¿volverán a tumbar otro presidente sometido a políticas de expolio extranjero?
Emergencia en Ecuador. De nuevo, como en otras etapas históricas de este país andinoamazónico en que movilizaciones potentes echaron a presidentes, el rechazo frontal a medidas económicas emanadas del FMI, las movilizaciones indígenas y populares, exigen la retirada del “paquetazo” neoliberal. “El estado de emergencia en Ecuador es inconstitucional, inconvencional y pone en serio peligro la vida, la integridad y la libertad de las personas en Ecuador”, ha dicho el Instituto de defensa de los derechos, humanos, de los pueblos y de la naturaleza INREDH. Todo comenzó cuando el presidente Lenin Moreno presentó un proyecto económico urgente que contiene medidas de flexibilización laboral, eliminación del subsidio a combustibles derivados del petróleo, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, la disminución de beneficios laborales a empleados y empleadas del sector público, entre otras. Medidas que impactarán a los sectores más vulnerables de la sociedad y empeorarán las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que han logrado cierta estabilidad económica. Son políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional que bajo la promesa de que menos regulación implica más inversión y más riqueza, va de país en país chantajeando a los gobiernos e imponiendo políticas que desaparecen la clase media y agudizan las diferencias sociales. Es la política neoliberal de los organismos multilaterales, en gran medida la culpable de que el 1% de la población posea el 99% de los recursos del planeta, un planeta que, además, gracias a la desregularización en materia ambiental y el extrativismo salvaje, está destruyendo de forma vertiginosa la naturaleza y dejándole un pasivo social y ambiental inmanejable a las futuras generaciones. En este contexto resulta legítimo e indispensable que la gente ejerza su derecho a la resistencia, haga oír su voz en las calles, el único espacio de real participación que se les concede y reconoce la magnífica Constitución ecuatoriana. En 1998, la CIDH le dijo al Ecuador que usar el estado de excepción para controlar el descontento popular por las medidas económicas o el control de la delincuencia es contrario a las obligaciones del estado contraídas en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hoy, veinte años después, el gobierno ecuatoriano repite las mismas violaciones al derecho internacional. La suspensión derechos humanos ordenada y movilización de tropas militares para contener a la población debiera preocupar a todo el mundo: Es particularmente ilegal, inconvencional, peligroso e irresponsable la decisión de movilizar tropas militares para enfrentar a los y las manifestantes. Las fuerzas armadas “tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial”. Las movilizaciones y la resistencia elemental ante medidas impuestas desde el extranjero que dañan a la mayoría de la población han sido señaladas por el presidente como “chantaje”, y ha ordenado la represión, mientras él se retiraba a una base militar en Guayaquil: El saldo es difícil de cuantificar, dado el bloqueo informativo, pero hasta el viernes se conocía que había 267 detenidos/as que han denunciado disparos con perdigones, golpes, violencia con motos y trato inhumano por parte de la Policía; dos dirigentes indígenas apresados (Marlon Santi, coordinador de Pachakutik; Jairo Gualinga, dirigente de la Juventud de la CONAIE); un joven que por el impacto de la represión policial se encuentra en extrema gravedad; Luis Timpantuña, estudiante universitario que por impacto de bomba de gas lacrimógeno perdió su ojo; un joven herido en Cuenca con bomba lacrimógena en el pómulo; y varixs personas más. La Defensoría del Pueblo y la CIDH se han pronunciado denunciando el uso excesivo y desproporcionado del aparato estatal en contra de lxs manifestantes, y han exhortando al gobierno ecuatoriano a que garantice el derecho a la protesta y los derechos humanos. A esa elemental demanda nos sumamos desde SOLdePaz.Pachakuti. El sindicato FUT ha convocado “a todos los trabajadores del campo y la ciudad, mujeres, juventud estudiosa, jubilados y amas de casa a unirnos este miércoles 9 de octubre a la gran huelga nacional y paro del pueblo para combatir el paquetazo neoliberal con el cual premiaron a la oligarquía y al FMI en contra de los trabajadores y el pueblo”. Por su parte la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador CONAIE, que tenía convocadas previamente movilizaciones para el 15 de octubre, se ha visto obligada por las medidas del paquetazo a adelantarse a una movilización fuerte y ha decretado su propio «estado de excepción» en territorios ancestrales advirtiendo que retendría a miembros de las fuerzas policiales y militares que entren a sus territorios (sometiéndolos a la justicia indígena reconocida), argumentándolo: «ante la insistencia del Gobierno Nacional de avanzar sobre nuestros territorios con la explotación de minería, petróleo y bienes de la naturaleza, destruyendo entornos de vida y respaldando con fuerzas militares la presencia de las empresas extranjeras». La CONAIE, como organización y como autoridad indígena, se mantiene en movilización permanente. Ante el bloqueo informativo o la connivencia de las empresas de comunicación con el estado de excepción son las redes sociales las que están mostrando cientos de miles de imágenes de la represión, pero también de la intensa movilización en todos los territorios. Tal vez no convenga olvidar que presidentes como Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, “cayeron”, tras movilizaciones de rechazo muy parecidas a las del presente en que se está exigiendo la retirada de las medidas del paquetazo del FMI y la libertad de todas y todos los presos. En cualquier caso nos sumamos a las organizaciones de DDHH que Exigen se haga cumplir y respetar la Constitución “de Montecristi”, y la vida, la integridad de las personas y comunidades y el respeto a los DDHH. https://www.dpe.gob.ec/la-defensoria-del-pueblo-exhorta-a-la-corte-constitucional-y-a-la-fiscalia-general-del-estado-para-que-se-pronuncien-en-el-ambito-de-sus-competencias-ante-la-situacion-que-atraviesa-el-pais/
