Campañas / Paramilitarismo

El difícil oficio de Defender los Derechos de las Personas en Colombia.



Entrevista a
Miguel González

Abogado colombiano de la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas

Pachakuti: Explícanos ¿cómo funciona tú organización?

Miguel: Es una asociación no gubernamental que surge en el año 1965. Es una de las organizaciones que agrupan abogados defensores de derechos humanos y defensores de presos políticos así como defensores de trabajadores. Este es el perfil de nuestra organización. Es una organización pequeña pero en los últimos años, ocho o nueve años, se ha vuelto a reactivar e intentamos vincularnos en general, al movimiento de defensores de derechos humanos en Colombia que cada día tiene más fuerza. Igualmente hacemos parte de todo este movimiento en función de la paz y de la solución política negociada y del intercambio humanitario que genere centrales de trabajo de muchas organizaciones que tienen un perfil democrático en Colombia.

Pachakuti: Miguel, con la situación tan dura en la defensa de los derechos humanos en Colombia, una organización como la vuestra ¿necesita respaldo internacional, alianzas de trabajo o se puede realizar en solitario?

Miguel: Es indudable que hoy en día la solidaridad internacional es un elemento esencial y fundamental para el trabajo de todas las organizaciones del espectro democrático en la unidad sindical en Colombia. Porque cada día en el conflicto colombiano, la implicación internacional es mucho mayor. El trabajo solidario de diversas organizaciones que hacen en el mundo a favor de los principales aspectos de verificación del pueblo colombiano, constituyen un elemento sumamente importante, de primera magnitud para nuestra lucha y para nuestras reivindicaciones.

En este sentido nuestra organización ha entendido en los últimos años que es necesario tener acercamientos, intercambios de opiniones y hacer una relación mucho más estrecha con organizaciones de abogados a nivel internacional.

De hecho nosotros somos parte de la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas, que forma parte de la Organización Internacional de Juristas Demócratas que tiene sede en París y de la Asociación Americana de Juristas.

A través de ellos realizamos diversas actividades. Pero también en este último periodo hemos tenido relación con grupos importantes de abogados y particularmente países miembros de la Unión Europea.

Pachakuti : En esos países de la Unión Europea podrían separarse unos de otros en cuanto a que tengan más interés, mejores relaciones, tanto en lo económico los gobiernos, como en solidario los pueblos o ¿en la Unión Europea estaría todo como un paquete?

Miguel: Hay diversas formas de expresión de la solidaridad en los países de la Unión Europea y diversas formas de relacionarnos. No siempre las organizaciones colombianas podemos abarcar todo el espectro de los países miembros de la Unión Europea. En este sentido es una de las tareas actuales del movimiento de solidaridad colombiano, el movimiento de derechos es ampliar mucho más ese espectro de relación e intercambio, de experiencias y acciones con buena parte de Europa.

Tenemos el caso de que hay unas relaciones tradicionales, institucionales, históricas... Se puede decir de muchas organizaciones colombianas, de ONGs, de sindicatos, de organizaciones juveniles, organizaciones de mujeres, de organizaciones indígenas...

Por ejemplo Colombia con sus homólogas o similares, en el caso de España, en el caso de Francia, hay también una historia larga de relaciones de diversas organizaciones. Ocurre otro tanto con organizaciones alemanas aunque es más nuevo este trabajo.

E igualmente hay que tener en cuenta que hay una serie de oficinas y agencias de Naciones Unidas en Europa, por lo tanto es igualmente como parte del trabajo de las organizaciones de derechos humanos focalizar un trabajo hacia allí, y en ese sentido las organizaciones europeas cuentan mucho para servir de puente y realizar tareas de acompañamiento y de gestión en esas agencias europeas.

Puedo decir que no es un trabajo lineal, es una relación en todos lados la misma. Por un lado hay tradiciones, hay lugares donde la solidaridad se expresa de manera más espontánea, se profundiza muchos más lazos de amistad en algunos casos más que en otros; pero pienso que en ese sentido también se abre una perspectiva de trabajo mucho más amplia, mucho más positiva. Hay cosas que indican que el trabajo de solidaridad desde Colombia, para Colombia puede tener un proceso de apertura y de profundización mayor. Creo que es una necesidad para el movimiento de derechos humanos europeo y colombiano.

Pachakuti : Miguel, en el caso de Colombia tantos asesinatos de abogados, como el caso de Omaña.... como uno de los más conocidos, hace diez años, hasta otros muchos, lo cual quiere decir que el preservar la vida tiene que estar también entre los objetivos de la gente que trabaja en este tema.. y al mismo tiempo si eso está afectando a la defensa de los dirigentes o de los insurgentes más “gordos” cuando necesitan atención de abogados, como el caso de Granda o el caso de Simón Trinidad, por mencionar algunos conocidos, ¿afecta esa persecución y esos hechos de asesinato de abogados cuando se quiere defender a presos de este nivel?

Miguel: En el último tiempo, producto de la llamada política de seguridad democrática y en el marco del Plan Colombia y en general de toda esta actividad insurgente que se desarrolla en Colombia, se ha hecho mucho más difícil y hay mayores restricciones al ejercicio de la profesión de abogado.

Nosotros estamos dando una lucha muy intensa en el sentido de que el gobierno colombiano, el estado colombiano, que es signatario de pactos y tratados internacionales de cara al cumplimiento, al principio de que los abogados no se nos puede vincular con las causas de aquellas personas que defendemos.

Pero es indudable que en el último tiempo particularmente en relación con abogados defensores de presos políticos y organizaciones que dedican parte de su actividad a la defensa de presos políticos, se ha visto un incremento de la persecución como de un movimiento que señala, no solamente significa la eliminación física de importantes y destacados juristas que en el pasado dedicaron su esfuerzo y su actividad a la defensa de presos políticos, sino que se trata también de la persecución a las organizaciones y desde luego una persecución hacia los abogados.

Entonces la persecución tiene como evidencia al día el que por un lado están las amenazas reiteradas de grupos paramilitares; estos grupos paramilitares lejos de haberse desmovilizado como falsamente lo señala el gobierno de Álvarez Uribe Vélez se han fortalecido en una serie de regiones, particularmente en las grandes ciudades, como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla...

esta presencia de los grupos paramilitares es mayor o igual que en el pasado y estas organizaciones delincuenciales con frecuencia, están amenazando a abogados defensores de presos políticos y abogados defensores o en general que realizan actividades en relación a la promoción y defensa de derechos humanos. Y en este sentido vienen siendo estigmatizadas las organizaciones de las cuales nosotros formamos parte de diversos ámbitos a los cuales representamos.

Pachakuti : Esas estigmatizaciones, señalamientos, provienen del propio presidente Uribe...

Miguel: Sí, lamentablemente es así, no solamente del presidente de la república. Tú sabes que hay toda una ofensiva presidencial muy grande en relación con la autonomía y la independencia del poder judicial en Colombia.

Hay un enfrentamiento inconcebible por parte del poder ejecutivo en Colombia, contra la autonomía y la independencia de los jueces, particularmente el desarrollo y de la investigación y enjuiciamiento que viene realizando la Corte Suprema de Justicia, por el llamado caso de la Para- política. Eso va en contradicción de la vía de un ejercicio correcto, de unos juicios justos en Colombia por esas presiones indebidas.

No solamente somos los abogados defensores de presos políticos y de derechos humanos los que somos golpeados y amenazados, sino que hay una actitud del poder ejecutivo en relación con la autonomía y la independencia del poder jurisdiccional en Colombia.

Para contarte un solo caso, decir de que se han completado casi 30 días del paro asonal-judicial, que es la organización que agrupa a fiscales, jueces y funcionarios del poder judicial en Colombia. La reivindicación es esencialmente de carácter económico que tiene que ver con sus salarios, con las condiciones en que se realiza la actividad de jueces y de fiscales.

En ese sentido el hecho de que hayan pasado 30 días y el gobierno no quiera dar una solución a estas justas peticiones y aspiraciones de los jueces y de los funcionarios judiciales indica, hasta dónde hay unas acciones indebidas y no se garantiza que en Colombia se desarrollen juicios justos y que haya un rápido y eficaz funcionamiento del poder judicial en Colombia.

Pachakuti : Uno de los datos recientes es la cantidad de presos y presas políticos en Colombia: se hablaba de la cifra de 7200. De los cuales aproximadamente 5000 no tendrían nada que ver con la insurgencia y el resto se declararía, como tales, como insurgentes. Sin embargo las leyes, las actividades judiciales ¿los meten a todos en el mismo saco o hay posibilidades de separar bastante unos de otros, los civiles, de los insurgentes?

Miguel: Lamentablemente el caso colombiano lo que ha venido dando en el último tiempo es de las llamadas detenciones masivas. Estas detenciones masivas en muchas ocasiones se dan con violación de garantías y de principios constitucionales.

Algunas detenciones producidas en el marco de estos procesos por ejemplo, se realizan sin previa orden judicial. Son desarrolladas estas detenciones a gente del estado que no tienen funciones de policía judicial. El caso del ejército, son procesos que para involucrar a un grupo muy grande de dirigentes sociales, de activistas sindicales, de líderes campesinos, de líderes indígenas, de líderes estudiantiles...

son procesos que además funcionan con la vieja ley y no en aplicación de una reforma que hizo justicia de los juicios orales del viejo sistema anterior. Estos procesos duran meses y años en resolverse, con la circunstancia de que las personas en todos los casos, son privados de la libertad, es decir, que sufren unas sanciones injustas o privaciones injustas de libertad.

Como tú bien dices es generalmente lo que se quiere por esta vía, criminalizar la protesta social en Colombia.

Es correcto señalar que esa cifra estimativa que se señala en relación con personas que son vinculadas a juicios por rebelión, sedición... que son las tres figuras del delito político en Colombia o delitos conexos a este.

Generalmente se quiere confundir señalando que son miembros de la insurgencia, que son personas funcionales a las actividades que realizan las organizaciones insurgentes. De esa manera quieren producir una mezcla interior de los procesos penales que hacen mucho más difícil la tarea de la defensa de ciudadanos que para nada tienen que ver precisamente en ser levantados en armas.

No son propiamente personas que se hayan vinculado a esas actividades sino que son ciudadanos, regiones muy específicas, en las llamadas regiones rojas o zonas que han sido estigmatizadas por el ejército y el estado. A estas personas son las que se desvincula a las detenciones masivas y son en la mayoría de los casos, como se ha indicado, líderes populares, líderes comunitarios, de derechos humanos… gente que desarrolla una actividad muy importante con las comunidades, allí donde las comunidades sufren estigmatización.

Pachakuti: Se está hablando ahora en varios lugares de Colombia lo que allí llaman las audiencias en relación con la Ley de Justicia y Paz de desmovilización de los paramilitares. ¿Cual es la capacidad de defensa que tienen las víctimas de estos paramilitares que están confesando sus crímenes para adherirse a esa ley?

Miguel: Lo primero que hay que indicar es que la Ley de Justicia y Paz, no es una ley que efectivamente contemple los mínimos, los estándares internacionales en relación con procesos de verdad, justicia y reparación.

Esa es una ley infame que intenta colocar penas irrisorias a los paramilitares e individuos como la iguana que han cometido, ellos mismos han reconocido que han participado en más de 1500 o 2000 homicidios, y recibirían como pena máxima por esos delitos execrables ocho años de prisión y le van a computar la prisión todo este tiempo que han estado "negociando" con el estado.

Estos procesos en ese sentido tienen esa característica, los procesos de justicia y paz, que son una ley ajustada para lograr la absoluta impunidad en relación con crímenes de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra.

Estas llamadas audiencias donde los paramilitares confiesan la labor de las víctimas es más que nominal, es prácticamente que un remedo también de presencia en el aparato judicial, las víctimas en ese sentido no tienen ningún tipo de acompañamiento. Estas audiencias que se realizan con estos paramilitares, son ellos los que determinan el ritmo de las mismas audiencias y las víctimas están prácticamente al margen y hay varias organizaciones que han señalado incluso el inconveniente de participar en ese remedo de justicia en tanto que se podría estar con esa actitud legalizando y dando le un viso de legalidad a una acción de la justicia que es lo más injusto y sobre todo que contiene altísimos niveles de impunidad.

Se sabe que hay instrumentos internacionales y en la práctica en esos procesos lo que va haber es una negación de la justicia a las víctimas, porque no se logra tener los mínimos en relación con la verdad de lo allí sucedido. Estos paramilitares lo confiesan todo agota a gota, y ahora se ha producido el caso aberrante en que los principales responsables del genocidio de de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de guerra, han sido extraditados y entonces de esa manera se van a colocar todavía en un mayor manto de impunidad, de silencio en relación con la masacre y todo el dolor que han producido en todos estos años como producto de la práctica en Colombia de un terrorismo de estado tanto que está demostrado que desde el estado y el propio estado en este momento ha posibilitado el desarrollo y el establecimiento de grupos paramilitares en Colombia.

Pachakuti: ¿Sería una excepción a esta norma que estás explicando la detención de generales como del Río?

Miguel: Lo del caso de Rito Alejo del Río es tan evidente, es decir, hay tantas pruebas que culpan a esta persona… Los propios paramilitares y los jefes más importantes , sí se les puede llamar importantes , paramilitares, jefes con un alto rango en diversas audiencias, han señalado a del Río que encabezaba, dirigía, prestaba toda la ayuda logística para qué se perpetrara la masacre, que incluso organismos de los Estados Unidos, entidades de los Estados Unidos, han tenido que conocer la participación de este general y otros altos oficiales del ejército en esas masacres ,

y se hace su detención precisamente en el marco de una visita del fiscal de la Corte Penal Internacional , es ya no producir la detención de esta persona y la nueva vinculación a un proceso, sería ya una desfachatez porque resulta evidente, cierto y probado que este hombre ejerció una actividad mancomunada con los paramilitares y es uno de los grandes autores intelectuales del horror y de las masacres en Colombia donde se han producido en el último tiempo.

Pachakuti: Desde este punto de vista jurídico y también ético, el papel de la Unión Europea respecto a esta ley y a este proceso dirigido por el presidente Uribe. ¿Tienes una opinión al respecto?

Miguel: Si, uno a veces siente como vergüenza y desazón e indignación de que varios países de la Unión Europea conocedores de toda esta circunstancia, no ejerzan una acción más decidida en relación y la necesidad que hay en relación con el tema del terrorismo de estado en Colombia y llevadas a las últimas la investigación en relación a todo este genocidio, con la unidad patriótica, toda esta acción contra los sindicalistas y en general todo este horror contra el pueblo.

Muchos países de la unión europea son permisivos a la política de Uribe.

En concreto toda esta política que está desarrollando el gobierno del PSOE. El gobierno de Zapatero que cierra los ojos, tiene una venda y antes que asumir una actitud que indique un acompañamiento a las víctimas y una actitud positiva en función del esclarecimiento de los hechos, se abre por la puerta de atrás de la cooperación y de la ayuda militar.

España es un principal proveedor de armas al estado y al ejército colombiano. Ahora quieren vincular a un número determinado, parece cien oficiales y suboficiales del ejército colombiano a esta continuidad de tropas españolas en Afganistán ..y entonces esta circunstancia es abrirle la puerta de atrás a ese gobierno en relación con la OTAN y legalizar una circunstancia que es muy dolorosa para el pueblo colombiano y es que su ejército desarrolla labores contra insurgentes y las labores contra-insurgentes significan una sistemática violación de derechos humanos y de garantías constitucionales y de instrumentos en relación con los derechos humanos.

Pachakuti: En ese mismo sentido la detención en territorio español de una activista como Remedios ¿significa también una connivencia de las autoridades españolas con las autoridades colombianas?

Miguel: Yo creo que es parte de lo que venimos señalando. El gobierno de Uribe frente a las denuncias que la comunidad internacional y que las organizaciones colombianas con todo el esfuerzo que realizan, han lanzado toda una ofensiva internacional para intentar también criminalizar la solidaridad con nuestro país.

En ese marco se inscribe la detención y toda esa parafernalia creada con el juicio de Remedios García e igualmente se inscribe en un proceso de persecución contra otras organizaciones y otras personalidades que juegan un papel muy importante en el proceso de diálogo y negociación durante el gobierno del presidente Pastrana y por esa vía se quiere criminalizar y se quiere perseguir la labor de organizaciones europeas, ONGs, sindicatos, movimientos sociales... muy importantes en favor de la causa del pueblo colombiano, por el acuerdo humanitario ,por la solución política negociada.

Y lo que resulta no es paradójico, pero llama la atención que precisamente sea en España donde se realiza por solicitud y por presiones de la cancillería colombiana, de autoridades colombianas, este juicio que no se sabe finalmente en que va a concluir porque todo indica que son montajes y pruebas obtenidas, pruebas ilícitas todo producto de la violación de la soberanía de un país, producto también de la violación de normas internacionales.

El gobierno colombiano violó la soberanía ecuatoriana, violó un pacto de cooperación internacional.

Allí se produjeron en el marco de esa acción ejecuciones extrajudiciales, allí hubo gente que quedó viva y que los fueron ejecutando uno a uno con tiros de gracia y entonces en el marco de toda esta manipulación que ha habido con información de unos reales y supuestos computadores entonces quieren de esa manera vincular a procesos espurios a una serie de personalidades, organizaciones y miembros de organizaciones que en el marco de la Unión Europea desarrolla un trabajo muy importante y significativo de solidaridad con el pueblo colombiano y con sus organizaciones.

Pachakuti : En la parte latinoamericana como que ha jugado un papel muy importante y activo Venezuela. Su gobierno es posible que en los últimos tiempos haya bajado de nivel en ese sentido, de intermediario para la paz en Colombia ..¿existen esperanzas en el pueblo colombiano y en el campo jurídico de que Venezuela pueda seguir en un papel central?

Miguel: Si, los países vecinos y hermanos nuestros, en el caso de Ecuador, en el caso de Venezuela... estos países, estos gobiernos han jugado un papel fundamental y trascendental.

Nadie podría poner la forma a como el presidente Hugo Chávez en un momento determinado jugo a favor del intercambio humanitario y en crear unas condiciones y materializar unas condiciones para que se propicie un diálogo entre el estado y la insurgencia, entre el estado colombiano y las organizaciones de la insurgencia.

Lamentablemente este proceso tiene desde luego unos avances y unos retrocesos. De por medio está el tema de las relaciones diplomáticas y las relaciones económicas entre los dos países.

El gobierno colombiano en este caso juega una punta de lanza contra los procesos tan importantes de cambio, de transformaciones, procesos de independencia que se vienen desarrollando en los países vecinos incluido desde luego el caso de Brasil y entonces toda esta geopolítica creo que también en un momento determinado está contando y está jugando en relación con el tema propiamente de la solución política y la solución a nuestro conflicto armado y social interno.

Uno no hace otra cosa que ser optimista en función de que estos gobiernos progresistas, que estos gobiernos avanzados de la región que tienen una sensibilidad en relación con estos temas, van a retomar la necesidad de su vinculación y de un mayor protagonismo en función de las tareas esenciales que tenemos los colombianos de luchar por una paz democrática, por una paz con justicia social y una paz que permita superar las causas estructurales, económicas y sociales que han generado este conflicto desde hace ya cinco décadas.

Pachakuti: En ese mismo camino de construir la paz en Colombia.. la Fundación Premios Príncipe de Asturias es una fundación privada pero que tiene un aporte de dinero público. ¿Estarías de acuerdo con la designación de uno de sus premios a la Sra. Betancourt o tendrías otra candidatura que aportar?

Miguel: Yo no tendría nada en contra de que la Sra. Betancourt haya sido nominada a ese o a otros reconocimientos. El problema es que en este caso particular los medios de comunicación y los intereses de la geopolítica tanto de Francia, como de otros países de la Unión Europea, han creado de una o de otra manera un artificio en relación con este tema.

Hay un grupo muy importante de activistas sociales, defensores de derechos humanos, personalidades en Colombia que tienen igual o más méritos que la Sra. Betancourt para recibir un premio determinado que sea en reconocimiento de pueblos y de estados a la labor que ellos realizan en función de la paz en Colombia.

Desde luego que hay un abanico muy amplio e importante de personalidades y de organizaciones que bien vendría su reconocimiento a través de que se pueda manifestar y se pueda expresar que esta gente se la juega todos los días.

Hay dirigentes indígenas muy destacados, hay mujeres que se juegan día a día su vida en función de construir una patria distinta, de construir una patria nueva.

El movimiento sindical es un movimiento que en particular ha sido sumamente perseguido en los últimos años. Más de 2500 dirigentes sindicales y activistas han sido asesinados.

Desde ese punto de vista desde luego que hay personalidades de ese mundo sindical y del mundo de la mujer, jóvenes estudiantes que sufren la represión y la persecución de grupos paramilitares.

Es la parte de nuestro conflicto que es silenciada, no se realiza toda esa campaña mediática y esas reales víctimas del proceso están absolutamente desconocidas y silenciadas, y entonces desde ese punto de vista parece que la limitación que tiene el reconocimiento a través de estos premios de estas personalidades significa eso, que hay una gran manipulación del mundo mediático en que se muestra solamente una cara del conflicto, una parte del dolor, pero se desconoce por entero el dolor de muchos seres humanos y de muchas personas que en el día a día y que durante muchos años han sido víctimas de la persecución y la violencia.

Pachakuti: Muchas gracias por regalarnos esta conversación y por seguir trabajando en la defensa de los derechos de las personas en Colombia

Miguel: A ti, muchas gracias