Análisis del levantamiento indígena de 1990 con el testimonio de una de sus protagonistas, Blanca Chancosa.
Tierra, Cultura y Libertad
¡Viva el Levantamiento Indígena Nacional!
¡Viva la unidad de los sectores populares por una causa justa!
(Mandato de junio de 1990)
Se puede decir que el primer levantamiento indígena de junio de 1990 se desarrolló en tres actos: el primero se inicia el 28 de mayo con la toma de la iglesia de Santo Domingo en el centro histórico de Quito; el segundo el 4 de julio con la declaratoria de levantamiento por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y las subsecuentes tomas de plazas, carreteras y ciudades en las regiones de la Sierra y Amazonía por parte de las multitudes comunitarias; y el tercero cuando se instala la mesa de diálogo entre la CONAIE y el gobierno. El levantamiento se cierra el 12 de julio con las últimas movilizaciones en las provincias de la sierra centro.
Aquí nos acercaremos en el acto primero, lo haremos a través de la memoria de una protagonista. Intentaremos averiguar algunos de los hechos que contribuyeron a que el primer levantamiento indígena se convierta en un acontecimiento histórico.
El levantamiento indígena como proceso
Cuando se habla del levantamiento indígena de 1990 sea en los medios de comunicación, la academia, los espacios político, incluido el mismo movimiento indígena, generalmente se hace referencia al “levantamiento del Inti Raymi”, como un solo acontecimiento que inicia con la toma de la iglesia de Santo Domingo el lunes 28 de mayo y culmina con el cese de las últimas movilizaciones en provincias entre el 6 y 12 de junio. Pero Blanca Chancosa[1], una de sus principales protagonistas, con su testimonio va construyendo una estructura e imagen un tanto distinta[2], y si cotejamos las acciones con la circulación cronológicamente de los documentos “oficiales” que la CONAIE y las otras organizaciones participantes podemos ver por lo menos tres eventos que van confluyendo en un proceso general conforme las acciones se van sucediendo, y que no operan bajo un guión previamente diseñado. La toma de la iglesia de Santo Domingo y el levantamiento, esto es la masiva movilización de las comunidades indígenas, son dos acciones con ciertos niveles de autonomía y dinámicas propias que al calor de las circunstancias políticas nacionales van convergiendo y construyendo un cuerpo político general, en el que confluyen también las individualidades.
Blanca Chancosa mientras desarrolla su relato pasa indistintamente de contar las acciones del movimiento indígena en los días del levantamiento a los recuerdos sobre su vida personal y viceversa; cuenta que cuando cursaba la primaria ya sus padres le pedían que ayude a resolver los problemas de la comunidad, pues ella tenía o empezaba a tener lo que a ellos les fue negado: el poder de la lectura y escritura. Cuando se graduó de “profesora normalista” no solo manejaba los instrumentos de la pedagogía, contaba ya con una amplia experiencia y conocimiento sobre la conducción organizativa de problemas de tierras, juzgamiento comunitario de conflictos internos, creación de escuelas primarias, etc. En todas esas actividades demostró sus capacidades como organizadora, lo que le llevó a ocupar desde muy joven cargos de dirigente en la provincia y en el ámbito nacional.
Cuando le encargaron la dirección la toma de la iglesia de Santo Domingo tenía 35 años de edad. “¿Porque a mí se me invita?” se pregunta y seguidamente se responde, “por un precedente: cuando yo era presidenta de la ECUARUNARI [1979-1984] hicimos actos de solidaridad internacional [mediante] la toma de dos embajadas y las oficinas de una organismo internacional”. Era una magnifica experiencia para una mujer a tan corta edad, razón suficiente para confiar en ella una acción de semejante magnitud.
Chancosa advierte que las acciones de la toma y el levantamiento “no se dieron en frio”, en algunas provincias habían tomas de tierras y se planificaban nuevas, también se sostenían largos e intensos procesos judiciales por esta misma razón. Muchos de quienes sostenían estos casos eran dirigentes y militantes locales que habían acumulado una amplia experiencia de lucha, con destrezas organizativas y fuertes convicciones políticas que hacía de ellos personas en condiciones para saber “qué cosas se podría convocar, cómo lograr, realmente comprometer” a las personas y comunidades. Este primer elemento que señala la dirigente es fundamental tener en cuenta, ya que uno de los criterios que se ventiló en esos días por parte del gobierno y los hacendados, y que se sostienen hasta la actualidad, es que el levantamiento fue producto de intervención y manipulación externa, no solo respecto del movimiento indígena sino también el país.
Un segundo elemento a tener en cuenta y que permite explicar lo ocurrido en el primer levantamiento es la campaña por los 500 años de resistencia contra la conquista europea. “En esos momentos veníamos preparando los 500 años de resistencia. Por un lado se hablaba de encuentro [los gobiernos de América Latina y España], por otro de invasión [la CONAIE], de resistencia de los pueblos y se venía preparando para el 92”. La campaña llevaba ya más o menos un año de desarrollo, permitió poner el debate sobre los significados políticos, ideológicos, históricos, económicos, culturales de los problemas estructurales que los pueblos indígenas venían enfrentados desde la conquista y la colonia, y sobre esta base socializar y retroalimentar la propuesta que la CONAIE venía construyendo desde los tiempos del Consejo Nacional de Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONACNIE (1983). Esto alimenta el discurso de la organización indígena permitiéndole acelerar los proceso de unidad de las distintas organizaciones de base; la consigna “en el 92, ni una hacienda más” dan cuenta de estas confluencias, teniendo inmediata acogida en los territorios donde se vivían a diario los enfrentamientos por la lucha por la tierra. En medio de estos procesos les permite identificar la necesidad de “acciones nacionales”, instrumento para llevar la lucha local y material-económico al plano político-nacional, generando un cuerpo socio organizativo general. Blanca Chancosa afirma que “en diferentes provincias se inician tomas [de haciendas]”. Todo esto indica que en varias provincias la movilización era algo en marcha, lo que la CONAIE debía hacer el llevar esa movilización al plano nacional.
La campaña por los 500 años se constituye en un espacio que llegará agrupar a la mayor parte de los intelectuales indígenas, muchos de ellos cumplían roles dirigenciales, que construyen un discurso y una propuesta que socializan y retroalimentan en mítines, talleres, asambleas y publicaciones, entre los que hay que destacar tenemos: las memorias del segundo Congreso de la CONAIE 1989; Las nacionalidades indígenas en el Ecuador. Nuestro proceso organizativo 1989; y Las nacionalidades indias y el Estado ecuatoriano de AmpanKarakras 1988, entre otros. Estos intelectuales, profesionales y dirigentes pertenecen a la generación que a más de forjarse en el calor de la lucha comunal, pudo acceder a la educación secundaria y superior que el Estado ecuatoriano impulsa en uno de sus últimos intentos desarrollistas, gracias al boom petrolero de la década de 1970.
Adicionalmente, la campaña por los “500 años de resistencia indígena” genera otro importante componente: logra estrechar alianzas con otras organizaciones sociales que actúan en los espacios del conflicto agrario, como el FUT, la CEDOCUT, la Coordinadora Popular, las organizaciones cristianas de base, entre otras, con quienes además de coordinar acciones de lucha, permite globalizar la propuesta de la campaña, convirtiéndose entonces en los “500 años de resistencia indígena y popular”, y bajo la consigna “1992, ni una hacienda en el Ecuador” permite involucrar a estas organizaciones en el levantamiento.
Un tercer elemento que incide en mucho como provocador coyuntural del levantamiento es la frustración por el incumplimiento del gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992) de su promesa de relanzar la reforma agraria y sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, así como el agotamiento del dialogo entre la CONAIE y el gobierno que se sostenía desde el inicio del mandato de Borja. Los temas del dialogo abarcaban problemas locales y nacionales, como tierras, agua, impactos de la explotación petrolera, educación intercultural bilingüe, infraestructura, etc. El gobierno crea mediante Decreto el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe pero no viabiliza un presupuesto suficiente para construcción de infraestructura, partidas de docentes, materiales educativos, etc., y los reclamos de la CONAIE no son atendidos pese a las innumerables mesas de diálogo instauradas, salvo la suscripción de convenios sin aplicación práctica. El 9 de mayo de 1989 se reúnen en Sarayacu los dirigentes de la CONAIE y varios delegados del gobierno y suscriben un documento de compromiso conocido como el “Acuerdo de Sarayacu” (FEPE 1991, 6) El documento aborda siete temas: tierra y territorio; jurídico-político; educación, ciencia y cultura; salud; infraestructura; financiamiento; y, política internacional. Este documento corre la misma suerte que el Decreto de educación bilingüe: no tiene respuestas efectivas. Con la intención de presionar al Gobierno la CONAIE emite una serie de propuestas enfocadas hacer viables los acuerdos, pero ninguno obtiene respuesta. Los caminos del diálogo se iban cerrando y el gobierno perdía credibilidad en las organizaciones que conforman la CONAIE.
Encendiendo la mecha
En la mañana del martes 29 de mayo de 1990 la prensa escrita informaba a los ecuatorianos que el día anterior, en la madrugada, “Un grupo de campesinos se tomó la iglesia de Santo Domingo reclamando una serie de reivindicaciones y solución a los conflictos de tierra que no han sido arreglados” (El Comercio 1990, B-4) Blanca Cancosa recuerda que ese era uno de los primeros objetivos de la toma, que la prensa de a conocer a los ecuatorianos de la convocatoria de la “acción nacional”; el segundo objetivo, que dependía del primero, consistía en que “los compañeros en las comunidades al enterarse de la toma se sientan motivados a salir al levantamiento. Esto queríamos con la toma: encender la mecha”. Al pronunciar la última frase levanta su rostro, pero su mirada ya no se detiene en los límites de su estrechísima oficina, dejando ver que recordar aquellos sucesos le inyecta ánimo pero también le produce agotamiento.
Después del problema de la tierra, el otro conflicto de importancia que ocupaba la agenda de la organización en esa coyuntura fue “cómo fortalecer la educación intercultural bilingüe. Eso era la otra parte en ese año”. En la V Asamblea Nacional de la CONAIE, reunida del 25 al 28 de abril de 1990, en Pijilí-Cotopaxi, se debate estos temas y otros de importancia local y nacional con los que se deciden “realizar una acción nacional”. Otro de los temas que llevó a álgidos debates fue sobre el tipo de acción que era posible llevar acabo, y cuáles eran las condiciones de la política nacional en la que se desarrollaría. Banca Chancosa recuerda que había consenso sobre la necesidad de una acción nacional, pero se seguía debatiendo la táctica en concreto, “el cómo, eso todavía no estaba decidido”. La acción nacional en primer término significaba para todos “generalizar las toma de tierra”, pues éstas eran una constante en mayor o menor medida desde finales de los años setenta, pero para finales de los ochenta, antes del primer levantamiento, estas recrudecieron sobre todo por la entrega de 41.862 certificados de inafectabilidad a los hacendados, con los que cerraba, en la práctica, cualquier intento rehabilitación del proceso de reforma agraria, por lo que “se creía que era necesario una acción a otro nivel”.
En la V Asamblea, los dirigentes de la CONAIE someten a discusión una propuesta titulada “Documento Político”(FEDEPE 1991, 28), que expone las líneas generales de la situación política nacional, donde se critica al gobierno de Rodrigo Borja por sus políticas de corte neoliberal, haciendo énfasis en la difícil situación que enfrentan las comunidades indígenas, la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos a través de las mesas de diálogos y el abandono paulatino de políticas de reforma agraria. En la parte titulada “Nuestro trabajo organizativo” se analiza las condiciones político-organizativas que desarrollan sus tres organizaciones regionales, los espacios de coordinación nacional que se iban implementando, al final aseguran categóricamente:
“Es por eso que, ante la falta de respuesta gubernamental, y una vez que se ha analizado la situación de hambre y angustia de todos los ecuatorianos, la CONAIE se ve en la obligación de liderar, por primera vez, una medida de hecho que movilice a todas nuestras organizaciones y comunidades de base hacia un PARO NACIONAL. Esta medida la exponemos ante la Asamblea y aguardamos su decisión para definir la fecha y mecanismos de acción”(FEDEPE 1991, 35)
La V Asamblea deciden aceptar la propuesta pero cambia el carácter de la medida de hecho; en la Resolución número 13 se lee: “Preparar el primer levantamiento indígena Nacional para los días 4 al 6 de junio de este año, para lo cual se conformará una comisión política y tendrá los planteamientos contenidos en el Mandato” (FEDEPE 1991, 38). Del mandato nos ocuparemos más adelante.
También se decide formar comités provinciales para la implementación del levantamiento. “Con esta resolución todo mundo regresaron a sus provincias” recuerda Chancosa, que en ese momento formaba parte del Consejo Político de la Federación Indígenas y Campesinos de Imbabura FICI, “y en ese sentido también comenzamos a trabajar con otros compañeros de otras zonas [fuera de Imbabura], haciendo reuniones a nivel campesino, a nivel de otros sectores sociales también”. Asegura que es en este espacio sostenido por la FICI, a donde son invitados dirigentes y militantes de otras provincias, donde se decide “encender la mecha”, es decir una acción de punta que genere las condiciones para el primer levantamiento.
En primera instancia el levantamiento no tiene un formato establecido, cuando se pensaba en PARO NACIONAL se tenía como referencia las luchas urbanas obreras que consistía en movilizaciones en las calles y plazas, “en el caso nuestro eran las tomas de las haciendas y de acuerdo a lo que cada provincia pueda tener capacidad”. En este mismos espacio, luego de hacer una valoración de los efectos del llamado al levantamiento dentro de la organización de base y verificar que aun carecía de la fuerza suficiente, se decide realizar “la toma de la iglesia de Santo Domingo, en la víspera, una semana antes del levantamiento; como para encender la mecha”, es decir, motivar a la gente a plegarse al levantamiento.
Por razones de seguridad la iniciativa, en su fase de preparación, no fue puesta en conocimiento de la dirigencia nacional de la CONAIE. La toma se efectúa en el día y la hora señalada, la ejecución fue impecable. Para la toma “yo me vine [desde Imbabura] a Quito el día anterior, con todo el equipo que habíamos planificado, porque la toma era en la madrugada, a las cinco, y cuando ya entramos pusimos candados por dentro y cada cual ocupó los puestos y responsabilidades planificadas”. Pero la iglesia no estaba vacía, era hora de la primera misa e inmediatamente después venía la siguiente, así que el primer problema fue con los feligreses que escuchaban misa, que estaba por terminar y los que pugnaban por entrar a la siguiente. Todos los fieles se sorprendieron y montaron en cólera “nos indiaron, nos dijeron de todo: salvajes, herejes, anticristos. Nos insultaron, pero igual cerramos”. El cura no se quedó atrás, luego de declararles profanadores, buscó ayuda para desalojarlos, pero ya era demasiado tarde, los indígenas tenían todo bajo control. Al inicio eran unas setenta personas, pero finalmente llegaron a ser alrededor de doscientas personas apoderadas de la iglesia.
Los que estaban adentro se encargaron de implementar las respectivas seguridades y los mecanismos de subsistencia, porque no se sabía cuánto tiempo iba a durar la toma; los que estaban fuera debían informar a los medios de comunicación y a los dirigentes nacionales para que asuman la representatividad correspondiente. La proclama que se sostenía desde dentro de la iglesia era denunciar los conflictos de tierra:111, de los cuales 72 estaban siendo procesados judicialmente. Se demandaba dialogo directo con el presidente de la República para buscar respuesta a estos y otros problemas, se exigía que de una comisión mediadora conformada por la “Comisión Ecuatoriana de Derechos Humanos, Cedocut y de la iglesia” (El Comercio 1990, 26), se demandaba que sea el arzobispo de Riobamba Victo Corral, quien dirigiera la comisión, asegurando la integridad de los dirigentes y de provocar el diálogo.
Como esta acción fue más una decisión tomada desde la FICI y de este espacio, el día de los acontecimiento los principales dirigentes de la CONAIE estaban fuera de Quito, alguno incluso fuera del país, pero tuvieron que regresar inmediatamente para asumir la vocería nacional. El presidente de la organización, Cristóbal Tapuy, se niega asumir su responsabilidad por lo que las organizaciones de base deciden que sea el vicepresidente, Luis Macas, quien asuma la conducción, que inmediatamente toma la vocería y explica las razones de la toma y presentar la propuesta política del movimiento indígena y oficializar públicamente el llamamiento al levantamiento.
Hasta el 4 de junio, día del inicio del levantamiento, el diálogo exigido desde la toma no se hizo viable porque el gobierno condicionaba a la suspensión de la toma y de toda movilización ya que no “actúa bajo presión” y la CONAIE no suspendía la medida si no se instalaba la mesa de conversaciones. La posición inflexible de los indígenas es consecuencia de la falta de resultados de casi dos años de diálogo, y como para echar más leña al fuego las cámaras de hacendados y ganaderos hicieron público su posición, acusando a los indígenas de estar manipulados por organizaciones internacionales, de generar violencia en el campo, de perjudicar la economía nacional, y rechazaban la “tolerancia gubernamental que existe con relación a la presencia de activistas seudo religiosos extranjeros y nacionales […] que se han infiltrado en el sector campesino, creando el más completo desorden y caos” (Moreno y Figueroa 1992, 77) y advierten de fatales consecuencias que se pudieran producir.
La toma de la iglesia va más allá de sus objetivos originales, además de “encender la mecha”, pone en evidencia la actitud intransigente del gobierno nacional y debela a los hacendados como sectores de poder reacios a soluciones políticas de los conflictos de tierra; además desnuda las estructuras sociales, políticas y culturales de un sistema hegemónico racista, que ante la presencia fuerte de los indígenas no duda en sacar del armario los dispositivos coloniales de discriminación. La contundencia y firmeza de quienes estaban dentro de la iglesia y la actitud violenta del gobierno y de los hacendados indignó a las comunidades, motivándoles por completo a salir a las carreteras, a las ciudades capitales de provincias, a tomarse tierras etc. A Quito llegan desde las provincias más cercanas a solidarizarse con la toma; y al levantamiento no solo respondieron las comunidades indígenas, también lo hicieron casi todos los sectores organizados urbanos.
Dentro de la iglesia las noticias del inicio del levantamiento, que escuchaban por radio, motivan a todos. La tensión de los primeros días es reemplazada por el optimismo, empiezan a sumarse más delegados de provincias. Se dan las convergencias de la toma con el levantamiento proporcionando dimensiones inesperadas a la “acción nacional”. Con el levantamiento se empieza hablar del “Mandato por la defensa de la vida y los derechos de las nacionalidades indígenas”. Sobre este documento existen tres versiones: la que consta en “Levantamiento Indígena: Documentos y testimonios”, publicado por FEPE, que en la presentación menciona contener documentos oficiales y originales y que contaron con la colaboración de Luis Macas, entonces presidente de la CONAIE, y de Luis Maldonado, quien coordinaba la campaña de los 500 años; el segundo se encuentra en el libro “El levantamiento indígena del inti raymi de 1990 de Segundo Moreno y José Figueroa, que pone como fuente Kipu # 15 de 1990; y, el tercero está en el archivo digital del historiador estadounidense Marc Becker[3], donde encontramos cuatro versiones; la primera del texto “Presente y futuro de los pueblos indígenas” de José Sánchez Parga, la segunda del Diario Hoy, la tercera del boletín Riccharishun # 2 del ECUARUNARI, y la cuarta del libro “De campesinos a ciudadanos diferentes” de Jorge León Trujillo. La diferencia entre las versiones están en que en la que asegura se “original y oficial” son quince puntos y la otra dieciséis.
En la primera versión los seis primeros puntos tratan sobre el problema de la tierra, el agua, presupuesto para el sistema de educación bilingüe, presupuesto de los organismos del Estado relacionados con el agro; el tema de la plurinacionalidad y los derechos cultuales están a partir del numeral siete. En la segunda versión, la que se conoce luego del levantamiento, la de dieciséis puntos, encontramos en primer lugar la plurinacionalidad, luego vienen los temas de tierras , agro, agua, etc. Esta variación no es solo de orden, expresa un cambio del carácter político de la propuesta; recordemos que en el testimonio de Blanca Chancosa se hace énfasis en los conflictos de tierras como razón de la “acción nacional”, esto también se puede ver en las publicaciones de la CONAIE entre su V Asamblea y el inicio del levantamiento.
Este cambio en el orden de las demandas puede prestarse para acusaciones de manipulación de los objetivos reales del movimiento y del levantamiento. Pero si observamos los documentos, proclamas y publicaciones hechas por la CONAIE, como los referidos arriba, que fueron debatidas y aprobadas por Asambleas y Congresos de la organización, ubican a la plurinacionalidad como un concepto que permite dar categoría política a la realidad de los pueblos indígenas dentro del escenario nacional; como el levantamiento supero ampliamente la lógica reivindicativa de la lucha, tanto por los temas estructurales y coyunturales que convergieron en él como por la amplitud social de la movilización, el mandato tenía que ser ajustado a esa nueva realidad creada por el levantamiento.
El dialogo CONAIE-Gobierno se inició el 6 de junio y continuó por algunas semanas, pero las movilizaciones y demás acciones de masas terminaron el 12 de junio.
A modo de conclusión podemos anotar que el primer levantamiento indígena de 1990 no fue un único acontecimiento, fueron varias acciones que se juntaron en un proceso global; que el levantamiento escapó a toda previsión, que éste se fue “constituyendo” conforme se fueron dando los acontecimientos y las actitudes y respuestas de sus tres actores principales (movimiento indígena, gobierno nacional y hacendados) Finalmente, que los discursos, documentos y propuestas que la CONAIE emite durante el levantamiento en ningún momento es unívoco, sino que está lleno de tensiones, convergencias, reelaboraciones inmediatas. Caso aparte merece la denominación de “levantamiento del inti raymi”, tal cosa no encontramos en ningún documento ni discurso de los dirigentes de la CONAIE ni antes ni durante los días del levantamiento. Donde se nombra así por primera vez es en el título del libro de Moreno y Figueroa, que analiza el primer levantamiento y es publicado en 1992.
Una primera versión de este trabajo forma parte del libro “¡Así encendimos la mecha! Treinta años del levantamiento indígena en Ecuador: una historia permanente”, publicado por El Pueblo Kitu Kara, Universidad Andina Simón Bolívar, Landis Live y AbyaYala.
Floresmilo Simbaña: exdirigente de la CONAIE, expresidente de la Comuna Tola Chica.
Notas:
[1] Dirigente histórica del movimiento indígena ecuatoriano, cofundadora de la ECUARUNARI y CONAIE. Actualmente ocupa el cargo de Vicepresidenta de la ECUARUNARI.
[2] Todas las citas de la dirigente Blanca Chancosa aquí anotadas corresponden a la entrevista que se le hizo el 1 de agosto de 2018.
[3]https://www.yachana.org/earchivo/conaie/16puntos.php
Referencias:
Federación de Estudiante Politécnicos del Ecuador FEPE. 1991. Levantamiento Indígena: Documentos y Testimonios CONAIE. FEPE-90-92. Guayaquil.
Moreno Segundo y Figueroa José. 1992. El levantamiento indígena del inti raymi. AbyaYala. Quito-Ecuador.
Diario El Comercio. 1990.
Entrevista a Blanca Chancosa. 1 de agosto de 2018
1990: 30 años del Primer Gran Levantamiento Indígena,
A 30 años del Levantamiento del Inti Raymi de 1990 el movimiento indígena es un actor político fundamental en el Ecuador, con plena conciencia de su identidad cultural, política e histórica y consecuente con un proyecto político nacional que busca cambiar las estructuras del poder, a través del tiempo, en las diversas luchas ha promovido y logrado reivindicaciones al sistema social y económico en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas y de todos los explotados, como la tenencia y defensa de la tierra, territorios indígenas y recursos naturales, los derechos colectivos, la Educación Intercultural Bilingüe, la Salud Intercultural, el reconocimiento del carácter plurinacional de nuestra sociedad y del Estado.
En la memoria colectiva del Ecuador, a partir de los años noventa, la estructura organizativa del movimiento indígena se constituye en un referente de los movimientos, organizaciones y colectivos sociales, la historia demuestra que en junio de 1990 se logra la unidad, fortalecimiento organizativo-político y su postura de clase en razón de la trascendental influencia de militantes de izquierda en la consolidación de cuadros dirigenciales, estructura y programa político, fundándose como un paradigma de lucha social y reivindicativa por los derechos del pueblo ecuatoriano.
En 1990 las acciones de resistencia se inician el 28 de mayo con la toma pacífica de la iglesia de Santo Domingo en Quito, los días siguientes y con más fuerza se activan movilizaciones de impresionante convocatoria desde el lunes 4 de junio, a partir de entonces las acciones fueron incontenibles en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Imbabura y Pichincha, posteriormente se unirían las organizaciones de bases de Azuay, Cañar, Loja y de la región Amazónica, el levantamiento indígena así demostraba su poderío.
Tierra, Cultura y Libertad fue la voz de lucha del levantamiento indígena en 1990 entre el 28 de mayo y el 11 junio, la lucha indígena se articuló en base al “Mandato por la defensa de la vida y los derechos de las nacionalidades indígenas:
Debemos tener presente que, agotados los esfuerzos por la vía legal, el pueblo tiene la palabra. Por esta razón exigimos el cumplimiento de este mandato por parte del gobierno; de no ser así, tenemos la obligación moral e histórica de ejecutarlo por nosotros mismos”
Las demandas fundamentales del movimiento indígena de 1990 giraban en torno a:
Solución y legalización en forma gratuita de la tierra y territorios para las nacionalidades indígenas;
Agua para regadío, consumo y políticas de no contaminación;
Reforma del Art.1 de la Constitución, que declare el Estado Plurinacional.
Exigir la entrega inmediata de los fondos presupuestarios para las nacionalidades indígenas, a través de un proyecto de ley presentado por la CONAIE, discutido y aprobado por el Congreso Nacional.
Obras prioritarias de infraestructura básica de las comunidades indígenas.
Protección y desarrollo de los sitios arqueológicos, por parte de la CONAIE y sus organizaciones filiales.
Expulsión del Instituto Lingüístico de Verano (ILV)
Ejecutar la legalización y financiamiento por el Estado a la medicina indígena.
De esta manera los acontecimientos de 1990 se insertan en la historia del Ecuador como un enorme proceso de lucha legítima del movimiento indígena, para las actuales generaciones presupone una gran responsabilidad para actuar en consecuencia con los procesos de trascendencia social y política, más aún en las presentes condiciones que atraviesa el Ecuador, la lucha de antes y de ahora es en contra de los gobiernos serviles al FMI y el capitalismo, por la defensa de los derechos colectivos de pueblos indígenas, los derechos laborales y estudiantiles, pues “no se construye el presente, sin conocer el pasado”, hoy más que nunca se necesitan agrupar procesos unitarios de lucha con el campo popular entre el sector indígena, campesino, colectivos, movimientos, organizaciones sociales y empobrecidos del campo y la ciudad del país para hacer frente a la radicalización neoliberal y de un gobierno sumiso que arremete contra los sectores más vulnerables, la producción comunitaria, la clase trabajadora, a quienes obliga con su fuerza de trabajo a pagar la crisis.
En 1990 la estructura del movimiento indígena logró ser visible y convertirse en un actor político desde su poder organizativo, de convocatoria de sus bases y desde el pensamiento político-económico, para generar y presentar propuestas alternativas al modelo imperante, es así que por las grandes jornadas de lucha se han logrado victorias y reivindicaciones, disputando con los poderes políticos y el mismo Estado. Históricamente la CONAIE con sus regionales: Confeniae, Ecuarunari y Conaice, junto a sus organizaciones de base y gobiernos comunitarios se movilizan por la defensa de la tierra, los territorios, los recursos naturales, la cultura y saberes ancestrales, los derechos de participación política y toma de decisiones, el reconocimiento de políticas públicas y derechos constitucionales, sin embargo, la lucha sigue.
En octubre del 2019 el poder del movimiento indígena sumado a las fuerzas sociales del sector sindical, estudiantil, barrios y colectivos sociales frenaron el decreto 883 y las pretensiones nefastas direccionadas por el FMI y más organismos de crédito multilateral, se puso un alto a un gobierno impopular – antipopular y sumiso a los grupos económicos y financieros. En octubre de 2019 se demostró la verdadera unidad del pueblo ecuatoriano desde el campo y la ciudad y se convirtió nuevamente en un referente de lucha para Latinoamérica. Sin embargo, la lucha y protesta social debe continuar. En Ecuador, Lenín Moreno, luego de un desastroso manejo de la pandemia, aprovechó el contexto Covid-19, la declaratoria de emergencia sanitaria y el estado de excepción para radicalizar las medidas de ajuste neoliberal dictados por el FMI, grupos de poder hegemónicos nacionales y la banca privada, que descaradamente trasladaron el peso de la crisis a la clase trabajadora, donde también confluyen los indígenas y campesinos, empobreciendo aún más a miles de familias.
Lenín Moreno con su ministro Richard Martínez aprovecharon la pandemia para burlar al pueblo ecuatoriano, con la mal llamada Ley Humanitaria se perjudica enormemente a la clase trabajadora, 150 mil despidos, inestabilidad, precarización y flexibilización laboral, con vía libre para que las empresas asfixien a los trabajadores y se permitan abusos e irrespeto a los derechos laborales conquistados por décadas, la clase media y popular sobre sus hombros debe asumir las malas decisiones de un gobierno empapado en corrupción. El descontento social aumenta por las políticas que empobrecen al país, por esto es necesario radicalizar la unidad del pueblo, de los más empobrecidos del campo y la ciudad. El movimiento indígena de forma progresiva irá siendo parte en estas nuevas jornadas de resistencia, con su estrategia organizativa, unidad y respaldo social y con propuestas consecuentes con su agenda y proyecto político.
Después de 30 años del levantamiento indígena de 1990, las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador permanecen, Lenín Moreno y su gobierno han radicalizado las imposiciones del FMI y promovido la acumulación del capital en grupos monopólicos que evaden impuestos en favor de sus ganancias y propician la fuga de capitales a paraísos fiscales; como en el pasado, los grandes terratenientes, la oligarquía y la burguesía nacional se han declarado enemigos de los indígenas, de la clase trabajadora, de los campesinos, de los estudiantes, al amparo de un gobierno cómplice y partícipe de actos de corrupción graves, frente a este escenario queda la unidad y solidaridad de clase entre los indígenas, campesinos, los trabajadores, los desempleados, los estudiantes, los empobrecidos del campo – ciudad y de todos los sectores afectados por las malas decisiones del gobierno, la lucha va porque va.
Jaime Vargas
Presidente de la CONAIE
