Como responsable del postconflicto en Cúcuta o sea para coordinar las complejas actividades que contribuyan a cumplir los acuerdos en la Habana… han designado a la esposa del anterior alcalde, condenado por vínculos paramilitares, hacedor y beneficiario de los mayores negocios de la ciudad que incluyen lavado de activos, y responsable de crímenes en la zona.
¿acertada designación o saboteo premeditado? ¿se puede confiar alguna organización, alguna asociación de víctimas, o las víctimas particulares, ante una señora tan vinculada a la guerra sucia que mantiene sus estructuras de control?
El hermano del citado exalcalde condenado en prisión es beneficiario de los terrenos de los asentamientos donde la población ha sido desalojada. Y la propia policía reconoce el control territorial de la ciudad por el “crimen organizado” que es la última expresión oficial pero que los propios mando policiales explican como provenientes de las AUC de los 90, desmovilizados en 2004 pero en la propia región, realiados con narcos y rebautizados como Rastrojos en 2008, con nueva llegada de Urabeños en 2011, con el mismo esquema o secuencia denominados Clan Úsuga, y con jefes identificados por la policía como alias “Lato”, alias “Walter”, alias “Necoclí” al mando actual de cada uno de ellos.
Entonces… ¿va a presentarse el gobierno ante el mundo con esa designación de una responsable del posconflicto afín, beneficiaria y cabeza visible de esta estructura criminal?
Otras denuncias de las organizaciones sociales de Cúcuta fueron trasladadas a modo de sencillas preguntas al coronel W Donato, jefe de los 3200 policías de la zona, y al coronel Lamprea, subjefe de la estructura militar Vulcano con 9200 soldados de fuerzas especiales a su mando. ¿y qué respondieron?…
En cuanto a la presencia criminal paramilitar el coronel de la policía (recién llegado de un master donde presentó la tesis del “policía en el posconflicto”) la corroboró. El coronel militar negó que 200 paramilitares hubieran llegado a Pedregales Zulia.
En cuanto a la connivencia entre fuerza pública y paramilitares ambos la negaron.
Si se trata de cumplimiento de la directiva 006/10 de trato digno a sector LGTBI el coronel policial dice que sí la cumplen escrupulosamente, y solo algunos excesos podrían haberse producido (frente a la denuncia de detenciones y violación sexual a personas transexuales en la avenida 8ª).
Sobre si han avanzado investigaciones sobre los 4 campesinos muertos en la represión policial al Paro Agrario de 2013, el coronel dice desconocerlo… ya que en esa época él no estaba..
Si la comisión comunica que ha observado, en directo, tanquetas-cañoneras junto a población civil de manera permanente (violación del DIH), el coronel Lamprea asegura que era de manera provisional.. y si se trata del cuestionamiento a que los militares atraviesan los resguardos indígenas barí sin permiso de sus autoridades … entonces deja claro que ellos no tienen limitación de espacio para incursionar en ningún lugar del país. También dijo desconocer el asesinato de Nelsi Amaya en un territorio que sí reconoce es de su control en San Calixto.
Ante la inquietud trasladada por reclutamientos forzados de soldados.. alega que no, que no lo practican, pero es que los jóvenes no quieren ir al ejército.. y que en esos casos se investigaría.
Dice el coronel desconocer que el dirigente agrario Manuel Cuberos estuviera en un “busca y captura con recompensa” en un organigrama militar, y enfin.. que en el caso de Acarí, donde debiera realizarse un desminado humanitario, éste no se ha efectuado.
Para el caso de “la imagen” que parece preocupar a ambos mandos con tropa abundante, aseguran participar en consejos y estructuras donde escuchan y se relacionan con la comunidad, y que una vez al mes se recaba de los alcaldes sus impresiones y valoraciones para casos de errores de la fuerza pública.
Y de ese contraste de pareceres entre testimonios muy duros de las organizaciones, víctimas y victimarios “salen” resultados esclarecedores: una enorme presencia y control paramilitar. Una intensidad de acciones bélicas mutuas con ELN y una bajada y casi tranquilidad en los últimos meses con las FRAC. Una permanencia (¿y tal vez aumento?) de los efectivos del EPL. Vulneraciones graves del ESMAD con vendedores ambulantes y con las movilizaciones de calle, amparados aún más con las leyes represivas, y, con desconcierto la delegación asturiana escucha el diseño de la alcaldía con sus propios decretos de “ley zanahoria”, para establecer toques de queda que… hacen aplicar las estructuras del paramilitarismo con resultado de asesinatos y restricción de la libertad de movimiento y de “limpieza social” en cada uno de los barrios.
¿Garantías entonces para defensoras y activistas ciudadanos..? No, ninguna.
