Una patrulla de militares bloquea la carretera llena de baches y con carros de combate estacionados al lado de centros poblados. Ordenan detener la marcha y mantenernos dentro del vehículo. “Vamos a realizar un procedimiento, no queremos lesionados”, dice un contra-guerrillero.
Segundos después se oye una explosión… “Una mina enterrada que les dejó la guerrilla” explica el conductor acostumbrado a la cotidianidad de los combates, los hostigamientos y al reguero de muertos que aparecen tirados en la cunetas.
Transitamos frente a la zona de producción petrolera de Caño Limón, un yacimiento del que extraen -desde hace 35 años- más de doscientos mil barriles diarios de petróleo crudo, inicialmente por la estadounidense Oxy y actualmente por la estatal Ecopetrol.
La Delegación asturiana viaja desde la ciudad de Saravena hacia el aeropuerto de la capital de Arauca, tierra llana, fronteriza con Venezuela, territorio de gentes organizadas, acostumbradas a la suplir con la autogestión comunitaria la ausencia de un Estado que sólo hace “presencia armada” para proteger a las multinacionales. La población civil y la dirigencia social están en medio de la guerra entre las Disidencias de las FARC y el ELN, insurgencia que a su vez guerrea contra miles de soldados y policías en una de las regiones más azotadas en el último medio siglo por el conflicto armado colombiano.
En medio de la confrontación las gentes llevan sus rutinas con cierta normalidad, hasta las 8 de la noche cuando Saravena queda desierta. El peligro ronda, sobre todo a la dirigencia social araucana declarada “objetivo militar” por alias Antonio Medina, exguerrillero fariano que hace causa común con los grupos paramilitares para eliminarla. El año pasado se propuso eliminar a trescientas personas con liderazgo social. Y continúa en su empeño.
Los ataques son muy graves y ocurren en una ciudad y una región militarizada como Saravena. “Hay más de 12 mil hombres entre militares y policías para darle seguridad a 263 mil habitantes y no son capaces, o no quieren hacerlo” afirma una lideresa amenazada de muerte.
Se remite a hechos de ataques graves a infraestructuras civiles: hace un año las Disidencias explotaron un carro bomba contra el edificio de las organizaciones sociales en Saravena estando medio centenar de líderes refugiados dentro, y lanzaron granadas de fragmentación contra el edificio de la Empresa de Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, ECAAS, una experiencia ejemplar de autogestión comunitaria y sin ánimo de lucro de los servicios públicos domiciliarios, que ha sido puesta en la mira de los exterminadores por los militares -envenenados por la doctrina del “enemigo interno”- y por periodistas como la española Salud Hernández Mora, que estigmatiza a las comunidades y a los procesos sociales araucanos desde medios de comunicación como la colombiana revista Semana y algunos periódicos de España.
Los señalamientos públicos preceden atentados, como el cometido con explosivos contra la residencia del reconocido dirigente comunal JHONY DIAZ el 13 de noviembre en la madrugada, o asesinatos como el de JOSE ABELINO PEREZ ORTIZ a manos de las Disidencias el pasado 19 de enero en la ciudad de Tame.
En la reunión con el gobernador de Arauca se hace patente la urgencia de sintonizar la política de paz y herramientas como los Puestos de Mando Unificados por la Vida, para que vayan más allá de las palabras en una reunión y se enfoquen en prevenir ataques contra la población civil y no sólo se proteja a las multinacionales.
En reunión con las autoridades de Saravena se pone sobre la mesa la urgencia de un cese multilateral del fuego y de las hostilidades en una región en la que pareciera haber una relación directa entre la creciente presencia militar y los ataques contra las infraestructuras comunitarias y contra la población civil.
Los militares del Grupo Mecanizado N.°18 General Gabriel Revéiz Pizarro, afirmaron en reunión con la Delegación Asturiana que no hay paramilitares en Arauca. Un dirigente campesino coincide: “No los hay porque son ellos mismos. Los paramilitares salen de los cuarteles.”
La presencia militar genera miedo. Hay centenares de razones bajo tierra que dan base a esa sensación se inseguridad que invade al campesinado cuando se despliegan en zonas rurales.
El miedo no tiene bando.
La policía no se atreve a patrullar más allá del parque principal de Saravena. Tampoco lo hacen los escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección.
Los muertos -más de 350 en el 2022- son recogidos de las zanjas por los familiares, o por la funeraria, porque la fiscalía y sus técnicos no salen del casco urbano, pero sí muestran especial diligencia para judicializar y hacer apresar a personas de la dirigencia social, afirma un comunero al que apresaron por cerca de tres años sin fundamento. “La consigna del Estado es exterminarnos”, dice. “Nos imponen la cárcel o el cementerio”.
En Arauca se recibió con alegría la normalización de las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela para no dar pábulo a las amenazas de una intervención militar de los Estados Unidos por interés de su complejo industrial y militar y de las petroleras que agravaron la violencia y el conflicto social, pues las corporaciones no llegan solas a territorios donde las comunidades se oponen por temor a la destrucción ambiental y social que genera esta industria.
Volvemos a Bogotá.
Desde el aire el río Arauca es una cinta marrón que separa dos países hermanos. El método de saquear materias primas y acumular capital mediante el despojo, hace escalar una guerra en la que la población civil y su dirigencia son el obstáculo a eliminar.
La paz parece lejana pero la esperanza de un futuro mejor está muy enraizada en el valiente movimiento social araucano que no confía en el Estado porque lleva décadas padeciendo sus atropellos.
XIX Delegación asturiana de derechos humanos y paz
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