Boletín de la Vía Campesina sobre Colombia.
La Vía Campesina comparte la preocupación que existe a nivel mundial sobre el baño de sangre que han desatado los rezagos de la violencia que se niega a desaparecer en Colombia. La situación de violación de derechos humanos se ha agravado de tal forma en los primeros meses del año 2020 que en tan solo 3 meses (febrero – abril) 2.421 personas han sido víctimas de distintas formas de violencia como amenazas, asesinatos, desplazamientos y confinamiento; cifra que se ha incrementado a finales de mayo y que aún es difícil establecer. En medio de este crítico escenario, LA Vía Campesina publica su boletín “Alto al fuego”, esfuerzo que reafirma su compromiso con la paz de Colombia y que pretende informar sobre los graves obstáculos que afronta el proceso de implementación del Acuerdo de Paz y la situación de derechos humanos. Este boletín es el primero de una serie de reportes mensuales orientados a informar sobre el proceso de construcción de Paz en este país. De lo planteado en este primer reporte, es necesario resaltar algunas preocupaciones sobre el estado del proceso de implementación. En primer lugar, los avances en materia de acceso a tierra no cumplen con el objetivo de democratizar el acceso a la propiedad rural. Solo se han formalizado 95.665 has, lo que representa un avance del 1,7% frente a los 7 millones de has que establece el Acuerdo. A la fecha el Fondo de Tierras sólo dispone de 1’000.404 has, lo que representa un 30% del total de predios que deben estar a disposición del Fondo y, más aún, no se ha entregado la primera hectárea de tierra. Genera gran preocupación lo que parece ser una política de simulación de cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, el actual gobierno presenta las cifras del avance de cumplimiento de la formalización de la propiedad también como cumplimiento del subpunto relativo a la entrega de tierras. La implementación se está adelantando con graves limitaciones a la participación de las comunidades, como ha sucedido en los procesos de formulación e implementación de los PDET y los PATR. En el catastro multipropósito no se plantean mecanismos de participación de las comunidades en la información catastral y su veeduría; además, establece que sean entidades privadas quienes realicen la operación catastral, pese al carácter estratégico que puede tener este tipo de información. Se han puesto en marcha las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), las cuales recogen un modelo de estabilización militarista que puede afectar la dinámica de planeación participativa que se ha desarrollado en el marco de los PDET. Las ZEII también abren la posibilidad de que los recursos destinados a la paz sean desviados hacia políticas de seguridad. La vinculación de familias al PNIS se ha congelado, desde noviembre de 2018 no se han celebrado acuerdos de sustitución voluntaria y, en cambio, se han priorizado actividades erradicación forzosa. Un 42,3% de las familias vinculadas al programa no están recibiendo las ayudas económicas prometidas. El actual gobierno no ha presentado la primera ley para implementar el Acuerdo, pese a que en materia normativa sólo se hayan expedido 11 de los 41 instrumentos necesarios para la RRI. Así, por ejemplo, de los 16 planes nacionales para la RRI contemplados en el Acuerdo, sólo se han aprobado 5[1]. En este escenario, La Vía Campesina se suma al llamado de varios sectores de la sociedad civil, a nivel nacional e internacional, para que se cumpla integralmente con lo acordado y, de forma prioritaria, que el gobierno adopte las medidas necesarias para detener la ola de violencia desatada y el vil asesinato de excombatientes y personas líderes sociales. Nuestro llamado es que se haga un Alto al fuego, partiendo de la certeza de que ninguna bala podrá detener al pueblo colombiano en su búsqueda de la paz, cuya consecución será una victoria para el mundo entero. ¡Globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!
