Masacre en el Putumayo
Asturias, 7 de abril del 2021
Señor,
Diego Andrés Molano Aponte
Ministro de la Defensa Nacional
República de Colombia
Bogotá D.C.
Refencia: ejecuciones extrajudiciales de las tropas bajo su mando en el departamento del Putumayo.
Señor Molano:
Hemos en conocido en España documentos de las organizaciones de derechos humanos colombianas, denuncias y testimonios que dan cuenta de que las tropas bajo su mando cometieron un crimen de lesa humanidad el lunes 28 de marzo en la mañana, en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo.
Las versiones suyas Sr. Ministro, publicadas en medios de comunicación son falsas, como ésta: «La operación no era contra los campesinos, sino contra los disidentes de las FARC. No fue contra indígenas inocentes, sino contra narcotraficantes».
No se trató de una acción del ejercito contra la guerrilla, ni de “blancos legítimos”. Eran campesinos e indígenas que participaban de una actividad comunitaria para recoger recursos y solucionar problemas originados en la falta de inversión social del gobierno de Iván Duque. Eso explica porqué luego de ser asesinadas los militares les pusieron a los cadáveres botas, armas y otros elementos, simulando que eran insurgentes.
Al tenor de las denuncias recibidas se trata de otro caso de “falsos positivos” para sumar a los 6.402 que investiga la justicia, configurando una acción criminal sistemática del ejército, que viola los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario y que por su impunidad caen bajo la competencia de la Corte Penal Internacional.
Sus declaraciones públicas Sr. Ministro son lamentables, porque intentan evitar que las familias de las víctimas y la sociedad nacional e internacional conozcamos la verdad.
Bajo su responsabilidad Sr. Molano caerían otros delitos como el intento de obstruir la acción de la justicia. No parece casual que la Fiscalia sólo haya aparecido cinco días después de la masacre en el lugar del crímen, dando el tiempo necesario al ejército para manipular la escena de los hechos.
Además hay responsabilidad suya y de sus tropas en otras violaciones graves de los derechos humanos cometidas por los mismos militares, como el maltrato físico y sicológico a la comunidad, el confinamiento, los allanamientos ilegales, la estigmatización y el desplazamiento masivo de al menos cien familias y el hurto por las tropas de bienes de la comunidad y personales.
Sr Ministro, las acciones del ejército y sus palabras socavan la legitimidad de la fuerza pública y el Estado de Derecho.
Por eso le expresamos de manera pública nuestra indignación, la exigencia de rectificar las afrentas que sus expresiones hacen a la víctimas, a sus familias y a sus organizaciones; la petición de que destituya a los militares involucrados y al general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, por difudir versiones falsas en este caso y por sus antecedentes en ejecuciones extrajudiciales en otras regiones del país.
Estos militares afrentan a la institución y son un peligro para la sociedad. Deben ser entregados por su Ministerio a la justicia ordinaria para que no sean juzgados por tribunales militares, que por “solidaridad de cuerpo”, obstruyen aún más la acción de la justicia, como lo hacen en este caso los militares agresores que imponen estar presentes cuando los testigos dan su versión.
Por nuestra parte anunciamos que acompañeremos a las familias y a las organizaciones sociales afectadas.
Estaremos pendientes del desarrollo de la acción de la justicia en este crimen de Estado, para evitar la impunidad de hechos que ofenden a la humanidad en su conjunto.
Atentamente,
Coordinadora asturiana de ONGd
Ingeniería Sin Fronteras.
COSAL
SOLdePaz.Pachakuti
Suatea
Comisiones obreras de Asturias
Colectivo de Colombianos as Refugiados en Asturias
Comité de solidaridad con la Causa Árabe
Programa asturiano de derechos humanos PAV-DDHH
La Red de Derechos Humanos del Putumayo
y la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac)
denunciaron que personas civiles fueron presentadas
falsamente como combatientes
en operación militar en Putumayo del 28 de marzo.
La comunidad reporta que las personas muertas en la operación militar eran habitantes reconocidos de la zona, al igual que el menor de 16 años, quien era un estudiante.
La Opiac considera que lo presentado en la vereda Alto Remanso es un ‘falso positivo’ y le pide al ministro de Defensa que se retracte de sus publicaciones en las redes sociales y también solicita a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Judicial el establecimiento de garantías para que se puedan desarrollar las investigaciones pertinentes y así lograr esclarecer este hecho.
La comunidad denuncia que entre los fallecidos se encuentran el gobernador del Cabildo Indígena Kichwa, Pablo Panduro Coquinche, elegido el 15 de enero, y el presidente de la Junta de Acción Comunal y su esposa.
https://www.onic.org.co/comunicados-onic/4446-declaracion-final-visita-asturiana-de-derechos-humanos-y-paz-a-colombia
