Campañas / Paramilitarismo

El régimen de Uribe: Una democracia totalitaria.

Por Manuel Vega

Democracia totalitaria. Si alguien nos pidiera caracterizar el régimen político vigente hoy en Colombia habría que echar mano de esta categoría, a primera vista ambigua, pero absolutamente posible si observamos nuestra realidad. En efecto, el corte autoritario de la presidencia de Álvaro Uribe, la militarización y el carácter policivo que ha adquirido la vida cotidiana, el proceso de derechización que vive la sociedad y el auge del paramilitarismo -todos rasgos indiscutibles de un proyecto totalitario- se desenvuelven en el marco de la aparente permanencia de instituciones democráticas como el congreso, y principios tales como la división de poderes o el ejercicio de libertades.

Esta relación entre totalitarismo y democracia esta planteada tanto en el discurso institucional como en el de amplios sectores de las elites del modo: un fuerte ejercicio de control y de autoridad es una garantía para la defensa de la democracia. La política de Seguridad Democrática del gobierno Uribe expresa claramente el asunto: “El objetivo general de la Política de Defensa y Seguridad Democrática es reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común.” . La realidad de los campos y ciudades nos ayuda a redefinir dicha política: Autoridad paramilitar y del narcotráfico, instituciones dominadas por la corrupción e inoperantes, imperio de la impunidad, eliminación de la ciudadanía, desaparición del bien común.

No obstante la ambigüedad es solo apariencia. Si analizamos los elementos que configuran el momento político actual descubriremos como el esfuerzo totalitario en defensa de la democracia termina comprometiendo radicalmente a esta ultima. En el fondo, en los sustratos, en los resquicios de lo social encontramos un borramiento de la democracia real con la permanencia formal de algunas de sus instituciones. En la superficie la imagen engañosa de un “fortalecimiento de la democracia” por la vía del afianzamiento de ciertas instituciones (sobre todo la fuerza publica) y del poder ejecutivo.

Pensemos por ejemplo en los orígenes políticos de Uribe, en sus aliados y en la forma como ha llegado al poder. Mucho se ha dicho sobre la relación del presidente y su familia con los paramilitares y el narcotráfico. Su padre, Jorge Alberto Uribe Sierra, vinculado al Cartel de Medellín, y muy amigo de Pablo Escobar Gaviria. Su hermano Santiago Uribe Vélez, coordinaba las acciones del grupo denominado “Los Doce apóstoles”, desde 1994 o antes, y durante sus acciones permanecía en el carro, con una ametralladora Ingram y pendiente de los reportes que recibía por radio. Mantenía estrechos vínculos con Pablo Escobar Gaviria. El grupo paramilitar tiene en su haber 50 asesinatos en Antioquia cometidos entre 1993 y 1.994, además de otros que no se saben.

En esta dirección, también son contundentes las recientes denuncias del senador Gustavo Petro del Polo Democrático (partido de oposición al gobierno) sobre una fotografía del hermano de Uribe, Santiago, junto a reconocidos narcotraficantes de Antioquia. La cercanía de Uribe a algunos de estos personajes es algo que se insinúa todo el tiempo pero que no ha sido posible denunciar abiertamente, por el miedo que domina los colombianos.

De igual modo, se ha hecho mención sobre el papel que jugo en el pasado Uribe en la creación de las convivir, embriones del paramilitarismo actual (hecho confirmado al menos en 5 casos), e incluso sobre como aparece su nombre en un informe desclasificado de la CIA en el cual, era vinculado con el narcotráfico y el paramilitarismo. La noticia fue publicada por Los Ángeles Times, 8/2/04. por T. Christian Miller, Times Staff Writer y decía:

WASHINGTON: “Colombian President Alvaro Uribe, one of the Bush administration's most steadfast allies in South America, was allegedly a "close personal friend" of slain drug lord Pablo Escobar and worked for his Medellin cartel, according to a newly released U.S. military intelligence report. The 1991 report by the Defense Intelligence Agency describes Uribe, then a rising star in Colombian politics, as "dedicated to collaboration" with the Medellin cartel, at the time the world's richest criminal organization and the source of most of the cocaine imported into the U.S. The memo devotes a single paragraph to Uribe and his alleged narcotics involvement, listing him 82nd among 104 of the "more important Colombian narco-traffickers."

La entrada a la escena política de Uribe esta apalancada por estos hechos. La democracia colombiana se desdibuja en estas complejas relaciones entre clase política, sistema político, paramilitarismo y narcotráfico.

Su llegada al poder también permite cuestionar algunas de nuestras instituciones democráticas. Uribe es financiado por reconocidos sectores paramilitares y del mundo de las apuestas; como Enilce López, mas conocida como la Gata (detenida en la actualidad); y apoyado claramente por sectores del paramilitarismo que incidieron por la fuerza en la votación de muchos ciudadanos sobre todo en regiones como la costa atlántica. Como describió la Revista Semana:

“Enilce López es hoy un nombre conocido por la mayoría de los colombianos, gracias a dos hechos que acapararon la atención del país: su detención el jueves pasado, por la Fiscalía, acusada de lavado de activos, y el sorpresivo anuncio del presidente Álvaro Uribe, quien reconoció haber recibido dineros de 'La Gata' en su campaña de 2002.”

A ello hay que sumar un escándalo (resaltado por los medios de comunicación, sobre un fraude electoral en esta misma región que favoreció la elección de Uribe en su primer mandato. Las elecciones de 2002 evidencian claramente un escenario democrático viciado por el fraude, la presión armada del paramilitarismo y la financiación por parte de mafias y sectores económicos ilegales.

Ya en el poder, Uribe nombra un sequito de personajes bastante cuestionado, como su consejero José Obdulio Gaviria. Al tiempo, profundiza de manera autoritaria, la aplicación del modelo liberal, por la vía de la privatización de lo público y el avance de iniciativas nocivas para el país como el Tratado de Libre Comercio. Pese a la oposición de amplios sectores de la sociedad estos procesos avanzan inexorablemente. Además, inicia un conjunto de reformas constitucionales dirigidas a limitar la función de contrapeso que supone la existencia de la corte constitucional frente el ejecutivo y el legislativo. Algo similar intenta hacer con herramientas como la acción de tutela, la cual amplio el ejercicio de ciudadanía a partir de la constitución del 91. A cambio, presenta una propuesta de reelección dirigida al el fortalecimiento y la concentración de poder en el ejecutivo, y en efecto logra no solo la reforma constitucional sino la reelección.

Los comicios de 2006, al igual que en 2002, se ven ensombrecidos por diversas denuncias sobre la injerencia de los grupos paramilitares en la opción de voto de la población, así como por falta de garantías para otros candidatos, como lo expresan para la revista semana de abril 11 de 2006: Horacio Serpa, candidato del Partido Liberal:

“Voy a seguir en la lucha. Lo que deben hacer el presidente Álvaro Uribe y el vicepresidente Francisco Santos es renunciar al Gobierno y asumir las candidaturas por fuera de él. La legitimidad del Gobierno está en duda. Es difícil aceptar que las elecciones presidenciales en curso, tengan carácter democrático”.

Carlos Gaviria Díaz, candidato del Polo Democrático Alternativo (PDA):

“En caso de que estas imputaciones llegaran a ser probadas, estaríamos ante un gobierno deslegitimado por un fraude electoral. En ese momento tendríamos que preguntarnos si un sistema democrático puede reelegir a un gobernante en estas circunstancias”.

Antanas Mockus, candidato de la Alianza Social Indígena:

“Es un síntoma preocupante. Uribe fue cofundador de las Convivir y amigo de la solución parecida a la paramilitar. Si esto hubiera ocurrido con las Farc, ya el Presidente estaría por fuera. Las explicaciones de Uribe no son satisfactorias. Le preocupa más su imagen. Uribe es el responsable de los nombramientos en el DAS”.

Y Álvaro Leyva, candidato del Movimiento Nacional

“En las actuales circunstancias es difícil aceptar que las elecciones presidenciales en curso tengan carácter democrático. Por lo tanto, el presidente Uribe debe renunciar a su aspiración presidencial y dejar su cargo y permitir que Francisco Santos asuma la Presidencia”. 

Además había amenazas a la oposición por parte de los paramilitares. Como lo expresa Amnistía Internacional:

La organización de derechos humanos llama la atención hacia casos recientes de ataques, amenazas e intimidación. Los presuntos intentos por parte tanto de los paramilitares como de las fuerzas de guerrilla de influir en el proceso electoral han dado lugar a una campaña de intimidación que, en algunos casos, se ha saldado incluso con homicidios.

Finalmente, y en el marco de unas elecciones poco democráticas, como lo manifestó Serpa, Uribe vuelve a Palacio. A su turno, la elección del actual congreso estaría marcada por tres hechos significativos. De una parte, la declinación de candidaturas de algunos miembros de partidos diferentes al uribismo, ante amenazas, asesinato y presiones del paramilitarismo. En segundo lugar, la creación de una coalición uribista que aspiraba a hegemonizar el poder ejecutivo y el legislativo. Finalmente, un posterior escándalo en el que un número importante de congresistas uribistas aparecen vinculados al paramilitarismo (efectivamente muchos de ellos se encuentran detenidos o son procesados actualmente por tal motivo). Seis congresistas fueron expulsados de las listas del Partido de la U y de Cambio Radical tras confirmarse que se reunieron con el jefe paramilitar de la Costa Atlántica alias Jorge 40. Los senadores Dieb Maloof, Habib Merheg y Luis Eduardo Vives salieron del Partido de la U, mientras de Cambio Radical fueron expulsados el representante Jorge Caballero y el senador Jorge Castro. Todos ellos han pasado a manos de la justicia.

El 28 de Marzo de 2007, aparecieron nuevos congresistas sindicados de haber firmado el acuerdo de Ralito con paramilitares. Uno de ellos, el ex congresista Jorge Luís Feris, aseguro que la reunión en la que se pactó el ‘acuerdo de Ralito’ contó con el aval del gobierno Pastrana. Entre los sindicados están Miguel de la Espriella, Juan Manuel López Cabrales, William Montes y Reginaldo Montes; el representante José de los Santos Negrete; el ex representante Jorge Luís Feris Chadid y el ex alcalde de San Onofre, Sabas Balseiro.

Al mismo tiempo, una parte importante de la clase política en el poder comienza a ser investigada por sus relaciones con el paramilitarismo. La costa, Antioquia y el Casanare son casos emblemáticos. En el último de estos departamentos, seis alcaldes y un antiguo gobernador, el hoy congresista Oscar Wilches, están siendo investigados por nexos por el paramilitarismo. Carlos Guzmán, alias 'Salomón', quien fue jefe político de 'Martín Llanos' involucró al alcalde de Aguazul y al representante a la Cámara Óscar Wilches. La revista Semana público parte de la declaración que hizo Salomón ante la fiscalia:

Del primero dijo que no era necesario que firmara documentos, pues "pertenecía a la nómina", lo que el señalado niega, y del segundo dijo que buscó en varias oportunidades que la intimidación paramilitar le sirviera a su causa política. Los involucrados que firmaron aseguran que fue bajo presión. Por su parte, Wilches dice que sí asistió a una reunión con 'Llanos', pero que no hizo ningún acuerdo para compartir el poder.Un congreso mayoritarimente uribista, empañado por el paramilitarismo, espacios de gobierno locales y departamentales paramilitarizados y una presidencia de la Republica que concentra el poder, con serios indicios de relaciones con estos grupos, son hechos que cuestionan seriamente la viabilidad de una democracia. En efecto, Colombia vive una separación de poderes formal pero no real, pues el lazo del paramilitarismo y del uribismo se apodera de todo, del congreso, de las cortes, del ejecutivo…

Es preciso mencionar que el gobierno Uribe incurre rápidamente en la corrupción, justamente uno de los elementos que se intento combatir retóricamente durante sus primeros años en el poder. Un gran escándalo comprometió a Uribe y parte de su gabinete debido al nombramiento en el INCODER de Luís Ortiz López, según afirmo el diario El Tiempo:

“Las irregularidades en la adjudicación de terrenos de extinción de dominio y reforma agraria en el Meta, que presionaron la salida del gerente del Incoder, Luis Ortiz, irían más allá de la entrega de predios a falsos desplazados y personas con antecedentes. EL TIEMPO estableció ayer que entre los nombres de los supuestos beneficiarios aparece Jorge Eleazar Moreno, nombre que coincide con el de pila de un comandante paramilitar del bloque Héroes del Llano, identificado con el alias de ‘Jaime’, que comanda Manuel de Jesús Pirabán, ‘Pirata’, que este martes se desmoviliza en la zona rural de Casibare, jurisdicción de Puerto Lleras (Meta). Lo extraño de esta adjudicación es que dicho grupo no tiene influencia militar sobre el área de Puerto López (donde están las tierras), sino las Autodefensas de Casanare.”



Algo similar ocurrió con FINAGRO, cuyo director, Roger Taboada fue nombrado por el gobierno Uribe:

“El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) terminó avalando créditos irregulares por 25.000 millones de pesos tramitados por Luis Enrique 'Micky' Ramírez, hombre relacionado con el mundo del narcotráfico en la década de los 80 y quien ayudó a cazar a Pablo Escobar; luego preso por supuesta conformación de grupos ilegales y hoy detenido por lavado de activos. Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación y de la Dirección Central de Policía Judicial (Dijín), la empresa Agrolife, de propiedad de Ramírez, consiguió que 855 supuestos ganaderos recibieran, cada uno, préstamos irregulares por 29 millones de pesos. La firma logró que el Fondo Ganadero del Caquetá los certificara y que Finagro respaldara los créditos solicitados con documentos adulterados, que hoy están en poder de la Fiscalía dentro de un proceso por lavado de dinero. Los investigadores descubrieron que el dinero no se les entregaba a los ‘ganaderos’ –que en verdad eran testaferros de Ramírez– sino que se enviaba directamente a las cuentas de ‘Micky’.Por estos hechos, hace un mes fueron detenidos Ramírez y tres gerentes bancarios.”

Pero hablemos de otros aspectos: el sistema político, la militarización de la sociedad, el proceso de paramilitarizacion y la opinión pública. El debate político en Colombia ha estado signado en los últimos años por la intolerancia y el sectarismo. Todas las críticas que se hacen desde la oposición al gobierno son contestadas por este último de forma agresiva y siempre insinuando que aquel que no este con el uribismo es guerrillero, que la izquierda toda es sinónimo de guerrilla, e incluso que los sectores de oposición del liberalismo y algunos pocos del conservatismo simpatizan con la insurgencia. El caso de Rafael Pardo, de múltiples ONG que critican al Estado por su papel en la violación de los derechos humanos y de miembros de movimientos sociales estigmatizados por ser opositores completan el cuadro.

Así las cosas, uno puede afirmar que una democracia en la cual se produce una simplificación polarizante de los actores sociales y políticos entre buenos y malos, uribistas y guerrilleros, por parte de los sectores dominantes y el gobierno, es un remedo democrático. Una democracia en la cual se estigmatiza a la oposición como terroristas para evadir las críticas y los temas álgidos de un gobierno seriamente cuestionado por paramilitar y con pocos resultados en materia social no es una democracia.

Recuerdo por ejemplo que a congresistas como Gustavo Petro y Antonio Navarro exmiembros de la guerrilla del M-19, reacogidos a la vida civil en un proceso de negociación institucional, miembros de un partido político legal de oposición y con la investidura de congresistas alcanzada por la vía de la elección popular, son tachados de “guerrilleros de civil” cada vez que critican al gobierno. Hasta Piedad Córdoba y personajes como Carlos Gaviria, ex magistrado de la Corte y actualmente miembro del polo democrático, son tachados, por medio de insinuaciones, como simpatizantes de la guerrilla, solo por poner en cuestión el mandato de Uribe. Uno debe preguntarse entonces: ¿existe debate democrático y amplio en el sistema político colombiano? ¿es posible un ejercicio real de oposición política? ¿Dónde esta el respeto por la diferencia? Y a propósito del caso de Petro y Navarro, ¿para que pedirle a los miembros de las guerrillas de hoy que se desmovilicen si una vez insertos en la vida civil y en la política van a ser eternamente juzgados por su pasado, estigmatizados y deslegitimados?

Algo similar ocurre en el ámbito de la opinión pública. Uribe no solo se ha ausentado de algunos debates promovidos por los medios masivos de comunicación sobre temas espinosos de su gobierno, sino que ha arremetido contra aquellos que han juzgado su actuación o han hecho evidente su relación con el paramilitarismo. Incluso, el primer mandatario ha aislado a varios sectores periodísticos, como ocurrió con la prensa escrita hace poco cuando organizo una rueda de prensa para responder las acusaciones que hizo el senador Gustavo Petro en el debate sobre parapolitica llevado a cabo en el Congreso de la Republica. Según afirmaron algunos simpatizantes de Uribe, el primer mandatario no invito a los medios escritos pues se buscaba favorecer los medios directos como la televisión y la radio.

Sin embargo, la estrategia de Uribe es menos un intento por evitar que los medios lo malinterpreten o un modelo de democracia directa al estilo de Carlos Lleras, y mas, la restricción a la posibilidad de opinión propia de la prensa escrita. A Uribe le interesa que la gente escuche mecánica y directamente sus “verdades’, pero no que reflexione desde la opinión, desde la interpretación y contextualizacion que pueden brindar los medios frente a sus declaraciones. Eso de una parte, pero de otro lado, es bien sabido que los dueños de canales como RCN y CARACOL son simpatizantes de Uribe en diferentes proporciones. De este modo, gran parte de los escándalos de gobierno han sido manejados hábilmente hasta llevar al gran público a olvidarlos ante otras noticias relativas a la guerrilla, a la buena gestión económica o a la favorabilidad del presidente en encuestas fabricadas con ese propósito.

Además, las grandes masacres, los abusos actuales de la fuerza pública en el marco de la seguridad democrática, y otros escándalos que comprometen al gobierno con el paramilitarismo son noticias ignoradas intencionalmente. Estas realidades, ocultas, son el pan de cada día para quienes recorremos las regiones y los municipios del país, pero no para el gran publico. Allí uno se pregunta: ¿Cuál libertad de prensa? ¿Cuál opinión publica? Sin duda la libertad de expresión, la constitución de una esfera y de una opinión pública son elementos medulares en la construcción del mundo democrático moderno. Sin ellas se podría decir que a la democracia le falta una pata.

Ni que decir de las muertes, amenazas y desapariciones de cientos de periodistas críticos del paramilitarismo, del gobierno de Uribe y de la actuación de la fuerza publica en distintas regiones del país. Pero este es solo uno de los aspectos del carácter totalitario que ha adquirido la sociedad colombiana. El fenómeno paramilitar requiere particular atención.

El auge del paramilitarismo implico regiones completas dominadas a punta de terror y fuerza por estos grupos. Alcaldías, hospitales, el comercio, la vida cotidiana, la movilidad, todo ello fue presa del dominio de las autodefensas de derecha. Según declaraciones de paramilitares reinsertados como el polémico Salomón, en el Casanare “el 50% del presupuesto de los municipios, incluyendo los aportes por regalías, debían ser entregadas a estos grupos de ultraderecha.” Alias Salomón afirmo en indagatoria, refiriéndose a los accaldes: En un documento de 14 puntos se comprometieron a entregarles el 50 por ciento del presupuesto municipal, además de darles el 10 por ciento de toda la contratación y de garantizarles cuotas en altos cargos de la administración, entre otras cosas.” Varias fuentes dan cuenta de ello. Como afirma la revista Semana:

“Allí también sus habitantes han visto cómo la mayoría de las regalías petroleras -más de 500.000 millones de pesos al año- se despilfarran o simplemente desaparecen. Mientras tanto, parte de su clase política se acomoda al mejor postor armado con quienes llegaron a componendas de coadministración. Las evidencias de estas últimas son lo que ha puesto entre ojos de la Fiscalía a seis alcaldes de los municipios más ricos del departamento.”

Los recursos de la salud (la asignación de subsidios), de la educación, y gran parte de los dineros públicos cayeron en manos de estos grupos. ¿Que quedaba para el desarrollo de los municipios y el beneficio a los sectores mas necesitados? En efecto, por esta vía el paramilitarismo profundizo la desigualdad social y el atraso de regiones.

En el mismo departamento los paramilitares ejercieron reclutamientos forzosos (Tauramena, Aguazul, Monterrey y Vilanueva) a niños y jóvenes. Al tiempo se controlaban los horarios para caminar por la calle, el uso de cabello largo, entre otras cosas. Las autoridades estatales quedaron subsumidas en la autoridad paramilitar. En ese escenario de paramilitarismo y fragilidad institucional ¿Dónde quedaban las libertades individuales? ¿Cuál legitimidad institucional?.



Y ni que decir del régimen de terror que implantaron estos grupos, de los cuales se sabe con suficiencia, operaban en conjunción con el ejército e instituciones como el Departamento Administrativo de Seguridad DAS. En el caso del ejército un conjunto de archivos desclasificados de la CIA y numerosos trabajos de investigación han insistido en esta estrecha relación.. Aca citamos algunos documentos desclasificados de la CIA:

The CIA's Senior Executive Intelligence Brief for September 16, 1999 offered a similarly bleak assessment, finding that local military commanders "do not challenge paramilitary groups operating in their areas because they see the insurgents as the common foe.", The documents describe a firmly entrenched pattern of abuse in the Colombian military, less a specific policy than an institutional culture. A "cashiered" colonel from the Colombian army's notorious 17th Brigade confided to a U.S. military attaché that there was a "body count syndrome" among army forces that tended "to fuel human rights abuses by otherwise well-meaning soldiers trying to get their quota to impress superiors."

Allí se insiste además, en la colaboración de la fuerza publica con el paramilitarismo:

Cooperation with paramilitary groups was implied, according to the colonel. Abuses were tacitly condoned by the expectations of senior military leaders who sheltered themselves behind a wall of plausible deniability. Former Fourth Brigade commanders Harold Bedoya and Jorge Enrique Mora "looked the other way," he said, and "never allowed themselves to become directly involved in encouraging or supporting paramilitary activities.".

Otros documentos al respecto revelan:

There is a "body count syndrome" in the Colombian army's counterinsurgency strategy that "tends to fuel human rights abuses by otherwise well-meaning soldiers trying to get their quota to impress superiors," according to a recently-retired Colombian army colonel and reported in this Intelligence Information Report. This approach is in part responsible for commanders "allowing the paramilitaries to serve as proxies for the [Colombian army] in contributing to the guerrilla body count."

Se reconoce además el apoyo de paramilitares a la XVII Brigada en Urabá:

The 17th Brigade in Urabá had been cooperating with paramilitaries "for a number of years," according to the colonel, but it "had gotten much worse" under the command of Gen. Rito Alejo del Río Rojas, who was later indicted but ultimately acquitted of collusion with paramilitaries by the Prosecutor General's office in May 2003.

Otro documento titulado 1998 January 06Colombia: A Violent Backdrop. State Department, Bureau of Intelligence and Research, Intelligence Assessment, Confidential, 4 pp.. Source: State Department Appeals Panel declassification release under FOIA, July 11, 2002, refiere:

Colombia's conflict is at a "strategic stalemate," according to this State Department intelligence analysis. Persistently high levels of violence and human rights violations are likely to expand "in the face of military ineffectiveness." WHile the military's record may have improved on paper, in practice many Colombian military officers "turn a blind eye to paramilitary activities in their areas of responsibility." Frustration with the inability to effectively confront the guerrillas "has contributed to a jump in paramilitary violations,…decreased military aggressiveness in the field, and at least tacit support for paramilitaries, which liquidate suspected guerrillas and sympathizers without legal concerns."

El caso del DAS es emblemático, al punto que en la actualidad su exdirector, Jorge Noguera -nombrado para ese cargo por Uribe- esta siendo procesado por infiltración y relación con los paramilitares, sin mencionar su aparente participación en el asesinato en torturas y desapariciones de sindicalistas, como lo denuncian diversas publicaciones (entre ellas una de la coordinación Colombia Europa y otras ONG, basada en el testimonio de miembros del DAS y exparamilitares). En el artículo denominado Lista negra, publicado por la revista Semana se recogen las declaraciones de Rafael García, ex jefe de informática de esta institución:

Según García, funcionarios del DAS entregaron a los paras una lista de sindicalistas. Algunos han sido asesinados, y otros, amenazados de muerte. Otra de las denuncias del ex jefe de informática del DAS Rafael García, tiene que ver con una campaña de exterminio contra líderes sindicales que, según él, era ejecutada por paramilitares y algunos detectives del DAS. García le aportó a la Fiscalía una lista de 20 activistas de izquierda que figuraban en la subdirección de análisis del organismo de inteligencia. "Lo que hice fue anotar parte de los nombres, porque me llamó la atención que estuviera el nombre de la líder sindical Zullty Codina Pérez, que ya habían asesinado, y el de Correa de Andreis, que sería asesinado después".

En efecto, la revista SEMANA investigó los nombres y encontró que unos han sido asesinados, la mayoría están amenazados de muerte, y otros han sido detenidos. Por ejemplo, uno de los que figuran en la lista es Gilberto Martínez, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social en Colombia (Anthoc). Afirma el artículo:

Este le dijo a SEMANA que desde 2001 empezó a recibir amenazas de muerte, que se intensificaron desde 2003. "Desde ese momento hemos denunciado en múltiples lugares la confabulación del DAS con los paramilitares en el Atlántico para seguir, amenazar y asesinar a miembros de nuestro sindicato, denuncias que no han prosperado en la justicia, pero que hoy ratifica el señor García".

Pero las declaraciones de García fueron mas allá, poniendo en evidencia lo que se supone era “un plan de desestabilización contra el gobierno venezolano”. En una entrevista exclusiva con SEMANA el ex director de sistemas del DAS reveló cómo se fraguaron planes para asesinar a altos funcionarios del vecino país. García sostuvo que siendo funcionario del organismo de inteligencia del país, fue testigo del complot contra el presidente Hugo Chávez y en el que, según él, participó el entonces director del DAS Jorge Noguera. “Yo soy testigo de primera mano de las cosas que sucedieron”. También dijo conocer los planes que se fraguaron para asesinar a varios altos funcionarios venezolanos, entre quienes figuraba el primer mandatario venezolano. El régimen de Uribe trasciende la escena nacional. No solo se pone en crisis la democracia colombiana, sino que se compromete la estabilidad del gobierno revolucionario de Hugo Chávez, seguramente siguiendo órdenes desde Estados Unidos.

Pero volvamos a los paramilitares. Extorsión, chantaje, secuestros, asesinatos, descuartizamientos, violaciones, masacres, y todo tipo de violaciones a los derechos humanos configuraron parte del régimen de terror que obstaculizo cualquier posibilidad de ejercicio de ciudadanía y de libertad en muchas regiones del país. Ante ello unas instituciones sordas, invisibles, inoperantes y permisivas. Al respecto, resulta significativo el informe que días atrás público el diario El Tiempo. Muchos paramilitares fueron adiestrados para descuartizar vivas a las personas y sacarle las entrañas. Muchos campesinos fueron sometidos a torturas y vejámenes, desaparecidos o asesinados a manos de estos siniestros personajes. En la actualidad se calcula que existen entre 10.000 y 30.000 desaparecidos. El número de estos, así como de fosas comunes escondidas por los paramilitares sin duda, puede ser mayor. Justamente el sábado 5 de mayo de este año el diario El tiempo revelo el hallazgo de 105 cuerpos de victimas de los paramilitares en el Putumayo, ante lo cual el Fiscal General de la Nación, Mario Iguaran, anuncio que podrían llegara 3.000 el total de muertos en este departamento.

Pero solo en una democracia de papel estos hechos, propios de un totalitarismo al estilo fascista o nazi, pueden quedar en la impunidad. Y todo gracias a un proceso de negociación y una ley de justicia y paz para la desmovilización de los paramilitares promovida con ahínco por el gobierno Uribe. Dos elementos merecen ser destacados al respecto. En primer lugar, la desmovilización paramilitar no ha sido otra cosa que la posibilidad de incluir a sectores del paramilitarismo a la vida civil y a la política de manera legal. Muchos de estos personajes, sobre todo sus líderes –como sucedió con Mancuso-, se paseaban sin vergüenza por centros comerciales e instituciones de alto nivel con total impunidad, incluso, escoltados por la fuerza pública.

En segundo lugar, es claro que ellos no están interesados en devolver las tierras ni los bienes robados a campesinos y a ciudadanos. Hasta ahora ha sido mínimo el esfuerzo del gobierno en ese sentido. De igual modo, en los niveles locales estos grupos han seguido operando armados, asesinando a campesinos y lideres sociales, e incluso se han rearmado bajo nuevos nombres como “Águilas Negras”. En departamentos como Antioquia, Urabá, El Catatumbo, y otros hay suficientes evidencias sobe la existencia de estos grupos.

Además la ley de justicia y paz ha permitido la impunidad en cientos de crímenes atroces, al punto que, siendo evidente la culpa de paramilitares reconocidos, ellos siguen libres, o detenidos en cárceles llenas de lujos y de comodidades. Entre tanto los familiares de hombres mujeres y niños muertos siguen desplazados, sin apoyo institucional, sumidos en la pobreza y en el mas hondo dolor.

Aunque la relación paramilitarismo-narcotráfico es evidente, y Carlos Castaño lo reconoció públicamente en vida, Uribe no los va a extraditar. La permisividad del gobierno al respecto es comprensible: ¿Cómo extraditar a sus amigos, a sus financiadotes, a los que le ayudaron a llegar a la presidencia, incluso, a sus familiares?. Esta es entonces otra faceta de nuestra actual democracia. Ella esta sostenida y defendida sobre la base de la impunidad, de la corrupción de las instituciones, del asesinato, de la muerte de miles y el dolor de millones. Es una democracia fundada en la sangre de un pueblo, en el silencio y en el miedo, en la restricción de libertades, en las barbaries y las injusticias más aberrantes.

En materia de seguridad, el gobierno ha sostenido su propuesta de Seguridad democrática. El pie de fuerza ha aumentado en lo que a primera vista parece ser una estrategia contra insurgente de pacificación, fortalecimiento y defensa de la democracia. Al recorrer algunas regiones, el paisaje muestra una excesiva militarización y un despliegue en cada cabecera municipal de policía y otros organismos de seguridad. Sin embargo, la lucha contra las FARC y el ELN, las dos principales guerrillas del país, no ofrece resultados definitivos tras 5 años. Por el contrario, la fuerza publica se ha ensañado contra dirigentes sociales, lideres comunitarios y poblaciones históricamente estigmatizadas por vivir en zonas de influencia guerrillera.

Detenciones masivas y arbitrarias, atropellos, insultos, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales son el pan de cada día en muchas regiones. Detengámonos en este último elemento. En departamentos como Arauca y Casanare es posible documentar una disminución de las desapariciones a manos de los paramilitares y un incremento de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército nacional. En diversos hechos, campesinos inocentes son asesinados y luego, tras “disfrazarlos” post moterm con uniformes camuflados y poner armas en sus manos, son presentados como guerrilleros, engrosando las cifras de resultados de la lucha contrainsurgente.

De manera cobarde el ejército, tras torturar y realizar interrogatorios ilegales, ejecuta a niños, adultos y ancianos con tiros de gracia. Su imagen de valentía y entrega por la patria se funda entonces en la cobardía y el terrorismo de Estado. Tal es el caso de muertes como las de tres sindicalistas en Arauca en el 2004, la ejecución de Luís Guilermo Robayo Mora y Ruben Dario Avendano Mora, de 25 y 14 años respectivamente, llevado a cabo el 16 de Abril de este año en el municipio de Hato Corozal a manos del ejercito, o el vil asesinato de los ancianos Alirio Carrillo de 55 años y Jaime Elías Leal de 63 años a manos de la Brigada Móvil numero 5 el 20 de abril de este año - en el municipio de Tame en Arauca-.

Como lo relata la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra de Arauca, con estos hechos asciende a 13 el número de ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército colombiano en lo que va corrido del presente año.

La situación no es diferente en departamentos como Casanare o Boyacá. Allí, la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria COSPACC con el apoyo de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos FCSPP, ha denunciado cerca de 15 casos de ejecuciones extrajudiciales en lo que va corrido de este año. Dentro de ellas resalta la ejecución de los campesinos Daniel Torres Arciniegas de 38 años de edad y su hijo Roque Julio Torres Torres, de tan solo 16, el 16 de marzo. Según informo la brigada 16 del Ejército de Colombia estas dos personas habían sido dadas de baja en medio de un combate pues se trataba de guerrilleros. Según nos informaron los habitantes de la región y los familiares de las victimas, ni Daniel ni Roque Julio eran guerrilleros, tampoco murieron en un combate.

Según sus familiares, ambos tenían señales de maltrato, posiblemente tortura, y orificios de entrada de proyectil de arma de fuego en la región temporal del cráneo, es decir, habían recibido tiros de gracia. Los hechos, los testimonios de la comunidad, las evidencias de los cadáveres y el que Roque Julio hubiese sido testigo de una ejecución extrajudicial de otro campesino a manos del ejército colombiano, sugieren una clara violación a los derechos fundamentales, por parte de la fuerza publica.

Del mismo modo, de acuerdo a informaciones de los habitantes de la vereda Alto Cupiagua, en el municipio de Aguazul, departamento de Casanare, el día viernes 30 de marzo del año en curso, efectivos del Gaula adscritos a la decimosexta brigada del ejército nacional, detuvieron a Yefer Arnoldo Mora Sanabria de 21 años, William Martínez Suárez de 17 años y Gustavo Mora Sanabria de 16 años. Posteriormente se conoció que las personas detenidas habían sido reportadas por el Gaula como subversivos dados de baja en combate.

¿Como puede ser viable una democracia en la que de manera cobarde las fuerzas del orden asesinan campesinos inocentes?, y si en efecto se tratase de guerrilleros, caso que también se ha dado ¿lo apropiado no es someterlos a la justicia ordinaria?, ¿Cómo puede funcionar una democracia en la que las fuerzas militares, claramente vinculadas al paramilitarismo y al narcotráfico, o el GAULA o el DAS, se abrogan el derecho de juzgar y aplicar la pena de muerte a civiles inocentes y desarmados, si en la legislación colombiana no esta contemplada la pena de muerte? Y para terminar: ¿puede defenderse una democracia a costa de muertes viles y cobardes como las que hemos presentado mas atrás?

Muchos simpatizantes de Uribe y de este régimen totalitario afirman que gracias a la seguridad democrática ha mejorado la estabilidad económica del país atrayendo a los capitales extranjeros y a los inversionistas. Las cifras respaldan dichas afirmaciones, no obstante, hay que hacer varias consideraciones. En primer lugar, el precio de este ambiente seudo pacificado y democrático es la impunidad, la injusticia, el empobrecimiento, la muerte, la desaparición, la tortura y el dolor de miles de colombianos.

En segundo lugar dicha mejoría en la economía solo beneficia a los sectores más favorecidos. Por el contrario, para los campesinos y los mas pobres la entrada de nuevas transnacionales y el despliegue militar y paramilitar que se produce bajo la política de seguridad democrática y la lucha contrainsurgente, con el fin de proteger estas empresas, solo trae expoliación descarada de los recursos, daños ambientales, cambios demográficos, ruptura del tejido social, conflictos sociales, desplazamiento y un aumento notable de las violaciones a los derechos humanos como sucede en Arauca, Casanare y Boyacá, a causa del petróleo, o como ocurrió con la Chiquita Brands, empresa transnacional del banano que reconoció recientemente la financiación de grupos paramilitares.

Por ultimo, es preciso afirmar que el país no esta mejor que antes, no puede estarlo si atendemos a la falta de condiciones de bienestar de la población, pero además, si prestamos cuidado a la dimensión del horror paramilitar. Por cada victima masacrada, descuartizada o torturada, se afectan a decenas de personas de su familia y sus círculos cercanos. Este país esta afectado profundamente. Traumas, odios, imágenes imborrables de violencia, profundización de la injusticia, reinado de la impunidad, instalación de la derecha y el paramilitarismo en la vida social, miedo. Ello es más significativo que un PIB, y nunca quedara representado en algún tipo de estadística. Pero ante este escenario el papel de las instituciones es casi nulo o más bien, ellas contribuyen a empeorarlo por acción u omisión. ¿Es esta una democracia real o formal?

EPILOGO.

La democracia moderna esta cargada de tensiones constitutivas, que le son inherentes, podríamos decir. Una de ellas es la imposibilidad de realizar simultáneamente la igualdad y la libertad en la sociedad. A mas igualdad, menor libertad, a mayor libertad menor igualdad. Pues bien, en el régimen autoritario que vive Colombia hoy, esta tensión parece resolverse de manera singular: pocas libertades reales y mayor desigualdad. Sin la una ni la otra, no hay democracia.

Las cifras demuestran con contundencia esta situación: de cada diez sindicalistas asesinados en el mundo, 9 son asesinados en Colombia. En los primeros nueve meses del gobierno de Uribe, aumentaron las desapariciones forzadas en 40% y se produjeron 2.000 detenciones arbitrarias más, en comparación con el año anterior, 2001.

 

Entre 2002 y el 2004 fueron arrestadas 4.750 personas en su mayoría campesinos, acusados de ayudar a la guerrilla y fueron desaparecidas 7 personas por día. Los paramilitares mataron al menos 2.548 civiles, sin contar el numero de desaparecidos actual que oscila entre 10.000 y 30.000. Así, desde julio del año 2.000 hasta junio del 2006 se registraron 8.202 asesinatos por razones políticas. Para completar el cuadro, a 2006 había 3 millones y medio de desplazados.

 

En términos de la situación social, el desempleo es de un 24% es decir 3 millones de personas, afectando con más fuerza a jóvenes y mujeres. Sólo en el mes agosto del año 2.006 hubo 8.534 personas que perdieron el empleo y 29.800 subempleados por día, es decir que trabajan de 2 a 3 días por semana.

Ni igualdad, ni justicia, ni instituciones democráticas funcionales. En efecto, acá, diferente a lo que piensan aquellos que se escudan en el refinamiento de las ideas, no hay un exceso de democracia, por el contrario, hay cada vez menos. De este modo, aunque la categoría democracia totalitaria pueda ser inadecuada, pues es claro que gran parte de los atributos democráticos están borrados por un exceso de totalitarismo, la pervivencia de ciertas instituciones democráticas, al menos en su forma, vaciadas por dentro, como meros cascarones, nos permite usar el concepto.

¿Que hacer ante esta situación? En primer lugar hay que denunciar claramente este régimen. Los colombianos deben preguntarse si están dispuestos a cargar con el alto precio que supone pacificar la sociedad por la vía del proyecto de derecha y paramilitar de Uribe. Yo personalmente no lo estoy. En segundo lugar, hay que cerrar filas ante un régimen ilegitimo y con la movilización popular, como ha ocurrido en Ecuador, sacarlo del poder.

Pero no basta con destituir a Uribe. El problema es de fondo, es político, económico y esta instalado en los sustratos de lo social. Es preciso repensar la democracia colombiana, no tanto a la luz de abstracciones, de discursos o del rediseño de instituciones. Se trata mas bien de apostarle a la igualdad social a través de esfuerzos decididos de distribución de la riqueza, garantizando al tiempo ciertas libertades. La formula es una igualdad política llena de igualdad social. A su vez, una libertad individual que no vulnere el bien común.

Significa también una justicia efectiva, la superación de la impunidad, el retorno de una esfera pública y de una opinión sin cortapisas, el respeto a los derechos humanos, limites para la acción de la fuerza publica, verdad a las victimas y sin duda una reparación a aquellos que han sido afectados por este régimen actual de democracia totalitaria.



Presidente de la Junta directiva de la Corporación Social para la Asesoria y Capacitación Comunitaria. COS-PACC

Presidencia de la Republica Ministerio de Defensa Nacional, Efectividad de la Política de Defensa y Seguridad Democrática. Agosto 2002 - Enero 2004

En: http://www.caracol.com.co/noticias/182084.asp. Además, sus primos Germán y Jorge Iván Fernández Posada, primos por el lado materno, vinculados a investigaciones penales por paramilitarismo en 1999, al igual que Carlos Alberto, Juan Diego y Mario Vélez Ochoa, familia de Uribe y de los hermanos Ochoa, del Cartel de Medellín. Mario Uribe Escobar, primo, Senador, ponente del proyecto de ley de Justicia y Paz que otorga el perdón y el olvido a los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por los narcoparamilitares, ya aprobado, fue visto en la Exposición Nacional Equina en Pereira, en el palco de honor lo escoltaban: a su derecha, Juan Pablo Gaviria, administrador de bienes del recientemente extraditado Joaquín Mario Valencia, ’El Caballista’. Y a su izquierda, Hernando Mario Restrepo, viejo conocido y amigo del prófugo Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ’Chupeta’. William Vélez, otro primo, amigo personal de Pablo Escobar, compañero de fórmula de Mario Uribe, fue presidente de la Cámara de Representantes. Un video los muestra a William, Alberto Santofimio Botero y a Pablo Escobar, junto a Jairo Ortega, en Envigado; allí William Vélez como telonero del espectáculo lanza vivas al capo, al “Patrón” y lo ensalza con calificativos como “noble y brillante figura del Partido Liberal”.Jorge Alberto Uribe, otro primo, ex ministro de Defensa, fue desenmascarado por el Nuevo Herald de Miami, en publicación en la que aparece visitando conyugalmente a Dora Adriana Alzate en una cárcel de Medellín. Ella fue arrestada en el aeropuerto internacional “José María Córdoba” de Medellín el 1º de febrero del 2.003, cuando intentaba viajar a Miami, su lugar de residencia, por la posesión de 1.750 gramos de heroína. Ver tambien el articulo de Apolinar Diaz-Callejas publicado en: El Universal de Sincelejo 2005-03-31

Referencias de Joseph Contreras, en su libro “El señor de la Sombras” "Biografía no autorizada de Alvaro Uribe" En: Joseph Contreras & Fernando Garavito, Editorial Oveja Negra, Bogota, Colombia, 2002

Referencias de Joseph Contreras y Gustavo Petro.

Cito una de las noticias publicadas por diarios norteamericanos sobre el informe de la CIA: “Washington, D.C., 1 August 2004 - Then-Senator and now President Álvaro Uribe Vélez of Colombia was a "close personal friend of Pablo Escobar" who was "dedicated to collaboration with the Medellín [drug] cartel at high government levels," according to a HYPERLINK "http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/dia910923.pdf"1991 intelligence report from U.S. Defense Intelligence Agency (DIA) officials in Colombia. The document was posted today on the website of the National Security Archive, a non-governmental research group based at George Washington University. Uribe's inclusion on the list raises new questions about allegations that surfaced during Colombia's 2002 presidential campaign. The newly-declassified report, dated 23 September 1991, is a numbered list of "the more important Colombian narco-traffickers contracted by the Colombian narcotic cartels for security, transportation, distribution, collection and enforcement of narcotics operations." The document was released by DIA in May 2004 in response to a Freedom of Information Act request submitted by the Archive in August 2000… …The document notes that some of the information in the report was verified "via interfaces with other agencies."President Uribe -- now a key U.S. partner in the drug war -- "was linked to a business involved in narcotics activities in the United States" and "has worked for the Medellín cartel," the narcotics trafficking organization led by Escobar until he was killed by Colombian government forces in 1993. The report adds that Uribe participated in Escobar's parliamentary campaign and that as senator he had "attacked all forms of the extradition treaty" with the U.S. "Because both the source of the report and the reporting officer's comments section were not declassified, we cannot be sure how the DIA judged the accuracy of this information," said Michael Evans, director of the Archive's Colombia Documentation Project, "but we do know that intelligence officials believed the document was serious and important enough to pass on to analysts in Washington."

“Capturan a “La Gata” por lavado de activos”. En: Revista Semana, Febrero 9 de 2006. Según informo Semana, la Gata estaba fuertemente vinculada al paramilitar Salvatore Mancuso. Ver tambien el articulo de la Revista Cambio de ese mes: “La Gata saca las uñas.” En donde afirma: “Cuando eran candidatos para Presidente, si veía que eran buenos, les ayudaba con votos." Indagatoria, Enilce López

En: “Hay Gata encerrada”, Revista Semana, Edición 1441, 2006-02-11

“Cómo se hizo el fraude. La sofisticada estrategia de fraude electoral en la Costa que reveló el ex funcionario del DAS Rafael García fue verificada por SEMANA en varios departamentos.” En: Revista Semana 2006.

José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Escobar Gaviria, jefe del Cartel de Medellín, asesor presidencial de Uribe Vélez, estuvo estrechamente vinculado a Pablo Escobar y al Cartel de Medellín, se cuentan de él estas anécdotas: “...De acuerdo con Roberto (Escobar), José Obdulio (Gaviria) acompañaba a (Pablo) Escobar a reuniones nocturnas que organizaba el narcotraficante para repartir casas gratuitamente entre los pobres, en el desarrollo de la campaña ‘Medellín sin Tugurios’, que el jefe del cartel de Medellín financió. A esas reuniones, Escobar solía asistir ‘acompañado (...) de un primo que ya estaba metido en la política, llamado José Obdulio’, sostiene Roberto Escobar en la página 155 de su libro. Cuenta Roberto que un día José Obdulio, en calidad de mediador de paz, visitó en la cárcel de Itagüí a un grupo de guerrilleros. Allí se enteró de que su primo había negado el parentesco con Pablo Escobar cuando alguien le sugirió que, después de la reunión, pasara a saludar a Roberto, quien estaba en la misma prisión. ‘Enterado del asunto, esperé a que terminara la reunión de paz’, afirmó Roberto en su libro. ‘Cuando salían por un costado de mi celda, asomé la cabeza para gritarle a mi primo: «Oíste, José Obdulio, cuando subías a La Catedral (cárcel en la que Roberto y Pablo estuvieron presos con sus lugartenientes) a que mi hermano te diera plata, ahí sí eras primo, pero ya no». Y todos lo miraron con burla y cierta exclamación de sorpresa’. Roberto explica en su libro que José Obdulio ‘solía visitarnos en La Catedral y Pablo le regalaba 10 ó 15 millones de pesos para sus gastos personales y políticos en Medellín’ ”. Fuente: Felipe Zuleta, El Espectador, 05Jun 05”

De hecho, el conjunto de reformas realizadas durante los dos mandatos de Uribe han desfigurado los pocos aspectos democráticos que se extendieron gracias a la Constitución de 1991.

“Candidatos de oposición aseguran que denuncias ponen en duda la legitimidad en Gobierno.” En Semana. Además, la misma revista recoge otras declaraciones en ese sentido: “el liberalismo denunció que los jefes paras alias "Tolemaida" y Jorge 40 habrían dado la orden de no votar por los candidatos de ese partido en el sur de la Guajira. Y el presidente del Polo Democrático,  senador Samuel Moreno, enfatizó: “todo el mundo sabe de las amenazas, pero muy poca gente se atreve a denunciarlas: "La declaración de la ONU demuestra que no estamos quejándonos y que nuestros candidatos tienen problemas en muchas regiones. Pero vamos a seguir hasta donde nos sea posible", dijo  Moreno. "Ya todos sabíamos cómo iba a ser la campaña, lo importante es cuidarse mucho y no dejarse intimidar",  agregó Gustavo Petro, candidato al Senado por el mismo partido.”.

El documento: Colombia: Informar, hacer campaña y servir a la ciudadanía sin temor. Los derechos de periodistas, candidatos electorales y funcionarios electos, Índice AI: AMR 23/001/2006. de Amnistía Internacional da cuenta de ello.

En “Primeros expulsados de listas por relaciones con paras”. Semana, Edición numero 1237 de 2006-01-17. Esta revista había denunciado anteriormente la elección atípica de estos senadores. En el numero 1239 del 2006/01/20 de Semana un articulo revela la purga que se dio en el Uribismo por los vínculos de varios de sus políticos con el paramilitarismo.

“Continúa desfile de congresistas para rendir versión por ‘parapolítica’ en la Fiscalía y la Corte Suprema”. En: Semana, 03/28/2007.

Las autoridades tienen documentos de 2003 en los que los entonces candidatos -hoy alcaldes- de los municipios de Monterrey, Tauramena, Villanueva, Maní y Sabanalarga firmaron un acuerdo de esta clase con el grupo paramilitar de 'Martín Llanos'. En un documento de 14 puntos se comprometieron a entregarles el 50 por ciento del presupuesto municipal, además de darles el 10 por ciento de toda la contratación y de garantizarles cuotas en altos cargos de la administración, entre otras cosas.

“La vorágine. El escándalo por el control paramilitar llega al oriente del país. Las investigaciones en Casanare involucran inicialmente a un congresista, seis alcaldes y varios comandantes de Policía.” En Semana: 02/24/2007 Edición 1295

Ibid.

En: “El Presidente y dos ministros están detrás de los nombramientos de funcionarios cuestionados. Preguntas sobre lo que pasó en Incoder, la Superintendencia de Vigilancia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y Finagro.”. El Tiempo, abril 11 de 2006.

Ibid.

“Periodistas y Ong le piden a Uribe un lenguaje tolerante” Articulo por Glemis Mogollón Vergara

Medellín. Al igual que una investigación de las autoridades judiciales para descubrir y castigar a los autores de las recientes amenazas de muerte contra periodistas y defensores de derechos humanos, los afectados reclaman también un cambio de actitud del presidente Álvaro Uribe frente a quienes hacen oposición y piensan distinto a él.

En la edición numero 1238 de la revista Semana de 2006-01-19, el gobierno termina evidenciando la debilidad de las pruebas con las cuales acuso a Pardo de su relación con las FARC. El titular del articulo es muy diciente: “Chorro de babas. El gobierno reveló finalmente las pruebas contra el candidato presidencial Rafael Pardo: un chisme” en la misma edición otro articulo insistió en que “las pruebas contra Pardo no aparecen”

Incluso durante su campaña electoral el periodista Joseph Contreras intento realizar una entrevista a Uribe sobre sus vínculos con el paramilitarismo. La respuesta de Uribe fue evasiva, terminando abruptamente la entrevista. En: Newsweek Internacional, marzo 25 de 2002.

En la Editorial de El Tiempo del se hace una critica fuerte a la actitud de Uribe con los medios escritos.

El Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas (CESOFIP), la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunciaron: El 16 de mayo de 2005, los periodistas Carlos Lozano, Daniel Coronell y Hollman Morris fueron amenazados por desconocidos en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. A todos les llegó un ramo fúnebre lamentando su muerte y, en uno de los casos, la de su familia.

Varias fuentes dan cuenta de ello. Como afirma la revista Semana: “Allí también sus habitantes han visto cómo la mayoría de las regalías petroleras -más de 500.000 millones de pesos al año- se despilfarran o simplemente desaparecen. Mientras tanto, parte de su clase política se acomoda al mejor postor armado con quienes llegaron a componendas de coadministración. Las evidencias de estas últimas son lo que ha puesto entre ojos de la Fiscalía a seis alcaldes de los municipios más ricos del departamento.” En: La vorágine. “El escándalo por el control paramilitar llega al oriente del país. Las investigaciones en Casanare involucran inicialmente a un congresista, seis alcaldes y varios comandantes de Policía.” En Semana: 02/24/2007 Edición 1295

La vorágine. “El escándalo por el control paramilitar llega al oriente del país. Las investigaciones en Casanare involucran inicialmente a un congresista, seis alcaldes y varios comandantes de Policía.” En Semana: 02/24/2007 Edición 1295

Otros documentos enuncian: “In a brief summary for Ambassador Curtis Kamman, State Department officials Phil Chicola (Office of Andean Affairs) and Leslie Gerson (Bureau for Democracy, Human Rights and Labor) provide their "view of the military/paramilitary situation in Colombia." While much of the document has been excised, it is clear that they are concerned about "the appointment to key positions" of generals credibly accused of ties with paramilitaries, including generals Fernando Millán, Rito Alejo del Río, and Rafael Hernández López. "All indications," they conclude, "are that paramilitarism has continued to grow during the Pastrana administration." They add that the government has done little to confront paramilitaries, citing reports that "state security forces did not intervene during 19 separate attacks in which 143 civilians were killed over four days in January." EN: 1999 January 25. Official Informal for Ambassador Kamman from WHA/AND Director Chicola and DRL DAS Gerson. State Department cable, Confidential, 3 pp. Source: State Department Appeals Panel declassification release under FOIA, May 5, 2004. Por ultimo, un documento de 1999 dice: “This brief and heavily-censored analysis of Colombian guerrilla and paramilitary groups-U.S. military intelligence sources finds that Colombian security forces "have not actively persecuted paramilitary group members because they see them as allies in the fight against the guerrillas, their common enemy." En: 1999 February 23 FARC Guerrilla Commanders and Paramilitary Group Members Comment on Their Organizations and Activities. Defense Intelligence Agency, Intelligence Information Report, Secret, 4 pp.Source: Defense Intelligence Agency declassification release under FOIA, October 2002

CIA’s, Senior Executive Intelligence Brief for September 16, 1999

1997 December 24,Cashiered Colonel Talks Freely About the Army He Left Behind. Defense Intelligence Agency, Intelligence Information Report, Secret, 4 pp. Source: Defense Intelligence Agency declassification release under FOIA, June 2003.

Ibid.

De igual modo, Desde el 2001 otros dos líderes de Anthoc han sido asesinados y 40 más han sido amenazados de muerte. En la lista también figuraban sindicalistas de Sintragrícola. El presidente de este sindicato de campesinos, Saúl Colpas, fue asesinado en 2001, y quien lo reemplazó, Víctor Jiménez Fruto, se encuentra desaparecido desde 2003, cuando se dirigía a la CUT Barranquilla. Hay testigos que aseguran que otros tres miembros de este sindicato, los hermanos Fonseca, fueron secuestrados. Después sus cuerpos fueron encontrados descuartizados en una finca de Ponedera, Atlántico. Las investigaciones señalan a los paramilitares como autores.

Ver el informe especial sobre Historias de victimas y enterradores del Tiempo en: http://www.eltiempo.com/justicia/2007-05-05/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3544521.html

El Tiempo, Mayo 5 de 2007.

Al respecto señaló Human Rights Watch: “El Congreso debe modificar el proyecto de ley para que exija la confesión y una genuina desmovilización (Washington, 15 de junio de 2005) — El proyecto de ley para la desmovilización de los grupos paramilitares que el Congreso colombiano empezó a debatir esta tarde en plenarias, dejaría intactas las estructuras de estos grupos”. El mismo José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch afrimo: “Existe un riesgo real de que este proceso de desmovilización deje inalteradas las estructuras básicas de estos grupos violentos, intactos sus bienes ilegalmente adquiridos y sin castigo sus abusos. Como se está conduciendo actualmente, este proceso no justifica el apoyo de la comunidad internacional.”. finalmente, un informe del primero de agosto de 2005 de la misma organización expresa: “El proceso de desmovilización de Colombia está fortaleciendo el poder de los grupos paramilitares sin fomentar una paz verdadera…”.

En entrevista con la Revista Semana el Comandante R, Giovanni Marín, expresa claramente esta intención de los paramilitares: SEMANA: En ese orden de cosas, ¿hacia dónde van ustedes?, ¿van a crear un partido político? G. M.: Para allá vamos. Siempre hemos sabido desde el principio que en algún momento nos tocaría buscar un diálogo con el gobierno, para desde la legalidad continuar con nuestras ideas y ahora vamos en el camino hacia la creación de un movimiento político que le dé desarrollo práctico a una propuesta de capitalismo con sentido social. Uno de nuestros ejes fundamentales será el compromiso para involucrar a los demás actores en la necesidad de dejar las armas. En: Giovanni Marín, 'comandante R', máximo responsable político del Bloque Cacique Nutibara, de las AUC, habló con Armando Neira, de SEMANA sobre la desmovilización de los 800 paramilitares en Medellín. Edición: 1125, Fecha: 2003-11-22, Sección: Nación

Al respecto, la ONU afirma que las amenazas de las AUC continúan y hay más ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército.

En una nota del 31 de Octubre de 2006, el diario El Tiempo afirma: “Tras la desmovilización del bloque Catatumbo, apareció el grupo denominado las 'Águilas negras'. También forman parte de ellas personas que siendo integrantes de estas organizaciones jamás depusieron sus armas. Están dedicadas básicamente al crimen organizado. Las 'Águilas' nacieron hace dos años en Norte de Santander y hoy ocupan el espacio dejado por los 'paras', especialmente en ese departamento, Santander, Cesar, Caquetá y Antioquia.” En “Las 'Águilas negras', grupo conformado por desmovilizados de las autodefensas, ya azotan 5 regiones. El Tiempo, 31 de Octubre 2006.

Tomado de la Acción urgente hecha por la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra de Arauca en Saravena el 23 de Abril de 2007.

Acción urgente elevada por COS-PACC y la FCSPP.

Acción urgente elevada a Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la Republica; Francisco Santos, Vicepresidente de Colombia; Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo; Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos; Carlos Franco, Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario; Edgardo Jose Maya Villazòn, Procurador General de la Nación; Juan Pablo Cortazolli. Representante de la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos en Colombia de las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos, Francisco Galindo Vélez, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  ACNUR; Juan Pedro Schaerer del Comité Internacional de la Cruz Roja  - CICR y Amnistía Internacional

En: “Pagos a 'paras' hechos por Chiquita Brands serán investigados por Congreso de E.U.” El Tiempo, Mayo 2 de 2007