¿Camino al desastre?
Global Gateway: alianzas público-privadas para el control de fronteras y el extractivismo neocolonial.
Escriben Pedro Ramiro | Erika González , de OMAL, en VientoSur.
La pandemia y la guerra han hecho saltar las costuras del proyecto europeo. La interrupción de las cadenas globales de valor y los cortes del suministro de energía y materiales han evidenciado las debilidades del metabolismo económico europeo. En medio de las crecientes tensiones geopolíticas y la aceleración de la emergencia climática, la Unión Europea se ha revelado como una potencia en declive, una región dependiente de los recursos provenientes del exterior y que solo puede mantener las ganancias de sus clases dominantes con el rescate permanente de los Estados miembro. En este marco, la salida de la crisis, entendiendo esta como una huida adelante del capitalismo para girar sobre su propio eje reforzando las relaciones de explotación y dominación, pasa por intensificar las transacciones comerciales con otros países y territorios.
“¡Acuerdo! El Consejo Europeo cumplió nuestras prioridades”. Al término de la primera reunión del año de los máximos mandatarios europeos, la presidenta de la Comisión Europea celebraba así el consenso de la Unión en torno a los tres ejes centrales sobre los que va a pivotar su agenda en los próximos tiempos: “Apoyar a Ucrania. Luchar contra la migración ilegal. Apoyar la competitividad europea”. Una versión actualizada de los pilares clásicos del proyecto europeo, orientado ahora con más fuerza hacia el reposicionamiento global de la UE: defensa, migraciones, comercio.
El capitalismo verde y digital, modelo para la recuperación capitalista post-pandémica, ha devenido en capitalismo verde oliva[1]. El refuerzo de la tríada militarización-fronteras-
extractivismo dirige las políticas europeas, que se despliegan internacionalmente a través de un renovado pack normativo con el que la UE trata de resituarse en el (des)concierto global. Junto al incremento de los presupuestos militares, la reindustrialización a través de la fabricación de armamento y el blindaje de la Europa fortaleza a través de la externalización de fronteras, la Unión Europea ha rediseñado sus instrumentos de soft power para proyectar sus intereses a nivel global. Ante la expansión comercial de China y el declive de la hegemonía estadounidense, “el Global Gateway está llamado a ser uno de los grandes sellos de identidad de la UE en su acción exterior”, ha asegurado el presidente del gobierno español[2].
Reposicionamiento global
El reposicionamiento de la Unión Europea en el mundo se despliega en base a tres pilares fundamentales. Primero, una doctrina del shock militar, con la que se incrementan las inversiones públicas para la guerra y se reactiva la industria armamentística. Segundo, un reforzamiento de las fronteras exteriores de la Unión, con el que se niega el derecho a tener derechos a las personas migrantes que quieren llegar a Europa. Y, por último, una ofensiva extractivista neocolonial, que a través de acuerdos comerciales y partenariados estratégicos trata de capturar en terceros países los minerales imprescindibles para la transición de la UE al capitalismo verde y digital[3].
Estos tres pilares actúan de manera coordinada y se refuerzan mutuamente. Así, la militarización se conecta con el control de fronteras a través de instrumentos como Frontex, cuyo presupuesto aumentó el 55% entre 2019 y 2022. Y la deriva militarista también está relacionada con la ofensiva extractivista: la inclusión del titanio y el aluminio en la lista de materias primas estratégicas responde, sobre todo, a las presiones de los lobbies de la aeronáutica y la fabricación de armamento[4]. Por su parte, el macroprograma de colaboración público-privada Global Gateway combina el eje comercial con el migratorio en buena parte de los acuerdos ya firmados.
“Estamos aquí para intensificar la asociación con Mauritania. Con inversiones del Global Gateway para la transición verde y digital. Y una mayor cooperación en materia de seguridad regional y migración”, ha dicho Von der Leyen, acompañada de Pedro Sánchez, en una reciente visita al país africano. El paquete de 500 millones de euros anunciado por los dos líderes europeos en Nuakchot –210 millones de ayudas directas de la UE, 300 millones del Estado español repartidos en diferentes instrumentos financieros de apoyo al sector privado– tiene como objetivo fundamental el control migratorio, pero también la internacionalización de los negocios de las compañías energéticas. Lo llaman cooperación e inversión cuando quieren decir externalización (de fronteras), extracción (de materias primas) e internacionalización (de las grandes empresas españolas).
La agenda de inversiones Global Gateway y la nueva oleada de acuerdos comerciales que la UE ha impulsado en los dos últimos años –renovación de los tratados con Chile y México, conclusión del acuerdo con Mercosur, firma de partenariados estratégicos sobre materias primas con una decena de países– se ha diseñado con un claro objetivo: asegurar el acceso de las transnacionales europeas a los recursos minerales de estas regiones. La competencia global por posicionarse en los nuevos mercados verdes y digitales, frente a la imparable hegemonía de China, está en el origen de la velocidad de crucero con que la UE ha impulsado una batería de herramientas para garantizar una disponibilidad segura y abundante de estos minerales.
China, por su lado, ha puesto en marcha sus propias estrategias para crear las condiciones para el desarrollo de extensos corredores comerciales y de infraestructura, tanto para el acceso a materias primas como para la promoción de exportaciones. Estos corredores e infraestructuras atraviesan Eurasia y llegan a América Latina, legitimando su posición internacional a través de las políticas de cooperación y de un discurso alineado con Naciones Unidas. Es lo que se ha dado en llamar la nueva Ruta de la Seda.
La Unión Europea, por su parte, ha aprobado la Nueva agenda para reforzar la asociación de la UE con América Latina y el Caribe[5], incluyendo entre sus máximas prioridades el refuerzo de los intereses comerciales. Adornados, como viene siendo recurrente, con la retórica habitual sobre la transición verde y el fortalecimiento de la democracia y la paz. En palabras de Pedro Sánchez: “La prosperidad requiere inversión, también comercio”, así que de lo que se trata es de “modernizar nuestra red de acuerdos y continuar impulsando nuestras relaciones comerciales de cara a establecer cadenas de valor más robustas, sostenibles y resilientes”[6].
Para asegurarse el acceso a los recursos energéticos y materiales, de la mano de esta agenda renovada, la UE ha aprobado por vía de urgencia el reglamento de materias primas críticas. A la vez, ha blindado los acuerdos de comercio e inversión con los países que poseen yacimientos de estos minerales, tanto impulsando la actualización de los tratados caducados como promoviendo la firma de partenariados estratégicos. Y ha puesto en marcha un programa de alianzas público-privadas para el desarrollo de los negocios empresariales relacionados con el capitalismo verde y digital, que es al fin y al cabo lo que significa el Global Gateway.
“Lo que el Global Gateway aspira a trasladar son los valores europeos, en un momento en el que estos son más necesarios que nunca”, ha insistido Sánchez[7]. En el enésimo intento por recuperar el relato que presenta a la Unión Europea como la cara amable de la globalización capitalista, las políticas comerciales europeas se acompañan de iniciativas de autorregulación empresarial como la recién aprobada directiva de diligencia debida. Al tiempo que se van desarrollando tecnificaciones jurídicas que en ningún caso implican la creación de nuevas obligaciones directas de carácter extraterritorial[8], se hace bandera de los valores europeos como sostén de la acción exterior de la UE.
Valores y business
Cuatro son los mitos sobre los que se asienta la narrativa actual de la Unión Europea. Afirmados en torno a una supuesta identidad compartida y en contraposición con el resto de potencias/bloques regionales, los valores europeos se articulan en torno a las ideas de modernidad, progreso y crecimiento. La paz y la cohesión social, la resiliencia y la democracia, la transformación verde y digital, y la salida progresista de la crisis se presentan como los pilares de la reconstrucción de Europa tras la pandemia y la guerra.
Frente al primero de esos mitos, el hecho es que la UE está recrudeciendo el régimen de guerra y fomentando un proceso de recomposición capitalista en base a la militarización. La paz y la cohesión social, en la práctica, se siguen reconstruyendo a partir del expolio y la destrucción de otros pueblos y territorios. “Si queremos la paz, debemos prepararnos para la guerra”, ha afirmado el presidente del Consejo Europeo, marcando la línea a seguir: “Debemos pasar a una economía de guerra. Ha llegado el momento de asumir la responsabilidad por nuestra propia seguridad”[9]. Economía de guerra ya no es sólo la metáfora utilizada en los tiempos del covid para justificar la intervención del Estado en la economía, ahora opera en sentido literal.
En segundo lugar, la noción de resiliencia pasa por el blindaje de la Europa fortaleza para negar los derechos de ciudadanía a quienes hayan nacido fuera de las fronteras de la Unión. En el necrocapitalismo se deja abandonadas –o se empuja a morir– a todas las personas que no resultan funcionales a los mecanismos habituales de extracción de riqueza[10]. Al mismo tiempo, la que se considera la cuna de la democracia y la civilización occidental está promoviendo un cierre autoritario que restringe el derecho a tener derechos y criminaliza el derecho a la protesta. Un estado de excepción permanente donde la lógica de acumulación prevalece sobre los derechos humanos.
La tantas veces citada transición verde y digital, que para las instituciones que nos gobiernan no es tanto una transición ecológica como energética, siempre está guiada por criterios de mercado, se fundamenta en una ofensiva extractivista neocolonial. Bajo el paraguas de los acuerdos win-win, los intereses europeos se despliegan gracias a tratados de inversión que nunca son realmente de libre comercio. Más bien, lo que vienen a reproducir es el modus operandi habitual de la globalización capitalista desde los orígenes del proyecto europeo: mientras se prometen todo tipo de beneficios sociales, laborales y ambientales para los países con los que se firman los acuerdos, estos no solo no terminan por llegar a quienes iban a ser sus destinatarios, sino que, finalmente, les son devueltos en forma de impactos socioecológicos.
Aprendiendo de sus propios errores, en último término, la Unión Europea no está promoviendo una salida de la crisis al estilo de 2008, con la austeridad como eje central. Los Estados centrales de la Unión ya no tienen la capacidad de imponer la disciplina fiscal a todos los países de la periferia europea. Eso no significa que hayan dejado de hacerse contrarreformas y que la masiva intervención de los Estados para rescatar las economías europeas esté exenta de condicionalidad; las reformas del mercado laboral y del sistema de pensiones, así como la reforma del marco fiscal europeo, dan fe de ello. Pero los grandes poderes económicos financieros están haciendo todo lo posible para no cargar masivamente los costes de la crisis sobre los hombros de la mayoría de la población, sino sobre los presupuestos públicos (vía deuda). La pregunta es hasta cuándo van a poder seguir haciendo lo segundo sin tocar lo primero.
Autonomía, seguridad y soberanía
En un contexto de disputas geopolíticas, avance del caos climático y profundización de las desigualdades sociales, la narrativa del relato impuesto por la UE se justifica en base a una tripleta de ideas-fuerza. En primer lugar, para reforzar su apuesta militarista y disfrazar su seguidismo de Estados Unidos, autonomía estratégica. A continuación, para dar estabilidad a las clases medias europeas y reforzar la imagen de las personas migrantes como el enemigo a batir, seguridad. Y después, para redefinir su posición en las cadenas de valor globales frente a Rusia y China, soberanía. Todo ello, para diferenciarse de los demás bloques geopolíticos y rescatar –aparentemente, si no véase el lamentable papel que ha jugado la UE en el genocidio de Gaza– el derecho internacional, atravesado por el mantra de los valores europeos.
La autonomía estratégica, concepto-fetiche omnipresente en el discurso del reposicionamiento global de la UE, lleva básicamente a redoblar la apuesta militarista. Tradicionalmente vinculada al campo de lo militar, a esta idea se le ha añadido el adjetivo abierta para tratar de abarcar otras cuestiones además de las relativas a las políticas de defensa. “Significa cooperar multilateralmente en lo que podamos, y actuar de manera autónoma en lo que sea necesario”, ha remarcado la Comisión Europea.
Con la redefinición de la autonomía estratégica abierta, según un informe publicado en el semestre de presidencia española del Consejo de la UE (julio-diciembre de 2023) por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, se trata de “encontrar un nuevo equilibrio entre resistencia y competitividad, así como entre asertividad y cooperación basada en normas, que permita a la UE hacer frente a sus vulnerabilidades económicas y mantener al mismo tiempo su papel como actor global”. Para ello, se impulsan “importantes medidas reglamentarias, fiscales y estructurales destinadas a proteger el mercado único de injerencias extranjeras y prácticas depredadoras, garantizar la seguridad de abastecimiento y el liderazgo tecnológico de la UE en sectores sensibles y reforzar su influencia comercial y política en el mundo”[11].
Vinculada ahora pues, sobre el papel, mucho más al campo de la economía política que al ámbito militar, la Unión Europea recurre a la autonomía estratégica para reforzar el control de fronteras, materias primas y rutas comerciales. Al tiempo que se disimula el seguidismo de la OTAN y, mientras las fotos y las declaraciones de las cumbres europeas sobre la necesidad de respetar un “orden internacional basado en normas” cogen polvo rápidamente en un cajón, avanza la profundización de la dinámica militarista en la UE. Y todo ello se relaciona con una reconceptualización de la idea de seguridad.
Las crecientes políticas autoritarias, disciplinarias y represoras de los Estados se fundamentan en emplear la lógica securitaria como base de cualquier consideración económica, política o social, orbitando las posibles medidas en torno a la centralidad de la cuestión represiva. Así, por parte de élites políticas y económicas, tanto a través del discurso como a través de las prácticas cotidianas, se califica a colectivos o a conductas como amenazas a la seguridad. Valga decir, siguiendo a los autores de Metropolice, que
“la elasticidad de la idea de seguridad provoca que cualquier malestar pueda ser nombrado como inseguridad y que, consecuentemente, cualquier manifestación que suponga una alteración material y simbólica de un determinado orden incorporado como natural o legítimo entre en la categoría de delincuencia”[12].
Vivimos una doctrina del shock securitaria que criminaliza la protesta[13] desde Alemania hasta el Reino Unido, que pretende ilegalizar partidos de izquierda en Francia y que prepara el terreno para volverse contra la población migrante. Al dar por buena la justificación del derecho a la defensa que está haciendo el Estado de Israel (con el apoyo de la UE), se abre la puerta para que el fascismo continúe fortaleciéndose en nuestras sociedades. La extrema derecha ya ha elegido enemigo para el cierre autoritario que tenemos encima. “Cada vez que los políticos burgueses levantaron la consigna del europeísmo, de la unión de los Estados europeos, lo hicieron con el objetivo implícito o explícito de dirigirla contra el peligro amarillo, el continente negro, contra las razas inferiores”, escribió Rosa Luxemburgo a principios del siglo pasado[14].
Al mismo tiempo, la noción de seguridad se ha ensanchado más allá del enemigo interno: el aviso del peligro inminente de un ataque de Rusia (con la amenaza nuclear siempre presente) dentro de las fronteras de la Unión Europea ha servido para justificar la profundización acelerada de la deriva militarista. Más allá del debate sobre el riesgo real de guerra con Rusia, por ahora esto supone que la deriva militarista de la UE avanza con el aumento de gastos militares y nuevos mecanismos para inyectar fondos a los fabricantes de armas[15].
Seguridad en el suministro de energía y materiales, más aún con la guerra de Ucrania, es la última derivada de este concepto polisémico que pretende servir para garantizar el metabolismo económico europeo. Además de a la vertiente policial-militar, “debe darse la misma prioridad a la seguridad económica, que es donde residen los mayores retos, pero también las mayores oportunidades para la UE durante esta década”, se lee en el informe Resilient 2030 elaborado por el gobierno español. En el mismo, más adelante, se recupera la ya clásica doctrina de seguridad jurídica para las grandes empresas: “El mercado único debe contar con un marco jurídico común, claro y coherente que fomente las actividades transfronterizas, permita a las industrias europeas innovadoras crecer y genere seguridad jurídica para las inversiones”.
Para completar el análisis de las ideas fuerza que atraviesan el discurso pro-business de la UE, llama la atención la insistencia en el concepto de soberanía. En la Europa posterior a la guerra de Ucrania, soberanía quiere decir apuntalar el funcionamiento del sistema económico ante los cortes del suministro de gas desde Rusia. Es decir, la UE se autodefine como soberana si únicamente depende de los combustibles fósiles de las petromonarquías del golfo Pérsico y de una treintena de minerales críticos de los que apenas hay yacimientos en territorio europeo. Justamente esto es lo que, frente a China, pretende garantizarse con el impulso renovado de los tratados comerciales.
“Materias primas fundamentales: garantizar el suministro y la soberanía de la UE”. El titular del comunicado de prensa[16] que publicó el Parlamento Europeo el mismo día que se aprobó en la eurocámara el reglamento de materias primas críticas habla por sí solo. “Hemos marcado el rumbo hacia la soberanía y la competitividad europeas”, remarcó el ponente de la normativa europea. Pero el escenario factible que se plantea la Unión es el de contar con apenas el 10% de los minerales fundamentales extraídos dentro de sus propias fronteras. “Estos materiales juegan un papel esencial para las transiciones ecológica y digital de la UE, y garantizar su suministro es crucial para la resiliencia económica, el liderazgo tecnológico y la autonomía estratégica”, continúa la nota del Europarlamento, asumiendo los postulados neocoloniales de la lógica extractivista.
Algo similar ocurre con la política de reindustrialización. En la Declaración de Amberes, impulsada hace unos meses por la presidenta de la Comisión Europea junto a setenta líderes empresariales, se dice que “sin una política industrial específica, Europa corre el riesgo de volverse dependiente incluso de productos básicos y químicos. Europa no puede permitirse el lujo de que esto suceda”[17]. Presentada en la sede de BASF, esta declaración insiste en que “una autonomía estratégica abierta para una UE competitiva y resiliente es crucial para la transición de Europa en un panorama geopolítico en constante cambio. Sin embargo, sólo podrá lograrse si también las industrias básicas y de uso intensivo de energía permanecen e invierten en Europa”.
Alianzas público-privadas
El modelo de alianzas público-privadas vuelve a ser el elegido para la internacionalización de las grandes empresas europeas. Una colaboración win-win en la que, siempre en base a la doctrina oficial, la inversión extranjera se despliega de la mano de la creación de empleo, la transferencia tecnológica y el bienestar para las poblaciones en las que se implanta, a la vez que redunda en dividendos para las transnacionales europeas y recursos para sostener el metabolismo económico de la UE. Sobre estos fundamentos se sostiene el Global Gateway, presentado por la Comisión Europea como una contribución al reto de favorecer “la construcción de infraestructuras sostenibles con el apoyo, las capacidades y la financiación necesarios para su funcionamiento”.
Los sectores que abarca este macroprograma, para sorpresa de absolutamente nadie, coinciden con los principales nichos de negocio de las grandes corporaciones europeas: energías renovables e hidrógeno verde, materias primas, descarbonización e infraestructuras de transporte, conectividad y digitalización de servicios públicos, gestión forestal, productos sanitarios, educación, finanzas. No es de extrañar que esta alianza disponga de un consejo asesor con presencia de las grandes transnacionales, entre ellas las compañías españolas Acciona, Iberdrola, Mondragón y Telefónica. Así mismo se han sumado asociaciones empresariales como Business Europe, agencias de cooperación como la AECID y entidades de crédito y financiación, como es el caso del Banco Europeo de Inversiones y CESCE.
Según las instituciones europeas esta estrategia, que pretende movilizar hasta 300.000 millones de euros entre financiación pública y privada, crea “oportunidades para que el sector privado de los Estados miembro de la UE invierta y siga siendo competitivo”. Y a su vez, intenta legitimarse en la arena internacional sumando proyectos de salud, educación e investigación en consonancia con las metas oficiales de desarrollo y la Agenda 2030. Las garantías que proporciona el programa se utilizarán para potenciar la inversión privada en colaboración con el BEI y otras instituciones financieras, como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Junto a este pack de herramientas financieras, la UE está analizando la posibilidad de crear un sistema europeo de créditos a la exportación.
El primer Foro Global Gateway, celebrado en Bruselas en octubre del año pasado, contó con la presencia de líderes gubernamentales de todo el mundo y se centró en la promoción de iniciativas de colaboración público-privada en los ámbitos citados. Según la Comisión Europea, en 2023 se pusieron en marcha noventa proyectos en todo el mundo en los sectores de la energía, el transporte y la digitalización.
El primer monto importante de inversiones enmarcadas en el Global Gateway ha sido destinado a África, con 150.000 millones de euros. El presupuesto se traduce en proyectos en 32 países africanos. Desde el Magreb, donde se impulsa un plan económico y de inversión que abarca la transición energética y el control de la migración, hasta los países de África Occidental, donde se busca desarrollar uno de los corredores estratégicos de transporte planificados para incrementar la conexión comercial entre esta región y la UE. Asociados a estos corredores comerciales se multiplican los proyectos de construcción y renovación de las infraestructuras de transporte comercial, así como los vinculados a energías renovables y adaptación al cambio climático.
Por lo que se refiere a América Latina y el Caribe, Von der Leyen ya ha anunciado una inversión de 45.000 millones de euros. Los proyectos en marcha están relacionados con la extracción y las cadenas de valor de minerales críticos en Chile, Argentina, Brasil y Bolivia. Mercosur y Chile reflejan la apuesta europea por rediseñar las piezas para consolidar la estructura jurídica y política que asegure el acceso a las materias primas esenciales para sostener el capitalismo verde y digital. El primero, a través del acuerdo de comercio e inversión que se viene negociando desde hace más de veinte años; el segundo, con el acuerdo marco de asociación y el memorándum de entendimiento para las cadenas de suministro de minerales fundamentales. Que, en ambos casos, se complementan con el avance efectivo de proyectos extractivos impulsados a través de este mismo programa de alianzas público-privadas.
El elemento diferenciador que presenta la UE, comparado con el resto de potencias que tienen planes similares como China con su Ruta de la Seda, es su (supuesta) imagen democrática y de respeto ambiental. Pero esta cuestión queda en evidencia al revisar el tipo de iniciativas que tiene en cartera: en América Latina el 80% de los proyectos se concentra en las infraestructuras energéticas, donde las compañías europeas tienen mayor potencial de ampliación de mercados, y en la cadena de suministro de materias primas fundamentales como el litio, clave en la expansión de los megaproyectos extractivos. La lógica neocolonial es manifiesta y carece de los mínimos elementos para pensar que pudiera representar algún avance en el freno a las violaciones de derechos humanos y los conflictos ecosociales asociados al extractivismo y las grandes infraestructuras.
¿Salir de la crisis?
El Global Gateway, al fin y al cabo, no es sino una pieza más del puzle normativo que está tratando de armar la Unión Europea para fortalecer la defensa de sus intereses geoestratégicos. Una de las más relevantes, eso sí, ya que combina actuaciones importantes en varios de los pilares fundamentales de la acción exterior de la UE, del control migratorio a las relaciones comerciales. Y es una iniciativa que allana el terreno para el continuo rescate de las grandes empresas europeas, no tanto por el monto de los proyectos seleccionados (que también) como por impulsar los sectores prioritarios para el avance del capitalismo verde y digital que, a su vez, van a ser apoyados por los Estados a través de múltiples mecanismos político-económicos. De la misma manera que los fondos Next Generation fueron el principal instrumento impulsado por la UE para la recuperación económica después de la pandemia, la estrategia de inversiones Global Gateway se constituye como el elemento distintivo para la salida de la crisis tras la guerra de Ucrania.
Como recoge el borrador del libro informativo de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la UE, que se hizo público hace unas semanas y traza las orientaciones fundamentales del Global Gateway para el próximo periodo legislativo, esta estrategia debería promover una “combinación de políticas impulsada más por el interés económico y menos por enfoques de política exterior y de desarrollo más tradicionales y estrechos”[18]. Para ello, se insiste desde las instituciones europeas, habrían de redoblarse las alianzas con el sector empresarial, la banca y las instituciones financieras. A pesar de la retórica verde de los dirigentes de la Unión, los objetivos de negocio y las urgencias macroeconómicas han pasado por encima de las posibles preocupaciones sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
Frente a este avance del enfoque privatizador en la cooperación internacional, se vuelve estratégico repensar y reconstruir un nuevo internacionalismo que enfrente el engranaje jurídico, político y empresarial de esta huida hacia adelante del capitalismo en crisis permanente. Aunque ahora pueda encontrarse en un momento de repliegue, sigue siendo clave una solidaridad internacionalista que articule las comunidades en lucha y los pueblos en resistencia para enfrentar el orden capitalista, heteropatriarcal, colonial y ecocida. La única salida justa de la crisis será con las personas y los colectivos que defienden sus territorios frente al poder corporativo, fortaleciendo propuestas alternativas y redes contrahegemónicas transnacionales que exijan y hagan efectivos los derechos de las mayorías sociales.
Pedro Ramiro y Erika González son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)-Paz con Dignidad.
Notas[1] Pedro Ramiro y Erika González, “La agenda progresista de la UE en el capitalismo verde y militar”, viento sur, 187, 2023.
[2] “Pedro Sánchez destaca que el Global Gateway Forum está llamado a ser uno de los grandes sellos de identidad de la UE en su acción exterior”, La Moncloa, 26/10/2023.
[3] Gonzalo Fernández, Erika González, Juan Hernández y Pedro Ramiro, “Megaproyectos: claves de análisis y resistencia en el capitalismo verde y digital”, OMAL, 2022.
[4] Olivier Petitjean y Lora Verheecke, “Blood on the Green Deal. How the EU is boosting the mining and defence industries in the name of climate action”, Corporate Europe Observatory (CEO) y Observatoire des Multinationals, 2023.
[5] Comisión Europea, Una nueva agenda para las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe, Bruselas, 7/06/2023.
[6] “Discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la cumbre UE-CELAC”, Presidencia española del Consejo de la UE, 17/07/2023.
[7] “Intervención del presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el acto de clausura del Global Gateway Forum”, La Moncloa, 26/10/2023.
[8] Erika González, Juan Hernández Zubizarreta, Pedro Ramiro y Miguel Urbán, “Diligencia debida, nada que celebrar”, Público, 24/04/2024.
[9] Charles Michel, “Si queremos la paz, debemos prepararnos para la guerra”, El País, 19/03/2024
[10] Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro, “Salir del necrocapitalismo: los derechos humanos frente al poder corporativo”, viento sur, 182, 2022.
[11] Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, Resilient 2030. A future-oriented approach to reinforce the EU’s Open Strategic Autonomy and Global Leadership, Gobierno de España, 2023.
[12] Sergio García, Ignacio Mendiola, Débora Ávila, Laurent Bonelli, José Ángel Brandariz, Cristina Fernández y Manuel Maroto, Metropolice. Seguridad y policía en la ciudad neoliberal, Madrid: Traficantes de Sueños, 2021, p. 39.
Ç[13] Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro, Criminalización del derecho a la protesta: patrones, actores e instrumentos, OMAL, 2022.
[14] Rosa Luxemburg, Utopías pacifistas, 1911.
[15] Pablo Elorduy, “Los halcones preparan el escenario de guerra y la industria armamentística recibe el mensaje con euforia”, El Salto, 6/03/2024.
[16] Parlamento Europeo, “Materias primas fundamentales: garantizar el suministro y la soberanía de la UE”, Nota de prensa, 14/09/2023.
[17] “The Antwerp Declaration for a European Industrial Deal”, febrero de 2024.
[18] Àlex Guillamón, “Unión Europea: malos tiempos para los derechos humanos”, El Salto, 30/04/2024.
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