XIV SOS Por la Paz, la Vida y las Garantías de No Repetición
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
El comienzo del año estuvo marcado por lo que algún columnista llamó las cabañuelas de sangre.
Durante los primeros días de 2019 presenciamos el asesinato, casi a diario, de un líder o lideresa social, como presagio de un año muy difícil para la defensa de los derechos humanos y de la paz en Colombia.
Por esta razón elevamos nuevamente nuestro SOS por la paz, la vida y las garantías de no repetición, que lanzamos en marzo de 2016 como una forma de llamar la atención de la sociedad colombiana y la comunidad internacional sobre la urgencia de consolidar la construcción de la paz en Colombia.
En el periodo que comprende desde el 30 de octubre de 2018 al 31 de enero de 2019, hemos recibido denuncias de 151 hechos victimizantes, con un leve ascenso desde el periodo anterior (agosto-octubre 2018) cuando se registraron 146. 52 de los hechos corresponden a homicidios que cobraron la vida de 67 personas.
22 amenazas contra 74 víctimas individuales y colectivas, 20 hostigamientos, 15 atentados contra 22 víctimas individuales, un espacio territorial de reincorporación y una comunidad indígena víctima de una detonación explosiva en su territorio. También 1 caso de desaparición forzada contra un estudiante de la Universidad Industrial de Santander quien fue reportado como detenido por la Policía pero luego se perdió su rastro.
Dentro las víctimas de asesinatos, se registraron dos casos de feminicidio contra lideresas sociales en el Norte del Cauca y Norte de Santander, respectivamente. Según las primeras indagaciones, ambas murieron a manos de sus parejas sentimentales, el primero de ellos, suboficial activo de las fuerzas militares.
Los hostigamientos denunciados van desde la estigmatización y el robo de la información, hasta la persecución a la protesta estudiantil y las agresiones verbales de las que fue víctima un joven en la ciudad de Medellín por marchar en rechazo al atentado contra la Escuela General Santander, portando una camiseta que tenía la inscripción: No a la guerra de Duque y Uribe.
Es notorio también el número de abusos de la fuerza pública denunciados durante el periodo. 26, de los cuales 17 involucran la responsabilidad del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, y otros cuerpos de Policía, 4 del Inpec, autoridad carcelaria y penitenciaria, 2 que comprometen a integrantes del Ejército y un caso en el que la Fiscalía -actuando conjuntamente con la guardia privada de Frontera Energy- abusando de su autoridad judicializó sin fundamentos a líderes sindicales que participaban en la negociación de un pliego de peticiones con la multinacional.
Sólo en Bogotá se presentaron 12 de estos abusos, asociados a las protestas estudiantiles de finales del año anterior, y por parte del Inpec en los establecimientos penitenciarios ERON Picota donde fueron golpeados y heridos tres reclusos por parte de la guardia del Inpec, y en el Buen Pastor donde las prisioneras del Patio 6 adelantaron una huelga de hambre ante la amenaza de trasladarlas a otro patio que pone en riesgo su vida.
Por otra parte, es evidente el recrudecimiento del conflicto armado con graves infracciones al DIH en los 6 hechos registrados durante el periodo que incluyen el atentado del ELN contra la Escuela General Santander y contra el puesto de policía de Saravena en Arauca, el bombardeo al campamento del ELN durante la tregua unilateral decretada por esta guerrilla el 25 de diciembre de 2018, el confinamiento y control territorial que ejercen los distintos grupos armados contra comunidades indígenas Embera Wounaan, Dobida y Katío, en el Chocó, que padecen los enfrentamientos entre paramilitares, “disidencias” de las Farc, ELN y delincuencia común por el control de rutas de narcotráfico.
El suroccidente y Antioquia siguen bajo amenaza
El suroccidente colombiano sigue siendo la región más golpeada por el conflicto y la violencia sociopolítica y allí se presentaron 57 de los 150 hechos reportados en el periodo, 24 de ellos homicidios.
En el departamento del Cauca se registraron 33, de los cuales 14 fueron homicidios y 1 feminicidio, 9 amenazas individuales y colectivas, 5 hostigamientos, 1 atentado y 1 caso de abuso de la Fuerza pública por parte del ESMAD, durante las movilizaciones estudiantiles en la Universidad del Cauca, en las cuales el estudiante Esteban Mosquera perdió su ojo.
También recibimos denuncias de 12 hechos victimizantes del Valle del Cauca, 4 homicidios, 3 atentados, 2 amenazas, 2 abusos de la fuerza pública y un hostigamiento. En Nariño, se presentaron 7 hechos victimizantes, 5 homicidios y 2 atentados. Todos estos, contra líderes indígenas o campesinos y 2 en Putumayo un abuso de la fuerza pública y una amenaza.
Antioquia con 26 hechos, fue el segundo departamento en denuncias de violaciones a los derechos humanos en el periodo. Allí la Comunidad de Paz de San José de Apartadó sigue denunciando el asedio paramilitar, 6 en el periodo, 3 amenazas, 1 caso de abuso de la fuerza por parte del Ejército Nacional y el asesinato de un joven a manos de desconocidos.
En el departamento también se presentaron 6 casos de desaparición forzada de presos políticos del ELN recluidos en la cárcel de Bellavista en hechos posteriores al atentado contra la Escuela General Santander, 6 homicidios, 5 de ellos contra líderes sociales, 6 amenazas contra defensores y organizaciones, 3 atentados, 2 hostigamientos y 3 casos de abuso de la fuerza pública por parte del ESMAD.
Por otra parte, un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación que publica el diario El Espectador ilustra una “guerra civil” que se vive en las zonas del Bajo Cauca, Norte, Nordeste antioqueño y Sur de Córdoba, donde el conflicto ha tomado dimensiones trasnacionales ya que según el informe dos carteles mexicanos de las drogas estarían financiando a las estructuras criminales locales –Caparrapos y Clan del Golfo- que controlan cultivos y rutas de narcotráfico. También hay presencia de grupos de mala llamada limpieza social y de la guerrilla del ELN.
Esta dura realidad para las comunidades se suma a la crisis humanitaria generada por el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, cuya construcción ha tenido implicaciones nefastas para la verdad histórica y la satisfacción de los derechos de las víctimas de la guerra en esta región, sin hablar de la destrucción del ambiente y las economías ribereñas o los hechos de corrupción que rodean esta megaobra. El desastre provocado por Hidroituango se agravó aún más en la última semana con la decisión de cerrar las compuertas de la casa de máquinas para tratar de recuperar la infraestructura de la represa, por encima de consideraciones ambientales y humanitarias, ocasionando daños permanentes al río Cauca, el segundo más importante del país.
Defensoras y defensores ¿Quién podrá defenderlos?
La mayoría de las agresiones denunciadas en el periodo estuvieron dirigidas contra las líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos. Durante el periodo, 95 de los 151 hechos se relacionan con ataques contra líderes y movimientos sociales, con una total de 162 víctimas de distintas agresiones.
46 líderes sociales que defienden los derechos humanos fueron asesinados desde el 30 de octubre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019, 21 en el mes de noviembre, 9 en de diciembre y 15 de ellos en el mes de enero, cifras que arrojan un promedio de un líder asesinado cada dos días,superando los índices de periodos anteriores donde se ubicaba en un homicidio cada tres o cuatro.
Las y los defensores también siguen siendo víctimas de atentados, 21 víctimas en el periodo. En uno de los hechos, el de Irne Torres, presidente de Sintramecali, la preocupante reacción inicial de las autoridades fue negar que se tratase de un atentado contra el dirigente sindical, versión desmentida posteriormente. Días antes, un fallo histórico determinó la participación de dos integrantes del Ejército en un atentado contra el sindicalista y hoy congresista Alexander López Maya.
72 defensoras y defensores más fueron víctimas de amenazas individuales y colectivas, en el periodo y también se presentaron 10 casos de hostigamientos contra personas y organizaciones, y 14 casos de abusos de la fuerza pública.
Los principales liderazgos atacados fueron el movimiento estudiantil, los pueblos indígenas, integrantes y presidentes de Juntas de Acción Comunal, líderes que trabajan por la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito y sindicalistas.
Es de suma gravedad la situación de los líderes indígenas, 41 fueron víctimas de 15 agresiones de distinta índole en el periodo, entre ellas 5 asesinatos. También lo que ocurre con el sector comunal, víctima de 15 homicidios, la totalidad de los ataques en su contra, en hechos ocurridos en 9 departamentos del país. Por otra parte, 4 sindicalistas fueron víctimas de ataques en el periodo, 2 de asesinatos y 2 atentados., uno de ellos contra dos integrantes más de la familia del sindicalista atacado..
En relación con las organizaciones campesinas, también llama la atención que 9 de los 95 ataques a líderes sociales fueron dirigidos contra integrantes de Fensuagro-CUT y Marcha Patriótica en sus diferentes filiales locales. 3 de estos casos fueron homicidios. 2 de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat, y uno de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, Aheramigua, en el sur de Bolívar.
También recibimos denuncias de dos casos de precandidatos a las elecciones locales que se avecinan: el de un dirigente del Partido de la U y otro del movimiento político Coraje Caicedonia, en el Valle, reconocido por denunciar la corrupción en su municipio.
Cabe detenerse aquí en los numerosos ataques en contra del Movimiento Estudiantil durante las movilizaciones de noviembre y diciembre de 2018. Al respecto recibimos 22 denuncias de hechos ocurridos en Antioquia, Bogotá, Cauca, Huila, Valle del Cauca y Santander, incluyendo un caso de desaparición forzada de un estudiante de la universidad Industrial de Santander, 16 casos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del ESMAD, Policía Nacional, 3 hostigamientos y dos amenazas.
Todo este panorama permite corroborar la existencia de patrones de persecución por sectores organizados y por organizaciones específicas. En este sentido, es un avance que la Fiscalía General de la Nación haya reconocido finalmente la sistematicidad de los ataques contra líderes sociales, con el sinsabor de que ahora el ente investigativo y el gobierno nacional se niega a reconocer la responsabilidad estatal al respecto.
Por el contrario, predomina el silencio oficial para condenar estos crímenes, sólo interrumpido por infortunadas declaraciones como la del director nacional de Fiscalías que recientemente señaló que en un 24% de los casos las muertes de líderes sociales son atribuibles a razones personales, a la par que desestimó la importancia de investigar de manera diferenciada el contexto de este tipo de crímenes y se refirió a la incapacidad del gobierno de reconocer su perfil de liderazgo.
Estas declaraciones estuvieron seguidas por otras insólitas del propio presidente quien señaló que “en el país existen más de 4 millones de líderes sociales y que no es posible garantizar esquemas individuales para todos y por eso es tan importante atender las alertas tempranas…,” https://www.youtube.com/watch?v=AwmJYJ1XHUA
(A partir del minuto 1:15)
Junto con el Plan de Acción Oportuna, PAO, trazado por el gobierno nacional sin participación de las personas defensoras y sus organizaciones, y cuestionado por Amnistía Internacional las autoridades lanzaron una controversial campaña de recompensas que sigue considerando la muerte de líderes sociales como un asunto de delincuencia común, y se niega a investigar los vínculos de organizaciones criminales con la oficialidad o los intereses económicos que confrontan las y los defensores en sus territorios, como factor determinante en los ataques en su contra. Esto a pesar de que existe un reconocimiento oficial expresado en directrices de la Fiscalía de investigar estas agresiones tomando como primera hipótesis su condición de defensor o defensora.
De vuelta al pasado
El nuevo gobierno ha empleado sus primeros seis meses y en particular el último trimestre en destruir los avances del proceso de paz. La punta de lanza de esta ofensiva contra un anhelo nacional histórico fue el atentado contra la Escuela General Santander, cuya autoría se atribuyó el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y que fue rechazado por la sociedad en su conjunto. Este hecho lamentable fue asumido por el gobierno Duque como una licencia para destruir lo avanzado en materia de construcción de paz y volvernos a dejar como al comienzo en la negociación con esta guerrilla, además de profundizar la crisis humanitaria en los territorios por cuenta del recrudecimiento de la confrontación con el ELN, el accionar cada vez más extendido de grupos neoparamilitares y de las llamadas “disidencias” de las Farc.
Esta situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario nos hace recordar y hasta cierto punto revivir los peores años de guerra y represión vividos en Colombia a finales de la década de los 90 e inicios de los años 2000, o al menos estar ante un evidente retroceso en relación con el fin del conflicto con las Farc.
No parece otro el espíritu de revivir debates como el que generó la solicitud del Fondo Ganadero de Córdoba sobre porte de armas, que podría desembocar en la reedición de las Cooperativas de Seguridad Privada, Convivir, fachada legal del paramilitarismo de los años 90, o la idea de “un millón de ciudadanos vinculados a redes de participación cívica” del programa El que la hace, la paga, tan similar a la red de cooperantes e informantes del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe que vulnera el principio de distinción entre civiles y combatientes, y que desembocó en detenciones arbitrarias y otros abusos de autoridad.
Estas políticas regresivas en materia de derechos humanos también se reflejan en los recientes nombramientos de la cúpula militar donde hay al menos cuatro militares señalados o involucrados por su responsabilidad en casos de ejecuciones extrajudiciales bajo la modalidad de falsos positivos. Son ellos el Comandante del Ejército Nicacio de Jesús Martínez Espinel, el Comandante de la XIII Brigada del Ejército con sede en Bogotá y Cundinamarca, Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, el General Adolfo León Hernández Martínez, nombrado en el comando de transformación del Ejército del Futuro, el Brigadier General Héctor Hernando Rodríguez Sánchez comandante de la fuerza de tarea conjunta Hércules, y el general Jaime Hernando Rivera Jaimes, Jefe del Departamento de Planeación, señalado por un agente que aceptó los cargos en el crimen contra el joven Edgar Fabián Cuello.
La paz hecha trizas y hecha blanco
En materia de leyes y políticas de implementación de los Acuerdos de Paz, estos han dejado de ser un desafío en construcción para convertirse en el blanco de una gran campaña de desprestigio y engaño a la opinión pública que busca destruir su legitimidad. Olvidan el gobierno nacional y las mayorías oficialistas en el Congreso que 6´377.464 colombianas y colombianos, que representan el 49.78%, votaron por el SÍ a la paz en el referendo de 2017.
Este menosprecio por los Acuerdos y su significado para la sociedad colombiana se refleja en los constantes ataques desde altos funcionarios del gobierno y el Congreso a los mecanismos del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y Garantías de No Repetición, en particular a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
A la arbitrariedad de sostener una captura ilegal durante 10 meses contra el dirigente del partido Farc, ‘Jesús Santrich’ y el anuncio de la pérdida de la carta del órgano de justicia transicional solicitando las pruebas que reposarían en Estados Unidos para definir su caso, le siguió la noticia de que el texto de la Ley de procedimiento de la JEP no había sido enviada para sanción presidencial y que fue sometida a variaciones, después de haberse surtido su trámite en el Congreso, por supuestas fallas en la impresora de la entidad.
También el reciente nombramiento del Director del Centro Nacional de Memoria Histórica parece un mensaje de que, por encima de la construcción de paz, el gobierno busca imponer un relato negacionista sobre lo sucedido en Colombia durante el conflicto armado con la guerrilla de las Farc y la violencia sociopolítica. No es otra la conclusión de la insistencia en nombrar como directores de esta entidad a personas que han negado el conflicto armado con tesis que no soportan el mínimo análisis de nuestras violencias.
Desde el patio trasero
Pero la paz no solo se hace esquiva a nivel interno. En materia de relaciones exteriores, y sin muchas novedades, el presidente Duque ha reeditado también la llamada “lucha contra el terrorismo” de comienzos de siglo, deteriorando las relaciones internacionales del país al acogerse a los lineamientos del presidente de Estados Unidos Donald Trump cuestionado por su ligereza en materia de política exterior. Según analistas, el Congreso en su conjunto no estaría dispuesto acompañarlo en una aventura belicistacomo la que planteado para Venezuela.
No obstante, el gobierno de Colombia, y más allá del mismo Grupo de Lima, ha decidido prestarse para un plan de desestabilización e intervención en el vecino país, que solo agravaría la crisis humanitaria en Colombia y los desafíos propios que afronta esa nación. Esto en contravía incluso del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que votó en su mayoría por una salida negociada a la crisis de Venezuela y de la llamada “intervención humanitaria” a la que tampoco parece estar dispuesto el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta posición errada del gobierno de Colombia ha dejado al país “al trasero del perdedor”,como escribió recientemente el analista político Yesid Arteta.
Por la democracia
Ante los desafíos que impone este panorama, crecen y se multiplican los esfuerzos de unidad desde el movimiento social. Recientemente, se lanzó la iniciativa Liga por la Democracia que busca enfrentar las restricciones a la participación por cuenta de las decisiones que limitan mecanismos de participación social como la consulta popular, la consulta previa y la protesta social.
También se siguen elevando las voces que exigen la salida del actual Fiscal General de la Nación, implicado en el escándalo de corrupción Odebrecht, así como por su falta de voluntad política para esclarecer los crímenes contra líderes sociales, y de manera más reciente, el clamor social por la paz en Colombia que insiste en una solución política negociada al conflicto con el ELN, en el desmantelamiento de la estructuras paramilitares, y en rechazar aventuras guerreristas en el continente.
Pese a todos los intentos de volver al pasado, buena parte de la sociedad colombiana, las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y la bancada de la paz en el Congreso, insisten en que Colombia pueda dejar atrás, definitivamente, los días de la guerra.
