Construir la PAZ.
Danilo Rueda.
Varias veces nos acompañó el defensor de ddhh colombiano Danilo Rueda en Asturias, portavoz de Justicia y Paz, una comisión intereclesial con mucho predicamento en la defensa de las comunidades. En una de ellas participaba también, en el auditorio de Oviedo, Iván Cepeda, senador de la república, por cuya candidatura presidencial han optado casi 13 millones de votantes.
Sin embargo, y por escaso margen y con decisiva votación en el enclave de EEUU, ha tenido ligerísima ventaja el defensor de los mafiosos, y también con ciudadanía norteamericana, De la Espriella, que a un mes de que tome posesión ya está haciendo de las suyas: amenazar y crispar e incitar ataques a las personas defensoras de los ddhh.
Como Danilo Rueda, que fue designado por el actual Presidente Petro nada menos que Alto Comisionado de Paz en 2022. (y que si no hubiese sido cambiado en esa misión, por determinadas presiones, ¿tal vez hubiera conseguido mejores resultados que su sucesor para la paz colombiana y latinoamericana?), y ahora van a por él.
Durante cerca de cuatro décadas, Danilo Rueda ha acompañado a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbanas afectadas por el conflicto armado, promoviendo la defensa de los derechos humanos, la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y la construcción de caminos de diálogo para superar la violencia. Su trabajo ha estado orientado a proteger la vida y a fortalecer las capacidades de las comunidades para construir paz en los territorios.
A Danilo lo acusan los paramilitares del Clan del Golfo. (Le “acusan” de hablar con ellos, cuando precisamente su cometido como Alto Comisionado era hacer propuestas de paz con los grupos armados). Pero le investigan la fiscalía y la procuradoría. E “incitan” a dicha investigación, pero en EEUU, nada menos que la nueva pareja que tomará posesión en agosto Restrepo-De la Espriella.
La Oficina de DDHH acción Colombia, OIDHACO, con sede en Bruselas ya ha enviado propuestas de apoyo a Danilo y llamado a no estigmatizar al defensor de derechos humanos y excomisionado de paz Danilo Rueda.
El Programa Somos Defensores y la Asociación MINGA consideran que
“Danilo Rueda fue fundador y secretario ejecutivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, organización que durante 34 años ha documentado y acompañado a víctimas del conflicto armado colombiano. Fue nominado al Premio Front Line Defenders en 2009 por su labor de defensa de la vida en medio del conflicto. Ha facilitado procesos de reconciliación entre víctimas, excombatientes y miembros de la Fuerza Pública, y lideró los Festivales de las Memorias, que articularon cerca de 160 procesos comunitarios territoriales con el Acuerdo de Paz. Su rigurosa y comprometida labor de documentación sobre la situación de violencia en los territorios se convirtió en una contribución clave para el esclarecimiento del conflicto armado en el país siendo determinante para el Informe Final de la Comisión de la Verdad – CEV “-.
Y que
“Reducir cuatro décadas de trabajo por la vida y la paz a fragmentos de audio sacados de contexto, además de ser un ataque personal, es una estrategia de violencia política y simbólica que busca deslegitimar el esfuerzo de quienes han dedicado su vida a tender puentes de paz.”
En el texto, al que se han adherido centenares de organizaciones, entre ellas Soldepaz.Pachakuti, se asegura que:
“Es un desatino jurídico y político criminalizar los acercamientos de paz. La Constitución Política de Colombia consagra la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (artículo 22). La Ley 434 de 1998 sustenta la figura del Alto Comisionado para la Paz, con la facultad expresa de adelantar contactos y fases exploratorias con actores armados. La Ley 2272 de 2022, que desarrolla la política de Paz Total, faculta al Gobierno Nacional para adelantar procesos de sometimiento a la justicia y diálogos socio-jurídicos con estructuras de crimen de alto impacto, como una vía distinta —pero igualmente legítima— a la sola confrontación armada.
En consecuencia, una conversación exploratoria, sin cese formal de operaciones ni concesión unilateral de beneficios judiciales, no configura por sí sola el tipo penal de concierto para delinquir (artículo 340 del Código Penal), que exige demostrar un acuerdo de voluntades orientado a la comisión de delitos, y no el ejercicio de una función pública autorizada por la ley para explorar caminos de desescalamiento de la violencia. Los acercamientos liderados por Danilo Rueda fueron reuniones en strictu sensu exploratorias, sin efectos vinculantes, enmarcadas en su función institucional. Por tanto, el lenguaje coloquial usado en esos encuentros no puede leerse como una confesión literal de compromisos de Estado.
En cualquier Estado de Derecho, la responsabilidad jurídica se sustenta ante los tribunales y no en los titulares de prensa o ante la opinión pública. Danilo Rueda tiene el derecho fundamental a que las autoridades competentes establezcan si hubo o no una conducta al margen de la ley, bajo principios como el de presunción de inocencia. Él mismo ha evidenciado una disposición absoluta a que su conducta sea escrutada e investigada, como ya ha ocurrido en el pasado, incluso por agencias de otros países, sin que se le haya comprobado actuación contraria a derecho. Exigimos que la indagación de la Procuraduría General de la Nación se adelante con garantías plenas procesales, sin anticipar juicios éticos o de responsabilidad penal a partir de fragmentos de audio descontextualizados.
La construcción de paz en Colombia ha exigido siempre conversar con quienes empuñan las armas, incluidos actores del crimen organizado. Es también una obligación de los Estados para salvaguardar la vida y evitar el escalamiento de la violencia. Deslegitimar la labor de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz mediante campañas de desprestigio no solo afecta la integridad de Danilo Rueda, sino que envía un mensaje silenciador y disuasivo a futuros funcionarios y a la sociedad civil sobre los riesgos de participar en la construcción de paz, y erosiona uno de los pocos consensos que como país hemos sostenido: que el diálogo, con todas sus dificultades, es preferible a la guerra.
La persecución de los constructores de paz sienta un precedente peligroso.
Rechazamos de manera categórica la instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella de remitir el caso de Danilo Rueda al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a organismos internacionales. Esta postura ignora los principios constitucionales: quien no ha se ha posesionado formalmente, no representa al Estado colombiano ni sus relaciones exteriores (art. 188 C.P.). Acudir a instancias extranjeras, pasando por encima de la institucionalidad local vulnera todas veces la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos (art. 9 C.P.). Exigimos el respeto absoluto del debido proceso con presunción de inocencia (art. 29 C.P.) exigimos que sea la justicia colombiana —no un gobierno extranjero ni un anuncio político anticipado— la que investigue y juzgue a un ciudadano colombiano por el ejercicio de una función pública de paz amparada en la ley.
Exigimos:
Respeto irrestricto al debido proceso, cese de señalamientos que prejuzguen responsabilidad penal, y garantías reales de vida e integridad para quienes en Colombia han dedicado su trayectoria a construir la paz.
Que la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación se abstengan de iniciar o promover actuaciones disciplinarias o investigaciones penales sustentadas en campañas de estigmatización o en señalamientos carentes de sustento probatorio y que, de llegar a iniciarse alguna actuación, esta se fundamente exclusivamente en elementos objetivos, serios y suficientes, con pleno respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.
Que los medios de comunicación contrasten las versiones de los señalados antes de instalar juicios públicos irreversibles.
Que el Estado colombiano proteja la vida y la integridad de Danilo Rueda frente a las amenazas que ha recibido a raíz de esta campaña.
Que se reconozca públicamente la trayectoria de defensa de derechos humanos y construcción de paz de Danilo Rueda, independientemente del resultado de las investigaciones en curso.
Que el presidente electo Abelardo de la Espriella respete las garantías procesales y se abstenga de hacer afirmaciones que ponen en riesgo la vida, la integridad y seguridad de Danilo Rueda.
La paz no se construye señalando y estigmatizando a quienes se atreven a dialogar”
Respaldar a quienes han apostado por la paz es también defender a las víctimas y a la democracia.
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