En lo profundo de la Selva, se aprueba la creación de la Nación Harakbut.
Se trata de un acuerdo histórico de reafirmación que se adoptó durante el Congreso de la Nación Harakbut realizado en la comunidad de Puerto Azul Mberowe, provincia del Manu, Madre de Dios. Perú.
Tras varios años de gestación el encuentro designó sus primeras autoridades indígenas como Nación.
La decisión se apoya también en otros procesos como el del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís.
Es una respuesta frente a las amenazas que aquejan a estas comunidades como las invasiones cocaleras, la minería ilegal, las actividades extractivas desde el Estado y la indiferencia de las autoridades estatales.
Sus autoridades han remarcado la decisión política como un primer paso, también explicaron que se trata de un proceso principalmente autogestionado por las propias comunidades.
Territorios de Vida en la Amazonía
Este encuentro contó con el apoyo del proyecto «Autofortalecimiento de territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA) emblemáticos en la Amazonía peruana».
Se impulsan aspectos como vigilancia territorial indígena, economía, conservación de la biodiversidad, seguridad alimentaria, entre otros, a fin de fortalecer esta la gobernanza territorial indígena.
Wrais Pérez, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, relata que la gestión indígena de los bienes comunes está dando soluciones a los problemas que afectan a toda la humanidad.
Una delegación de Apus Wampis llegó al Congreso de la República para presentar la declaración de constitución del Primer Gobierno Autónomo Indígena del Perú. Los wampis y otros nueve pueblos indígenas amazónicos vienen trabajando en las últimas dos décadas para proponer una nueva gobernanza territorial sobre sus territorios y su reconocimiento como naciones, no como comunidades. De este grupo, los wampis forman parte de la primera nación indígena en autoproclamar su autonomía. Otros pueblos indígenas, como el Awajun, están siguiendo estos pasos.
Este proceso sugiere una nueva cartografía y gobernanza en la Amazonía. Mientras la gobernanza oficial divide el poder sobre el territorio entre agencias nacionales y subnacionales que conceden derechos de propiedad a empresas, colonos y comunidades nativas, la gobernanza territorial indígena se basa en la idea de que los pueblos indígenas tienen un derecho político previo sobre estos territorios como naciones.
Esta perspectiva tiene el potencial no solo de redefinir la gobernanza territorial sino también de reconstruir la forma estatal hacia un Estado plurinacional.
Sin embargo, el solo reconocimiento constitucional en el caso de Bolivia y Ecuador podría ser solo un logro simbólico si no se formulan propuestas de política concretas.
Los pueblos indígenas amazónicos han estado luchando en el reino de la legalidad y hoy están pasando sus luchas a la arena política mediante el reforzamiento de sus organizaciones y la difusión de sus propuestas en círculos políticos, tecnocráticos y académicos.
También precisan pensar cómo pasar a la política pública para hacer efectiva una agenda que en última instancia busca re-imaginar la nación y reinventar el Estado, incluyendo sus prioridades de desarrollo.
Cuando la COVID-19 llegó a Perú, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis cerró de inmediato su territorio para que la pandemia no los alcanzara sin estar preparados.
«El gobierno va a tocar las puertas de la Nación Wampís porque hay petróleo y minería en nuestros territorios y por ello, estamos construyendo nuestro propio pensamiento para decirle al Estado que su ley no es aplicable en nuestra tierra. La consulta previa no nos sirve si impacta en la naturaleza; porque si lo hace, afecta a los derechos humanos».
La Nación Wampis expresa en su Estatuto aprobado en noviembre del 2015, que, al proclamarse nación, exige que se la trate como un sujeto político con derechos.
Piñera pretende militarizar, aún más, los territorios mapuche.
El Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA), organización que reúne a varios académicos especialistas en temas de seguridad, rechazó el intento de militarizar el conflicto mapuche, argumentando que la “intervención de los uniformados es contraproducente, y no contribuye a la solución del conflicto”.
“Como reacción a los últimos hechos ocurridos en la denominada Macrozona Sur, el Presidente Piñera insiste en una peligrosa militarización del conflicto mapuche. Reitera un enfoque represivo, a través de una agenda legislativa centrada en el control del orden público, sin abordar ningún problema de fondo. En esencia, la propuesta del gobierno se obstina en involucrar a las Fuerzas Armadas en actividades policiales”.
“Ninguna propuesta que enfrente seriamente el conflicto mapuche, puede obviar que este tiene profundas raíces histórico-políticas; las que deben abordarse en su integridad. La usurpación de tierras, en el contexto de la llamada “pacificación de la Araucanía”, es una de las principales. Actores como el Congreso, los partidos políticos, y las propias comunidades en conflicto, son los llamados a concurrir a un verdadero Acuerdo Nacional para desterrar la violencia. Recurrir a una mayor militarización, sólo pondrá en juego el respeto a los derechos humanos y la fortaleza de nuestra democracia”.
La diputada Emilia Nuyado: “Históricamente las primeras naciones no han sido consideradas en su derechos colectivos por el Estado chileno y en los últimos años la situación se ha ido agravando y cada vez las medidas de los diversos gobiernos han sido represivas y no de solución ni de revisión profunda de las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche, la defensa de la autonomía y la libre determinación y, por lo tanto, ello ha conllevado a una serie de situaciones en las que el Estado no ha entendido, los gobiernos que han pasado no han comprendido y no ha habido un acercamiento ni la voluntad política de querer resolver”.
“Luego del asesinato de Camilo Catrillanca, recibimos a quienes participaron del tragún de Temucuicui y ellos nos dijeron claramente que no querían más militarización en el Wallmapu, sino un diálogo directo y horizontal con el Estado para lo que se requiere que el Ejecutivo se haga cargo de una comisión que permita esclarecer la pérdida territorial y generar propuestas de los tiempos en que ésta debe ejecutarse. Sin embargo, esa propuesta de los lonkos no se recogió en lo absoluto. Este gobierno en particular no ha querido escuchar a las comunidades y solo ha oído al empresariado y es a ellos a quienes se les está respondiendo”.
“Este espacio le pertenecía al pueblo mapuche y fue destruido por las forestales, las empresas no han mostrado ningún respeto a las comunidades mientras han desarrollado su actividad. Y eso no le interesa a ningún gobierno ni a quienes dicen ser representantes de los territorios y que han sido electos con votos del pueblo mapuche. No ha habido entendimiento del valor que la tierra representa para los mapuche”.
“En el fondo no se está atendiendo el problema, que es la devolución de las tierras a las comunidades mapuche. Aquí está instalada la violencia, no por las comunidades sino desde el Gobierno, las instituciones policiales, el APRA (extrema derecha), el Comando Trizano y también por el robo de madera. Hay muchos actores políticos y económicos que se benefician de la violencia y les conviene que ésta se mantenga en la Región”, explicó la candidata constituyente Elisa Loncon.
La autodeterminación es el derecho más importante, como el derecho a decidir en lo económico, político y social de un territorio que te determine, en el entendimiento que el pueblo mapuche era un pueblo libre hasta la ocupación de la Araucanía. Es decir, tiene una historia que acompaña a esa demanda para poder legitimarla.
Desde el Estado ha existido un colonialismo hacia territorio mapuche. Ha habido todo un proceso de usurpación del territorio, un desmedro de la propiedad de la tierra mapuche. En ese escenario es legítimo el proceso mapuche de una recuperación de territorio, para poder ejercer y construir la soberanía territorial suspendida, como dice el libro Escucha Winka, opina el historiador Fernando Pairican.
Las actuales demandas por autonomía indígena originaria campesina (AIOC) en Bolivia, expresan la histórica demanda de las naciones originarias y pueblos indígenas por su libre determinación; y además, expresan la relación contenciosa con un Estado que de ser colonial y republicano, ha pasado a ser plurinacional, pero no ha dejado atrás su centralismo e insiste en burocratizar la viabilidad autonómica de los pueblos. La experiencia de las organizaciones campesinas e indígenas, nos convoca a revisar sus repertorios y no perder de vista el proyecto de largo aliento, por los territorios, la autodeterminación y el ejercicio de los derechos colectivos en el marco de los Estados plurinacionales.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue diseñada para ratificar los derechos humanos colectivos e individuales inherentes a dichos Pueblos y, abordar sus derechos relacionados con la cultura, el medio ambiente, la salud, la educación, el desarrollo económico y social.
En el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku contra Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que Ecuador había violado tanto el derecho internacional como el interno, incluyendo el derecho de los Sarayaku a la propiedad comunal, la identidad cultural y el incumplimiento de su Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI). Esto en relación con el uso que Ecuador hace de sus fuerzas armadas, en apoyo a la destrucción que la Compañía Petrolera Estatal hace del medio ambiente y de lugares sagrados de los Sarayaku.
«El verdadero problema es asegurar la autodeterminación para que los Pueblos Indígenas puedan tomar decisiones por sí mismos sobre su futuro, sobre sus derechos a las tierras, territorios y recursos«. – Les Malezer (Butchulla / Gubbi Gubbi), coordinador de la Asociación Mundial de Pueblos Indígenas
El artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007, consagra el derecho a la libre determinación. Este es considerado un derecho fundamental de los pueblos indígenas, en base al cual se establece su derecho a determinar libremente su condición política y a perseguir su desarrollo económico, social y cultural. La Declaración incluye diversos artículos relacionados con el derecho a la autodeterminación. En particular, el artículo 4 establece elderecho de los pueblos indígenas a la autonomía o al autogobierno en materias relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como el derecho a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Adicionalmente, los artículos 5, 8, 20 y 34 establecen el derecho a conservar, reforzar y desarrollar sus propias instituciones para la adopción de decisiones y propios sistemas jurídico, económico, cultural y social.
Existen diversas experiencias de autonomías; el autogobierno en Groenlandia, la auto declarada región autónoma Wampi en Perú, los Parlamentos Saami en Noruega, Suecia y Finlandia, la libre determinación de las comunidades indígenas federalmente reconocidas en EEUU, entre otras.
Varias legislaciones han sido dictadas en el desarrollo de este derecho: el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica en Nicaragua; la Ley Marco de Autonomías de 2010 en Bolivia; las leyes que han potenciado a los resguardos como figuras autonómicas en Colombia, donde además se destaca la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la que ha reafirmado el carácter autónomo de los resguardos frente al actuar del Estado. A ello se agrega la legislación de Panamá, que desde la década de los 50 ha establecido cinco comarcas indígenas, con importantes niveles de autonomía.
En Chiapas la creación y funcionamiento de las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles, dos instituciones fundadas por el Movimiento Zapatista, supusieron aplicar, de forma unilateral y autónoma, los derechos demandados a y negados por la arena política oficial de México.
