Sr. Steve Williams
Presidente del COLAT

Cc:
Sra. Alexandra Hall Hall
Presidenta del COHOM

Sr. Michael Matthiessen
Representante Personal del Secretario General/
Alto representante por los derechos humanos
en el área de la PESC

Sr. Jim Cloos
Director, Dirección General E IV
Secretariado del Consejo de la UE

Asturias , 1 setiembre 2005

Estimado/a Señor/a,

Está previsto que, durante la próxima reunión del Comité del Consejo de Ministros de la Unión Europea para América Latina (COLAT), el 9 de septiembre de 2005, la Unión Europea decida si prestará su apoyo a la política instaurada por el presidente de Colombia, Sr. Alvaro Uribe Vélez y, en particular, si la ley llamada de Justicia y Paz está conforme a los compromisos internacionales [de Colombia] y tiene en cuenta el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación (Conclusiones del Consejo de la UE del 13 de diciembre de 2004).

El 21 de julio de 2005, el Sr. Uribe Vélez aprobó la ley N 975 de 2005, también llamada "Ley de Justicia y Paz". Paradójicamente, este nuevo texto, que aborda el proceso de desmovilización, reconciliación y reparación, no responde a las necesidades de impartir justicia en casos de graves violaciones de los derechos humanos y de acabar con el conflicto armado que aqueja a Colombia desde hace varias décadas.

De hecho, la Ley no define un marco jurídico eficiente y legítimo de la reparación y el castigo, de acuerdo con las recomendaciones aportadas por el Consejo de la Unión Europea el 13 de diciembre de 2004. La "Ley de Justicia y Paz", que entró en vigor el 25 de julio de 2005, junto con los decretos 128 y 2767, permite que los principales responsables de las violaciones se beneficien de una reducción de la pena así como de la aplicación de "sentencias alternativas".

Por otra parte, de acuerdo con estos textos, las víctimas no podrán participar en el proceso judicial sobre las violaciones de que fueron objeto; sólo podrán hacerlo en la fase de reparaciones, una vez se haya dictado sentencia. Además, en los casos en que se conceda el perdón o la amnistía a los autores de las violaciones, no se procederá a una investigación judicial o a la formulación de sentencia, con lo que el derecho a la reparación queda, en estos casos, fuera de toda posibilidad. Hay que añadir que, en lo que respecta a la creación de un fondo de solidaridad, todavía no se ha fijado presupuesto alguno. Los autores de las violaciones no están obligados a garantizar la reparación mediante todos sus bienes sino sólo mediante aquellos que hayan sido adquiridos de manera ilegal. Por último, los autores de las violaciones que en su día se apropiaron ilegalmente de los bienes de personas desplazadas podrán conservar dichos bienes.

Sin verdad, justicia y reparación integral a las víctimas, no será posible la reconciliación, única vía de alcanzar realmente la paz en Colombia.

Teniendo en cuenta las deficiencias del marco legal definido en la "Ley de Justicia y Paz" y que las violaciones de los derechos humanos se han seguido produciendo, ininterrumpidamente, por todo el país por parte de todos los grupos inmiscuidos en el conflicto armado colombiano, entre ellos los grupos paramilitares que supuestamente están siendo desmovilizados, le instamos a garantizar que, tanto la Unión Europea como los Países Miembros:

- No aprueben la nueva ley así como el llamado proceso de desmovilización y de paz llevados a cabo por el actual Gobierno de Colombia;

- No apoyen ni financiera ni políticamente ninguna actividad relacionada con dicho proceso.

A la espera de que usted tenga en cuenta nuestra solicitud,
le saluda atentamente,

Ana Andrés Ablanedo,
Coordinadora de
Soldepaz.Pachakuti.