Cumbre en la AMAzonía

PROPUESTAS a los Presidentes.

Cumbre de Presidentes de la Amazonía.

Lo anunciaron en la ONU, lo dijeron en la Cumbre de la CELAC, lo repitieron en nuestro país, los presidentes Petro y Lula, y va camino de concretarse un encuentro de alto nivel relacionado con la defensa de la Amazonía. En agosto en Belém do Pará (que también será sede de la Cumbre del Clima de 2025).

Pero no todo son bondades: Sí, detener la deforestación galopante, el exterminio de sus habitantes indígenas, tratar de preservar la Selva.

Pero conviene no obviar los costes. Las propuestas a medias. La intervención decisiva de las corporaciones en el control estratégico del “pulmón del mundo”.

El FOSPA,(Foro Social Mundial PanAmazónico), la REPAM (Red Eclesial Amazónica), la Asamblea Mundial por la Amazonía, y sus organizaciones indígenas integrantes, han realizado PROPUESTAS muy concretas para esta Cumbre.

Evitemos el punto de no retorno de la Amazonía

Propuestas sobre deforestación, degradación y contaminación para la Cumbre de Presidentes de la Amazonía

ESTADO DE SITUACIÓN

Según el Panel Científico por la Amazonía^[1] este bioma ha perdido 870.000 km² de bosques primarios; un área que es tres veces la superficie de Ecuador y más de tres cuartas partes la superficie de Bolivia. A ello hay que sumarle 1.036.080 km² de bosques amazónicos degradados que tienen una mayor mortalidad de árboles, menores reservas de carbono, temperaturas más altas, menor humedad, mayor exposición al viento y exhiben cambios en la composición de la fauna y la flora. La deforestación y la degradación combinada de bosques alcanzan ya el 26% de los bosques amazónicos.

Brasil y Bolivia concentran el 90% de la deforestación. La sabanización ya se está produciendo en estos dos países, mientras que Ecuador, Colombia y Perú avanzan en el mismo sentido.

La Amazonía está al borde de un punto de no retorno. Un pequeño cambio puede provocar un cambio abrupto del ecosistema por mecanismos de retroalimentación. Estamos frente al peligro de un colapso sistémico en la Amazonía^[2] por los impactos combinados de la deforestación, los incendios, la contaminación multicausal de las aguas y el suelo (agroquímicos, narcotráfico, minería, hidrocarburos) que degradan o destruyen ecosistemas amazónicos,  las agroindustrias (soya, palma y otros monocultivos), la bioeconomía basada en commodities, y en general, la expansión de la frontera agropecuaria que ha alcanzado un 15% de la Amazonía.

La extinción regresiva del Amazonas afectará a los pueblos que la habitan, a los países amazónicos y al mundo en su conjunto porque sólo a nivel del cambio climático se emitirán adicionalmente 110 a 275 Gt CO₂eq, contribuyendo al incremento de la temperatura mundial en 0,1 a 0,2ºC.

La deforestación no es un hecho inevitable. Entre 2004 y 2012, la deforestación en la Amazonía brasileña se redujo por casi un 84%, de más de 27.000 km² a 4.500 km² debido a la elaboración e implementación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonía, el PPCDAm, un conjunto de acciones que partieron de: a) una voluntad y decisión al más alto nivel articulando todas las reparticiones estatales, y no sólo aquellas vinculadas al medio ambiente, para la realización de acciones intersectoriales, b) al establecimiento de un sistema de evaluación, vigilancia y seguimiento permanente y de medidas y sanciones que desincentivaron la deforestación que en su amplia mayoría es ilegal, c) al establecimiento de nuevas Áreas Protegidas y a la titulación de territorios indígenas, con combate a la apropriacíon predatória y ilegal de tierras públicas (grilagem) d) al apoyo a proyectos locales orientados a una economía sostenible, y e) a una articulación del apoyo externo para la definición, implementación y continuidad de las medidas asumidas.   En el diseño original del PPCDAM (2004), se creó un componente de ‘infraestructura ambientalmente sostenible’ para asegurar el análisis previo de los riesgos de deforestación y la evaluación de alternativas antes de tomar decisiones, así como fortalecer la gobernanza territorial y monitorear los impactos en el entorno de las obras de transportes y energía.

Las áreas protegidas y los territorios indígenas cubren alrededor de la mitad de la Amazonía (48%) y son vitales para su preservación. La mayor parte de la deforestación se da fuera de las áreas protegidas y los territorios indígenas (86%). Los bosques que están por fuera de los territorios indígenas y las áreas protegidas registran las más altas tasas de afectación.

A partir de mediados de la década pasada en la Amazonía brasileña se fueron debilitando y erosionando las políticas y acciones contra la deforestación. En los últimos años la creación de áreas protegidas, así como la titulación de territorios indígenas, se fue desacelerando y la normativa y el cumplimiento de la misma se fue debilitando generando un nuevo incremento de la deforestación que repercute a nivel regional.  En varios casos, las áreas de las unidades de conservación fueron reducidas, para servir a los intereses privados de especuladores de tierras, ganaderos, madereros, empresas mineras, constructoras de hidroeléctricas, etc. En otros casos las áreas protegidas se establecen encima de territorios ancestrales de los pueblos, con altos costos de operación y generando conflictos con los pueblos aledaños.

Según diferentes estudios científicos el punto de no retorno de la Amazonía ocurrirá en esta década si no se toman medidas urgentes.

NORMATIVA Y MECANISMOS

OTCA

• Las declaraciones de Presidentes de la Amazonia de 1992 y 2009 hacen referencia solamente al “uso sostenible de los bosques” lo cual ha sido ineficaz para frenar la deforestación. Sólo la declaración de Manaos del 2009 hace mención a la deforestación planteando identificar “acciones para reducir y monitorear la deforestación”^[3].
• A nivel de la OTCA se ha aprobado en 2021 un “Memorando de entendimiento de cooperación y asistencia mutua para el manejo integral del fuego entre los países miembros de la OTCA”, que tiene por objetivo establecer una “Red de Manejo Integral del Fuego” para la coordinación, colaboración e intercambio de conocimientos, experiencias y recursos técnicos, y la implementación de políticas y acciones adecuadas en materia del fuego. Así mismo la OTCA ha establecido un Observatorio Regional Amazónico donde se registran focos de calor y otros indicadores de la Amazonía.
• La Agenda Estratégica de la OTCA 2010-2018 incluye el subtema bosques con acciones para “diseñar metodologías para la valoración económica y ambiental de los bosques”, “monitorear la cobertura forestal y control forestal”, “promover y fortalecer el manejo forestal comunitario”, “promover cooperación técnica y financiera…” y otras sin que esté disponible un documento de evaluación de acceso público sobre dichas acciones, ni tampoco precisiones si quedan en planes o llegan a los territorios y si incluyen modalidades de bioeconomía de los commodities y mercados de carbono.
• La OTCA no tiene metas de reducción de deforestación, degradación ni contaminación,  ni consigna una visión más sistémica que incluya evitar el punto de no retorno de la Amazonía.

UICN

• La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha adoptado en 2020 una resolución para “Evitar el punto de no retorno en la Amazonía protegiendo el 80% al 2025” en “colaboración con y reconociendo el liderazgo de los pueblos indígenas en la Amazonía asegurando su consentimiento libre, previo e informado, y con el pleno reconocimiento de sus derechos, a sus tierras, territorios y aguas, como medida para garantizar la integridad del ecosistema, detener la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el cambio de uso de suelo, y prevenir llegar al punto de no retorno”^[4].

PROPUESTAS

a)     Adoptar una visión pan amazónica regional para evitar el punto de no retorno de la Amazonía y garantizar la preservación de al menos el 80% de la Amazonía para 2025 en base a un Plan de Acción de Emergencia Estratégica Regional para la Amazonía, con prioridad en intervenciones efectivas territoriales .

b)    Fijar como objetivo de dicho plan la eliminación de la deforestación, degradación y contaminación, de carácter ilegal para 2025, y otro similar, para la deforestación legal para 2027. Debemos alcanzar cero deforestación antes del 2030 para evitar el punto de no retorno de  la Amazonía.

c)     Titular el 100% de las demandas territoriales indígenas, afrodescendientes y de comunidades tradicionales, que aún no han sido tituladas/demarcadas y ampliar y fortalecer las áreas protegidas para que cumplan sus objetivos en la preservación de la Amazonía.

d)    Asignar recursos financieros permanentes para los territorios indígenas, afrodescendientes y de comunidades tradicionales,  con acceso directo de sus organizaciones representativas, y las áreas protegidas para el logro de los objetivos del Plan de Acción de Emergencia Estratégica Regional para la Amazonía.

e)     Garantizar procesos de consulta que tengan como finalidad el consentimiento previo libre informado y de buena fe en todas las políticas, estrategias, planes, actividades, obras y proyectos en territorios indígenas, afrodescendientes y comunidades tradicionales.

f)     Identificar y abrogar las normas y disposiciones que posibilitan y aceleran la deforestación, degradación y contaminación, de la Amazonía a nivel de autorizaciones de desmonte, agroquímicos, mercurio y similares, así como de multas, sanciones, flexibilización de la norma ambiental e indígena, afrodescendiente y comunidades tradicionales, ampliación de la frontera agropecuaria y otras.

g)    Establecer normativas más estrictas y efectivas que sancionen a los principales impulsores de la destrucción de la Amazonía para actividades agroindustriales, mineras, hidrocarburíferas, mega hidroeléctricas, emprendimientos de bioeconomía de los commodities y otros, a través de la suspensión de sus licencias y concesiones, el no otorgamiento de financiamiento, y la reversión de su propiedad agraria.

h)    Implementar un modelo integral de gobernanza de la Amazonía con representación y reconocimiento de los pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades tradicionales, campesinos y otros actores de la Amazonía. 

i)      Crear mecanismos para frenar la deforestación, degradación y contaminación exportada a través de la obligatoriedad de obtener un Sello Amazónico que certifique que los productos agropecuarios, mineros, de bionegocios y energéticos a ser exportados no contribuyen a los tres procesos señalados . Establecer el uso y verificación del Sello Amazónico para las grandes cadenas de comercialización en los grandes centros urbanos de los países Amazónicos.

j)      Garantizar evaluaciones de impacto ambiental integrales, acumulativas, que consideren alternativas a los proyectos en evaluación, y que sean realizadas por entidades independientes que no tienen intereses en dichos proyectos, y sean ejecutadas de manera transparente y participativa.

k)    Desarrollar acciones para la restauración de tierras degradadas, basadas en especies nativas, regeneración de flora y fauna, y evitando monocultivos y especies exóticas.

l)    Implementar acciones para reducir la expansión y presión de la ganadería bovina y la agroindustria sobre la Amazonía.

m)  Adoptar un plan para dejar los combustibles fósiles bajo tierra, generando mecanismos de exclusión de la Amazonía que eviten nuevos proyectos de exploración y explotación, y desarrollar acciones progresivas para la reducción hasta la eliminación de los actuales proyectos de extracción existentes en la Amazonía. Desarrollar procesos de transición energética justa y popular que responda a los contextos y dinámicas propias de la Amazonia.

n)    Establecer incentivos a las personas, comunidades y municipios que contribuyen a reducir la deforestación, degradación, contaminación y a la preservación de la Amazonía.

o)   Fortalecer mecanismos de participación, vigilancia y el control social para garantizar la reducción de la deforestación, degradación y contaminación.

p)    Desarrollar acuerdos de cooperación y acciones transfronterizas para frenar y combatir las prácticas que contribuyen a la expansión de los incendios y la deforestación, degradación y contaminación entre países.

q)   Fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y conformar un grupo de trabajo multipaís con el objetivo de abordar el impacto que tienen las economías y actores ilegales en pueblos indígenas ubicados en corredores transfronterizos.

r)   Reconocer a la Amazonía como sujeto de derecho y garantizar su derecho inherente a existir, a preservar sus ciclos vitales, a su estructura y funciones evolutivas y a su restauración integral pronta y oportuna.

El destino de la Amazonía es el destino de sus pueblos

Propuestas sobre pueblos indígenas para la Cumbre de Presidentes de la Amazonía

ESTADO DE SITUACIÓN

Formada hace más de 30 millones de años, la Amazonia ha estado habitada por pueblos indígenas durante más de 11.000 años. La historia evolutiva de los biomas amazónicos está significativamente entrelazada con las prácticas de gestión de los pueblos indígenas quienes juegan un papel fundamental en el uso sostenible y la conservación de la biodiversidad.^[1]

La Amazonía es el hogar de aproximadamente 47 millones de personas, de las cuales aproximadamente 2,2 millones son indígenas (4,6%), que consisten en al menos 410 grupos étnicos o naciones distintas, incluidos unos 80 pueblos que permanecen en aislamiento voluntario.^[2] Se han reconocido más de 3.000 tierras y territorios indígenas en toda la Amazonía bajo diversos sistemas de tenencia que, cuando se suman a las áreas protegidas formalmente reconocidas, representan aproximadamente el 45% de la región y protegen casi la mitad de los bosques restantes. Más del 80% del área ocupada por pueblos indígenas en la Amazonía está cubierta de bosques, y el 35% de todos los bosques intactos que quedan en América Latina están ocupados por pueblos indígenas.^[3]

Existen una serie de actividades extractivas y proyectos de gran alcance en la región que amenazan la integridad cultural y territorial de los pueblos indígenas amazónicos, siendo más preocupante aún la situación de los pueblos altamente vulnerables, de contacto inicial y en aislamiento voluntario que están amenazados en su existencia misma. A este respecto, el Informe sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Panamazonía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH,2019) señala como actividades que representan significativas amenazas a la vida de los pueblos las siguientes: (1) minería, legal o ilegal, que deforesta, acumula residuos en la superficie, consume y contamina aguas de ríos y aguas subterráneas, y modifica los patrones de asentamiento poblacional; (2) proyectos de infraestructura, hidrovías,carreteras y ferrocarriles, con enormes impactos sobre tierras y aguas; (3) hidroeléctricas, cuya construcción redefine totalmente los territorios ancestrales de los pueblos; y (4) proyectos energéticos de hidrocarburos; con impactos similares a los proyectos mineros. A eso se suma la expansión del agronegocio, la ganadería extensiva y plantaciones de monocultivos.

Se sabe que, entre los años 2000 y 2020 el total del área destinada a actividades agropecuarias en la Amazonia ha registrado un aumento del 81,5%, es decir, hace dos décadas el área agropecuaria era de 794.429 km2 y a esa extensión se han sumado 647.411 km2. Esta conversión de bosques a pasturas destinada a la actividad agropecuaria y ampliación de la frontera agrícola se produjo con fuerza sobre Territorios Indígenas (TI) y Áreas Protegidas (AP). En el año 2000, el 6% del área agropecuaria se encontraba dentro de estos territorios de protección, proporción que aumentó en los años siguientes: entre 2001 y 2018, el aumento de nuevas áreas de uso agropecuario dentro de AP fue de más del 220%, transformando 53.269 km2 de áreas de protección. Durante el mismo período, en TI el aumento fue de más del 160%, transformando 42.860 km2 de estos territorios en nuevas áreas de uso agropecuario. Esta expansión se produce mayormente por la redistribución de tierras y el avance de la actividad agropecuaria generado por el sector privado^[4], así como de iniciativas llamadas de “agricultura climáticamente inteligente” que son promovidas por el agronegocio con apoyo de niveles del estado y la cooperación internacional.

Los incentivos públicos a favor de la ampliación de la frontera agrícola (financieros, institucionales y normativos) que favorecen a los productores a gran escala y a la agroindustria, en detrimento de los productores familiares, generan un abandono sistemático de la agricultura de subsistencia y fomenta la deforestación y contaminación.

Por su parte, la minería afecta el 17% del territorio amazónico, está presente en todos los países de la región y comprende más de 1.4 millones de kilómetros cuadrados. El 9,3% de los desarrollos mineros en la Amazonia se encuentran superpuestos a áreas protegidas y un porcentaje similar a territorios indígenas, número que tiende a crecer ya que actualmente, existen solicitudes de exploración y prospección de minerales en una superficie de 182,1 mil km² superpuesta a territorios indígenas.

Es particularmente preocupante la minería aurífera. La extracción de oro requiere una combinación de tala,  minería de suelos, destrucción de las orillas de los ríos, y el uso de mercurio líquido para el procesamiento, presentando una amenaza grave a la biodiversidad amazónica tanto acuática como terrestre, a la salud humana, y a la resiliencia del ecosistema. La toxicidad de mercurio en los ríos amazónicos ahora constituye una de las mayores amenazas a las pesquerías, dietas, y el sustento de los pueblos amazónicos.^[5]

El 9,4% de la superficie amazónica está afectado por lotes petroleros, la mayor parte de ellos (369) están localizados en la Amazonia andina (Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador), hogar de varios pueblos indígenas, incluidos los no contactados o en aislamiento voluntario. El 43% de las áreas petroleras en la región se encuentran dentro de Áreas Protegidas (88.926 km2) y de territorios indígenas (259.613 km2).

Entre los años 2012 y 2020 se ha aumentado en un 77% la cantidad de hidroeléctricas en funcionamiento y/o construcción al interior de Áreas Protegidas en la Amazonia (de 13 a 23); mientras que, en el mismo período de tiempo se observa un aumento de cuatro veces (de 6 a 26) en el número total de hidroeléctricas actualmente en operación y construcción al interior de territorios indígenas, por su parte las planificadas se incrementaron en un 60% (de 10 a 16).

Las presas hidroeléctricas tienen efectos acumulativos y en cascada sobre el ciclo hidrológico aguas abajo, incluyendo pérdidas masivas de biodiversidad y de las funciones ecosistémicas de las que depende la sociedad, y en particular los pueblos indígenas.

La infraestructura vial, en general, ha afectado 4,6 millones de km2 de la Amazonía, equivalente al 55% de su superficie total.

La dimensión de los impactos y daños acumulativos de las actividades extractivas desplegadas y profundizadas en las jurisdicciones territoriales que conforman el bioma amazónico afectan gravemente la capacidad de restauración natural de los ecosistemas de vida, generando la desaparición de los pueblos y poniendo en serio riesgo la integralidad de los territorios indígenas y la supervivencia física y cultural de los pueblos, en especial se alarma sobre el riesgo que conlleva para los pueblos indígenas en aislamiento, contacto inicial y en situación de vulnerabilidad.

La contaminación acústica de las actividades extractivistas afecta la calidad ambiental de los territorios indígenas teniendo consecuencias negativas para  la fauna y afectando diferentes actividades como la caza y la pesca de los pueblos indígenas.

Es importante resaltar la situación de la salud de las mujeres, niños/as y adultos/as mayores a causa de las actividades extractivas, en particular aquellas/os que viven en las comunidades indígenas ubicadas a las orillas de los ríos por la intoxicación por mercurio y otros químicos.

El Informe sobre Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía presenta y desarrolla seis estándares fundamentales para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de estos colectivos: (1) el derecho a la auto identificación y el reconocimiento; (2) el derecho a la libre determinación que incluye la capacidad para definir libremente su propio desarrollo; (3) el derecho a la propiedad colectiva, entendiendo el territorio en sus diversas dimensiones: económica, cultural y espiritual; (4) las obligaciones estatales de protección frente a actividades de extracción, explotación y desarrollo a través de normas, políticas de prevención y mitigación, mecanismos de fiscalización, participación de las comunidades y acceso a la justicia cuando se produzcan violaciones de derechos; (5) protección especial frente a la discriminación étnico-cultural y (6) derecho a una vida digna desde las cosmovisiones indígenas.^[6]

NORMATIVA Y MECANISMOS

• En primer orden, es importante señalar que las Constituciones nacionales de los Estados amazónicos han reconocido el derecho humano a vivir en un ambiente sano como derecho básico y fundamental, en el caso de los pueblos indígenas éste es una condición sine qua non para garantizar su supervivencia.^[7]
• El Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales que reconoce, entre otros, el derecho al medio ambiente, la  subsistencia, el desarrollo y la protección de los recursos naturales. En sus artículos 4.1 y 7.4, impone a los Estados la obligación de adoptar medidas para proteger el medio ambiente indígena. En este plano es obligación de los gobiernos velar porque se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos indígenas, que permitan determinar los impactos sociales, espirituales, culturales y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo puedan generar en estos pueblos. Asimismo, reconoce el derecho a la libre determinación salvaguardando la facultad de estos pueblos a establecer sus prioridades en materia de desarrollo. El artículo 15.1 reconoce los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales existentes en sus tierras e impone a los Estados la obligación de proteger especialmente estos derechos y garantizar la participación indígena en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
• La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas reconoce el Derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas (art 3) y a la autonomía o el autogobierno en sus asuntos internos y locales (art 4). Asimismo, consagra la consulta con miras al consentimiento previo, libre e informado, frente a la aprobación de cualquier proyecto o medida que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos (artículo 32).
• La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha elevado los estándares de exigibilidad de los derechos de los pueblos indígenas a través del desarrollo de jurisprudencia que es importante poner en relevancia. Respecto a la propiedad comunal indígena a las tierras y recursos naturales, la Corte se ha pronunciado sobre los conflictos generados por los Estados o, por particulares con el respaldo estatal, a consecuencia de la explotación y afectación de los recursos naturales, bosques, agua y minerales, entre otros, existentes en los territorios donde habitan los pueblos indígenas y tribales, los cuales le pertenecen por derecho ancestral. Los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y tribales se extienden a los recursos naturales presentes en sus territorios, como una consecuencia necesaria del derecho de propiedad territorial.^[8] La Corte IDH ha determinado que la protección de la propiedad indígena sobre los recursos naturales es necesaria para mantener sus formas de vida y costumbre, por ello la protección se extiende también a los derechos culturales e impone la obligación de garantizar actividades indígenas relacionadas con los recursos naturales como la pesca, la caza o la recolección.^[9]
• En especial, la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado el alcance y contenido sustantivo del derecho al medio ambiente. Se establece que los estándares exigibles al Estado para la aplicación del principio de prevención, frente a actividades potencialmente dañinas al medio ambiente, son: i) regular; ii) supervisar y fiscalizar; iii) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; iv) establecer planes de contingencia; y, v) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental. La debida diligencia supone hacerse cargo de la circunstancia que las problemáticas ambientales pueden afectar de modo diferenciado a pueblos, grupos y personas en condición de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas y comunidades campesinas que dependen para su economía y supervivencia de la integridad de los recursos ambientales que configuran su hábitat.
• La Corte IDH explicita que los pueblos indígenas tienen el derecho a ser propietarios de su territorio sin ningún tipo de interferencia externa de terceros. Precisa que la titulación y demarcación deben implicar el uso y goce pacífico de la propiedad, ello supone que el derecho de propiedad colectiva indígena debe estar libre de la interferencia del Estado y terceros, incluso de terceros de buena fe, aun cuando éstos pertenezcan a grupos vulnerables que dependen de la tierra para su subsistencia.^[10]
• En 2012 la Oficina del ACNUDH presentó y publicó un documento de “Directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial”, fruto de las consultas a los países de la región y que valida el derecho al aislamiento.
• El 4 de junio de 2016, los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos adoptaron la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual es el instrumento más específico en la región en materia de pueblos indígenas.
• El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina – CAN, a través de la Decisión No. 896 creó el Comité Andino de Autoridades Gubernamentales sobre Derechos de los Pueblos Indígenas como instancia de coordinación de políticas públicas sobre pueblos indígenas que permita mejorar la eficacia en la construcción de estrategias, programas y políticas subregionales de promoción y respeto de sus derechos.
• El 22 de abril del 2021 entró en vigencia el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (“Acuerdo de Escazú”) que es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas para la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
• Por su parte, los pueblos indígenas han venido creando protocolos culturales de consulta y autoconsulta como mecanismos para garantizar decisiones autónomas a través de sus propias normas y procedimientos sobre las medidas que los afectan.

PROPUESTAS

La Cumbre de Presidentes de la Amazonía debe adoptar por primera vez una resolución contundente y efectiva para garantizar los derechos de los pueblos indígenas a partir de las siguientes propuestas.

1. Los Estados amazónicos deben cumplir con la legislación, acuerdos y obligaciones internacionales vigentes como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú, 2018) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (2018) y la jurisprudencia favorable que de sus esfuerzos reivindicativos han derivado en la ratificación nacional de esta normativa, así como en el logro de legislaciones y sentencias constitucionales favorables al ejercicio de sus derechos, la participación y ejercicio de la libre determinación de los pueblos.
2. Los Estados amazónicos deben respetar las formas de autoidentificación, autoorganización y autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, como sujetos de derecho y poblaciones que son preexistentes a la colonia y a los actuales Estados.
3. Finalizar en un plazo no mayor de dos años y a través de procedimientos expeditos el proceso de reconocimiento, demarcación y titulación de Territorios Indígenas con enfoque de género en aquellos países de la Amazonía que aún tengan pendientes estos procesos jurídicos, priorizando este objetivo en los acuerdos financieros derivados de esta cumbre, sea con la cooperación internacional o la banca multilateral. 
4. Prohibición, moratoria o redefinición de las actividades extractivas y de mercantilización de los espacios naturales que conforman los territorios y las tierras de los pueblos indígenas y campesinos originarios respectivamente, en particular en aquellos espacios territoriales de pueblos en situación de vulnerabilidad, contacto inicial o aislamiento voluntario. 
5. Garantizar a través de mecanismos oportunos y efectivos la conservación de las Áreas Protegidas prohibiendo cualquier actividad extractiva y/o proyecto que sea incompatible con la zonificación y limitaciones de usos establecida.
6. Reconocer los protocolos de consulta y autoconsulta que realizan los pueblos indígenas de la Amazonía como mecanismos de participación política a través de sus normas y procedimientos propios, garantizando el respeto a sus decisiones autónomas, sin la necesidad de una regla nacional única, garantizando que las mujeres sean parte activa en la toma de decisiones.
7. Garantizar la seguridad integral (jurídica y física) de la propiedad colectiva de los territorios indígenas, tomando todas las medidas necesarias para hacer prevalecer los derechos de los pueblos indígenas frente a otros actores (empresas, cooperativas mineras, interculturales, cocaleros, otros) y, en especial, la protección y defensa de las y los defensores ante la creciente violencia del extractivismo legal e ilegal.
8. Establecer mecanismos de protección de las defensoras del territorio que continúan siendo víctimas de discriminación y desvalorización, por las múltiples expresiones de violencia sistémica por razón de género, origen y clase social.
9. Impulsar un proceso de tratamiento diferenciado respecto a los pueblos indígenas altamente vulnerables de la Amazonía para garantizar sus derechos territoriales; así como la intangibilidad de los territorios de los pueblos en aislamiento y contacto inicial
10. Garantizar las autonomías y autogobiernos indígenas estableciendo vías expeditas para su reconocimiento que en ningún caso debe ser mayor al plazo de 3 años.
11. Garantizar los derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas, combatiendo la biopiratería y asumiendo las propuestas indígenas sobre patrimonio intelectual colectivo y transgeneracional.
12. Ratificar y cumplir el Acuerdo de Escazú para la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Y garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, puedan ejercer sus derechos sin restricciones. 
13. Priorizar políticas públicas con asignación de recursos humanos y económicos para hacer sostenible la prevención y atención adecuada para mujeres indígenas de la región amazónica
14. Fortalecer, mediante políticas públicas, programas y proyectos, diseñados de manera participativa y con asignación de presupuestos, las economías que los pueblos indígenas desarrollan en sus territorios y/o promover nuevas actividades acordes a la vocación y potencial amazónico.
15. Garantizar que existan espacios definidos para la participación vinculante de la sociedad civil organizada en la elaboración, implementación de políticas, programas y proyectos, así como para el ejercicio de la veeduría y fiscalización de estas iniciativas; asegurando espacios específicos de las mujeres de la Amazonia.
16. Garantizar la participación de los pueblos tradicionales, indígenas,  y de la sociedad civil organizada incluidas las organizaciones de mujeres en el consejo y en la gestión de los fondos de financiación ambiental para la Amazonía, a nivel nacional y regional.

Salvemos a la Amazonía de la minería y el mercurio

Propuestas sobre minería para la Cumbre de Presidentes de la Amazonía

ESTADO DE SITUACIÓN

Según el Informe de Evaluación de Amazonía 2021 del Panel Científico por la Amazonía^[1], la minería es fuente significativa de impactos ambientales en la Amazonía, con 45.065 concesiones mineras en operación o en espera de aprobación, de las cuales 21.536 se superponen con áreas protegidas y tierras indígenas..

Si bien la expansión de la frontera agropecuaria es la principal fuente de deforestación en la Amazonía, la minería es el principal impulsor de la deforestación en Guayana Francesa, Guyana, Surinam y partes de Perú y Venezuela. En Guyana, la minería condujo a la pérdida de 89.000 ha de bosques entre 1990 y 2019, un área 18 veces mayor que la pérdida por la expansión agrícola en el mismo período. En Surinam, el 71% de la deforestación se atribuye a la minería. El 20% del área que originalmente ocupaban las cangas amazónicas en el Brasil (144 km2) se ha perdido debido a la extracción de mineral de hierro. Entre 2016 y 2020 se perdieron más de 140.000 hectáreas de bosque primario en la Amazonía venezolana. La deforestación en Venezuela fue impulsada por la minería ilegal, la expansión agrícola y los incendios^[2].

Se estima que existen 453 sitios de minería ilegal en la Amazonía brasileña y más de 2500 para toda la cuenca amazónica. La minería del oro que en su gran mayoría es ilegal, ha dejado de ser en gran medida artesanal y se ha convertido en una actividad semi mecanizada que emplea maquinaria costosa y grande, como perforadoras de prospección y excavadoras hidráulicas. Se han documentado altas concentraciones de mercurio total (Hg) y metilmercurio (MeHg) en las redes tróficas acuáticas desde la década de 1980. La bioacumulación de mercurio hace que las concentraciones aumenten considerablemente en los depredadores superiores, como los grandes bagres, el caimán negro, las nutrias y los delfines. Varios estudios informan concentraciones de mercurio en el pescado muy por encima del límite aceptable definido por la Organización Mundial de la Salud. El consumo de pescado por parte de comunidades humanas de la Amazonía provoca algunos de los niveles de mercurio más altos registrados en el mundo en el cabello humano, junto con problemas de salud asociados. Las poblaciones indígenas Kayabi del río Teles Pires, en la Amazonía brasileña, presentaron 12,7 μg/g de mercurio en el pelo, mientras que los indígenas Mundurukú del río Tapajós, también en la Amazonía brasileña, presentaron niveles que oscilan entre 1,4 y 23,9 μg/g. (Dórea et al. 2005; Basta et al. 2021). Estudios similares se realizaron en poblaciones de la cuenca del río Caquetá en la Amazonía colombiana, con un 79% de individuos con niveles de mercurio en el pelo superiores a 10μ g/g (Olivero-Verbel 2016). Situación similar se ha verificado en los pueblos indígenas del norte de La Paz, Bolivia (CPILAP 2022). El límite recomendado internacionalmente de concentración de mercurio en el pelo varía de 1 a 2 μg/g (OMS 1990). En Venezuela,

El MeHg alcanza altos niveles tanto en la circulación materna como fetal, con el potencial de causar daños irreversibles en el desarrollo infantil, incluyendo la disminución de la capacidad intelectual y motora. El Hg también puede afectar la salud de los adultos, ya que afecta los sistemas nervioso, digestivo, renal y cardiovascular. Los efectos sobre el sistema nervioso central incluyen depresión e irritabilidad extrema; alucinaciones y pérdida de memoria; temblores que afectan las manos, la cabeza, los labios y la lengua; ceguera, retinopatía y neuropatía óptica; pérdida de la audición; y un sentido del olfato reducido. La enfermedad de Minamata se confirmó recientemente en comunidades amazónicas, como resultado de la exposición a altos niveles de MeHg, con síntomas que incluyen temblores, insomnio, ansiedad, sensaciones táctiles y vibratorias alteradas y déficit del perímetro visual.

Desde la firma del Convenio de Minamata varios países redujeron la comercialización del mercurio. Brasil, Perú y Colombia reportaron una fuerte caída en las importaciones. Fue en este escenario que Bolivia emergió como el mayor importador de mercurio del mundo, ignorando los objetivos del tratado para reducir su uso y aprovechando las lagunas en el tratado que permiten importaciones continuas y el uso de mercurio en pequeñas operaciones mineras^[3]. En 2020 Bolivia fue el principal importador mundial de mercurio con un 24,6% de participación a nivel mundial y 165 toneladas importadas dedicadas fundamentalmente a la minería ilegal del oro y al contrabando hacia el Perú, Brasil y Colombia.

Entre 2017 y 2021, la importación de mercurio a Bolivia casi se duplicó desde México con la participación de empresarios peruanos que registraron sus compañías en La Paz. Entre 2014 y 2022 Bolivia importó más de 1.100 toneladas de mercurio, el 55,5% fue enviada desde México y el 44,5% restante desde Rusia, India, Vietnam, Tayikistán y otros países. Del total de importaciones realizadas por Bolivia desde el 2014, el 70% corresponde precisamente a los años posteriores a la vigencia del Convenio de Minamata^[4]. Se estima que aproximadamente la mitad del mercurio importado ha sido enviado a operaciones mineras ilegales en Perú y Brasil.

Las actividades mineras legales e ilegales están desencadenando un etnocidio y ecocidio como se puede apreciar por su grave impacto en los pueblos indígenas de los Yanomami en Brasil y la cuenca del río Madre de Dios en Perú.

NORMATIVA Y MECANISMOS

OTCA

a)     El Tratado de Cooperación Amazónica suscrito por 8 de los 9 países de la Amazonia en 1978 no menciona de manera explícita a la minería, pero si la comprende en su primer artículo cuando señala como objetivo de cooperación: “la preservación del medio ambiente y la conservación y utilización racional de los recursos naturales de esos territorios”.

b)    En las declaraciones de las tres reuniones de presidentes de la Amazonía (1989, 1992 y 2009) no hay una sola mención a la minería. En las once reuniones de ministros de Relaciones Exteriores de la OTCA (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica) sólo encontramos tres menciones muy escuetas a la minería (2000, 2005 y 2011)^[5]. En el Consejo de Cooperación Amazónica de la OTCA que está conformado por altas autoridades de los 8 países que lo conforman, sólo existe una mención en los documentos de su XVI reunión para gestionar financiamiento para un “Grupo de Trabajo de Minería ilegal” del cuál no hay antecedentes de su funcionamiento.

c)     La Agenda Estratégica de la OTCA para el período 2010-2018 no incluye a la minería como tema, ni como subtema, y sólo la menciona una vez en el subtema de recursos hídricos: “Promover espacios de discusión comunes para establecer políticas de control de las actividades mineras que generan la contaminación de las aguas”.

MINAMATA

d)    Con excepción de Venezuela que solamente suscribió el convenio de Minamata, todos los países de la OTCA han ratificado dicho instrumento internacional sobre el mercurio que entró en vigor en 2017. El Convenio de Minamata establece la obligación de los Estados firmantes de reducir la importación y uso del mercurio, así como mantener un registro adecuado de la trazabilidad de este metal, su tratamiento, comercialización, disposición final, e identificación de los lugares con mayores impactos. Sin embargo, países como Bolivia lejos de reducir la importación de mercurio han incrementado de manera sustancial su uso desde 2017, y no han cumplido con su obligación internacional de presentar un Plan de Acción Nacional para la reducción de la importación y el uso del mercurio. Cada tres años los países que declaren tener minería artesanal de pequeña escala deben presentar una evaluación del progreso y cumplimiento de su Plan de Acción Nacional.

CAN

e)     La Comunidad Andina (CAN), que es un organismo supranacional a diferencia de la OTCA, y del cuál forman parte cuatro países amazónicos aprobó en 2012 la Decisión 774 mediante la cual se aprueba la “Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal” para:

1) Enfrentar de manera integral, cooperativa y coordinada a la minería ilegal y actividades conexas, que atentan contra la seguridad, la economía, los recursos naturales, el medio ambiente y la salud humana;

2) Optimizar el control y vigilancia de la importación, exportación, transporte, procesamiento, comercialización y cualquier otro tipo de transacción, a nivel andino y con terceros países, de minerales y sus productos provenientes de la minería ilegal, así como de maquinarias, equipos, insumos [como el mercurio] e hidrocarburos que puedan ser utilizados en la misma; y,

3) Desarrollar acciones de cooperación que contribuyan a la formalización minera, fomenten la responsabilidad social y ambiental, y promuevan el uso de métodos y tecnologías eficientes para el aprovechamiento racional de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental…

f)     La Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal determina que los países miembros asuman acciones de cooperación para “1) Combatir el lavado de activos y delitos conexos provenientes de la minería ilegal; 2) Fortalecer mecanismos de control y trazabilidad de maquinaria, hidrocarburos, equipos e insumos, utilizados en la minería, así como del producto final de la misma; 3) Planificar y ejecutar operativos contra la minería ilegal mediante acciones coordinadas en zonas de frontera; 4) Colaborar en la identificación y persecución de quienes participen en aparatos o estructuras organizadas al margen de la ley para realizar minería ilegal y delitos conexos; 5) Restaurar, remediar o rehabilitar ecosistemas transfronterizos afectados por la minería ilegal; 6) Implementar programas, proyectos y acciones para el combate a la minería ilegal y el desarrollo económico social en las Zonas de Integración Fronteriza; 7) Intercambiar experiencias sobre procesos para la formalización o regularización de la minería en pequeña escala, artesanal o tradicional y sobre el combate a la minería ilegal; y, 8) Otros asuntos que puedan ser decididos…”. Esta decisión faculta a los países miembros a “decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar, los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal, para lo cual los Gobiernos reglamentarán…”.

g)    En 2014 la CAN creó el Comité Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal (CAMI) a través de la Decisión 797, y en 2019 adoptó la Decisión 844 creando el “Observatorio Andino encargado de la gestión de la Información Oficial en materia de Mercurio”. Hasta 2022 se realizaron seis reuniones del CAMI, y en 2022 se publicó el primer informe del Observatorio que cubre el primer semestre de 2021.  Ecuador tiene prohibido el uso de mercurio en la minería desde 2015 y en Colombia desde 2018. Perú tiene una normativa para la elaboración de un Plan de Manejo y/o reducción del mercurio que no es efectiva, y Bolivia no tiene normativa específica para el control y reducción del mercurio. Según el primer y único informe del Observatorio solamente Colombia y Perú han realizado incautaciones de mercurio por un total de 369 kg.

PACTO DE LETICIA

h)    El Pacto de Leticia sólo menciona de manera subsidiaria a la minería ilegal en su quinto mandato: “Concretar iniciativas de restauración, rehabilitación y reforestación acelerada en las zonas degradadas por incendios forestales y actividades ilegales incluyendo la extracción ilegal de minerales con miras a la mitigación del impacto, y recuperación de especies y funcionalidad de ecosistemas.

PROPUESTAS

a) Hacia una Amazonía libre de minería.^[6] Así como no es posible enfrentar la crisis climática sin salir de los combustibles fósiles, no es posible salvar a la Amazonía y sus pueblos sin una transición fuera de la minería. La minería legal, ilegal, a gran y pequeña escala contribuye al punto de no retorno de la Amazonía, y por lo tanto es urgente la elaboración y ejecución de un Plan de transición para una Amazonía libre de minería.

b) El Plan de transición hacia una Amazonía libre de minería debe incluir:

• Prohibición de la minería aluvial en toda la cuenca Amazónica (recomendación del Panel Científico de la Amazonía).
• Prohibición y creación de mecanismos de control contra la expansión de toda actividad minera en áreas protegidas y territorios indígenas.
• Definición y ejecución de acciones para la reducción y eliminación en cinco años de la minería ilegal.
• Establecimiento de mecanismos efectivos de control y trazabilidad de maquinaria, hidrocarburos, equipos, mercurio e insumos, utilizados en la minería (CAN 774).
• Planificación y ejecución de operativos contra la minería ilegal mediante acciones coordinadas en zonas de frontera (CAN 774).
• Identificación y persecución de quienes participen en aparatos o estructuras organizadas al margen de la ley para realizar minería ilegal y delitos conexos (CAN 774).
• Implementación de programas, proyectos y acciones para el combate a la minería ilegal y el desarrollo económico social en las Zonas de Integración Fronteriza (CAN 774).
• Clausura de los mercados de productos ilegales como el mercurio y el oro que se comercian de manera ilegal (recomendación del Panel Científico de la Amazonía).
• Adopción y ejecución de medidas para el combate al lavado de activos y delitos conexos provenientes de la minería ilegal (CAN 774).
• Realización de evaluaciones/auditorías financieras a las personas y empresas nacionales y extranjeras que participan de las redes de minería ilegal.
• Restauración, remediación o rehabilitación de ecosistemas transfronterizos afectados por la minería ilegal (CAN 774).
• Realización de evaluaciones de impacto ambiental integral y de medio término a las actividades legales de empresas mineras, por parte de entidades independientes, para reforzar los planes de mitigación socio-ambiental, y establecer los términos de su continuidad y futuro cierre.
• Ejecución de planes para la remediación de impactos a la salud humana y del medio ambiente provocados por la minería.
• Estudio y desarrollo de alternativas económicas comunitarias como propuestas de transición para superar la narrativa colonial de la minería como actividad esencial.

c) Establecer como meta la reducción progresiva de importación y uso del mercurio en la minería del oro hasta su eliminación total para el año 2027, promoviendo prácticas de minería sin mercurio e impulsando procesos de capacitación y transferencia de tecnologías que contribuyan a la transición hacia una Amazonía libre de minería y mercurio.

d) Las acciones frente a la minería ilegal deben ser de carácter integral y comprender iniciativas para mejorar la salud, la educación, la vivienda, la comunicación, la lucha contra la trata y tráfico de personas, y la defensa de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. El desarrollo, promoción e impulso a las alternativas económicas de base comunitaria, agroforestales, eco turísticas, artesanales y otras debe ser un componente central de la Agenda Estratégica de la OTCA frente a la minería.

e) Establecer a nivel de la OTCA una ventanilla especial para la presentación de denuncias por parte de personas, comunidades y organizaciones sociales de la Amazonía frente a atropellos y vulneraciones a los derechos humanos, los derechos de la naturaleza y los derechos de los defensores cometidos por emprendimientos mineros legales o ilegales, para que sean investigados, procesados y sancionados en el marco del ordenamiento jurídico de cada país.

f) Promover una transición energética que no se dé a costa de una expansión de la minería en la Amazonía y de generar nuevas zonas de sacrificio en este bioma.

g) Aprobar un Plan Integral Regional Panamazónico para la protección de los derechos humanos frente a actividades extractivas, de explotación y desarrollo. La explotación mineral en países con instituciones débiles conlleva muy frecuentemente problemas económicos, políticos y sociales e institucionalmente frágiles como la Amazonía.

h) Conformar el Comité Amazónico de Minería que recoja, amplié, fortalezca y sobre todo efectivice la experiencia del Comité Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal para la implementación del Plan de transición hacia una Amazonía libre de minería y el cumplimiento de los mandatos contenidos en los incisos precedentes. El Comité Amazónico de Minería estará conformado por altos representantes del estado y de los pueblos indígenas, la sociedad civil y la academia de los 9 países amazónicos, y realizará rendiciones de cuentas públicas semestrales.

Agua para la vida en la Amazonía

Propuestas sobre el agua para la Cumbre de Presidentes de la Amazonía

Según el Panel Científico por la Amazonía, la región amazónica es una importante fuente de humedad para varias regiones de Sudamérica, como los Andes, proporcionando humedad y precipitaciones a los glaciares, páramos y grandes ciudades, y también a la cuenca del río de La Plata. El reciclaje de precipitaciones y evapotranspiración está fuertemente correlacionado en el Amazonas.

Diferentes estudios sobre la regulación de la temperatura de la superficie terrestre indican que los bosques amazónicos actúan como un gigantesco aire acondicionado. Esto se debe principalmente a la capacidad de los bosques de transportar grandes cantidades de vapor de agua del suelo a la atmósfera mediante la evapotranspiración. Las raíces de los bosques bombean la humedad del suelo de la estación húmeda al aire para mantener las precipitaciones durante la estación seca. El transporte de vapor de agua ocurre en espacios relativamente estrechos de la atmósfera conocidos como «ríos aéreos» o “ríos voladores”^[1]. La temperatura diurna de la superficie terrestre en las zonas boscosas del sudeste de la Amazonía tiende a ser 5ºC inferior a la de las zonas deforestadas durante la estación seca.

La biodiversidad acuática de la Amazonía es relevante a nivel mundial. Hasta ahora se han descrito 2.406 especies de peces. Los ríos y arroyos Amazónicos conectan partes distantes de la vasta cuenca Amazónica que son vitales para la migración de los peces y el flujo de sedimentos. En las últimas cuatro décadas, y sobre todo en las dos últimas, muchos ecosistemas acuáticos Amazónicos se han vuelto menos conectados y más contaminados.

Los sistemas acuáticos de la Amazonía son frágiles y sufren el impacto acumulado de la deforestación, la minería, agrotóxicos, las represas, la contaminación urbana, las megahidrovías y otros. Los efectos de estas acciones no sólo se retroalimentan, sino que tienen repercusiones a miles de kilómetros de distancia.

En la medida en que los impactos de la deforestación y la minería han sido abordados en los respectivos documentos de propuestas para la Cumbre de Presidentes de la Amazonía desarrollaremos brevemente los otros factores que afectan el sistema acuático de la Amazonía.

Las represas hidroeléctricas bloquean la migración de los peces y el transporte de agua, sedimentos y nutrientes asociados. También alteran los caudales de los ríos y los niveles de oxígeno. Las represas hidroeléctricas tienen un impacto negativo en las comunidades de peces, tanto aguas arriba como aguas debajo de los embalses. Las represas amazónicas y sus inefectivos pasos para peces ya han alterado seriamente las rutas de migración de muchas especies de peces, como el «bagre gigante» del río Madeira. En el río Madeira, el transporte de sedimentos aguas abajo de las represas Santo Antônio y Jirau se redujo en un 20% en comparación con las cantidades previas a la represa, lo que puede haber contribuido a las fuertes disminuciones observadas en las capturas de peces aguas abajo de las represas. Las represas Amazónicas contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero tanto por el metano que generan en los embalses, como por el dióxido de carbono que es liberado por la descomposición de árboles muertos inundados.

Las carreteras también son una importante amenaza para los sistemas acuáticos en la Amazonía porque suelen construirse sin los pasos adecuados para el agua, como alcantarillas o puentes, fragmentando los pequeños afluentes y actuando como represas sobre los arroyos estacionales.

Así mismo, las grandes hidrovías tienen graves repercusiones en los ecosistemas acuáticos, como resultado de intervenciones drásticas como dragados, voladuras de rocas, desvíos del curso natural del río, construcción de terminales portuarios, así como incentivos para la expansión de la agroindustria y la minería en gran escala. En la Amazonía peruana, la recientemente contratada Hidrovía Amazónica, de 2.700 km podría alterar significativamente la morfología de los canales fluviales, afectando a la diversidad de peces y a la productividad de la que dependen las economías locales.

La sobreexplotación de peces como el pirarucú gigante o paiche y el gran tambaqui o gamitana genera un importante impacto sobre el sistema acuático de la Amazonía. A ello se suma la utilización de especies invasoras para la agricultura, el cultivo de especies ornamentales y exóticas, y la pesca recreativa que se alimentan de especies autóctonas y reducen su abundancia, afectando incluso sitios Ramsar en la Amazonía..

Los pesticidas, herbicidas, y otros contaminantes presentes en agroquímicos, así como los precursores que se utilizan en el narcotráfico afectan a especies de peces y a la biodiversidad de los ríos y lagunas. Se ha demostrado que el herbicida glifosato y el pesticida malathión causan daños metabólicos y celulares en los peces, y se ha detectado la presencia de pesticidas en delfines de río y tortugas Amazónicas. Experimentos de laboratorio con peces han demostrado que el glifosato y otros herbicidas causan daños en el hígado y las branquias, así como la rotura del ADN y un mayor riesgo de cáncer.

Otro tema a destacar es la contaminación y los derrames de petróleo presentes sobre todo en Ecuador y Perú. A ello hay que sumar el grave impacto de las aguas residuales urbanas y los plásticos que afectan a los peces e invertebrados acuáticos.

NORMATIVAS Y MECANISMOS

• En el marco de la OTCA se ejecuta el Proyecto Cuenca Amazónica bajo tres líneas de acción, la primera para promover la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) creando un Mecanismo Permanente para tal fin, la segunda para enfrentar la variabilidad y el cambio climático y la tercera para atender la gestión del conocimiento. Esta iniciativa comprende sistemas de alerta temprana en algunas cuencas, redes de monitoreo de la cantidad y calidad del agua, evaluaciones hidrogeológicas, y también plantea en el caso de Surinam la creación de mecanismos de créditos de carbono “Blue Forests for Blue Economy” y la promoción de “Prácticas agrícolas climáticamente inteligentes” en Venezuela. El proyecto Cuenca Amazónica es una sumatoria de diferentes proyectos locales y nacionales de diferentes características más que un plan integral de acciones para la cuenca Amazónica.
• La Comunidad Andina ha aprobado la “Estrategia Andina para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (Decisión 763 de 22/08/2011) que cuenta con siete grandes líneas de acción que van desde la gestión del conocimiento, la fortaleza de la gobernanza, la conservación y uso sostenible de los recursos hídricos, la respuesta a efectos del cambio climático sobre recursos hídricos, hasta apoyar la gestión integrada de los recursos hídricos. Existen pocas evidencias sobre los avances efectivos de esta Estratégia Andina.
• Ecuador y Bolivia han reconocido los derechos de la naturaleza/Madre Tierra en su constitución y legislación nacional. En Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia existen diferentes sentencias e iniciativas para el reconocimiento de ríos y lagos como sujetos de derechos, siendo de destacar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas^[2], y aquella que reconoce a la Amazonía colombiana como “entidad”, “sujeto de derechos”.

PROPUESTAS

1. Impulsar la creación de áreas acuáticas protegidas para conservar la biota acuática y la salud de ríos y lagunas de la Amazonía.
2. Establecer acuerdos de cooperación para gestionar el uso sostenible y multidimensional de los sistemas acuáticos transfronterizos de la Amazonía.
3. Prohibir la construcción de represas hidroeléctricas con una capacidad instalada superior a 10 MW (propuesta del Panel Científico por la Amazonía).
4. Promover la coordinación entre estados para la protección de los sitios Ramsar en la Amazonía.
5. Impulsar alternativas de energías renovables, especialmente solar de pequeña escala para el consumo de las poblaciones locales.
6. Promover la investigación de las cuencas hidrográficas en toda la Amazonía para la protección de la diversidad genética de las diferentes especies.
7. Adoptar las medidas planteadas para evitar el punto de no retorno de la Amazonía y alcanzar la deforestación cero antes del 2030 (ver propuestas sobre deforestación).
8. Desarrollar un Plan de Transición para salir de la minería legal e ilegal y reducir hasta su eliminación el uso del mercurio (ver propuesta sobre minería).
9. Prohibir el uso de agroquímicos catalogados como tóxicos y peligrosos (Clasificación I y II de la OMS) en las actividades agrícolas.
10. Garantizar la aplicación efectiva de la Consulta Previa Libre e Informada de acuerdo al convenio 169 de la OIT, los estándares internacionales y los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respetando los protocolos autónomos de consulta de los pueblos amazónicos (ver propuesta sobre pueblos de la Amazonía).
11. Realizar estudios de evaluación de impacto ambiental estratégica, de carácter integral y acumulativo por parte de entidades independientes a todas las obras, actividades y proyectos que pueden tener impactos sobre el sistema acuático de la Amazonía.
12. Tipificar e incorporar el delito de ecocidio en las legislaciones de los países Amazónicos para sancionar a los perpetradores de este crimen masivo y de alto impacto contra la naturaleza, incluyendo actos de devastación de ríos por hidrelétricas, minería, y otras actividades predatorias.
13. Declarar a los ríos, lagunas y al sistema acuático de la Amazonía como sujetos de derechos y garantizar sus derechos a existir, a no ser contaminados, a fluir, a preservar sus ciclos vitales y de regeneración y a la restauración oportuna y efectiva de sus sistemas de vida.

Financiamiento directo, transparente, participativo y no para mercantilizar la Amazonía 

Propuestas sobre financiamiento para la Cumbre de Presidentes de la Amazonía

En los últimos años la Amazonía ha concentrado gran atención de diferentes iniciativas de financiamiento que involucran a gobiernos, bancos y empresas. Los pueblos indígenas amazónicos han quedado excluidos del financiamiento. Menos del 1% del financiamiento para el clima llega a los pueblos indígenas^[1].  Mientras Todas estas iniciativas tienen como discurso contribuir a la preservación de la Amazonía a través de un desarrollo sostenible; sin embargo, la región ha llegado a un punto de no retorno.  no todas vienen contribuyendo de manera efectiva y práctica a salvar la Amazonía y sus pueblos.

Algunas de estas iniciativas son: la iniciativa amazónica del BID (BID-IAMZ), El Fondo de Bioeconomía Amazónica del GCF (Green Climate Fund/Fondo Verde del Clima), creado en 2021 y ejecutado por el BID en Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Brasil y que busca reducir los impactos del cambio climático en el bioma amazónico. Este programa que hace parte del BID-IAMZ que busca reunir $1000 millones con otros donantes (Alemania, Holanda, Suiza, etc), cuenta con USD 279 millones del GCF y busca alcanzar 600 millones de dólares para fomentar la inversión privada con el objetivo de reducir 6,2 millones de tCO2e anuales a lo largo de los 20 años de vida previstos para dichas inversiones privadas.

El Fondo de la Amazonía que se implementa en Brasil administrado por el BNDES desde 2008 y que ha alcanzado contribuciones de más de USD 800 millones principalmente de Noruega y Alemania, y anuncios recientes de Estados Unidos (USD 500 millones) y Gran Bretaña (USD 100 millones). La Declaración Conjunta de Reducción de Emisiones, por USD 300 millones en Perú, con Noruega, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra.

Existen 629 millones de hectáreas  que son Áreas Prioritarias en la Amazonía^[2]: 33% son ecosistemas primarios y 41% son sistemas con baja degradación.  La preservación de la región es una responsabilidad global. Reconocer los territorios indígenas que perviven en la región y designar áreas protegidas o mixtas requiere miles de millones.  El mandato del Marco Global de la Biodiversidad es un hito histórico que integra por primera vez en los textos de la Convención de Biodiversidad^[3], a los territorios indígenas y tradicionales como una categoría diferente para preservar estas regiones claves para la vida en el planeta.  El reconocimiento de territorios y la creación y mantenimiento de áreas protegidas y la restauración de varias áreas clave no puede recaer solo en los presupuestos de los países y economías del Sur Global.  Todas estas acciones son urgentes para frenar la muerte regresiva o punto de no retorno de la Amazonía y lograr por lo menos el 80% de protección hacia el 2025.  De la Amazonía dependen ecosistemas como la Meseta tibetana y el Antártico Occidental^[4].

Estas cifras palidecen cuando las comparamos con el financiamiento que reciben las grandes empresas que provocan la deforestación en el planeta. Según Forests & Finance, bancos de todo el mundo, han proporcionado préstamos por valor de USD 267 mil millones con empresas en riesgo de destruir bosques tropicales en Brasil, el sudeste asiático y África desde el Acuerdo Climático de París^[5]. En otras palabras, el financiamiento para empresas que deforestan la Amazonia es decenas de veces más grande que los fondos que se pretenden destinar a frenar la deforestación.

• En este contexto, el principal llamamiento de la Cumbre de Presidentes de la Amazonía debe ser a los gobiernos y bancos de la Unión Europea, Reino Unido, EE. UU., China y de sus propios países para que dejen de financiar a empresas agropecuarias, mineras, petroleras, energéticas, transportadoras y constructoras de mega infraestructuras que están destruyendo la Amazonía. El financiamiento para la Amazonía debe empezar por la reducción del financiamiento o la desinversión en actividades y empresas que provoca la devastación de la Amazonía. Ningún financiamiento para la devastación de la Amazonia debe ser tolerado.  Los bancos deben tener sistemas robustos de control que garanticen que no financiarán actividades ilegales.
• Sólo en Ecuador, los bancos europeos han proporcionado $10 mil millones de dólares en financiamiento para el comercio de más de 155 millones de barriles de petróleo de la región ecuatoriana entre 2009 y 2019.  Las estrategias desde los pueblos indígenas y la sociedad civil frenaron estos flujos e hicieron un llamado a la banca internacional para aplicar una exclusión geográfica para la Amazonía en su integridad.  Dos bancos han avanzado en esta exclusión (ING y BNP Paribas).  Esta exclusión ya se ha implementado en otras regiones como el Ártico.  Exigimos una exclusión geográfica que frene inversiones para el extractivismo en la Amazonía.
• En relación al financiamiento para salvar la Amazonia es fundamental garantizar mecanismos para que estos miles de millones de dólares no se pierdan en la burocracia administradora, en consultorías, en planificaciones que se quedan sólo en el papel. La hoja de ruta para el financiamiento debe partir esencialmente de abajo hacia arriba. Desde los territorios y las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos originarios y los actores locales que conocen la realidad y son claves para cualquier iniciativa que busque frenar efectivamente la destrucción de la Amazonía. Los mecanismos de financiamiento deben partir de los planes de gestión territorial de los pueblos indígenas y campesinos originarios y no desde los escritorios.
• La participación indígena y de los pueblos Amazónicos no debe ser decorativa, ni limitada a la presencia de un representante indígena en los directorios de los fondos de financiamiento. Los mecanismos de participación social en los fondos de financiamiento deben ser a todos los niveles y alentar el involucramiento de los más amplios sectores, en cada país y cada programa público de inversión
• Experiencias de mal uso, despilfarro y corrupción entorno al financiamiento de proyectos socioambientales obliga a crear mecanismos de transparencia, control y vigilancia social para el financiamiento para la Amazonía.
• El financiamiento no puede ser canalizado principalmente a través del sector privado que siempre antepone la maximización de sus ganancias a la preservación del medio ambiente. Iniciativas como el Fondo para la Amazonía del Fondo Verde del Clima que administra el BID y el conjunto de la Iniciativa Amazonas del BID, deben ser redirigidas sobre todo a financiar de manera expedita y no burocrática las iniciativas de los pueblos indígenas, las organizaciones locales y los municipios.
• El concepto de bioeconomía es un término amplio que abarca una diversidad de enfoques contrapuestos que van desde el greenwashing de las corporaciones, la mercantilización de la naturaleza, hasta prácticas de armonía con la naturaleza de pueblos indígenas, y emprendimientos económicos bajo ciertos límites que buscan preservar los ciclos vitales de la naturaleza. Nicholas Georgescu-Roegen (1906-1994) pionero en la formulación de la bioeconomía señalaba que la economía era un subsistema de la ecología y que no tenía una existencia por fuera de la naturaleza. En consecuencia, la economía debía estar subordinada a los límites geofísicos de la Tierra y nunca podía pretender crecer ilimitadamente en un planeta finito. Distorsionando este enfoque se ha desarrollado una concepción de bioeconomía que se inscribe en el marco del capitalismo verde, y que plantea aplicar las reglas del capital a la naturaleza, valorizándola en términos monetarios para que sea atractiva para los inversionistas y los mercados. Este concepto de bioeconomía ha sido utilizado por el BID para impulsar un fondo para los inversionistas privados a título de salvar a la Amazonía.
• Es indispensable que los Estados inicien un debate público sobre las varias bioeconomías en curso, y no mantengan los sesgos y privilegios de la bioeconomía de los commodities. Los pueblos amazónicos desarrollan sus economías propias, de Buen Vivir/Vida Plena, que disputan el sentido de las políticas públicas sobre bioeconomía de commodities, hacia la priorización de bioeconomías holísticas indígenas, afrodescendientes y de las comunidades tradicionales.

DEUDA POR CLIMA

La propuesta de cambiar acción climática en la Amazonía por pago de deuda externa es un planteamiento que se asienta en la experiencia de los noventa y principios de siglo de la iniciativa de alivio para Países Pobres Muy Endeudados (Heavily Indebted Poor Countries, HIPC) y la Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral (IADM) que se aplicaron en países como Bolivia. Estas iniciativas redujeron a la mitad la deuda externa de Bolivia para el año 2006 con la condición de que los recursos para el pago del servicio de la deuda externa se destinarán a programas sociales para la reducción de la pobreza.

Diferentes estudios coinciden en que el cambio de deuda por acción social fue importante para las finanzas públicas de Bolivia, pero no relevante para la reducción de la pobreza debido a que gran parte de dichos recursos no fueron destinados a dicho fin y/o terminaron consumiéndose en el marco de la burocracia estatal.

• Revertir el punto de no retorno requiere de medidas sistémicas.  La deuda es la otra cara de la moneda del extractivismo.  Los países amazónicos concesionan recursos minerales, petroleros, agrícolas y otros para adquirir o pagar deuda.  Se requiere un mecanismo que corte estos ciclos financieros perversos.  Una condonación condicionada de la deuda que sirva de paraguas para la región y que tome en cuenta las innumerables funciones sistémicas que da la Amazonía al planeta deben ser la base para una negociación regional de la deuda.
• Con esta experiencia cualquier canje de deuda por acción climática para la Amazonía debe ser producto de un proceso participativo que oriente el financiamiento a actividades relevantes para preservar la Amazonía y sus pueblos, y que disponga de mecanismos de fiscalización y transparencia que garanticen el cumplimiento de las metas que se persiguen, principalmente desde la vigilancia territorial de los pueblos amazónicos.
• El canje de deuda por clima no debe servir para legitimar deudas externas ilegítimas contraídas al calor de imposiciones externas y de decisiones inconsultas y vinculadas, en muchos casos, a graves actos de corrupción.
• Los canjes de deuda por clima no deben comprender mecanismos especulativos y de mercantilización de la naturaleza como el pago con bonos de carbono de la Amazonía cómo lo considera el FMI^[6].

MERCADOS DE CARBONO

Los mercados de carbono son espacios comerciales en los que los países y las empresas pueden vender y comprar certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En los mercados de carbono de un lado están los compradores que tienen ciertas metas u obligaciones de reducir sus emisiones, y del otro lado están los vendedores de certificados de carbono que realizan acciones de reducción de emisiones. A través de los mercados de carbono los compradores de estos bonos supuestamente compensan  las emisiones que debieron reducir en su empresa o país. Se basan en el grave error de que el carbono fósil es igual o “compensable” por  carbono biótico. En otras palabras, este mecanismo de compensaciones (‘offsets’ en inglés) permite a empresas y países contaminantes comprar permisos para seguir contaminando.

Los certificados de reducción de emisiones son mercancías imaginarias que se crean a partir de lo que se espera ocurra en otro lugar y por lo tanto tienen un carácter especulativo. Por ejemplo, en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, que es uno de los mercados de carbono creado bajo el protocolo de Kioto, se otorgaron mayoritariamente certificados de carbono a industrias que nunca debieron ser construidas para eliminar hidrofluorocarbonos y óxido nitroso, como el caso de mega-hidrolectricas en la Amazonia aprovadas para recibir creditos de carbono, como UHE Jirau en el Rio Madeira, joint venture’ de la multinacional francesa Engie (ex-GDF Suez) con Eletrobras. Estas iniciativas, entre otros aspectos negativos, ignoran las emisiones significativas de metano de estos proyectos, los impactos sobre la biodiversidad en ecosistemas de agua dulce, y las violaciones de derechos de comunidades locales afectadas.

En el Mecanismo de Desarrollo Limpio se incluyó la otorgación de certificados de reducción de emisiones para proyectos de forestación y reforestación, y posteriormente se aprobó el mecanismo de Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques, más conocido como REDD y REDD+. Este mecanismo plantea la otorgación y comercio de bonos de carbono por la reducción de emisiones futuras evitadas debido a la deforestación. Mientras la forestación y reforestación implican la plantación de nuevos árboles para que almacenen carbono, con todas las complicaciones que ello implica por el desarrollo muchas veces de monocultivos invasivos, el mecanismo REDD plantea otorgar bonos de carbono por la deforestación que se propone evitar favoreciendo a quienes más deforestan porque parten de una línea base de deforestación más alta.

La mayoría de los gobiernos de la Amazonía, con la excepción de Bolivia, se han adscrito al mecanismo REDD. Este mecanismo reduce los bosques y la selva -que son esenciales para el ciclo del agua, la biodiversidad, la protección de los ecosistemas, la soberanía alimentaria y la provisión de medicinas naturales para los pueblos que la habitan- a solamente una de sus funciones qué es la captura y almacenamiento de carbono. Este “servicio ambiental” de los bosques de ser sumidero de carbono es valorizado en términos monetarios, oscilando su precio según la oferta y la demanda.

Al igual que los otros certificados de reducción de emisiones, los bonos de carbono de los proyectos REDD contribuyen a que: a) se incumplan los compromisos efectivos de reducción de emisiones de países desarrollados y empresas contaminantes, b) intermediarios y entidades financieras se apropien de gran parte del valor de los bonos de carbono llegando muy poco a los países, las poblaciones indígenas y los bosques, c) se genere una burbuja financiera especulativa a partir de la compra y reventa de dichos certificados, que alimenta la “piratería de carbono” (Carbon Cowboys) que se expande con estafas y conflictos en todos los países amazónicos d) se establezcan nuevos derechos sobre la capacidad de captura de carbono de los bosques que generan conflictos al interior de poblaciones indígenas y con el Estado y las instituciones que administran los proyectos REDD.

• El financiamiento para salvar los bosques y la Amazonía debe ser integral, directo, transparente, tomar en cuenta las realidades locales y la participación de los pueblos, y no generar bonos de carbono o certificados de reducción de emisiones que sólo sirven para que otros incumplan sus compromisos de reducción de emisiones como lo establece el mecanismo REDD+. La Amazonía no es una mercancía para el desarrollo de mercados de carbono. Lejos de una aproximación mercantil para salvar a la Amazonía es necesario crear mecanismos de financiamiento que incidan de manera efectiva en las causas estructurales que están detrás de la devastación de la Amazonía y que garanticen los derechos de los pueblos que la habitan y de la naturaleza.
• Establecer mecanismos de impuestos al carbono para destinar dichos recursos a la Amazonía.
• Frente a la posición asumida por la mayoría de los gobiernos de la Amazonía, los pueblos indígenas han desarrollado sus críticas estructurales al REDD+ convencional, y levantado una propuesta de “REDD+ Indígena Amazónico” para intentar reformular y condicionar al REDD+, mediante la no venta de créditos de carbono, la prioridad de los planes de vida y seguridad territorial a los cuales debe adecuarse REDD+, y el control y sanción de la piratería de carbono. Dicha propuesta del “REDD+ Indígena Amazónico”, ha sido incluída en Perú (con 4 normas legales), Colombia, Ecuador y debe ser considerada por los Estados amazónicos.

En defensa de los cuerpos y territorios de las mujeres andino amazónicas en su diversidad

Propuestas para la Cumbre de Presidentes de la Amazonía

Hoy estamos en un nuevo momento histórico para la Amazonía. La voz y la participación de las mujeres indígenas, quilombolas, campesinas, negras, feministas y de las organizaciones sociales y de la sociedad civil en su conjunto deben ser escuchadas por los mandatarios de la región Panamazónica. Los presidentes de Colombia y Brasil han abierto ese espacio para colocar nuestras propuestas políticas de erradicación de las condiciones que sustentan y reproducen las violencias que se ejercen desde los estados y las empresas contra los pueblos amazónicos y los cuerpos de las mujeres, del cual las más impactadas son las mujeres indígenas y negras.

Durante los últimos 8 años, en nuestra amplia diversidad en la Panamazonía, hemos logrado construir de manera conjunta en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, un proceso de organización, lucha y resistencia a través de la implementación del Tribunal de mujeres en defensa de sus cuerpos y territorios y de nuestra Iniciativa de Acción que da forma colectiva a esta ruta que sostenemos en un contexto de ofensiva fundamentalista y militarista de los territorios que agrava la vulneración a nuestros derechos.

Como parte de este caminar queremos colocar nuestras voces en la Cumbre de Presidentes. Queremos reafirmar la fuerza política de las mujeres y reivindicar el respecto a su voz en la construcción de propuestas, iniciativas, compromisos  y políticas de los Estados para frenar los procesos de violación de derechos, y avanzar en la defensa y garantía de los mismos en los territorios de la andino-panamazonía. Para ello nos hemos autoconvocado y reafirmamos que la violencia patriarcal ocupa un lugar central en la vida de la gran diversidad de mujeres, sobre todo de las mujeres indígenas, cuyos territorios están cada vez más amenazados y ocupados, siendo despojadas de sus medios de vida, perseguidas y asesinadas por defenderlos. Las mujeres estamos en el foco de la estrategia expansiva del frente empresarial mediático y su transformación en el objetivo de las guerras informales y represivas. 

Las sentencias de los Tribunales que hemos impulsado han constatado las violencias que enfrentan las mujeres en los territorios y el desconocimiento a sus liderazgos como defensoras, así como la criminalización de sus cuerpos. Y también las han reconocido como sujetos políticos en el contexto Panamazónico y latinoamericano.

Nos reconocemos parte de un proceso que apuesta por seguir ampliando y fortaleciendo nuestros vínculos y alianzas para enfrentar el conflicto entre el capital y la vida. Afirmamos nuestros pasos hacia la construcción de una democracia desde la espiritualidad que supere las dualidades que nos oprimen, donde no haya patriarcado ni sistema opresor de nuestros cuerpos y vidas, territorio y naturaleza.

Mujeres indígenas, campesinas, negras, populares, de las aguas y de la ciudad, mujeres trans y lesbianas, son fuerza de expresión política en defensa de la vida, de la biodiversidad, de las semillas, saberes, reforestadoras que protegen la vida en la Panamazonía. Las empresas y fuerzas económicas que expropian los territorios imponen la violación y los gobiernos tienen gran responsabilidad sea por  su acción, permitiendo la llegada, la explotación y la impunidad frente a la violencia que afecta a las mujeres por acción del extractivismo en los territorios. Estes gobiernos son también, ellos mismos, en muchos territorios, agentes de estas violaciones.

Para superar esta realidad, queremos presentar a los presidentes de los países de la Amazonía nuestras propuestas y demandas para que actúen adopten medidas institucionalizadas que no cambien cuando cambien los gobiernos de la región; haciendo realidad el derecho a la vida digna de las mujeres indígenas; respetando su cultura e identidad ancestral; asumiendo el compromiso con la erradicación de la violencia contra los cuerpos de las mujeres, niñas, culturas y cosmovisiones; garantizando sus derechos políticos y ciudadanos; frenando la violencia y las amenazas a las mujeres lideresas; estableciendo medidas firmes y efectivas de seguridad y sanción contra los grupos y fuerzas que promueven la violencia contra las mujeres que luchan en defensa de sus territorios, la biodiversidad y sus modos de vivir. Asimismo, exigimos el firme compromiso de los Presidentes en frenar la ofensiva extractivista que promueven el despojo y el desplazamiento de tierras en la cuenca amazónica. Este compromiso exige que en todos los procesos de diálogo y construcción de compromisos se garantice la presencia y palabra de las organizaciones de mujeres de cara a la Cumbre de Presidentes la Amazonía.

Nos reafirmamos las mujeres andino-amazonícas en exigir el reconocimiento de nuestros derechos a vivir una vida libre de violencias, al goce y acceso al territorio, a la salud integral, la salud sexual y reproductiva, a un ambiente saludable, a la educación intercultural, a la defensa de los recursos naturales, al goce de nuestros territorios.

Hacemos un llamado a ver las conexiones entre los distintos puntos de la agenda para la región Panamazónica. Reafirmamos la necesidad de las consultas nacionales previas al evento de los presidentes, porque son una oportunidad para presentar las iniciativas de las mujeres. Asimismo, realizaremos un evento paralelo a la Cumbre donde las mujeres tengamos voz propia con derecho a ser parte de las decisiones políticas sobre nuestros cuerpos y territorios.

PROPUESTAS

Presentamos a los presidentes de la Amazonía las siguientes propuestas y demandas:

1. Garantizar el derecho a la vida digna de las mujeres indígenas respetando su cultura e identidad ancestral.
2. Sancionar y erradicar toda violencia contra los cuerpos de las mujeres, niñas, culturas y cosmovisiones.
3. Garantizar los  derechos políticos y ciudadanos y la protección de la vida de las mujeres y consolidar medidas de seguridad para lideresas amenazadas
4. Garantizar un enfoque de género en la distribución y titulación de las tierras.
5. Sancionar la violencia ejercida contra los cuerpos y culturas de las mujeres y a los responsables del desplazamiento y despojo de tierras en la cuenca amazónica.
6. Reconocer las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades amazónicas, con énfasis en la erradicación de la discriminación que se ejerce en los establecimientos públicos hacia las mujeres.
7. Garantizar que en la estructura de cooperación regional a ser acordada por la Cumbre de Presidentes por la Amazonía, como la  OTCA y el Pacto de Leticia, existan espacios definidos para la participación vinculante de la sociedad civil organizada en la elaboración e implementación de políticas, programas y proyectos, así como para el ejercicio de veedurías y la fiscalización de estas iniciativas, asegurando espacios específicos de participación para las mujeres de la Amazonia.
8. Garantizar la participación de los pueblos tradicionales, indígenas  y de la sociedad civil organizada, incluidas las organizaciones de mujeres, en los mecanismos de gestión de los fondos de financiación para la Amazonía, a nivel nacional y regional.
9. Asegurar que en todos los proyectos para la Amazonia se constituyan y lleven a cabo protocolos de Consulta Libre, Previa e Informada, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, garantizando que las mujeres sean parte activa en la toma de decisiones.
10. Promover políticas de integración regional de carácter popular, respetando y promoviendo la autodeterminación de los pueblos amazónicos;
11. Instar a que las propuestas y acciones de la Carta de Belém (elaboradas en el X Foro Social Panamazónico) sean consideradas en la planificación de los gobiernos nacionales y subnacionales de la Amazonia.