Teresa Alonso, de la Comisión Internacional del partido FARC, con expresión serena y sencilla
logró sintetizar las sensaciones de la antigua guerrillerada en la difícil transición a la actividad política legal que está resultando lleno de zancadillas e impedimentos, y ha segado ya la vida de 50 personas entre ex combatientes y sus familiares desde la firma del Acuerdo para la paz.
La activista, que ha cambiado como el resto de su gente del Común el monte por la militancia política en el territorio adverso de Bogotá, repasa la complejidad del proceso seguido, tras 53 años de insurgencia, en los preliminares contactos con el gobierno con la intermediación de Noruega, el acuerdo de la agenda de negociación, el largo periodo de conversaciones en la Habana en el que Cuba y Noruega jugaron varias veces un papel decisivo para que la Mesa no se truncara, el «primer» Acuerdo de la Habana, la trampa del plebiscito impuesto unilateralmente por el gobierno, los cambios impuestos después desnaturalizando partes de los acordado…
y el ahora…: cumplir o no cumplir lo pactado.
Teresa es taxativa en esta parte sustantiva: la ex guerrilla ha cumplido al 100%, el gobierno apenas el 15%.
Las FARC (Y la ONU nos ratificó esta versión de forma contundente y hasta se sorprendieron de la efectividad rotunda del cese al fuego monitoreada por ellos) entregaron 250 menores que habían recogido como huérfanos a los que los paramilitares asesinaron a sus padres, hicieron su parte en el desminado, entregaron armas a la ONU (muchas y modernas ratifica la Misión ONU, al contrario de otros procesos de paz donde se suelen entregar chatarras..), entregaron todos sus bienes económicos, y pusieron «alma, vida y sombrero» en la paz en que se comprometieron como organización, para situarse como partido político, al que se ha impedido hacer campaña, no han recibido hasta dos días antes del día de las elecciones el pequeño monto acordado para esa expresión y participación legal en campaña (y dicen en la tele que tendrá que devolverlo.. al no haberse utilizado para el fin destinado de campaña electoral..), se han retirado de la campaña presidencial para mayo debido a problemas de salud de su candidato pero sobremanera por la ausencia de garantías que el Estado está obligado a facilitarles… y continúan exigiendo que
los acordado, lo pactado, y prometido sea cumplido para salir de la guerra en Colombia, siendo el aporte del Común la misma decisión de futuro de llegar al poder político junto al pueblo colombiano y salir de la iniquidad tan palpables por todos los rincones del país.
Pero, en tanto, los graves incumplimientos del gobierno Santos, intentando justificarse en el fuerte rechazo de la extrema derecha, hacen que..
la gente no vea, no sienta los Acuerdos, porque no han notado beneficios en las comunidades, con excepción significativa de los combates y bombardeos.
Los ex combatientes que debieran recibir aportes de salario mínimo, ven como 3000 de ellos y ellas nada reciben, y los mandos continúan en la «lista Clinton» que empaña legalización y normalización en los términos pactados, las tierras acordadas para proyectos productivos, 3 millones, no son entregadas todavía…y todo ello obliga a salir de las zonas a buscarse la vida y sobrevivencia a los ex guerrilleros con sus familias (lo que supone una carga pues son familias campesinas pobres) o como jornaleros,, de manera que en los campamentos quedan menos del 50%, además de quienes hayan buscado derroteros (que FARC considera traidores) de incorporación a grupos armados, ligadas o no al tráfico.
Esta diáspora provocada en los campamentos por los incumplimientos del gobierno, ha sido paralela a la impunidad generada por los cambios de las 310 páginas iniciales del Acuerdo al pasar por el Congreso y modificarse la opción de VERDAD universal: quiénes se beneficiaron y azuzaron la guerra, latifundistas, iglesias, medios de comunicación, expresidentes y gobiernos extranjeros.. que han quedado sin obligación de decir esa VERDAD sobre causas, apoyos, contrato de paramilitarismo y despojo de millones de hectáreas, de quiénes encabezaron el inicio de la violencia..
Además, las modificaciones a la amnistía acordada, hacen que 15 meses después 650 presos insurgentes aún no recobren la libertad.
De manera que aunque el presidente Santos «pinte con pajaritos de oro» el proceso, hay una gran mentira para ocultar incumplimientos, y eso es lo que tanto el Común, como todos los partidos menos los de extrema derecha, como los movimientos diversos, como la ONU, reclaman: Que se cumpla lo pactado.
Y esa reclamación-recomendación que se traslada al mundo para apoyar la paz a construir es la fundamental: el Estado colombiano debe honrar lo firmado y cumplir y hacer cumplir el Acuerdo en todos sus contenidos y el todo el territorio nacional.
Después, otras propuestas sobre posibles apoyos a proyectos productivos, o sobre becas a ex combatientes, son medidas que se pueden valorar y estudiar para contribuir también a esta experiencia vital histórica y decisiva que ha sido posible, con todas estas dificultades, por la decisión colectiva de la guerrillerada fariana de dar por terminada la guerra.
El mismo día la 14 DA se reúne en sede de ONU con la 2ª Misión encargada de monitorear con 400 personas los aspectos de reinserción, económica y política, y de garantías de seguridad,
y las valoraciones concuerdan en lo esencial señalándose que no hay una estrategia del gobierno para la reinserción, por lo que es probable que el Informe que presente la ONU (esta Misión depende directamente del Consejo de Seguridad) sea duro y elocuente en cuanto a lo que el Estado colombiano presidido por Santos no ha logrado o no ha querido cumplir.
La Misión, sin embargo, pone en valor los avances, la ausencia de combates, que permiten comparar positivamente el presente mucho más favorable que en la presidencia de Uribe cuando los bombardeos y las masacres eran cotidianas.
Y es precisamente desde sectores uribistas latifundistas desde donde se pretende hacer trizas el Acuerdo para la paz.
