● Soldepaz Pachakuti, en colaboración con Entrepueblos, expone en Gijón “Activistas por la vida”, una exposición de fotografías del fotoperiodista Gervasio Sánchez. La muestra, que documenta la situación de defensores y defensoras de la naturaleza y de los derechos sociales y humanos en Guatemala y Honduras, se podrá visitar en el Museo Barjola (Calle Trinidad, 17) del 7 de abril al 5 de junio de 2022.
● La exposición “Activistas por la vida” en Gijón está organizada por Soldepaz Pachakuti, y cuenta con la colaboración del Museo Barjola, el Gobierno del Principado de Asturias, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Gijón. “Activistas por la vida” es una exposición de Entrepueblos con la financiación de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
● “Activistas por la vida” es mucho más que una exposición, es una herramienta más dentro de la tarea que Soldepaz Pachakuti lleva años realizando en apoyo a las organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientales, feministas e indígenas en América Latina.
● El proyecto “Activistas por la vida” despliega una serie de formatos audiovisuales, comunicativos y didácticos articulados al entorno de la exposición fotográfica. La web www.activistesperlavida.cat recoge todos los testigos -voz y foto- de la exposición de Gervasio Sánchez, añadiendo información extra del contexto con el objetivo de visibilizar la criminalización que sufren activistas en su territorio. Además, la web incluye una aula virtual con materiales pedagógicos gratuitos para el alumnado de secundaria creados por Entrepueblos en colaboración con expertos en el campo de la docencia, y Gustavo Castro, defensor mexicano ambientalista.
● “Activistas por la vida”, que se podrá visitar del 7 de abril al 5 de junio en el Museo Barjola de Gijón (Calle Trinidad, 17), recoge el testimonio de 40 activistas de Honduras y Guatemala que luchan por la defensa de la naturaleza y de los derechos humanos.
● Además de la exposición, el proyecto “Activistas por la vida”, una herramienta de Entrepueblos en su tarea de apoyo a las organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientales, feministas e indígenas en la América Latina, despliega una serie de formatos audiovisuales y didácticos: www.activistesperlavida.cat recoge todos los testigos -voz y foto- de la exposición de Gervasio Sánchez, aportando información extra del contexto con el objetivo de visibilizar la criminalización que sufren los activistas en su territorio, además incluye una aula virtual con material pedagógico gratuito para alumnos de secundaria y una propuesta de visitas guiadas con metodología participativa.
● La editorial Blume ha publicado Activistas por la vida, una doble edición de 148 páginas que recoge todos los testigos de la exposición. El libro se puede comprar en librerías y en en formato e-book en la web de la editorial
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● A través de fotografías, textos y videoentrevistas, la muestra explica la historia de mujeres y hombres que viven amenazadas de muerte por la defensa que hacen de su territorio y su naturaleza, de los derechos de las mujeres y de las libertades ciudadanas. Esta defensa entra en conflicto con los intereses de grandes empresas o grupos transnacionales que operan con impunidad para la extracción de los recursos naturales y las materias primas -sobre todo de minería, hidroeléctricas y de monocultivos- en Honduras y Guatemala, dos de los países más violentos del mundo.
● “Activistas por la vida” explica la historia de 40 hombres y mujeres que luchan por su territorio y su naturaleza -por la riqueza de sus tierras y sus ríos- y por los derechos de las mujeres y las libertades ciudadanas. Esta defensa de los derechos humanos entra en conflicto con los intereses de inversores, empresas o grupos transnacionales que extraen con impunidad los recursos naturales y las materias primas de Honduras y Guatemala para venderlos en el mercado mundial.
● Las leyes de Honduras y Guatemala favorecen los derechos de estas empresas, mientras que eliminan los derechos de sus ciudadanos. Esta situación, ligada a la persecución y a las constantes amenazas de muerte, al elevado índice de violencia y a la corrupción policial, política y jurídica de las regiones, hace que miles de familias se hayan marchado de los territorios. No obstante, hay comunidades indígenas y campesinas que luchan frente a estos poderosos intereses y consiguen proteger sus tierras.
● Guatemala es un país que depende del extractivismo -de la exportación de materias primas- y tiene una legislación nacional que favorece las inversiones privadas y deja sin protección legal a las comunidades campesinas, la naturaleza y los derechos individuales. Solo en el primer semestre de 2021, se han registrado 5 asesinatos y 551 agresiones contra personas defensoras de los derechos humanos. En los últimos cinco años, se han registrado más de 4.000 muertes violentas de mujeres.
● Honduras, el tercer país más desigual del mundo, también cuenta con leyes hechas a medida para que las empresas transnacionales extractivistas puedan desarrollarse en el país. Desde 2009 se han aprobado 384 proyectos mineros, 48 proyectos de grandes presas hidroeléctricas y 123 de pequeñas, y el cultivo extensivo de palma africana ya ocupa más de 300.000 hectáreas. Los pueblos campesinos, indígenas y garífunas, con sus formas de vida ancestrales y sostenibles, viven bajo la amenaza de las empresas extranjeras. En 2019 se registraron 1.115 ataques dirigidos contra 499 activistas, de los cuales 29 perdieron la vida. En Honduras, el 90% de los crímenes contra activistas y el 95% de los asesinatos de mujeres quedan en la impunidad.
● “Una de las cosas que más me ha sorprendido es la valentía con que los activistas, hombres y mujeres, luchan contra un mundo criminal repleto de sicarios que matan sin pensárselo dos veces”, explica Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959), periodista y fotoperiodista de conflictos y crisis humanitarias, galardonado con el Premio Nacional de Fotografía en 2009 y con más de una docena de libros publicados. Gervasio Sánchez ha trabajado cuatro meses sobre el terreno en Guatemala y Honduras, entre 2018 y 2019, para realizar esta exposición.
● A través de fotografías, texto y videoentrevistas, “Activistas por la vida”, de Gervasio Sánchez, explica la vida de hombres y mujeres que aun estando amenazados de muerte luchan por sus derechos.
“La realidad que se cuenta en este proyecto fotográfico tiene que ver con la vida cotidiana de personas que pueden ser asesinadas en cualquier momento, personas perseguidas por la defensa de la integridad de sus aldeas, personas que luchan como defensores de la tierra, personas que luchan contra las grandes empresas extractivistas, personas que luchan por la naturaleza y la riqueza de los ríos, y periodistas que intentan denunciar lo que ocurre en Guatemala y Honduras”, explica Gervasio Sánchez.
El contexto de América Central
● En el territorio que hoy forma parte de los estados de Guatemala y Honduras se asentaron los pueblos que dieron origen a la civilización maya, una de las más complejas y avanzadas de la antigüedad. Sin embargo, estos pueblos vieron truncado bruscamente su futuro hace 500 años, con la llegada de los galeones, la pólvora, el caballo, la viruela y la cruz de la colonización española. A partir de entonces se interrumpió el desarrollo endógeno de su economía, sociedad y cultura, y se impuso otro tipo de desarrollo orientado al servicio de las sucesivas potencias coloniales que los parasitaron.
● Estas potencias recurrieron también al secuestro de centenares de miles de personas en África para esclavizarlas en minas, plantaciones y servidumbres domésticas, la descendencia de las cuales encontramos hoy principalmente en la costa atlántica de la región. Bajo formas y actores diferentes, y hasta nuestros días, el colonialismo tuvo como finalidad principal la apropiación de estas materias primas que la región ofrecía –y continúa ofreciendo– en abundancia.
La maldición de la abundancia
● Precisamente es esto lo que el economista ecuatoriano Alberto Acosta denomina “la maldición de la abundancia”. Actualmente, las regiones más ricas en bienes naturales parecen condenadas a vivir en las sociedades más desiguales y violentas. Y hoy, esta maldición tiene un diagnóstico: el extractivismo.
● Vivimos en un mundo donde el 1% de la población tiene tanto de dinero líquido o invertido como el 99% restante, donde el valor nominal de los derivados financieros es más de diez veces superior al valor del PIB mundial, y donde una gran parte de estas inversiones financieras exige la extracción a gran escala de materias primas para exportarlas en cadenas transnacionales para su transformación industrial en energía y bienes de consumo y, por lo tanto, en beneficios lucrativos –una gran parte de los cuales acaba amparada por paraísos fiscales. Al mismo tiempo, muchas de estas materias primas son cada vez más escasas, es decir, tienen un horizonte de agotamiento más próximo, lo cual acentúa la avidez de poseerlas en lugar de protegerlas.
● Si, en otros tiempos, la apropiación de los bienes naturales se hizo mediante un régimen colonial directo, ahora este papel recae en los llamados tratados de comercio e inversión, entramados jurídicos que blindan los derechos de los inversores, las empresas o los grupos transnacionales por encima del resto de derechos implicados.
● Y es que el desarrollo del extractivismo acaba requiriendo modelos políticos coercitivos y autoritarios, sin mecanismos de control, diálogo o compensación. Requiere la eliminación de trabas para su desarrollo, como por ejemplo las instituciones y las leyes que regulan la protección de la naturaleza, las libertades ciudadanas, la vida libre de violencia para las mujeres o el control de la corrupción.
2021, el año con más agresiones en Guatemala
● Solo el primer semestre de 2021, la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) ha registrado cinco asesinatos y un total de 551 agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos. El organismo independiente ha advertido que, si se mantiene este ritmo, 2021 se convertirá en el año con más ataques contra personas, organizaciones y comunidades defensoras desde que se empezaron los registros en el año 2000. En el caso de las mujeres, además, se añaden una serie de impactos que atentan contra sus derechos más fundamentales.
● En los últimos cinco años, se han registrado más de 4.000 muertes violentas de mujeres y, en 2020, el Ministerio Público reportó 200 denuncias diarias por delitos contra las mujeres y los niños. Finalmente, hay que destacar que los procesos judiciales a los cuales se ven sometidas las personas defensoras son largos y plenos de irregularidades, como parte de una estrategia de desgaste a todos los niveles de las luchas comunitarias.
Honduras, un 90% de crímenes sin justicia
● Según un informe publicado por ACI-Participa (Asociación para una Ciudadanía Participativa), en 2019 la Unidad de Protección de Defensores en Riesgo registró un total de 1.115 ataques y agresiones dirigidos contra 499 activistas en quince de los dieciocho departamentos de Honduras. Como resultado de estos ataques, 29 defensoras perdieron la vida. A lo largo del año 2020, y según la misma entidad, 20 defensoras fueron asesinadas. Las defensoras de los pueblos originarios, de la libertad de expresión y del medio ambiente fueron las principales damnificadas y representan el 85% de los casos.
● El golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya en junio de 2009 fue el detonante definitivo del colapso democrático y constitucional, acompañado de unos patrones altísimos de violencia y represión, denunciados desde el primer momento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En Honduras, el 90% de los crímenes contra activistas y el 95% de los asesinatos de mujeres quedan en la impunidad.
Las protagonistas de “Activistas por la vida”
La exposición “Activistas por la vida” explica, mediante fotografías, textos y contenidos audiovisuales, la historia de 40 hombres y mujeres de Honduras y Guatemala. Aquí reproducimos una selección de cuatro defensores y defensoras de Honduras y cuatro de Guatemala.
GUATEMALA
Marcela Chacach (Los Pajoques, Guatemala)
“La cementera compró la voluntad de algunos dirigentes comunitarios”
Nació el 19 de junio de 1979 y tiene cuatro hijos, de entre 23 y 10 años. Es una lideresa cachiquel de la comunidad Loma Alta, una de las doce aldeas del municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, que se han organizado para luchar contra una cementera.
“La empresa Cementos Progreso, con capital suizo, llegó a nuestro territorio en 2006, corrompió a la directiva comunitaria y compró las tierras necesarias a un finquero para empezar a desarrollar el proyecto.
El alcalde municipal decidió otorgar el permiso de explotación y construcción sin contar con los ciudadanos. Se hizo una consulta en contra de la voluntad del alcalde. El resultado fue muy claro: 8.044 personas votaron en contra y solo 4 a favor. Presentamos un recurso de amparo del que no obtuvimos respuesta.
La cementera contrató a 500 personas y trató de dividir a las comunidades. También compró la voluntad de algunos dirigentes. Consiguió más tierras bajo amenaza para construir las carreteras necesarias para llevar la maquinaria pesada.
Un centenar de personas se negaron a vender la tierra. Desde 2014 hemos conseguido que nadie venda su tierra. Durante tres años hubo tranquilidad. Hasta que, en 2012, la construcción de una carretera provocó el enfado de los ciudadanos.
En septiembre de 2014, en la aldea Los Pajoques, murieron 11 personas, entre ellas seis miembros de una familia, en los enfrentamientos entre trabajadores armados de la cementera que se movilizaron enmascarados y los pobladores. La policía tardó más de 24 horas en intervenir. Declararon el estado de prevención durante 45 días. Se desplegaron 200 policías y casi 300 soldados en la zona y se emitieron 36 órdenes de captura contra los asesinos. Diez personas fueron detenidas y acusadas de asesinato, pero nunca fueron juzgadas. En cambio, nuestros líderes detenidos siguen en prisión, sin juicio.
Los trabajos de la cementera también están afectando a las fuentes acuíferas y al medio ambiente. Nuestros pozos se están secando por los desvíos. Mi hijo pequeño nació y creció en esta lucha. Estaba embarazada de él cuando empecé a acudir a las primeras manifestaciones.”
Lorena Cabnal (Ciudad de Guatemala)
“Fui desterrada de mi comunidad por denunciar la violencia sexual”
Indígena xinka, nació el 16 de septiembre de 1972 y tiene una hija de 11 años. Una mujer feminista y trasgresora, desterrada de su comunidad por denunciar la violencia sexual, es fundadora e integrante de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario (Tzk’at) en Iximulew (Tierra del maíz).
“Soy hija de un matrimonio mixto maya-xinka, muy poco habitual en las zonas indígenas. Mis padres se conocieron en Ciudad de Guatemala, adonde llegaron como inmigrantes. Pude estudiar Psicología y Medicina. Mi abuela era médica ancestral y yerbera. Sufrí violencia sexual hasta los 13 años por parte de mi padre, un líder indígena y religioso, muy violento y alcohólico.
En 1992 decidí regresar a las comunidades xinka. Formé una asociación de mujeres con el objetivo de recuperar la identidad ancestral y luchar contra la violencia sexual. Empezamos a hablar del cuerpo como un territorio que hay que defender del mismo modo que defendemos nuestras tierras ancestrales. Las mujeres solo tenían derecho a moverse por cinco lugares de la comunidad: para cortar leña, acarrear agua, trabajar la tierra, moler el maíz o acudir al culto. Había mujeres que tenían entre 15 y 18 hijos. Las niñas de 11 a 14 años eran robadas para empezar la vida marital y dejaban de estudiar.
La violencia sexual era una práctica habitual. El patriarcado ancestral y el machismo indígena tienen su origen en un tiempo anterior a la colonia. Las historias que voy conociendo no son ajenas a mi propia experiencia. Empecé a participar en encuentros feministas y a criticar el fundamentalismo indígena y la subordinación del cuerpo de la mujer que supone. Las mujeres no pueden tocar la marimba, instrumento ancestral y espiritual, porque podrían quedarse sin leche a la hora de amamantar a sus hijos.
Los códigos indígenas no tienen nada que ver con las leyes guatemaltecas. Los tribunales indígenas xinka no discuten temas de abusos sexuales, ni siquiera se usa la palabra violación para definir ese tipo de comportamientos.
Me declararon problemática, instigadora y un mal ejemplo para el resto de mujeres, por lo que me impusieron un destierro comunitario. En la cabecera departamental presenté casos de violencia sexual y feminicidio hasta que las amenazas de muerte y un atentado me obligaron a huir a la capital. Desde entonces, me han aplicado medidas cautelares y acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz.
Un grupo de feministas comunitarias creamos en 2015 la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario (Tzk’at, en lengua maya quiché), con la intención de recuperar y sanar emocional y espiritualmente a las mujeres indígenas que defienden sus derechos. La idea de nuestra organización es acuerparse, es decir, darnos apoyo físico y espiritual con la intención de luchar juntas ante las enfermedades, la tristeza, la estigmatización, los riesgos de expulsión, los atentados y la judicialización que provocan nuestras acciones en defensa del cuerpo y de la tierra. Todas las integrantes somos sanadoras, comadronas, yerberas, guías espirituales y algunas tenemos conocimiento de psicología, leyes, contabilidad o justicia ambiental.
Desde el 8 de marzo de 2016, fecha en la que murieron 41 niñas en el llamado Hogar Seguro, he acudido regularmente a manifestarme en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional.”
Aparicio Pérez (Coatepeque, Quezaltenango)
“Sé que me quieren asesinar”
Nació el 6 de diciembre de 1965 y es padre de cinco hijos de entre 28 y 13 años. Es miembro del Comité de Unidad Campesina (CUC) de la parte alta del río Pacayá, del municipio de Coatepeque, en el departamento de Quetzaltenango. En la imagen aparece sentado en una barca en la comunidad de Troje en un río con un caudal muy reducido y con los pozos secos.
“Los responsables de las plantaciones de palma africana y banano han desviado los cauces fluviales, han secado los manantiales y han provocado contaminación ambiental. Hay cinco mil personas afectadas, sobre todo las que viven en las zonas más bajas donde casi no llega el agua potable.
La empresa Palmas del Horizonte pertenece al grupo HAME, que responde a las siglas de su fundador Hugo Alberto Molina Espinoza, uno de los principales terratenientes de Guatemala, emparentado con el expresidente Otto Pérez Molina, encarcelado por corrupción. Algunos líderes comunales reciben cheques mensuales y canastas navideñas por parte de la empresa. La mitad de los aldeanos apoyan sus actividades.
De abril a junio no tenemos agua. Y en la época de lluvias, las crecidas producen inundaciones y los desechos químicos infectan los cultivos de los campesinos. Interpusimos una demanda por el daño que han hecho al medio ambiente y a nuestros recursos naturales y estamos esperando la sentencia.
La estrategia de las grandes empresas es dividir a las comunidades utilizando la gran demanda de empleo que existe. Traen a trabajadores de otras zonas incumpliendo las leyes laborales, pagan salarios bajos y contratan a menores de edad sin darlos de alta en la Seguridad Social.
A mediados de los años noventa fui capturado junto a otros cuarenta trabajadores cuando protestábamos contra una matanza. Nos acusaron de tener vinculaciones con ETA porque habíamos recibido la visita de una comisión internacional del País Vasco. El Estado fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por exceso de uso de la fuerza pública, algo que tuvo que reconocer.
En junio de 2017, un guardia de seguridad mató a un compañero de setenta años que estaba a mi lado durante una protesta. Lo más probable es que la bala fuera dirigida a mí. El año pasado presenté una denuncia ante el Ministerio Público porque había indicios de que me querían asesinar.”
HONDURAS
Ismael Moreno Coto, «Padre Melo» (El Progreso, Yoro)
“Mis críticas constantes me han puesto en la mira de los asesinos”
Nació el 1 de enero de 1958. Director, desde hace casi dos décadas, de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), perteneciente a la Congregación de los Jesuitas.
“Intentamos actuar como una plataforma de apostolado social que en el convulso período político actual contribuya a mejorar el estado de derecho y la democracia. Lo hacemos desde la investigación y el análisis, la comunicación con Radio Progreso y nuestros equipos multimedia, la defensa, la denuncia y la documentación de las violaciones de los derechos humanos y la formación política y ciudadana de la juventud. Hemos estado presentes en todas las iniciativas de unidad popular y a favor de una gran coalición política que ponga fin a la corrupción, la impunidad y el continuismo político de la última década.
Cuando un partido político utiliza el movimiento social para sus fines partidistas, se debilita. También ocurre cuando el movimiento social se subordina al partido político. Se convierte en un apéndice. Las críticas constantes a los abusos del Estado me han puesto en la mira de los asesinos.
En reuniones entre miembros de la Embajada de Estados Unidos y el gobierno hondureño se ha dicho que es bueno evitar que me maten. Sé que en los últimos años he tenido dos situaciones de peligro real de las que soy consciente. En marzo de 2010 empecé a recibir amenazas permanentes a mi celular después de que protegiera a una mujer que denunció una violación múltiple por parte de la policía. Unos meses antes, en agosto de 2009, vino a Radio Progreso y explicó, en directo: ‘Me acaban de violar y ha sido la policía’. En febrero de 2010 fue de nuevo violada por individuos enmascarados, junto a su cuñada. La Embajada de Estados Unidos me apoyó y consiguieron sacar de Honduras a las dos mujeres y sus familiares más directos, hasta 17 personas en total. Pensaba que me matarían en cualquier esquina. Los gringos me ofrecieron sacarme del país pero me negué a aceptarlo.
La segunda situación la estoy viviendo ahora mismo. Tengo identificados a los que me pueden hacer daño. Forman tres círculos que podían ser concéntricos. Son empresarios muy poderosos vinculados al partido gobernante implicados en graves actos de corrupción. Son narcotraficantes de la banda de Los Cachiros, que han conseguido que en este país exista una institucionalización del crimen organizado.
En abril de 2015 publiqué un artículo titulado ‘Así terminó el reinado del cártel de Los Cachiros’. Es Billy Joya, principal asesor de seguridad del presidente Juan Orlando Hernández, y antiguo militar hondureño que trabajó en el controvertido Batallón 3-16 encargado de hacer desaparecer a opositores políticos. Una persona del círculo más íntimo, y que fue amigo mío en el pasado, me contó que en una reunión del más alto organismo se habló de mí en estos términos: ‘Maneja mucha información que utiliza en contra del Estado hondureño’. A partir de esa reunión las acusaciones se han vuelto burdas y primitivas: dicen que soy el enlace del narcotráfico entre México y Colombia y me dedico a lavar dinero. ‘Al padre Melo lo matarán porque se quedó el dinero del narcotráfico’. También dicen que me dedico a traficar con armas con destino a Nicaragua. Tengo medidas cautelares, pero no acepto la protección estatal. Lastimosamente, estoy muy controlado: en mi casa, la casa de mi madre o la radio. Una amiga periodista muy cercana recibió un vídeo de la inteligencia hondureña en el que se mostraba que se controlaban todos mis movimientos.”
Miriam Miranda (Vallecito, Colón)
“Me siento en peligro real de muerte desde hace años”
Nació el 9 de agosto de 1963 en Santa Fe (departamento de Colón). Tiene dos hijos, de 24 y 18 años. Es Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) desde 2008.
“Honduras ha desempeñado un papel estratégico y experimental en Centroamérica y es el patio trasero de Estados Unidos para generar guerras de baja intensidad, golpes blandos y procesos antirrevolucionarios. Actuamos como una colonia económica, militar y estratégica.
Nuestro país se ha convertido en un importante lugar de tránsito del narcotráfico y ha calcado el programa de Colombia en cuanto a la militarización territorial. Es un Estado fallido que lleva desde 2009, fecha del golpe de Estado, aprobando leyes de hidrocarburos, minería y turismo que han permitido entregar el país al capital transnacional. Incluso plantearon que la moneda utilizada por el inversor fuera la del lugar de origen de la empresa.
La ley del turismo permite a los inversionistas promover sus proyectos turísticos en áreas de biodiversidad protegidas. El 80 por ciento de nuestros territorios ancestrales están afectados por ingenios de palma africana, y 24 de las 28 comunidades garífunas se encuentran en las llamadas Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo donde se quieren construir las ciudades modelo.
Los inversionistas se han adueñado de toda la bahía de Trujillo y tratan a la población autónoma como allegados sin derechos, cuando las comunidades garífunas existen desde antes de que se constituyese la República de Honduras.
Nuestra organización ha sido criminalizada y estigmatizada, y existen campañas permanentes de deslegitimación de nuestra lucha. En el país existe un racismo institucional y no se reconoce la importancia de la cultura garífuna y del resto de las comunidades indígenas. El Estado reduce la cultura al folclore. Se niegan a que nuestros niños y jóvenes reciban educación permanente en su lengua materna. Nuestra organización intenta fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones y lucha para mejorar la situación sanitaria con un modelo de salud propio. No se trata solo de tener más centros de salud u hospitales, sino de mejorar la salud con una buena alimentación.
En los últimos ataques que he sufrido, incluidos intentos de asesinato, me he sentido más vulnerable y desprotegida. El asesinato de Berta Cáceres en 2016, compañera y aliada en la misma lucha durante 27 años, significó un gran golpe para los que luchamos por los derechos humanos. Me siento desde hace años en peligro real de muerte. No puedo andar por la calle como una persona común porque me convertiría en un blanco fácil. Estoy privada de libertad sin estar en la cárcel. Tengo medidas cautelares dictadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mi seguridad está supervisada por el Mecanismo de Protección del Estado. Pero aquí sirve de poco. ¿Cómo permitir que un policía te proteja si es la misma policía la que te vigila o te mata? Hemos sufrido tres asesinatos en los últimos años y unas 280 personas han sido judicializadas. Mantienen medidas cautelares de protección 36 personas. Hay que fortalecer nuestras comunidades. En ellas me siento más protegida que en las grandes ciudades.”
Rosalina Domínguez (Río Blanco, Cortés)
“No entienden que no sentimos amor por el dinero”
Nació el 23 de septiembre de 1970 en Río Blanco (departamento de Cortés). Tiene once hijos (ocho mujeres y tres varones), de entre 31 y 2 años. Ésta indígena lenca es tesorera del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
“El río Gualcarque iba a ser utilizado para construir una represa y una hidroeléctrica por parte de la empresa DESA (Desarrollo Energético, S.A.). Se paralizó tras el asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016. En el juicio se acusó al Estado de concesión ilegal. Desde el principio del proyecto, en 2006, empezaron las amenazas y el hostigamiento contra los indígenas.
El 15 de julio de 2013 fue asesinado Tomás García, auxiliar de la comunidad y miembro del COPINH. La empresa le había ofrecido 20.000 lempiras (unos 740 euros) y él se negó a aceptarlas. Un mes después, un militar en activo lo asesinó e hirió a su hijo. Consideran que, si cortan las cabezas de los responsables, podrán seguir con los proyectos.
No he sido amenazada directamente, pero personas desconocidas han indagado sobre mí y cerca de mi casa se han apostado personas enmascaradas. No entienden que no sentimos amor por el dinero. Lo que queremos es mantener puros nuestro valle y río para pescar y bañarnos. Vivimos de cultivar la tierra (frijoles, maíz y café) y de la tiendecita. Nuestro único apoyo es la comunidad. Hemos botado el miedo de nuestras vidas y mantenemos la energía para seguir luchando.”
Teresa Reyes (Vallecito, Colón)
“No nos da miedo la muerte, porque de algo hay que morir”
Nació el 4 de julio de 1969 en Triunfo de la Cruz (departamento de Colón). Tiene seis hijos, de entre 28 y 14 años. Es licenciada en Educación Básica, asistente técnico y miembro del Comité de Defensa de Tierras de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).
“Vivimos en una zona frecuentada por el turismo y el Estado se ha dedicado a promocionar los megaproyectos turísticos. La municipalidad de Tela se atribuyó la autoridad de ampliar el casco urbano y empezó a vender tierras sin consultar a partir de 1993. Registró terrenos de título comunal a nombre de terceros, violentando el derecho colectivo de la comunidad. Se creó una comisión investigadora que con el paso de los años se reconvirtió en el actual Comité de Defensa de Tierras. Presentamos las primeras denuncias sin ningún apoyo en Honduras.
En 2003, expusimos el caso en la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Tres años después, el organismo emitió medidas cautelares de protección para la comunidad y sus miembros. El primer proyecto, denominado Marbella, quedó paralizado, pero otros megaproyectos continuaron.
Desde entonces varias personas han sido asesinadas y otras encarceladas. Nuestro presidente resultó herido en un atentado en 2006. Tuvo que exiliarse y jamás ha regresado. Yo también he sufrido amenazas, órdenes de captura por parte de la policía e intentaron quemar mi casa en 2011. Me ofrecieron exiliarme a México, pero me negué. Mi pareja estuvo siete años encarcelada, desde 1997 hasta 2003, aunque acabó ganando el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha sido indemnizado por el Estado. Esta institución se hizo cargo del caso a partir de febrero de 2013 y ha emitido distintas resoluciones, la última de las cuales tiene fecha de 2019, y en ella da la razón a la comunidad garífuna y condena al Estado hondureño por apropiación indebida de las tierras ancestrales.
Nuestro objetivo es luchar para mantener la armonía y la paz en nuestra comunidad. No nos da miedo la muerte, porque de algo hay que morir. Esta lucha no es de una persona, sino de todos los que respiramos y queremos cuidar nuestro planeta.”
Sobre Gervasio Sánchez
Gervasio Sánchez (Córdoba, 1959) es fotoperiodista de conflictos y crisis humanitarias. Galardonado con el Premio Nacional de Fotografía en 2009, ha publicado más de una docena de libros fotográficos y, como periodista, profesión que ejerce desde 1984, publica en el Heraldo de Aragón y colabora en la Cadena Ser y en la BBC. Desde 2001 dirige el Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín.
Ha publicado los siguientes libros fotográficos: El cerco de Sarajevo (1994) y los publicados por la editorial Blume, Vidas minadas (1997, 2002 y 2007); Kosovo. Crónica de la deportación (1999); Niños de la guerra (2000); La caravana de la muerte. Las víctimas de Pinochet (2001); Latidos del tiempo (2004), con el escultor y artista plástico Ricardo Calero; Sierra Leona. Guerra, paz (2005); Sarajevo, 1992-2008 (2009); Desaparecidos (2011); Antología (2012); Mujeres. Afganistán (2014), con la periodista Mònica Bernabé, y Vida (2016). Algunas de sus exposiciones han sido comisariadas por Sandra Balsells y Gerardo Mosquera. También coordinó en 2001 con Manuel Leguineche el libro Los ojos de la guerra (70 corresponsales escriben sobre su profesión y recuerdan a Miguel Gil, muerto en Sierra Leona) y en 2004 publicó el libro literario Salvar a los niños soldados.
Ha recibido los premios de las asociaciones de prensa de Aragón, Almería y Córdoba y los premios Cirilo Rodríguez, Derechos Humanos, Ortega y Gasset, Rey de España, Julio Anguita Parrado, Bartolomé Ros, Jaime Brunet, Gernika por la Paz y la Reconciliación, José María Portell y José Antonio Labordeta, y en 2009 fue galardonado con el Premio Nacional de Fotografía.
Es enviado especial por la paz de la UNESCO desde 1998. En 2004, el Gobierno de Aragón le entregó la Medalla al Mérito Profesional y en 2011 el Gobierno de España le concedió la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social. Es hijo adoptivo de Zaragoza y miembro de honor de la Asociación Fotográfica Cordobesa (AFOCO).
Información práctica
“Activistas por la vida”, del 18 de abril al 5 de junio.
Museo Barjola (Calle Trinidad, 17. Gijón)
La entrada es gratuita con capacidad limitada.
Los horarios del museo:
De martes a sábado: de 11:30 h a 13:30 h y de 17:00 h a 20:00 h
Domingo: de 12:00 h a 14:00 h
Lunes: cerrado
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