Las y los abajo firmantes nos dirigimos a Uds., expresamos nuestra inmensa preocupación por las recientes
decisiones de la Corte Constitucional de Colombia que restringen ilegítimamente el pleno y efectivo ejercicio
del derecho a defender los derechos humanos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia,
Colombia) y que constituyen una gran amenaza para la actividad de denuncia de las organizaciones de la
sociedad civil y de personas que defienden los derechos y libertades fundamentales.
A pesar de esta legítima opción adoptada por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, desde 1997, sus
miembros, así como personas vinculadas a esta, han sido víctimas sistemáticas de masacres, ejecuciones
extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, actos de violencia sexual,
detenciones arbitrarias, destrucción de bienes elementales para la sobrevivencia de la población, incineración de
viviendas, amenazas de muerte, anuncios de exterminio de la comunidad, robo de animales de carga, bombardeos
indiscriminados, capturas ilegales, montajes judiciales, extorsiones y chantajes. Asimismo, a lo largo de estos años
de existencia, altos funcionarios gubernamentales y altos oficiales de la Fuerza Pública han desarrollado
verdaderas campañas de estigmatización contra la Comunidad de Paz y sus miembros, señalándolos falsa y
temerariamente de ser aliados de la “subversión” y oponerse a la lucha contrainsurgente del Estado.
