En el Putumayo

Tres actividades más contribuyen a configurar retrato de la situación actual putumayense, cada una con sus particularidades.

Una en Villagarzón donde la Casa Campesina de las JAC permite compartir testimonios de varias comunidades y procesos organizativos, otra en el resguardo Aguaditas, cerca de Puerto Guzmán donde las autoridades del pueblo nasa han querido invitar a la delegación, y una tercera en la que las autoridades militares y civiles, los organismos internacionales, y las instancias de gobierno comparten escenario de coloquio en Villagarzón.

La Red de DDHH del Putumayo es la que está coordinando esta tarea de conseguir la presencia y confluencia de organizaciones campesinas e indígenas, de víctimas y de sindicalistas y ambientalistas, para que la delegación asturiana pueda completar su radiografía. 

1. En la vereda Medio Afán llevan 18 años de protestas y movilizaciones por las afectaciones del botadero de basuras (que llegan de Mocoa, de Villagarzón y de las petroleras). Se considera un experimento basural en el que la comunidad disputa el lenguaje seudotécnico del “desarrollo” que implica conformidad con la destrucción de la entrada a la Amazonía. Lo califican un “botadero a cielo abierto”, que cuando ya ha colapsado varias veces, llega hasta el río Afán, que a su vez desemboca en el Caquetá.

En las proyecciones técnicas actuales se han obviado los desplazados climáticos, denuncian, al hacer esos estudios sin considerar a las personas.

Profesoras y profesores dan constancia de las amenazas de muerte en su sector, que obliga a desplazamiento de los docentes: los grupos armados y el propio estado presionan al magisterio. Solamente este año ya van 52 amenazados, y el ministerio y la UNP se demoran años en otorgar medidas protectoras.

¿Qué representa ser docente en una comunidad tan alejada? ¿qué tiene que hacer un enseñante cuando ve morir gente al lado de la escuela?

Cuestionan el modelo de educación violenta, que estresa a los estudiantes,  que produce menores en armas, y propugnan otro modelo basado en el respeto al entorno amazónico, una educación para la vida.

Aportan datos de maestros revictimizados, que sufren varios desplazamientos, del Cauca  a Puerto Asís, de allí a Villagarzón, polemizando con el ministerio cuando sus tramitólogos sugieren que sean autoamenazas en vez de resolver con agilidad.

Una empresa minera canadiense, Liberocobre, en el Alto Mocoa ¿tiene sentido teniendo el precedente de la avalancha que acabó con la vida de miles de personas?

El piedemonte amazónico que se pronunció clara y contundentemente en contra.

Si en octubre pasado Colombia aprobaba su compromiso con el Acuerdo de Escazú, ¿no contradice de raíz esta explotación minera que problematiza y pone en peligro de nuevos derrumbes y avalanchas el territorio estratégico?

La minera ya había visto suspendidas sus exploraciones, en Procuradoría en cuanto a los títulos mineros  y a instancias de Corpoamazonía que indicaba delito en las acciones mineras contra el medio ambiente, en tanto que comunidades indígenas acusaron a la transnacional de apoderarse sin su permiso de sus simbologías en la propaganda.

Hasta el obispo de Mocoa-Sibondoy se ha pronunciado en contra de que 7.800 hectáreas del macizo que es fuente de nacederos de agua haya tenido esta concesión minera.

¿Entonces?.. se presenta una afectación grave, en los proyectos del nuevo gobierno colisionando con las concesiones del gobierno anterior en la sensible materia de la defensa ambiental, que se junta a las vigentes explotaciones petroleras que la delegación asturiana ve en su recorrido y en las denuncias de las organizaciones, incluyendo las de trabajadores del petróleo que no están de acuerdo con la expansión petrolera.

Varias veces apelan los representantes de las organizaciones a la situación juvenil, de los reclutamientos, y de la “limpieza social” en que se implican los grupos armados, por el aspecto externo, o contra el colectivo LGTBI+, y la explotación sexual derivada de la presencia petrolera con un alto crecimiento de la violencia hacia las mujeres.

Villagarzón fue también en centro de las protestas en el estallido social de 2021 (y la casa campesina de las juntas de acción comunal el lugar de organización de la movilización).

La confluencia andinoamazónica se dio en este lugar (que no es la capital), aportando un alto compromiso con la defensa de lo público y lo ambiental.

En ese marco fue asesinado por la fuerza pública el joven estudiante Jordany Rosero, estudiante de 8º semestre en Popayán (porque el Putumayo no tiene Universidad) , con humillación y ensañamiento de la policía. Los hechos se dieron cerca  del pozo Costayaco 10 de la petrolera canadiense Gran Tierra Energy, cuando se reclamaba cumplir compromiso de cierre de la empresa, y la brigada antinarcóticos (en ausencia de ESMAD asume funciones que no le corresponden) arremetió violentamente contra la protesta. El joven era integrante del pueblo nasa.   

 

2-La invitación de la autoridad espiritual del resguardo Aguaditas a visitarles se concretó en una experiencia de aprendizaje cultural en su expresión más alta.

Recibimiento de las autoridades de varios cabildos, actividades de baile con infantes y jóvenes, intercambio de palabra con comuneras y comuneros, y el añadido de que tuvieran invitada también una delegación del CRIC del Cauca, con quienes la delegación mantuvo también encuentro aparte, para recibir informe sobre las vulneraciones graves a los derechos indígenas en el Cauca. 

 

3-La audiencia convocada por la Gobernación en un salón de actos en VillaGarzón, contó con la asistencia de instancias internacionales MAP-OEA, ONU-ddhh, ONU-misión paz, ACNUR, delegados de varias alcaldías, Procuradoría, policía, ejército, Unidad de Víctimas, Enlace de Víctimas de Pto Leguízamo, Agencia de reincorporación, UNP, Subdirección de participación ambiental, la responsable de ddhh en gobernación, además del secretario de gobierno, que viene a ser el segundo de a bordo de la Gobernación del Putumayo.

Se compartieron datos sobre asesinato de líder de reincorporación, y su fuerte impacto en los proyectos que estaba impulsando, sobre el altísimo número de víctimas estimadas en el 42% de la población del Putumayo, la cifra de 143.239 personas desplazadas, de las cuales 2.600 lo fueron en el año 2022, la situación de desapariciones, secuestros, reclutamiento con cifras altas a sabiendas de que muchas quedan sin denunciar por el miedo, las 10 alertas tempranas ahora en vigor, considerándose en general que no se ha respetado el alto el fuego de uno de enero  al producirse ataques al ejército y población civil. 

Dos soldados resultaron heridos por minas antipersona en enero, y frente a la impresión negativa expresada por el representante del ejército respecto a la propuesta de paz total, el secretario de gobierno respondía con un mensaje de esperanza.

Alguna de las alcaldías abundaba en la existencia de muchos diagnósticos y promesas y poco cumplimiento, con 10Mil víctimas sin reparación, denuncias de abusos de los militares, cierre del paso fronterizo con Ecuador a las 7, sin que se pueden atender demandas de frontera, y aumento de la deforestación y secado de fuentes por el accionar de las empresas.

La ONU expresó su confianza en que la paz total es posible, y que ello supondría la presencia del estado en todo el territorio. El ACNUR dice que hay un tránsito migratorio abundante, y entre ellos 12Mil personas venezolanas, desplazamientos masivos, y vacíos en la protección de la niñez, ya que no hay oficina de UNICEF. 

Finalmente, tras las intervenciones de la Red de DDHH del Putumayo y del secretario de gobierno, la delegación asturiana reconoció la importancia de la medida en proceso de creación de un observatorio de paz y ddhh en el Putumayo, la aprobación y ratificación colombiana del Acuerdo de Escazú, así como que todas las instituciones se hicieran eco de las demandas y propuestas de la red de DDHH para asegurar la vida de quienes defienden los derechos elementales en el Putumayo.