobretodo en los países del Sur y soporte de comunidades indígenas y campesinas, quede «libre» en condiciones de mercado (es decir, privatizable) para ser «gestionada» y «protegida» por el capital internacional. El resultado, la iniciativa privada haciendo negocio con el pretexto de llevar agua y energía al 50% de los que carecen de ella, con el apoyo de algunas corporaciones no gubernamentales.
La «Ronda del Desarrollo» de la OMC que se inició en Doha (nov. 2001) tras el fracaso de Seattle, prometía reactivarse en la V Reunión Interministerial de Cancún (10-14/sep./2003), profundizando la orientación neoliberal que inició la Ronda de Uruguay, última Ronda del antecesor de la OMC. (Acuerdo General de Aranceles y Comercio o GATT). En Cancún, tanto EEUU como la UE esperaban un avance en la liberalización del comercio mundial. El cálculo se basaba en presuponer que los países pobres tuvieran un mayor interés en un marco de acuerdo multilateral de liberalización del comercio, más protegidos que con acuerdos bilaterales o regionales promovidos por EEUU, aunque, de hecho, los acuerdos multilaterales legalizan e institucionalizan la dependencia de los países pobres conseguida en los acuerdos bilaterales. En la estrategia de los países ricos no cabía una coalición entre los menos fuertes. Pero el G-22, impulsado por Brasil y Argentina e integrado por las economías más débiles se convirtió, contra todo pronóstico, en el bloque opositor al frente Washington-Bruselas. Cambió la agenda al supeditar la reducción de aranceles sobre las mercancías no agrarias a la eliminación de los subsidios a la exportación y las ayudas internas a la agricultura. El G-22 ha impedido finalmente que la UE, pero también EEUU y Japón, introdujeran entre los compromisos dos elementos letales para las economías más débiles: la protección a las inversiones (libre acceso de las inversiones extranjeras) y garantías a la libre competencia en los mercados (es decir, impedir la protección de la actividad local frente a las multinacionales). Los países pobres han preferido renunciar a lo conseguido en agricultura, a exponer sus economías, sin protección, al capital internacional.
Pero el fracaso de Cancún es sólo un aplazamiento de la Ronda del Desarrollo. Aunque la alianza del G-22 podría convertirse en un medio para frenar el despliegue del libre comercio, se basa en la defensa de intereses compartidos y no en la reclamación de políticas específicas que partan de la realidad de cada país para proteger del hambre y las privaciones a su propia población, para mantener a sus propios campesinos, defendiendo su derecho a ejercer la soberanía alimentaria. Considerar que haciendo más justas las reglas del comercio internacional y eliminando las subvenciones a la agricultura doméstica, se restablece el equilibrio y a partir de ahí, es posible que los productos del Sur puedan «competir» en los mercados del Norte, es quedarse en la superficie del problema. Se restablecería una mejor competencia de los capitales y la guerra entre ellos no sería tan desfavorable para los países del Sur. La dependencia de los países poco desarrollados no se debe tanto a las subvenciones que reciben los agricultores de los países ricos como a un modelo de agricultura industrializada y productivista, orientada a la exportación. Al pedir la eliminación de esas subvenciones, los países pobres no ponen en cuestión su participación en el mismo modelo alimentario que, si en los países ricos, es causante de la inseguridad alimentaria por la comida basura, en su propio país es causante de los monocultivos, el hambre, el subdesarrollo y la perpetua dependencia.
En el ámbito de la Unión Europea, la PAC dice defender una agricultura propia que mantenga las rentas de los agricultores, respetando el medioambiente y la seguridad alimentaria, como quieren ciudadanos y contribuyentes. Pero, en sus hechos, habla el lenguaje de la circulación de las mercancías y no el lenguaje de la agricultura campesina, del territorio o del desarrollo rural. Si nos fijamos en su estructura central, acordada en el Tratado de Roma (1957), que en lo esencial no ha variado en las sucesivas reformas, se articula mediante las Organizaciones Comunes de Mercado (OCMs) donde, a través de la regulación de la producción de las mercancías agrarias, se estructuran los sectores agrícolas y ganaderos, propiciando con ello el fraccionamiento y la contraposición de intereses de los distintos actores en la producción, distribución y consumo de alimentos. Esta regulación se dirige a favorecer la posición de los productos agrarios europeos tanto en el interior de la UE, como hacia el exterior: intervención en los mercados, para garantizar un precio mínimo; derechos de aduana, para proteger de la competencia a las mercancías propias en el mercado interior, y restituciones a la exportación, para mejorar la competitividad de las mercancías propias en el mercado exterior. La verdadera vocación de esta política agraria es la exportación (única política supraestatal aceptada y costeada con un presupuesto comunitario en el Tratado de Roma). El mercado único de la CEE elimina las fronteras internas y obliga a una homogeneización de las condiciones de producción-distribución-consumo. Es decir, la explotación agropecuaria que no da la talla, desaparece.
La Unión Europea abordó una nueva reforma de la PAC, supuestamente adaptándose a los dictados de la OMC bajo la batuta de EEUU. Pero el escenario que caracteriza a esta tercera reforma de la PAC (aprobada en junio de 2003) lo configuran, al menos, la ampliación de 15 a 25 países miembros, el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (Cumbre de Ámsterdam, 1997) para posibilitar la moneda única y las rondas de negociaciones de la OMC. Además, la PAC persigue la misma lógica que preside la OMC: modernizar la agricultura para aumentar la productividad antes que cualquier otra razón (social, ecológica, territorial, de seguridad alimentaria y de solidaridad). Igualmente pone en segundo plano las «preocupaciones no comerciales». La dinámica real consiste en: abaratar costes con la precarización de las condiciones laborales y el abatimiento de derechos sociales y ciudadanos; acelerar y subvertir los ciclos naturales con el uso creciente de fertilizantes y plaguicidas químicos, hormonas y antibióticos en los piensos y promoción de semillas y alimentos transgénicos, en un contexto de contaminación y riesgos sobre la salud humana cada vez mayores y más documentados científicamente. A pesar de las apariencias, la PAC no constituye una política social, sostenible, que defienda la seguridad alimentaria, que impulse un mundo rural vivo y que proteja un modelo de agricultura vinculado al territorio y cohesionado al interior de la UE. Más bien, la Unión Europea utiliza la PAC como instrumento de la globalización para la liberalización del comercio de mercancías alimentarias. Sus reformas han secundado las políticas internacionales como si fuera una condición «inevitable», impulsando la desaparición de las pequeñas explotaciones familiares y comunitarias de dentro y fuera de la UE. Pese a su retórica, no es una política distinta de la que, para la agricultura, promueve la OMC. No propicia la soberanía y seguridad alimentarias de las sociedades europeas, sino la competitividad del Bloque capitalista de la UE frente al de EEUU, aunque mantenga aún una cierta distancia con EEUU que ha aplicado un modelo de modernización mucho más agresivo.
En definitiva, este modelo económico y social antepone las «necesidades» de la mercancía alimenticia en particular, y de las mercancías en general, a las necesidades de las personas que trabajan elaborando alimentos y/o se alimentan con ellos. La globalización económica es la extensión, consolidación y radicalización de este modelo, colonizando bajo la forma de mercancía todo lo que aún permanecía fuera, protegido bajo la forma de patrimonio común, o incluso, carente de valor comercial. Liberando todas las formas autosuficientes de vida, poniéndoles precio para que puedan ser intercambiadas, bajo las reglas democráticas del mercado.
Las propuestas desde la lógica económica
A menudo, las propuestas para solucionar los problemas, se asientan en la misma lógica que los genera. Por un lado, profundizar en el mercado como solución. Por otro, el desarrollo tecnológico como respuesta al desarrollo desigual.
Desde la lógica económica: ante la desigualdad en el acceso al mercado, más mercado.
Una de las más comunes actualmente es apuntar a la ampliación del comercio, cambiando las reglas para democratizar el acceso de «ricos y pobres al mercado en condiciones de igualdad». Es irracional intentar resolver los problemas de desigualdad, injusticia y hambre causados por la lógica del mercado mediante más mercado, es decir, comercio a escala mundial. La solución que proporcionan, tanto la OMC como la UE, a los problemas que origina el mercado es mercado global, es decir, más mercado. Pero el mercado no puede ser garante de la seguridad alimentaria y los derechos humanos porque solo entiende de competitividad y beneficios. La falacia de las ventajas del libre comercio se desmonta con sólo observar al interior de la UE, en un mercado único, los efectos de la competencia en condiciones de productividad desigual y especialmente, con las adhesiones de nuevos miembros. A España el ingreso en la UE le costó eliminar un millón de agricultores entre 1986 y 2002 (el 50% del total) y la sangría rural aún no ha terminado.
La liberalización del comercio no proporciona ventajas en seguridad alimentaria, ni desarrollo rural a los países pobres. Tampoco ofrece seguridad alimentaria a los consumidores de los países industrializados. El descenso de los precios de las materias primas agrarias en más del 50% desde 1960, no ha disminuido la deuda externa, ni el hambre en los países empobrecidos.
Por el contrario, han crecido la desnutrición y la mortalidad por enfermedades evitables, fruto de subordinar a la economía, el derecho a la salud y a una alimentación suficiente y de calidad. En los últimos 40 años, la comercialización mundial de alimentos han pasado del 7% al 10%. Se ha triplicado su volumen y duplicado los flujos de la mayoría de las categorías de mercancías alimentarias, pero incremento significa un mismo tipo de productos atravesando las fronteras en ambas direcciones. Aunque nominalmente puedan ser más baratos, aumenta el coste de su transporte y la distancia recorrida, con el consiguiente incremento de consumo de combustibles, envases, embalajes, refrigeración y pérdida de la frescura y calidad nutritiva de los alimentos. ¿Alguien puede afirmar razonablemente que es más barato, sano y sostenible un producto que ha viajado 15.000 kms que uno procedente de la producción local?. Esta lógica obliga a bajar continuamente los precios pagados a l@s agricultor@s, con un aparente beneficio para l@s consumidor@s, mientras se alarga, concentra y verticaliza el sector agroalimentario, bajo el dominio de la distribución a gran escala que extorsiona a amb@s. Los controles de calidad y trazabilidad en un intercambio de largas distancias se complican, encarecen, y convierten en un gesto formal. Sólo la gran distribución gana con el consumo global. La retórica de conciliar la liberalización del comercio mundial y el desarrollo de los países pobres, es solo propaganda porque la inmensa riqueza de los ricos tiene como condición el hambre de los pobres.
Visión tecnocrática: tecnología como paradigma para resolver problemas políticos.
Se promueven alimentos transgénicos, semillas estériles y patentes sobre seres vivos, como la solución de los problemas de inseguridad doble (cualitativa y cuantitativa) originados por la agricultura química cuando, en realidad, son la máxima expresión del modelo de producción industrializada y mercantilizada de alimentos y reproducen y amplían sus efectos. Estas «soluciones» multiplican las consecuencias no queridas y no evaluadas sobre la salud humana, del resto de las especies y del ecosistema. Sin embargo, tales consecuencias se ocultan, enmascaran o, simplemente no se _evalúan hasta pasados los años o tras un accidente desastroso que destapa la censura. La propia Revolución Verde y sus efectos deberían haber saciado el impulso de intentar paliar los problemas políticos con soluciones tecnológicas. Las consecuencias hoy del uso de la ingeniería nuclear para usos «pacíficos» están altamente documentadas, y muestran el «error» de infravalorar las consecuencias no queridas o no evaluadas suficientemente. La ingeniería genética camina por los mismos derroteros.
Los defensores del uso de la ingeniería genética en la producción de alimentos, sostienen que es la forma de poder combatir el hambre. Este argumento, sin certeza científica y mucho menos política, arrincona todas las precauciones y sitúa en un plano menor los riesgos, en particular sobre la salud. La propia realidad desmiente tales afirmaciones. Argentina es un país exportador de alimentos y está a la cabeza de la revolución biotecnológica moderna. En la crisis económica actual que afecta a Argentina, la población indigente alcanza casi los 24 millones de habitantes y se suceden muertes de niños/as por desnutrición severa. El Grupo de Reflexión Rural, que agrupa a diversos especialistas e investigadores del mundo rural argentino, responsabiliza a la «revolución biotecnológica» de la concentración de la propiedad, la desaparición de 300.000 campesinos, los más de 13 millones de hectáreas en manos de los bancos a consecuencia de los endeudamientos por tecnologías altamente dependientes de insumos importados. Todo ello sin mencionar el aumento de consumo de herbicidas ocultos tras la caída drástica de sus precios por diversos mecanismos. Consecuencia de ello, el desarraigo, la emigración forzosa para engrosar los cinturones de pobreza urbana. A pesar de la crisis, Argentina sigue exportando granos transgénicos e, incapaz de alimentar a su población, tiene que recurrir a la ayuda alimentaria.
En los países más pobres de África, los gobiernos de Lesotho, Malawi, Swazilandia, Zambia, Zimbabwe y Mozambique, acosados por la sequía, el sida y 13 millones de personas están amenazadas de hambre, eran presionados en 2002 por la OMS al negarse a usar ayuda alimentaria del Programa Mundial de Alimentos basada en maíz transgénico. Los Gobiernos querían garantías científicas de que no hay riesgos para la salud y el medio ambiente. No resulta extravagante su oposición. En la ayuda alimentaria enviada a diversos países se ha detectado maíz Starlink no apto para el consumo humano porque puede provocar alergias. También existe un riesgo comercial. Cuando no hay sequía, exportan maíz a la UE. Temen que, cuando quieran vender a la UE sus maíces puedan hallarse contaminados y sean rechazados. De hecho es la presión de l@s consumidor@s europeos la que ha derivado las exportaciones de granos transgénicos de Estados Unidos a la ayuda alimentaria, aunque la situación puede revertir en Europa y las presiones de las multinacionales y de países como Argentina y Uruguay en la OMC, pueden llevar al levantamiento de la moratoria comunitaria. En Malí y Burkina Faso, Monsanto, Dow Agrosciences y la Agencia para la Ayuda Internacional de Estados Unidos (USAID) están obligando mediante programas experimentales a introducir el cultivo de algodón transgénico. Incluso, para evitar que se decanten por programas de lucha biológica, ante los importantes problemas de plagas que les afectan, vinculados a tanto monocultivo, EEUU ha concedido ayudas millonarias a los Gobiernos para que cesen en la financiación de tales programas y adopten el algodón transgénico Bt. El impacto que, para los cultivadores de algodón en África, puede tener la sustitución de las semillas actuales por las transgénicas, puede ser más determinante que la competencia de las subvenciones a l@s productor@s de algodón en EEUU y USA.
Abordajes sectoriales, soluciones parciales y subsumidas por la lógica del beneficio
Desde el modelo agroalimentario dominante, y a pesar de que el 50% de la población mundial sea todavía campesina, la contraposición de intereses distintos y enfrentados entre personas agricultoras y consumidoras, dificulta elaborar abordajes que integren las necesidades de todas las partes. Las personas, agricultoras o consumidoras, estamos indefensas en una situación que nos convierte en víctimas mientras colaboramos eficientemente en nuestra faceta de consumidor@s, productor@s, trabajador@s, reclamando intereses diferentes según adoptemos uno u otro papel. El fraccionamiento de las posiciones, se refuerza con actitudes individualistas cuyo cálculo racional se basa en la maximización del beneficio, interiorizando la lógica mercantil y partiendo de una visión fragmentada que convierte cada solución en parte del problema. De hecho, las soluciones parciales, tanto en su análisis como en su respuesta, son subsumidas por la lógica económica imperante, desactivando gran parte de sus elementos positivos.
Podemos encontrar propuestas de diverso tipo: a) preservar los derechos de la naturaleza sin atender a las condiciones en que l@s agricultor@s, viven en los pueblos, trabajan y venden el producto de su trabajo, ni a las necesidades de l@s consumidor@s; b) proporcionar alimentos baratos e inocuos, a la vez que se piden garantías para el consumo de alimentos sanos, mediante sistemas sofisticados (trazabilidad), pero no cuestionar el modelo de producción y circulación mercantil de los alimentos, propiciando un nicho de mercado biológico de élite y, para el resto de la población, los alimentos que puedan pagar o incluso soluciones caritativas (ayuda alimentaria); c) soluciones que sólo parten de las necesidades e intereses del sector agrario y profundizan más la brecha entre población agraria y población consumidora, agudizan las dificultades para que haya alimentos sanos y suficientes para toda la población y tampoco garantizan la viabilidad de las explotaciones agrarias familiares o comunitarias, del norte y del sur; d) iniciativas de comercio justo Norte-Sur, que tienen la mejor intención solidaria con campesinos del Sur, pero no dan cuenta de la realidad que afecta a los campesinos del Norte, también en desaparición, además de ignorar el principio de cercanía. Todas estas razones no deben desconsiderar los múltiples aspectos positivos que contienen muchas de las iniciativas «parciales» frente a la soberanía alimentaria, sino tan sólo, mostrar su coexistencia pacífica con un modelo de producción, distribución y consumo de alimentos incompatible con la seguridad alimentaria de la inmensa mayoría de la población mundial.
Algunas propuestas impugnan en parte la lógica económica
En los últimos años han aparecido iniciativas que intentan aportar soluciones reales al problema de inseguridad alimentaria, interrogándose por la lógica que despliega tanta destrucción. Pero podemos encontrar soluciones que, aún apuntando a alguna de las partes, ignoran la circularidad del ciclo productivo y reproductivo del capital y la necesaria complicidad del consumo.
La más evidente con respecto a la alimentación es la producción y consumo de alimentos ecológicos frente a la agricultura y consumo convencionales, como se ha dado en llamar a los alimentos que proceden de la agricultura química. Desde el cuestionamiento de la contaminación y el agotamiento de los recursos, es decir, la forma de producir, la agricultura y el consumo de productos «biológicos» se presenta como una solución necesaria para proporcionar alimentos sanos a quien los consume y como respuesta a la contaminación medioambiental, al agotamiento de los recursos, a la crisis del ecosistema, pero ésto no es suficiente. Sin profundizar más, sin interrogarse por la forma de distribución y consumo, sin cuestionar si los alimentos «ecológicos» viajan miles de kilómetros, si se venden en grandes superficies, si son promocionados por multinacionales que negocian con los transgénicos, si sólo son para clases pudientes, etc. En definitiva, si no hay que incorporar también otros criterios ecológicos y también sociales.
En el Estado Español sólo el 1.5% de la superficie agrícola es ecológica, pero se exporta el 90% a mercados exteriores (Holanda, Francia, Alemania). Los consumidores ecológicos europeos, con un poder adquisitivo alto, importan productos ecológicos de cualquier parte del mundo y emplean la lógica y los circuitos habituales de distribución con los consiguientes impactos energéticos y el desentendimiento de las condiciones en que producen, en las explotaciones agrícolas o en las grandes superficies, las trabajador@s. Extender por tanto, la producción biológica con el mismo modelo de distribución y consumo, no es ecológico y no se compromete con las condiciones de pobreza de una parte importante de la población del Norte y del Sur.
La producción y consumo ecológicos y/o saludable, en principio no cuestionan la lógica mercantil, origen y desarrollo de la agricultura industrial y aceptan el modelo de distribución como forma de despliegue del consumo ecológico. Desde esta posición, no integran la pobreza y falta de acceso a los alimentos de la mayor parte de la población (alimentos ecológicos sólo para ricos), ni la desaparición de la agricultura familiar y campesina. El mercado resuelve las contradicciones e integra esta nueva demanda. Productor@s ecológic@s de menor escala en busca de mercados de consumidor@s ecológic@s muy solventes y/o solidari@s que les permitan mantenerse. La «ficción» acaba con la generalización del consumo ecológico a través de las multinacionales de la alimentación. El despliegue de la productividad, competitividad, escala productiva ocurre también al interior de la producción ecológica. La colonización del mercado mundial por parte de la producción etiquetada como ecológica acaba siendo una mera sustitución de tratamiento químicos por biológicos. En esa nivelación violenta de condiciones de producción, l@s pequeñ@s productor@s ecológic@s desaparecen. Los alimentos no son ecológicos, sino que se certifican como ecológicos. Ecológico como marca colonizando el mercado mundial, pudiendo incluso minorizar la producción de alimentos en base a la química. Pero la coexistencia «pacífica» con la producción industrial de alimentos y los transgénicos reducen las posibilidades de zonas libres de contaminación genética y química. La falta de integración de las consecuencias sociales facilita su asimilación por parte de la lógica económica, siempre dispuesta a incorporar los criterios ambientales que puedan expresarse de forma monetaria (quien contamina, paga).
Desde el otro lado, aparecen propuestas que defienden la proximidad, el apoyo al comercio local, los circuitos cortos de comercialización para proteger del comercio mundial a la economía campesina. Pero sin aportar la contrapartida de una alimentación segura, la recuperación de la fertilidad de la tierra y dejar de usar productos químicos que envenenan las aguas, los suelos, a los animales y a las personas no hay una verdadera reciprocidad entre lo que se pide y lo que se ofrece al plantear una solidaridad hacia los campesinos en peligro de extinción. Por otro lado, sin moderar los hábitos de un consumismo irrefrenable que no hace duelo con la naturaleza y es desconsiderado con la realidad de las personas que producen los alimentos, tampoco.
Cuestionar la lógica del mercado mundial en la defensa de los derechos de los campesinos/as, exige integrar recíprocamente por un lado, el derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y libre de plaguicidas y por otro, la contaminación agraria, accidentes, envenenamientos y enfermedades derivadas de uso de químicos en las personas más expuest@s, trabajador@s, campesin@s y sus familiares y descendencia. De lo contrario, la defensa del modelo campesino se muestra como solución marginal frente a la promesa que el mercado hace al agricultor profesional.
Interrumpir la mercantilización de la vida de las personas
Para construir alternativas que den respuesta a todos los problemas anteriores hay que apuntar al origen de tanta destrucción y sufrimiento. Es necesario interrumpir la lógica del beneficio como razón y motor de la vida y la sociabilidad y cuestionar la modernización, como modelo de progreso económico y social. La industrialización y mercantilización de la agricultura y la alimentación, no es la forma de poder alimentar a toda la población. La modernización y el consumo de las sociedades industriales, suponiendo que fuera deseable, no es generalizable a toda la población. Lo que se extiende es la desigualdad y la exclusión de una parte creciente de la población en beneficio de la otra parte. No sólo hay que producir la ruptura teórica con la modernización como paradigma que incluye la mercantilización de las relaciones sociales. Hay que interrumpir en la práctica, la centralidad de la lógica mercantil en las relaciones sociales: entre productor@s y consumidor@s y al interior del individuo de mercado construido en base a esa lógica del interés. Sus rasgos son: exceso de consumo, consumo ciego (en cantidad y en consecuencias) y despilfarrador de recursos; deseos ilimitados bajo la forma precio; dualidad de trabajo precario y socialización en el consumo. La contradicción trabajo/consumo se resuelve con una conducta esquizoide e individualista. Se reclaman condiciones dignas y salarios altos para poder ejercer un consumo desenfrenado. Ese consumo sólo puede darse a precios bajos si se liquidan los salarios y derechos de l@s trabajador@s que producen y venden esas mercancías. «Trabajar como un animal pretendiendo vivir como un señor». Interrumpir en la práctica la centralidad de la lógica mercantil en las relaciones sociales significa recuperar la autonomía y articular la soberanía alimentaria desde alianzas entre ciudadan@s del campo y la ciudad empujando desde los márgenes del mercado.
Reconstruir las relaciones sociales y la necesidad individual construida intersubjetivamente en diálogo con las otras realidades y necesidades. Reclamar la seguridad alimentaria desde una posición no sólo de defensa campesina, sino también ciudadana. No sólo porque el modelo alimentario y sus consecuencias en salud, económicas, ecológicas y sociales nos afectan a tod@s. También porque ejercer la soberanía alimentaria supone reconstruir las relaciones de intercambio en múltiples direcciones: campo-ciudad; campesin@s-consumidor@s; autócton@s-inmigrantes; Norte-Sur; subsidios agrícolas-ayuda alimentaria; pobres de hoy-generaciones futuras; medioambiente según el Norte-agroecología según el Sur. La defensa de la seguridad alimentaria implica saberse parte interviniente, responsable y solidaria en los hábitos de consumo, es decir, a la hora de comprar alimentos cada día.
El conocimiento, la actitud y la responsabilidad ante la propia alimentación es un acto político, de soberanía alimentaria. Educar-nos para alimentar-nos con dignidad y de forma saludable, teniendo en cuenta las consecuencias de nuestra elección, es una tarea necesaria, hoy más que nunca. Las personas involucradas en asociaciones/redes/cooperativas de consumo agroecológico, consideramos que esta es una aportación real y concreta que podemos compartir con otras personas preocupadas que se esfuerzan, desde otras dimensiones de lo social (inmigración, salud, educación, feminismo, sindicalismo, entre otras), por construir un mundo más humano y sostenible hacia el futuro. De la mano de ese empeño, es necesario desarrollar espacios comunes de cooperación entre proyectos de producción y consumo agroecológicos para superar nuestras limitaciones y, si es posible, ayudarnos a resolver algunos de los problemas que venimos teniendo, vinculados en general, a nuestra pequeña escala y al esfuerzo enorme que hay que hacer para que estos proyectos de economía social sobrevivan y se desarrollen.
Agroecología y consumo responsable. Desde el campo y desde la ciudad en cooperación, apoyo mutuo y reciprocidad.
La Agroecología campesina aparece como la forma de superar tanto la agricultura industrial como la agricultura ecológica para el mercado global. En diálogo con la naturaleza, inserta en el territorio, mediante tecnologías apropiadas (variedades autóctonas y prácticas de protección del ecosistema en su conjunto superando el límite de la finca), empleando los conocimientos tradicionales y partiendo de un principio de austeridad en el uso de insumos especialmente energéticos. Otras dimensiones vinculadas a la vida rural: combatir el abandono rural; recuperar huertos y actividades tradicionales en abandono en zonas marginadas de circuitos comerciales y, sobre todo, entender la producción agroecológica campesina como una dimensión inserta en la vida social rural (salud, educación, cultura, reparto de trabajo de cuidados de niños, mayores y personas dependientes, etc).
Pero la Agroecología campesina necesita de un consumo responsable que persiga la forma de superar una sociedad de mercado y un individuo construido para producir y consumir como única sociabilidad y forma de pertenencia social. Tiene que fecundar y propagar una inversión del énfasis en el consumo por el reconocimiento del otro, que está al otro lado del producto. Dialogar con las personas y no con el producto a través de su precio. Preocuparse de cómo y quien lo ha producido y cómo ha llegado hasta mí. Establecer redes de consumo organizado mirando hacia la realidad rural, los ciclos naturales de producción, la proximidad, el ahorro en envases y embalajes. Algunos de los rasgos del consumo responsable son: austeridad en el consumo, alimentos saludables, de temporada, compra directa a pequeñas explotaciones familiares agroecológicas, cercanía, precios razonables que remuneren condiciones de vida digna, consumo como necesidad colectiva y en diálogo con las necesidades de los otros, apoyo al pequeño comercio y rechazo de cadenas de distribución, hiper y super que extorsionan al productor y al consumidor.
Agroecología campesina y consumo responsable como polaridad interdependiente, que se reconoce mutuamente y se otorgan identidad en ese reconocimiento. Desde el campo y desde la ciudad en cooperación, apoyo mutuo y reciprocidad. Es necesario reconstruir las relaciones económicas entre las personas. Hacerlo desde la apuesta colectiva y organizada por un consumo responsable y comprometido con las necesidades de consumidor@s y agricultor@s, respetuoso con los ciclos naturales y las generaciones futuras. Explorar soluciones diversas que tengan en cuenta a todas las partes (producción, consumo y distribución-transporte). Agricultor@s que se asocian y buscan un vínculo con consumidor@s que quieran ver algo más que el producto y el precio. Consumidor@s que se asocian y crean las condiciones para la producción agroecológica. Deliberación sobre las necesidades mutuas, colectivas y su organización. Entender la distribución como un problema compartido, y el precio un resultado del diálogo de las necesidades, costes reales y para toda la temporada. Estas apuestas se llevan haciendo bastantes años desde diversos proyectos alternativos. Pero precisan la vocación de transcrecer los límites que marcan el necesario esfuerzo militante y la «identidad propia». Por un lado, dar seguridad a l@s agricultor@s agroecológic@s. Por otro, asegurar unas condiciones de viabilidad más allá de un consumo de apuesta política testimonial.
Aspirar a una agroecología y consumo responsable como resistencia frente a la globalización de la agricultura y la alimentación. Desde la articulación de vínculos entre colectivos de productor@s y de consumidor@s como forma de superar la marginalidad. Impulsando experiencias y relaciones de cooperación y apoyo mutuo entre colectivos agroecológicos. Hay que desenmascarar los daños de la globalización, contribuir a la cultura política del consumo y establecer vínculos con otros movimientos sociales. Solo desde muchas experiencias locales agroecológicas que se enfrentan en la práctica, a los daños de la globalización económica, puede haber fuerza para detener la lógica económica global de la agricultura y la alimentación. Por el contrario, y mientras se profundice la interiorización de la lógica de la competitividad en cada individuo, otro mundo es imposible.
Agroecología campesina en un pueblo de Cáceres. Una esperanza contra la emigración rural
La vida en un pueblo como Cerezo, o como otros tantos, nos ofrece una lenta agonía de la actividad vegetativa de la población. Los jóvenes emigran y le dan la espalda al campo. No les faltan razones: la baja rentabilidad de los productos, la precariedad en el empleo, la escasez de trabajo, el insuficiente apoyo económico del Subsidio Agrario, la mala distribución de la riqueza que el trabajador obtiene de la tierra con su esfuerzo, la falta de servicios sociales, etc. Por otra parte, la población cada vez está más envejecida. Esta circunstancia, junto a la emigración juvenil, hace que progresivamente se abandonen los cultivos. Los ancianos van muriendo y con ellos, la sabiduría campesina que recibieron de sus padres y estos de los suyos generación tras generación. Con la muerte de ancianos y ancianas se extingue el conocimiento. La forma de «dialogar» con la tierra, de tomar los recursos naturales con sus manos sin expoliarlos, sin destruirlos. Con ellos mueren en verdad el pueblo, el pueblo campesino. A la mayoría de sus hijos el mercado les ha convencido que «su saber hacer» debe liquidarse. No es competitivo.
En este proceso, nosotros hemos querido dialogar. Primero, con los ancianos que aún nos quedan en el pueblo. Segundo, queremos seguir dialogando con la tierra. Nuestra apuesta es cultivar con la naturaleza y no contra ella. Cuidarla como lo han hecho generaciones y generaciones de campesinos. Hemos tomado contacto con los ancianos, para saber si ellos accederían. Ellos ya no pueden trabajar la tierra y sus hijos le dan la espalda. Su mirada cansada, en su paseo diario… va viendo como la maleza conquista lo que en un pasado le alimentó. Les hemos propuesto combatir la maleza, mantener la fertilidad, cultivar la tierra y no permitir que mueran «las huertas». Para cultivarla, ellos nos son muy útiles. Su saber, su conocimiento, unido a nuestra voluntad, hace posible que aún usemos bien el arado con el burro. La rastra para desterronar, el tiempo de poda, el momento de plantar y una larguísima enciclopedia que guardan en su memoria. Enciclopedia que nosotros vamos abriendo, día a día, como hojas de un árbol que ha vivido muchas generaciones y nos sobrevivirá. En las huertas dónde ellos cultivaban cebollas, nosotros cultivamos cebollas. En los suelos en los que sacaban sus mejores patatas, nosotros plantamos patatas. La comunicación mutua nos enriquece.
El placer de ver crecer una planta que alimenta a otro ser vivo, nos hace sentirnos dignos de ser agricultores. Somos parte de lo que crea la vida. Ser agricultor es un orgullo. Por nuestras manos discurre el agua, la tierra, el aire que respiramos. Por ello, el cuidado que ponemos en nuestro oficio debe ser respetuoso. Un buen ejemplo es lo que hacemos en el olivar que trabajamos. El cultivo del olivo está a caballo entre el bosque natural maduro y los campos de cultivos. Puede considerarse un ecosistema derivado del bosque mediterráneo, la dehesa de acebuches, aunque en este caso haya sido plantado. Pero en nuestro olivar predomina el arbolado, al contrario de lo que ocurre en la dehesa de encinas, en la que se da prioridad al sustrato herbáceo (para que sea utilizado por el ganado) y el arbolado acaba por desaparecer. Un olivar no es solo un cultivo al que sacarle el mayor número de kilos de aceituna cada año, incluso durante muchos años. Es un agrosistema, del que tienen que alimentarse y convivir distintas especies. En nuestras parcelas de olivar cuidamos que permanezcan los elementos imprescindibles de ese agrosistema. En primer lugar, los retazos de vegetación natural, arbustiva e incluso arbórea que ocupan linderos, laderas, barrancos, escarpes y en general cualquier de las abundantes irregularidades topográficas. En segundo lugar, el sustrato herbáceo, es decir, las distintas hierbas y matas que cubren el terreno, lo sujetan y recogen al agua de lluvia, reteniéndola en el suelo y reduciendo su velocidad. Como también necesitan el agua, » compiten » con el cultivo arbóreo por la humedad que exista en el suelo. Pero lo que hay que ver es el balance entre lo que dan y lo que quitan, no solo en la protección del suelo y la captación del agua, sino también en la biodiversidad que aportan, necesaria también para la salud del cultivo del olivo (enfermedades del árbol, plagas que atacan al fruto, etc.). La conservación de los retazos de vegetación natural es imprescindible para el mantenimiento de la biodiversidad existente. Su alteración, degradación y eliminación repercute en la ordenación de los recursos tróficos, es decir, las distintas especies que se alimentan del agrosistema del olivar. También cambiaría el microclima, que con la vegetación natural, atenúa las condiciones extremas de temperatura, viento y humedad. Sin embargo, el miedo a la competencia por la humedad del suelo, ha llevado a mantener limpio de hierbas el olivar. Antaño, mediante el laboreo con tracción animal, sustituido en las últimas décadas por la tracción mecánica. En la actualidad, por el empleo de los agresivos herbicidas químicos. Esta situación en auge está generando graves problemas medioambientales; erosión, lavado, escorrentía, contaminación, perdida de biodiversidad, etc. Además de los añadidos peligros para la salud, por la aplicación de los herbicidas.
En nuestras parcelas de olivar, una parte fundamental de nuestras labores va dirigida a la conservación del suelo y de la flora o lo que es lo mismo, el sustrato herbáceo. Si la agricultura convencional lucha a muerte por la competencia del agua contra las plantas con laboreos y herbicidas, ¿por qué nosotros contrariamente la conservamos? Pues sencillamente, porque la naturaleza es sabia y nos proporciona cada año un recurso renovable como es la hierba. El aporte de biomasa que proporciona la hierba evita la perdida de tierra por escorrentía, aumenta la infiltración, protege la tierra del golpeteo del agua, evita la erosión del viento, disminuye la evaporación y hace innecesario el uso de herbicidas. El método de manejo de las herbáceas empieza segándose la hierba con desbrozadora. Dejamos los restos en la superficie, en forma de acolchado que protege la tierra y el agua. Las elección de las épocas de siega en dos periodos, a finales de febrero y a finales de mayo, evitan la competencia por el agua entre el olivo y la hierba. Con este manejo, la flora permanece en el olivar y el cultivo alberga una rica y abundante fauna, desde el pequeño petirrojo, al jilguero, zorzal, mirlo, perdiz, ratones, conejos, liebres, erizo, lagarto ocelado, culebras, y entre los depredadores el mochuelo, el cárabo, milano real, águila calzada, la comadreja, la jineta, el zorro, etc. Además, ensayamos la forma de aumentar la calidad medioambiental de nuestros olivares, trabajando en dos diferentes estrategias: la primera agrícola, introduciendo la vid, el almendro, la higuera, etc. entre los olivos generando biodiversidad productiva (un bosque que produce mucha vida y alimento) y la segunda silvestre, permitiendo que la flora autóctona conviva con el cultivo, confundiéndose los olores del cantueso, el romero, con los olivos y los madroños. Eso favorece la presencia de abejas, esenciales para la polinización de las plantas comestibles, sin necesidad de ingeniería genética. Un tercer elemento que trabajamos es la disminución de la altura del olivo que tiene múltiples ventajas. Favorece y facilita la recolección porque ahorra maquinaria agrícola, disminuye los riesgos de accidentes (se suprime las escaleras). Reduce la erosión que el viento y la lluvia ejercen en el suelo bajo el árbol. Y desencadena ventajas en la fertilidad del olivar: mejor aprovechamiento del agua de lluvia, disminución de la evaporación, reducción de perdidas por escorrentía y aumento general del nivel hídrico.
La repercusión social de nuestra labor de conservación se debate entre la confusión que genera el abuso agrícola del laboreo, y la comodidad del uso de los productos químicos, tanto herbicidas como abonos. El hecho es, que observan a nuestros olivos, como mantienen la producción la producción económica, sin que perciban aún la medioambiental. En conjunto, nuestra labor produce un alimento sano, que garantiza el bienestar de nuestro organismo, que nos permite vivir… como campesinos. Además, evitamos la contaminación de nuestras aguas y campos, dignificamos la actividad campesina y puede ser un estimulo para frenar el abandono de los campos y de los pueblos.
De este modo nos han salido raíces en nuestro campo. No podemos subsistir con las leyes del mercado. Pero no vamos a abandonar nuestro pueblo. Aunque la PAC (Política Agraria Comunitaria) nos golpee y favorezca principalmente a quien nos explota y expulsa de nuestro territorio. Si la tierra alimentó a nuestros antepasados, también queremos que alimente a nuestros hijos. Para eso hay que cuidar la tierra, como lo hicieron nuestros antepasados. Hay que abonarla, hay que seguir cultivándola, porque es la única forma de resistencia que conocemos. Frente a nosotros, está la agricultura que promueve la PAC, bien vista desde Europa, España, Extremadura… hasta la cooperativa agraria del pueblo. Nos venden que la fórmula mágica para vivir bien en el campo, es producir mucho, con bajos costos de producción, industrializando el campo. Para ello nos recomiendan que invirtamos nuestros escasos ingresos en grandes maquinarias, enormes tractores, arados, cosechadoras, etc. Máquinas que reducen el empleo en el campo y expulsan a los campesinos a la emigración. También convencen a los gestores de nuestras cooperativas para que nos recomienden usar abonos químicos, pesticidas, herbicidas, etc, para mejorar el rendimiento, la producción de nuestras cosechas. Nos dicen que el abono químico va a reducir nuestros gastos, que es más barato que el estiércol de nuestras ovejas. Y no importa que contaminemos el suelo, nuestros arroyos, nuestras aguas, envenenemos nuestra fauna, y en general contaminemos nuestro campo, ese campo que nos alimenta.
Y por último, la distribución de esta riqueza pública. Las subvenciones europeas que llegan a nuestro pueblo las reciben principalmente quienes más recursos económicos tienen, aumentando con «dichosas» subvenciones, la capacidad de aplastar a los pequeños campesinos. Un buen ejemplo: en Cerezo, un pequeño pueblo de 1.800 hectáreas de secano, distribuido entre olivar y dehesa. Predominio del minifundio. Un patrón con 25.000 olivos y 30 hectáreas de pastos que antes de las subvenciones europeas necesitaba 25 jornaleros. Hoy necesita 2 jornaleros tan sólo. Con lo primero que recibió de Europa, compró una máquina recolectora de aceituna y 20 obreros se fueron a otros pueblos a trabajar. Algunos a la construcción de Madrid entre semana. Los más jóvenes según se casaban, emigraban del pueblo a las ciudades. La siguiente maquina que compró el patrón, fue una cargadora de alpacas. También con dinero de Europa. Otros 2 obreros listos para la emigración. Más abandono del pueblo. La siguiente inversión del patrón fue crear una nave de estabulación (6.300.000 millones pesetas) para las ovejas. Redujo los jornales a los trabajadores. Ahora contamina con los purines un arroyo y produce comida basura. Pero esto no es todo. Los obreros eran pequeños campesinos, tuvieron que emigrar del pueblo. Como ya no podían trabajar sus tierras, casi todos optaron por la venta de sus fincas. ¿Y quien las compró? El mismo que les había obligado a emigrar: el patrón. El pequeño campesino de Cerezo con la PAC, primero perdió su trabajo, después su tierra. Y el patrón que ya no necesita mano de obra, tiene más tierra y ganado (y con ello más subvenciones). Y el capitalismo emerge con tal brutalidad en el pueblo, que los obreros compiten entre ellos para sobrevivir. Han olvidado que el enemigo es el patrón.
Ante esta desesperada situación, la solución a la permanencia de mi familia en nuestro pueblo, nuestro campo, y nuestros cultivos, la hemos descubierto de donde jamás se nos hubiera imaginado. De Madrid, del GAK de CAES y de redes de consumidores y consumidoras con conciencia social, solidaria activados por ellos. Sabedores de lo que está ocurriendo en la sociedad actual con el campesino y con la alimentación y no se quedan en su crítica. Juntos han impulsado grupos autogestionados de consumo (GAKs) para cambiar una realidad en el campo y en la ciudad. A la vez que nos transmiten su realidad en la ciudad, vinculada con la nuestra: empleo precario, despidos masivos, emigrantes perseguidos, vivienda/explotación por 20 años, pérdida de derechos sociales, y un largo etc. En conjunto, nuestra relación entre el campo y la ciudad es reciprocidad, apoyo mutuo para seguir resistiendo, trabajando en común, fortaleciendo nuestras relaciones, construyendo barricadas, para combatir un mundo injusto, dominado por el mercado, por un capitalismo brutal. Contra él luchamos. Por nuestros hijos y los hijos del mundo que vendrá.