Asuntos de agenda solidaria:
-sigue el juicio por el crimen de Barta Cáceres.
Comenzaba el lunes..pero fue interrumpido porque el COPINH recusó al tribunal..
Se aplazó el juicio por el crimen de Berta Cáceres.
Estaba previsto celebrarse del 17 de septiembre al 19 de octubre pero la Corte Suprema de Justicia de Honduras suspendió por tiempo indefinido el juicio debido a una recusación al propio Tribunal presentado por la familia de Berta.
En rueda de prensa delante del tribunal la hija de Berta informó de la recusación a los jueces pidiendo que sean apartados del caso por presuntamente parcializarse y al Ministerio Público por ocultar la verdad. «Buscamos justicia en medio de circunstancias adversas y aun así descubrimos una estructura criminal detrás de la muerte de Berta».
No es un juicio cualquiera, ya que se define un caso emblemático de asesinato de defensora medioambiental y lideresa indígena, una tipificación de crimen que ha aumentado en los últimos años, como demuestran numerosos informes, y porque el asesinato de Berta la noche del 2 de marzo de 2016 ha tenido más repercusión internacional que otros: había recibido pocos meses antes el premio Goldman ambiental, había estado en Asturias años antes mostrando los trabajos de su organización, se había convertido en un referente latinoamericano en la defensa de los Bienes Comunes.
Por ello resulta más incomprensible la actitud de la alcaldía de Siero que, habiendo otorgado en 2017 el premio Internacional DDHH a la organización COPINH que Berta había contribuido a crear y del que era Coordinadora en el momento de su muerte, se haya negado esta semana a formalizar un texto de preocupación por el juicio que se iniciaba.
Y es que Siero ya se había negado a otras iniciativas, de plantar un árbol, homenajear a Berta o colocar alguna placa en sus aniversarios, al contrario de lo que otros Aytos, como Llanera, Langreo, Oviedo y otros que sí estimaron rechazar el crimen horrendo y honrar la Memoria de lo que Berta significa.
Esta misma semana, y lanzando un mensaje de apoyo al juicio, el Ayto de Oviedo inauguraba un mural dedicado a Berta en el parque de invierno.
Y es que los mensajes, todos, tienen la utilidad de propiciar fuerzas conjuntas que impidan la impunidad del caso, tal como han realizado desde la Comisión internacional de expertos jurídicos (que incluye a la Fundación de la Abogacía española o a Amnistía Internacional) que ha llegado a la capital hondureña para Observar el juicio, pero también la inmensidad de mensajes de apoyo a la familia, a la organización y al equipo jurídico que confronta al gabinete canadiense que la empresa DESA ha contratado para tratar de impedir la aplicación de justicia por el crimen anunciado de Berta.
El juicio se ha aplazado pero se reanudará y harán falta muchos apoyos, muchas miradas, mucha atención para quebrar la impunidad y que no queden únicamente como responsables los hechores materiales; quienes dieron la orden de asesinar, quienes desde instancias empresariales y de gobierno propiciaron el crimen, debieran ser objeto de la Justicia.
Y tal vez el Ayto de Siero debiera personarse, o el gobierno asturiano (siguiendo lineamientos de su estrategia de DDHH, y con el precedente de que a pocos días del Golpe de estado en Honduras en 2009 conformó una delegación al terreno), debieran de alguna manera arropar a la Misión internacional que está tratando de que no haya pucherazo judicial ante tal crimen que ofende a la humanidad.
Los imputados por el asesinato son Mariano Díaz (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desa, a la que Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma pretendía construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Se suman Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte, y Óscar Arnaldo Tareas.
Justicia para BERTA.
-continúan las expresiones de rechazo a la sentencia que favorece a la petrolera Chevron con la Amazonía.
Una vergonzosa sentencia, habíamos dicho, que revierte lo que los diversos tribunales habían sentenciado contra la petrolera..
Uno de los mensajes de organizaciones, por ejemplo, dice que..
1. Rechazamos el laudo arbitral pues burla 25 años de lucha en demanda de justicia y reparación integral para miles de personas afectadas por la contaminación petrolera en el norte de la Amazonía. El Estado ecuatoriano nunca debió haber aceptado ir a un tribunal de arbitraje. Recordemos que fue aceptado en 2011, cuando ya teníamos una Constitución que prohíbe ceder soberanía a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas(Art. 422). El de La Haya es un tribunal que garantiza inversiones, no puede pretender decidir sobre derechos humanos y de la naturaleza. Los tribunales de arbitraje sirven, como lo dice su nombre, para proteger inversiones, empresas, no a los pueblos.
2. Condenamos el abuso de poder y el abuso de las instancias legales que hace la empresa Chevron Texaco. No sólo agotó las instancias nacionales, sino que asfixió a los jueces con millares de folios para demorar el caso.
3. Denunciamos que lo que está ocurriendo es parte de una campaña de Chevron para que quede en la impunidad el delito ambiental y social que cometió en la Amazonía ecuatoriana. Como parte de esta campaña se ha activado el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que durante la reciente visita al Ecuador de Mike Pence, vicepresidente de ese país, se refirió a que éste era un tema incómodo que debía ser resuelto.
4. Recordamos que el juicio de los afectados por ChevronTexaco es de los afectados, no de los gobiernos, ni del presente, ni del pasado.
5. Exigimos al gobierno nacional declarar el laudo inaplicable, sin perjuicio de establecer responsabilidades por la aceptación, la mala defensa, la falta de investigación.
6. Convocamos a las organizaciones ambientales, de derechos humanos, trabajadores, indígenas, mujeres, a castigar a la empresa repudiando sus productos, sus operaciones, sus pretensiones de impunidad. Pedimos enviar fotografías expresando su rechazo a Chevron así como su apoyo a los pueblos que demandan la reparación de sus derechos y la restauración de la Amazonía afectada.
ACCIÓN ECOLÓGICA Quito, 10 de septiembre de 2018
-mañana jueves visitan Asturias dos mujeres que trabajan contra las desapariciones forzadas
Zenaida y Naya.
El jueves 20 estarán en Asturias Naya y Zenaida:
Las señoras Naya Parra y Zenaida Rubio, son
la primera del colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda, que trabaja por la recuperación de cuerpos en condiciones dignas de personas desaparecidas en el marco del conflicto colombiano. https://www.cofb.org.co/
La segunda es familiar de persona desaparecida forzadamente, y ambas van camino de Ginebra a participar en el Consejo de DDHH de la ONU
Tienen reuniones institucionales: a las 10,30 con el director de la agencia asturiana de cooperación. a las 11,30 en el Parlamento astur. A las 13,30 con la alcaldía de Langreo.
A las 7 ofrecerán una charla en el Ateneo Obrero de Xixón.
-el martes.. el comité de la causa árabe ha convocado contra la venta de armas a la monarquía Saudita.
Cinco corbetas pasarán a engrosar las cifras de exportaciones realizadas de armamento español a Arabia Saudí, que entre 2015 y junio de 2017 alcanzaron un valor de 728,5 millones de euros, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio. La mayor parte de estas exportaciones fueron realizadas en 2015, año en que Ryad inició su intervención militar en Yemen, como se recoge en el informe “Comercio de armas y conflictos. Análisis de las exportaciones europeas a países en conflicto armado”, publicado recientemente por el Centro Delàs de Estudios por la Paz y la Escola de Cultura de Pau de la UAB.
Arabia Saudí es un caso paradigmático de que las armas europeas no sólo alimentan conflictos a través de la venta de armas a países directamente sumidos en una guerra, también lo hacen a través del aprovisionamiento de Estados que participan activamente en ofensivas militares y cuyas armas terminan en manos de los contendientes de los conflictos. En el caso de la intervención en Yemen, obra de la coalición liderada por Arabia Saudí, ambos bandos en disputa han sido acusados repetidamente de atacar objetivos civiles, incluyendo escuelas, hospitales, mezquitas y puertos, y de la comisión de crímenes de guerra.
Todo ello es aún más grave si tenemos en cuenta que se han detectado –como ya denunciamos en este informe- indicios del acceso, por parte de grupos armados hutíes yemenís, a armas de origen español vendidas en el pasado a Arabia Saudí, incluyendo lanzagranadas y granadas de mano fabricadas por Instalaza, y que la propia Arabia Saudí ha reconocido el uso de bombas de dispersión, un tipo de armamento que actualmente está prohibido, según el Tratado Internacional sobre Bombas de Racimo del 2008, al cual se sumaron 120 países, entre los cuales no se cuenta ninguno de los miembros de la coalición militar liderada por Ryad.
Este hecho, que infringiría la Posición Común 2008/944/PESC sobre exportaciones de armas, así como la legislación española, ya motivó que el Parlamento Europeo expresara a principios del 2016 su preocupación por las acciones que la coalición liderada por Arabia Saudí llevaba y lleva a cabo en Yemen.
Desde el Centro Delàs, consideran muy preocupante que la venta de armas a Arabia Saudí no sólo no sea vetada o suspendida por España, como ya han hecho otros estados europeos como Suecia o, más recientemente, Alemania, sino que ni siquiera sea limitada, considerando el riesgo manifiesto de que estas corbetas sean utilizadas en el bloqueo naval a Yemen, y por tanto de que estos equipamientos militares se destinen a agravar las violaciones del derecho humanitario en este país, en el marco de una guerra que ha provocado ya más de 10.000 muertos y el desplazamiento de más de 3 millones de personas, y dónde más de 20 millones de personas necesitan ayuda humanitaria de emergencia según la ONU.
alternativas, haberlas hailas.
es posible una reindustrialización y puesta en marcha de nuevos servicios en toda la bahía de Cádiz para limitar el impacto negativo de una conversión industrial de Navantia.
Pues ese es el único camino para una empresa, que todos los años pierde dinero. Porque Navantia, empresa pública propiedad del Estado, es una empresa donde su cuenta de resultados siempre ha sido negativa.
En 2016 se perdieron 230 millones, y en los últimos diez años 730 M€. Y si pierde dinero es porqué los costes de producción de sus buques son superiores al valor de su venta. Entonces, esas cinco corbetas que se venderán a Arabia Saudí por 1.800 millones para cubrir sus costes de producción deberían tener un valor más elevado. En cambio, las pérdidas se subsanan con recursos del Estado, y entonces, se puede añadir que los puestos de trabajo de Navantia son ineficientes y valdría más la pena estudiar su conversión del ámbito militar y pasar a producir bienes y servicios de carácter civil que, cuando menos, no producirían ese desgarro moral, que es vender armas para la guerra. Pues esas corbetas servirán para continuar con el bloqueo de Yemen e impedir la llegada de alimentos y ayuda humanitaria a una población donde se calcula que siete millones de personas están al borde de la inanición.
Además, y en otro orden de cosas, vender armas a Arabia Saudí contraviene la Ley de Comercio de Armas del Estado Español, que señala con toda precisión que no se deben vender armas a países inmersos en conflictos armados; países donde se cometan graves abusos a los derechos humanos; que pongan en peligro la paz regional. Así hasta ocho apartados que impiden las ventas de armas a la monarquía saudí.
Pero a pesar de ello, Arabia Saudí es uno de los principales clientes de España en la compra de armamentos. Y ello es debido a dos cuestiones. Una, que priman más los intereses comerciales de las empresas españolas; la segunda, que las relaciones exteriores de España con ese país son prioritarias, pues es bien sabido que la petromonarquía saudí y los borbones españoles mantienen una fuerte amistad. Lo cual es más importante que los derechos humanos de los y las saudíes, o los miles de muertos que provocan las bombas que se arrojan sobre la población yemení.
Sólo en 2017 Arabia Saudí adquirió armas a España por valor de 270,2 M€, 90 millones de las cuales eran en municiones. Es decir, si no se suministran 9,4 millones en bombas sólo se suspendía un 10% de las municiones y un 3,5% del total de las ventas de ese año. Por tanto, ese gesto podía ser una pequeña satisfacción, pero no resolvía el problema ético de fondo, que los trabajadores de Navantia con el apoyo de algunos políticos han puesto encima de la mesa. ¿Para cuándo abordar la cuestión ética de la exportación de armas?
El martes a las 7,30, plaza del parchís Xixón…
