Repudian ONG asesinato de un líder opositor a minera en Chiapas
Grupos de activistas y académicos de México y Guatemala exigieron justicia en cartas públicas.
Ángeles Mariscal , corresponsal
Publicado: 28/11/2009 15:49
Tuxtla Gutiérrez, Chis. Organizaciones sociales, grupos de activistas y académicos de México y Guatemala condenaron el asesinato de Mariano Abarca Roblero, dirigente del grupo que se opone a la industria minera en Chiapas.
Exigieron a las autoridades protección a la familia del dirigente, para Orlando Velázquez, quien resultó herido durante la agresión, y demás miembros de Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), que durante los últimos meses han recibido amenazas de muerte.
Mariano Abarca, quien encabezaba las protestas contra la minería en el municipio de Chicomuselo, presentó en días pasados una demanda penal por el delito de amenazas contra el gerente de relaciones públicas de Blackfire, Luis Antonio Flores Villatoro, “y los que resulten” debido a que la minera canadience, propietaria de 10 permisos de extracción en Chiapas, lo había acusado –también penalmente– de daños a la minera de barita de Chicomuselo, lo que resultó en su aprensión en el mes de agosto, y su posterior liberación por falta de elementos para seguirle un proceso judicial.
En la denuncia Mariano Abarca señaló que funcionarios de la minera canadiense “ya lo habían ido a buscar para quebrarle la madre a plomazos, para que no siguiera inconformándose con lo de la mina en Chicomuselo y que el suscrito y otras personas ya estaban en la lista de los empresarios dueños y del encargado de la mina”.
Mariano Abarca Roblero fue acribillado por un desconocido la noche del pasado viernes, en el municipio de Chicomuselo, en la misma acción resultó herido de gravedad su acompañante Orlando Velázquez.
La mañana de este sábado, en diversas cartas públicas enviadas a la familia de Abarca, el REMA, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) y particulares como Sergio Vives, Alejandro Villamar, activistas académicos de Huehuetenango, Guatemala; Elisa Cruz Rueda, abogada y antropóloga de la UNAM y UAM-I, entre otros, expresaron su repudio a la agresión.
En sus cartas, coincidieron en mantener su compromiso de seguir manifestándose contra la industria minera, sus financiadores y “cómplices políticos”.
Consideraron que su muerte “constituye una afrenta a la dignidad de millones de personas que luchan contra las contaminación y saqueo de la industria minera.
La AMAP recordó que Mariano encabezó la resistencia ciudadana en el municipio de Chicomuselo en contra de la empresa minera canadiense Blackfire. “Dada su intensa actividad fue hostigado en diversas ocasiones y arbitrariamente detenido el pasado 17 de agosto, luego de permanecer diez días en la cárcel fue liberado”.
“Sin embargo el hostigamiento en contra de su persona se agravó, por ello apenas hace unos días presentó formal denuncia en contra de directivos de la empresa Blackfire, quienes de manera pública lo habían amenazado de muerte, amenazas que al parecer cumplieron”, señala la AMAP.
Exigieron al gobierno de Chiapas, que encabeza Juan Sabines, sean castigados con todo el rigor de la ley los autores materiales e intelectuales de este asesinato. Reiteraron que Mariano Abarca ya había denunciado a gerente de Blackfire.
Cabe recordar que en julio pasado Flores Villatoro interpuso una demanda a nombre de la empresa canadiense contra el líder ahora acaecido por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, ataques a las vías e comunicación, daños al patrimonio de la empresa y atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado.
Mariano Abarca había participado en un plantón frente a la embajada de Canadá en la ciudad de México; meses después, en agosto, Abarca fue detenido, posteriormente arraigado y liberado.
Según el AMAP, en ese momento el gobierno del estado intentó negociar con Mariano Abarca su liberación a cambio de abandonar la lucha de resistencia contra la minería. En el mes de septiembre el gobernador del estado acudió a Chicomuselo y constató el rechazo de sus habitantes a la empresa minera canadiense.
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