Ibagué
En el Tolima, capital Ibagué.
La Casa del Maestro, sede del sindicato de educadores, y la del Comité Ambiental, son lugares donde reciben a la 20ª Delegación asturiana en sendas y diferenciadas, en contenido y tono, audiencias.
Cuentan que Ibagué es la ciudad musical y que fue creada hace 520 años.
También es la capital de un departamento rebelde, cuna y nacimiento de varias guerrillas emblemáticas.
Llegan activistas de municipios como Fresno, Chaparral, Mariquita, Planadas, Ataco, Espinal, Guamo, Ortega, con sus informes a cuestas, de vulneraciones a los ddhh, antiguos y presentes, repitiéndose y reactualizándose, no en vano aseguran que los paramilitares, agazapados o no, siguen haciendo de las suyas, es decir mucho mal.
Hay una Juntanza ( Académica de Paz, DDHH, y Víctimas) organizada, que entrega documentos que se han enviado ya a la gobernadora (de la derecha extrema), o al ministro de defensa (progresista).
En algunos municipios anuncian ser campeones en desaparición forzada (Fresno), de otros la violencia y persecución (la Marina) llevará al refugio temporal a Asturias a una de las suyas dentro de un mes. En otros valoran la resistencia y fuerza campesina.
Una mayora, autoridad indígena del pueblo pijao (Coyaima-Natagaima) comparte la Minga de Resistencia que han de mantener en municipios como Ortega, concesionado casi en su totalidad a multinacionales para que se lleven el oro, la arena, los cribados, afectando y secando a la “sangre de la tierra”.
Una concejala del partido Liberal de Planadas invita a la delegación a ir a su municipio, paraíso escondido, donde los excombatientes están abandonados.
Varios señalamientos recibe por flancos diversos la gobernadora del Tolima, por su conservatismo y por tratar de resolver los entuertos de la guerra con nueva militarización extrema, en vez de ir a las causas que dan origen al conflicto.
Otros dardos se los lleva la Anglo Gold Ashanti, de matriz sudafricana y sede inglesa, pero dizque tiene apropiadas en concesiones mineras nada menos que 8,9 millones de hectáreas, y frente al actuar de otra empresa canadiense, denuncian el asesinato de Jhon Ferley Aguilar, el hijo del líder que lleva a tutela frente al accionar de la transnacional.
Del medio millón de habitantes se contabilizan 77.000 víctimas, y las reparaciones, aseguran, son desconocidas.
Con intensidad y rigor presentan las afectaciones ambientales en el bosque húmedo tropical de Galilea, con sus 33.000 hectáreas puestas en peligro, con una “compra-venta” de bonos o créditos de carbono, perversa forma que tiene el capitalismo de seguir contaminando en el norte justificando una supuesta protección en el sur, con empresas y fundaciones privadas que no presentan auditorias ni cuentas en sus 219 lotes, en la que se lavan la cara sucia empresas como las cementeras.
Y precisamente a la sede del Centro Ambiental (comité ambiental Defensa de la Vida), acuden en la segunda reunión funcionarios de Procuradoría, de Personería, la señora responsable del “enlace” con la JEP o justicia para la paz, y la señora Defensora regional del pueblo.
Explican los sistemas de alerta temprana, los inconvenientes o desobediencia de municipios, gobernación y militares a muchas de sus recomendaciones (el 80%, dicen, no son atendidas, con lo que los “avisos” de que pueden ocurrir violaciones a los ddhh se convierten en hechos cruentos.
(por cierto que el diputado Rafael Cofiño comparte, pregunta y compara con las alertas tempranas en el contexto distinto del sistema de salud pública, no en vano el fue gestor o director del área en Asturias en el caso de la pandemia covid, y los mecanismos considerados de utilidad para que tales alertas tempranas tengan efectividad, en un caso para que muera la menor cantidad de gente posible en la enfermedad, en el otro para que se impida la muerte a bala de otras personas)
La delegación “no juzga” ni la situación ni a los funcionarios que tienen la tarea de hacer cumplir las investigaciones, alertas tempranas o procedimientos para prevenir e impedir crímenes diversos, pero si anima a que el estado de derecho se cumplimente a cabalidad, sin asimetrías para con los militares o actores empresariales que tienen responsabilidad directa en la violencia contra la población.
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