Concentración Solidaria celebrada en Xixón. 5 de marzo..
 
allí se dijo que...
 
El seis de marzo es el Día Mundial de las Víctimas de Crímenes de Estado y afirmamos que en el caso colombiano el despojo es otro crimen de Estado.

En Colombia las violaciones de los derechos humanos no cesan. Ayer en Suiza el informe “Somos Defensores” coincidía con las conclusiones y hallazgos de la séptima  visita asturiana, en presentar cifras alarmantes de amenazas, agresiones y ataques mortales por parte de grupos paramilitares –principalmente- contra sindicalistas y reclamantes de tierras.

Se confirma en ese informe que el gobierno colombiano  usa un "tono de ponderación política, conciliador e incluyente", al tiempo que se incrementa  la persecución a los dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos.

49 defensores, defensoras, líderes y lideresas sociales fueron asesinados y seis más fueron desaparecidos el año pasado. En promedio, cada semana es asesinado un defensor en Colombia, país donde no existe la pena de muerte, pero donde es una realidad la convivencia entre militares, narco-paramilitares y empresarios de sectores como el petróleo o la agroindustria de palma de aceite, ganadería extensiva, etc.

Y uno de los sectores más perseguidos y con mayor impunidad son los líderes campesinos, indígenas y negros, que lideran los procesos de restitución de tierras.

Un territorio equivalente a siete veces Asturias ha sido usurpado con violencia a los campesinos/as, pueblos indígenas y comunidades negras de Colombia. Medio centenar de personas que reclaman la devolución de sus propiedades han sido asesinadas, muchas más están amenazadas de muerte. Los usurpadores se niegan a devolver las tierras a las comunidades rurales y el gobierno les hace el juego mediante triquiñuelas jurídicas que “legalicen” esas ocupaciones violentas, ilegales.

Según el informe del Colectivo Luis Carlos Pérez, los paramilitares del bloque Catatumbo asesinaron sólo en una región de Colombia a por los menos 11.200 personas; desplazaron a más de 19.000 familias, entre 1998 y 2005, y cometieron 60 masacres. Los desaparecidos son 600, según 2.500 denuncias. Las víctimas pueden ser 114.000.

Semejante terror obligó a huir sólo en esa región a unas 40.000 personas, según Codhes. Las organizaciones populares quedaron destrozadas, las relaciones sociales, interrumpidas. La gente huía y la tierra quedaba expósita, sus precios se desplomaron. Las ventas y permutas se generalizaron. Los que gozaban del amparo paramilitar o de la fuerza pública hicieron fortuna. La composición de los sectores poseedores se fue transformando a fondo. Se preparó así el terreno para nuevos usos del suelo y nuevas formas de tenencia.

Las víctimas del despojo mediante el terror del estado son más de seis millones de personas que han tenido que desplazarse y dejarlo todo. Pero, a pesar de la persecución, se han organizado y constituido el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, que exige la restitución material de sus propiedades hoy en manos de latifundistas, mafiosos, empresarios criollos y empresas multinacionales, así como de políticos entroncados con el narcotráfico y los grupos paramilitares.

El pasado 15 de febrero, la Corporación Arco Iris denunció la conformación de un grupo paramilitar anti-restitución en varias zonas del país. Las amenazas se han incrementado, El 21 de febrero los paras afirmaron que "No nos temblará la mano para ajusticiar, como ya lo hemos hecho, a todos aquellos que se atrevan a promover actividades enfocadas en temas de restitución y derechos de supuestas víctimas". Una semana más tarde el grupo narco paramilitar Aguilas Negras amenazó a  quienes acompañan el proceso, incluidos el PNUD, ACNUR, Sisma y Codhes. Les exigen que "Dejen de joder con el tema de recuperación de tierras porque todo el que haga esta gestión va a ser asesinado por nosotros, por más protegidos que estén".

Esta acción social de exigir la devolución de las tierras usurpadas ha sido señalada por el gobierno como una tarea de la guerrilla, generando un contexto más peligroso aún, lo que llevó a que Amnistía Internacional pidiera al Gobierno colombiano seguridad para los reclamantes de tierras y para las organizaciones que se tomarán las calles mañana en nuestro país.

Este lunes 5 de marzo desde Asturias -y mañana en varias ciudades de Colombia y del  mundo- estamos exigiendo justicia y garantías para el retorno de millones de personas desplazadas a su sitio de origen.

Exigimos castigo a los responsables de convertir a Colombia en el país del mundo con más refugiados internos y exigimos una reforma agraria que acabe con el latifundio, la inequidad y la especulación con las tierras.

 Dijo Héctor Mondragón,  experto en temas de tierras y militante de la reforma agraria: “Estoy desde luego herido por las huellas de la tortura que sufrí  en 1977 y también por 20 años de estar amenazado de muerte y perseguido por los sicarios. A veces pierdo la esperanza, especialmente cuando sé que alguno de mis amigos ha sido asesinado, entonces me pregunto por qué sigo acompañando la lucha de los indígenas y campesinos, por qué no renuncio. Pero nuevamente se enciende en mí la pasión por la gente que amo y que sé que tiene derecho a una vida digna, la pasión por unas relaciones sociales basadas en la solidaridad. No han matado mi cuerpo pero ahora me amenazan con matar mi palabra, abren mis cicatrices. Pero la palabra es semilla y está sembrada y sea lo que sea lo que nos hagan en cada campesino con su tierra, en los indígenas gestionando su territorio, en los afrocolombianos retornados a sus comunidades, en los habitantes de los barrios populares de las ciudades que podrán comer mejor después de la reforma agraria que al fin conquistarán, en cada familia de los asalariados que reciban al fin justicia para su trabajo, allí vivirá esa palabra y no la podrán matar”.

Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad

Somos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia