En intensa jornada la 19ª delegación astur mantiene reuniones varias para acercarse al momento presente de expectativas y novedades en Colombia.
Y de triunfos como el que comparte Sintrapaz, sindicato campesino del páramo de Sumapaz, por haberse formalizado a primeros de este mes la Zona de Reserva Campesina que se venía formulando por muchos años (y que llenaría de alegría al histórico militante de la reforma agraria, ya fallecido, Gerardo González afiliado a ese sindicato).
Sintrapaz considera un logro una propuesta que tenía ya formulaciones en 1920 con las colonias agrícolas, y que se asienta en la ley de 1994 para asegurar economía campesina: ahora corresponde ponerlo en vigor y para ello priorizan formación técnica y política (de sus 16 veredas y sus JAC, y del sindicato) para abordar con rigor el reto.
Plantean la reparación integral por los efectos del conflicto, que no ha tenido reconocimiento hasta ahora, siendo su propuesta de sujeto colectivo de derecho, y por ahí se añadiría un lugar de Memoria en el páramo.
Les preocupan otros planteamientos de turismo masivo, que tienen fuerte impacto en el páramo (como la presencia reciente de 17Mil personas en este lugar tan sensible y estratégico), por lo que solicitarán manejo responsable.
Si este gobierno (que califican de liberal-radical) ya ha puesto en aprobación 4 Zonas de Reserva Campesina en medio año, mientras que desde 1994 solo se aprobaron 7, no es extraño que de momento cuente con el apoyo del campesinado, con el añadido de la convocatoria de Convención Nacional Campesina en diciembre, con el objetivo de que se formulen propuestas concretas a la acción de gobierno, que se añaden al reconocimiento de los derechos del campesinado a tenor de la Declaración de la ONU de 2018.
En la sede del partido Comunes se ha mantenido una fructífera conversa con Rodrigo Granda y Olga Lucía Marín, que tras un lúcido recuento de las condiciones en que se gestó la negociación para la paz, consideran que ahora hay condiciones para el relanzamiento del Acuerdo, y que está próxima a realizarse una conferencia mundial sobre drogas (que el Acuerdo recogía pero no se hizo).
Dado que ni Santos ni Duque quisieron cumplir lo pactado, están proponiendo la posibilidad de extender el periodo de cumplimentación otros 4 años, para compensar los perdidos, y siguen exigiendo en todos los escenarios la libertad para 187 prisioneros de las FARC y de otros 200 más que están en periodo de reconocimiento por el gobierno, así como la liberación de Simón Trinidad preso en USA.
La URT unidad de restitución de tierras que ahora dirige el indígena nasa Giovani Yule es la agencia encargada de entregar tierras robadas en el marco de la violencia.
Desde que se creó ha entregado en 11 años 557mil hectáreas, o sea a 50mil por año, lo que resulta en cifra irrisoria. (porque entre los funcionarios anteriores estaban infiltrados para poner todas las trabas posibles al servicio de los despojadores, y tocó “armonizar” según expresión del director).
El nuevo equipo directivo (entre los cuales se encuentra el economista Héctor Mondragón, que estuviera exiliado en Asturias, en Brasil, en Portugal, que según Giovani ha sido el primer “restituido” para esta tarea..) tiene 9 años para desarrollar el trabajo frente a un universo de despojo de 14 millones de has, con el objetivo de llegar siquiera a la mitad.
La proposición del nuevo gobierno de paz total se quedaría coja si no hay entrega de tierras, y ya se han formalizado directores en 17 regiones.
Con CORDECAMPO se mantiene una informal reunión de presentación de objetivos: se trata de antiguos funcionarios del Incora y del Incoder, la mayoría ya jubilados, que ponen sus conocimientos técnicos agrarios al servicio de las nuevas necesidades en las formulaciones del campesinado para las reformas en el campo, entre ellas las actuales Zonas de Reserva Campesina, y las nuevas que se pudieran formular.
Para ello se han constituido en una corporación sin ánimo de lucro en apoyo a las comunidades rurales.
La Vía Campesina colombiana agrupa a 10 entidades agrarias, haciendo parte de la CLOC, la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo.
Consideran que el nuevo gobierno les ha generado confianza al haber convocado la Convención Nacional Campesina (en propuesta de participación vinculante) en diciembre para favorecer propuestas que sean asumidas como mandato de trabajo.
Dicen que hacen falta 20 millones de has para equilibrar el despojo padecido en la guerra.
La ACVC ha sido declarada objetivo militar por las paramilitares AGC y notifican que les falta protección del estado.
Propugnan el apoyo a los diálogos humanitarios territoriales, que incluyan medidas para que los líderes sociales dejen de ser asesinados y perseguidos.
Pese a la zozobra de la existencia de 26 grupos armados en el país consideran que la situación es mucho mejor que hace 4 años, con la población esperanzada en los posibles cambios, que no se darán sin potentes movilizaciones para aprovechar este “cuarto de hora” de un gobierno que asume los derechos de la campesinada.
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