Los responsables de la institución Defensor del Pueblo transmitieron datos de vulneraciones de ddhh a la delegación asturiana, y valoraron y felicitaron a Asturias por el programa de protección.
Aseguraron que la situación es muy grave, y que frente a ello se ha implementado el sistema de Alerta Temprana, iniciada en 2001 con recursos de la cooperación internacional.
Aunque Defensoría ha tratado de prevenir los desplazamientos forzados y se llegó a aprobar una ley, ésta no fue desarrollada.
La teoría es que cuando hay amenazas, se estudia vulnerabilidad, y se determina la capacidad de responder.
La ventaja de Defensoría es que está en todas las regiones y ello permite monitorear cuando hay indicios de violencia.
Un ejemplo es la masacre de Bojayá: había una Alerta, estaba avisada la alta probabilidad de masacre, pero no se tuvo en cuenta.
Después de los hechos el ejército se justificó por no haber procedido, pero hay ya una sentencia de responsabilidad del estado.
Fue en 2016 en que en la negociación de La Habana se tomó el Acuerdo de que funcionara con autonomía el Sistema de Alertas Tempranas, y en manos de Defensoría. http://www.defensoria.gov.co/
El gobierno creó una Comisión Intersectorial para las respuestas.
Desde Defensoría se preguntan porqué es tan débil la respuesta del estado en prevención sabiendo que las zonas de riesgo están focalizadas en 10 lugares: Debiera haber un Plan de Acción que actuara sobre esas diez zonas; sin embargo el reciente PAO, plan de atención operativa del gobierno Duque, no coincide en los territorios de riesgo, y está por ver si tiene alguna efectividad.
Recientemente, el 7-F, en una audiencia en el Carmen de Bolívar, ante los datos abrumadores de vulneraciones presentadas por el Defensor, se estableció un pacto con la Procuradoría para crear un cuerpo especial para corroborar si las autoridades dan cumplimiento a las alertas tempranas.
Como las violaciones a los ddhh han continuado e incluso han aumentado, las víctimas podrían enjuiciar al estado en los casos de incumplimientos.
Son los líderes sociales la fuente principal de información para Defensoría, los principales aliados.
Hasta el presente la violencia contra los líderes ha sido silenciada, aunque el SAT (sistema de alertas tempranas) tenga información de 15 años.
Francisco Barbosa, nombrado director del Centro de Memoria Histórica niega el conflicto armado y la existencia de víctimas, y el responsable de DDHH del gobierno declara en Ginebra en el Consejo de DDHH el negacionismo del conflicto armado, y que el ELN sea un grupo guerrillero. Todo ello preocupa en Defensoría donde consideran que aumentará aún más la indefensión de los líderes sociales.
La cifra aportada es de 461 líderes sociales de 2016 a 2018, y 24 que ya han sido asesinados en 2019, una curva que no para de crecer.
Justamente hoy 28-F se cumple un año del comienzo de Alertas Tempranas en la nueva modalidad de autonomía, y se han realizado 66 Alertas.
Los riesgos principales están detectados en:
-el reacomodamiento territorial de las FARC
-la relación directa con las economías de guerra
-el proceso de implementación del acuerdo de paz que ha traído más riesgos para líderes sociales
la existencia de normas abundantes-mecanismos de protección, pero que no se llevan a cabo
-la relación con los tiempos electorales: octubre 2019. Son los meses que concentran mayor número de asesinatos, en la perspectiva de que nuevos movimientos electorales, de víctimas, de indígenas, de negritudes, optarán a las elecciones locales, ya que los líderes pueden volverse o candidatos, o activistas de campaña, o veedores: esta semana en el Putumayo ha sido asesinada una doctora, tras anunciar su candidatura, y otro médico en Cartago también fue asesinado en ese marco de participación electoral.
Consideran en Defensoría que las comunidades se está apropiando de la herramienta de las Alertas Tempranas y por ello tienen una amplia colaboración, y animan a que la cooperación internacional también contribuya.
Tendrán un Informe especial sobre las elecciones regionales, y gran seguimiento de la situación de riesgo, insistiendo al gobierno para tomar acciones de protección.
Hay 740 líderes sociales amenazados en 2018, más los citados 431 crímenes (que la ONU rebaja a 232), por lo que consideran muy importante mantener en vigor el programa asturiano de ddhh.
