Guatemala. El genocidio maya.
Por razones diversas Guatemala y Asturias tienen una relación, más allá de las distancias culturales, que se ha mantenido en el tiempo.
En el tiempo de la expulsión de curas asturianos en el Quiché en 1980, y de otro asesinado allá en 1981 (asesinado por los militares Juan Alonso, de Aller, y de la misma congregación de Gaspar García Laviana).
En el tiempo del genocidio cometido por los militares contra la población indígena maya.
En el tiempo del COSAL de Avilés que atendía preferencialmente Guatemala y sus poblaciones más vulnerables.
En el tiempo presente en que misioneros como el poleso Toño Noval (que antes fue cura ganadero en Tineo) acompañan a las comunidades guatemaltecas más pobres, propugnan premios de DDHH como el de Siero, a donde llegó para recibirlo la señora Florildana y el obispo Ramazzini, y en el tiempo en que al menos dos y cuatro ONGs locales mantienen un trabajo con comunidades guates.
Conocido es el “Caso de Genocidio en Guatemala” ante la Audiencia Nacional española desde su presentación en 1999, que aunque no se ha cerrado del todo, ha sido paralizada por los acuerdos de limitación de la “justicia universal” fraguados entre PP-PSOE-CIU-PNV.
Por ese caso en 2006 el Juez Santiago Pedraz emitió una orden de arresto para ocho acusados de genocidio. Al principio, la Corte Constitucional de Guatemala (CCG) aceptó las órdenes de arresto y autorizó los procedimientos de extradición. Sin embargo, la CCG dio marcha atrás en 2007 y declaró que las órdenes de arresto y solicitudes de extradición eran inválidas, impidiendo a Pedraz entrevistar a testigos en Guatemala.
En respuesta, Pedraz invitó a testigos a venir a España. En 2008 más de 40 indígenas guatemaltecos llegaron a Madrid para testificar en tres grupos separados, marcando la primera vez que una corte nacional oyera evidencia de sobrevivientes Mayas sobre uno de los genocidios más grandes del último siglo.
En julio de 2011 el juez admitió una ampliación de la querella inicial para investigar también crímenes de género contra mujeres como violaciones, esterilizaciones forzadas y la esclavitud sexual.
El golpista Efraín Ríos Montt fue uno de los principales genocidas, pero no el único: recuérdese el asalto y quema de la embajada española en Guatemala, durante el gobierno golpista de Romeo Lucas.
Ríos Montt no pisó la cárcel y murió en la impunidad. Pero sí tuvo que pisar los juzgados, donde fue condenado a 80 años en 2013, pero a los pocos días el juicio se declaró nulo. Mientras se prolongaba la apelación falleció sin ningún castigo.
Ahora, esta semana, el que fuera su jefe de “inteligencia”, acaba de ser absuelto.
Aunque el Tribunal B de Mayor Riesgo determinó por unanimidad que en Guatemala existió el delito de Genocidio y el delito de deberes contra la humanidad cometidos por el Estado y el ejército contra del pueblo Maya Ixil, en el periodo comprendido de marzo de 1982 a junio de 1983, durante el gobierno de facto del general José Efraín Ríos Montt, a quién el tribunal responsabilizó de ser quien planificó, dirigió y concretó ambos delitos…
sin embargo …
dos jueces contra uno, resolvieron dejar en libertad al general José Mauricio Rodríguez Sánchez director de Inteligencia militar G2 de Efraín Ríos Montt.
El voto disidente fue de la jueza Sara Griselda Yoc Yoc, quien dijo que quedó probado que José Mauricio Rodríguez Sánchez hizo su trabajo “tan bien” que le dieron un galardón. El elemento principal para que se dieran las masacres fue la Inteligencia, Rodríguez Sánchez pasó toda la información, el debió haber sido sancionado por que lo que él hizo, fue elemental y es responsable de delito de Genocidio y Deberes contra la humanidad, debiendo tener una condena de 30 años por cada delito.
El pueblo ixil que asistió para ser testigo de cierre del juicio y de la sentencia, salió desconsolado de la sala, pues, aunque el Tribunal ratificó que efectivamente, en Guatemala sí existió genocidio, no se le ha aducido responsabilidades penales a nadie.
De la red de mujeres ixiles era Juana Ramírez, comadrona y lideresa indígena asesinada este 21-S, dejando 7 hijas e hijos: y es que la impunidad propicia la repetición de crímenes; 19 defensoras han sido asesinadas este año en Guatemala, tres de ellas en la zona Ixil, donde el tribunal ha decretado impunidad para el general genocida.
En cambio sí hubo sentencias condenatorias tiempo atrás para Benedicto Lucas, hermano de Romeo Lucas, dictador militar que ordenó el asalto y quema con fosforo blanco de la embajada española en 1980.
Benedicto Lucas, (que era jefe de estado mayor del ejército guatemalteco durante el asalto a nuestra embajada), fue detenido en enero del 2016 junto a 18 altos mandos del ejército, acusado por delitos de lesa humanidad por la detención y desaparición más grande de América: 558 osamentas exhumadas en la zona militar, conocida como #CasoCreompaz o Zona militar número 21 de Cobán, Alta Verapaz.
El genocidio contra el pueblo maya provocó más de 250.000 víctimas, de las que más de 45.000 siguen hoy desaparecidas, después de que el Ejército guatemalteco arrasara 448 aldeas de la población maya y llevara a cabo un plan sistemático de torturas y asesinatos.
Un millón de personas sufrieron desplazamiento forzado, de entre ellas 30mil huyeron a las montañas donde permanecieron escondidas en las CPR, comunidades de población en resistencia, cuyos representantes dieron testimonios varios en Asturias, y 150mil salieron del país, estableciéndose campamentos de refugiadas, en Chiapas, donde gente asturiana trabajó con ellas, y en Honduras.
En 2014 fallecía Máximo Cajal, embajador sobreviviente y víctima del asalto y destrucción de la Embajada española en Guatemala. Muchos años después escribió uno de sus libros sobre aquel suceso, «Saber quién puso fuego ahí», y lo presentamos en el auditorio de Oviedo.
Aquel mismo año del asalto e incendio de la Embajada española en Guatemala era asesinado en San Salvador el arzobispo Romero, el 24 de marzo, al que este 14 de octubre van a declarar santo en Roma.
